¿Un país que proporciona a cada ciudadano dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, tanto si lo necesita como si no? Una de dos: o es el resultado de la ensoñación de algún iluso, o se trata de alguna despilfarradora nación del norte de Europa. Pero ojo, aquí está: el gobierno de Finlandia propuso en noviembre de 2015 asignar a cada adulto 800 euros al mes (alrededor de 870 dólares).

Arrebatos de esta clase de generosidad, a primera vista irracional, que han dado en llamar renta básica universal (RBU), se están convirtiendo en algo cada vez más habitual. Suiza celebrará un referéndum sobre la renta básica este mismo año. La ciudad holandesa de Utrecht comenzará pronto a implantarla a través de un programa piloto. El Partido Liberal que gobierna en Canadá adoptó recientemente una resolución que pretende poner en marcha un experimento similar.

Y, sin embargo, esto no sería posible en los Estados Unidos. ¿O quizá sí? En los últimos años ha surgido un alegato a favor de la RBU que podría hacerla atractiva a ojos, no ya solo de los pobres, que no suelen votar en masa, sino de las mujeres, que sí lo hacen.

El feminismo recurre para defender la RBU al argumento que sostiene que ésta sería una forma de reembolsar la pesada carga que ahora asumen las madres y el resto de personas que se dedican a las tareas de cuidado de forma gratuita.

Aproximadamente una quinta parte de los estadounidenses tiene hijos de 18 años de edad o menos, y muchos también cuidan de sus familiares enfermos y ancianos.  Cumplen con este cometido por amor o sentido del deber, pero eso no impide que en algún momento, mientras cambian pañales o limpian chatos, surja la pregunta inevitable: ¿por qué sus esfuerzos no son considerados “trabajo”? ¿Por qué razón deben pagar por este privilegio sacrificando horas de su jornada laboral y abandonando sus empleos para quedarse en casa?

Por supuesto, estos cuidadores son, en un porcentaje desproporcionado, mujeres. Si descontamos el advenimiento providencial del padre “amo de casa”, son todavía ellas quienes cargan con esa faena invisible de limpiar, sostener, planificar y escuchar.

En la medida en que la corriente principal del feminismo ha prestado atención en las últimas décadas a asuntos de índole económica, el enfoque se ha centrado en el área del empleo: la brecha salarial, la ausencia de permisos por razones familiares y la débil “infraestructura de los cuidados”, por utilizar una expresión de Anne-Marie Slaughter.

Estos hechos de la vida laboral, hostiles para con las familias, alejan aún más el éxito profesional del alcance de las mujeres que combinan carrera e hijos. Pero el problema no es que los empleadores odien a las mujeres y los niños, sino que han asumido como norma la idea de que la maternidad es un estilo de vida y una opción personal, y no un trabajo que deba ser remunerado; de ahí que sostengan que son los padres los únicos obligados a asumir su coste.

¿Salarios por criar a los hijos y hacer las labores del hogar? Cuando un colectivo feminista adoptó esta reivindicación en los años setenta fue poco menos que excluido del movimiento, que, en su segunda ola por aquella época, luchaba por que las mujeres formaran parte de las filas del trabajo asalariado (y no para que se les pagara por quedarse fuera).

Si las madres fueran aplaudidas y recompensadas por dedicar el tiempo de trabajo a sus “aficiones”, a pesar de rendir menos que los trabajadores que no tienen hijos, se seguiría que son ellas quienes se están beneficiando del esfuerzo de todos los demás. Esta situación puede generar tensiones entre compañeros de trabajo y colorear también las relaciones entre maridos -que sostienen económicamente a la familia- y mujeres -dedicadas a las faenas propias del hogar-, cuyo poder de negociación es, manifiestamente, menor.

Cabe argumentar que este enfoque de la maternidad confunde e interpreta la realidad al revés. Es la sociedad la que se beneficia de las desinteresadas contribuciones de las mujeres a la perpetuación de la especie humana. Como habría podido decir Marx, si hubiera estimado que la actividades de reproducción y cuidado de las mujeres merecían ser incluidas en su teoría del valor-trabajo  –no lo hizo-, el “trabajo reproductivo” femenino (como denominan las feministas a la creación y el mantenimiento de familias y hogares), es la base de la acumulación del capital humano. Creo que ya va siendo hora de alguna clase de reparación.

Extraña reparación ésta, podría objetarse, la que compensa a los padres, además de a las madres, y a las personas solas lo mismo que a las que soportan cargan familiares. Pero reparemos en esta razón de fondo: la RBU es condición necesaria de una sociedad justa, pues reconoce el hecho de que la mayoría de nosotros –hombres y mujeres, con o sin hijos-, realizamos una gran cantidad de trabajo no remunerado para la satisfacción del bienestar general: si no nos dedicamos a la crianza, puede que asistamos a clase o colaboremos voluntariamente en nuestro entorno.

Políticamente, la renta básica universal parece mucho más razonable que los subsidios dirigidos exclusivamente a las madres, porque, como demuestran las políticas de seguridad social y el programa de atención sanitaria Medicare, las medidas asumidas como derechos por la ciudadanía tienen mayor capacidad para asentarse en el tiempo que las que establecen entregas monetarias libres de obligaciones.

Los críticos de derechas descartarían la adjudicación a las madres de una suma anual por tratarse de un regalo para las welfare queens[1]. La izquierda podría interpretarla como la sacralización de las tradicionales concepciones de género. La RBU, sin embargo, sortearía ambas objeciones.

Pero no quisiera crear la impresión de que son las feministas quienes dominan este debate. Por el contrario, sus posiciones representan solo una parte, mayormente soslayada, de una discusión mucho más amplia que dura ya siglos. En 1797, Thomas Paine declaraba que las naciones debían entregar un monto global de dinero a cada persona al cumplir los 21 años, como compensación de la injusta ventaja que disfrutaban quienes heredaban tierras en propiedad. Hacia la mitad del siglo pasado, economistas y líderes de ambos lados del espectro político proponían ya el establecimiento de rentas mínimas.

Friedrich A. Hayek, el campeón del neoliberalismo, apoyaba “alguna clase de suelo económico, por debajo del cual nadie debe caer”. Y Milton Friedman reclamaba un impuesto negativo de la renta, que implicaba el pago de dinero por el Servicio de Recaudación Interna (Internal Revenue Service) a quien declaraba menos de determinado importe. (Nuestra actual deducción del impuesto sobre la renta recuerda al plan de Friedman, aunque solo, claro, para los trabajadores que perciben rentas. Aquel impuesto negativo, sin embargo, se habría aplicado también a los desempleados).

En 1969, el presidente Richard Nixon planteó introducir un Plan de Asistencia Familiar (Family Assistance Plan), a modo de pequeño estipendio anual en concepto de salario social (1600 dólares y unos 800 más en cupones de comida para una familia de cuatro miembros). Su proyecto de ley superó el trámite en la Cámara de Representantes, pero fue abortado a su paso por el Comité de Finanzas del Senado.

Hoy, las iniciativas a favor de una renta básica están resurgiendo, tanto desde la derecha como de la izquierda. Charles Murray, del American Enterprise Institute for Public Policy Research, cree que un ingreso garantizado podría reemplazar al Estado social. Los neoliberales quieren expulsar a los gobiernos de las vidas privadas de los pobres. Andy Stern, antiguo director del Service Employees International Union, ha escrito un libro sobre la renta básica universal que saldrá pronto publicado, donde defiende que ésta ofrecería la estabilidad económica que el movimiento sindical no estará en condiciones de proporcionar a medida que desaparezcan los puestos de trabajo -pero no, dice, si las prestaciones de la Seguridad Social y el programa Medicare también fueran suprimidos- .

Es fácil comprender por qué la reivindicación de una renta básica está cobrando fuerza justo ahora. Por una parte, la brecha entre estadounidenses ricos y pobres es la mayor registrada desde que se cuenta con informes. Por otra, las máquinas inteligentes y el nuevo modelo de relaciones laborales, basado en el empleo esporádico e irregular (“gig economy”), parecen destinados a arrojar a millones de personas del mercado de trabajo.

Un estudio de la Universidad de Oxford de 2013 estimó que, en EE.UU. los ordenadores reemplazarían a los humanos en casi la mitad de todas las profesiones en el plazo escaso de dos décadas. Y no hablamos solo de los trabajadores manuales. Los ordenadores capaces de realizar tareas intelectuales no rutinarias podrían borrar del mapa puestos de mandos intermedios -inspectores de transportes y contables, por ejemplo-,  así como muchos servicios de carácter especializado,  algunos de los cuales se asocian típicamente con el trabajo femenino.  El informe de Oxford señala a las camareras de restaurante y a las secretarias judiciales, entre otras. Esta es la razón por la que algunos miembros de la élite de Silicon Valley, más conocidos por su desprecio del gobierno, abogan por transferencias de efectivo sin condiciones que incluirían todas las partidas de gasto social.

En noviembre de 2015, Robin Chase, el cofundador y expresidente ejecutivo de Zipcar, reclamaba una renta básica. Inversores de capital riesgo como Albert Wenger de Union Square Ventures y John Lilly, de Greylock Partners, accionistas de Linkdln y Aribnb, han afirmado que es momento ya de empezar a pensar en una renta básica universal.

El fundador de HowStuffWorks.com, Marshall Brain, escribió, incluso, una novela sobre la renta básica titulada Manna’. Allí compara un mundo de pesadilla, donde los robots hacen las veces de jefes y los trabajadores el papel de esclavos, con un lugar utópico, que sitúa en el desierto de Australia, en que la ciudadanía recibe un dividendo garantizado procedente de la riqueza generada por las máquinas, mientras se dedica a la innovación y creación de nuevas tecnologías. El paraíso según Silicon Valley.

Todo muy bien, dicen los escépticos, pero no se puede pasar por alto que la renta básica universal presenta un problema de tipo moral. Demos dinero a la gente a cambio de nada y los perezosos lo serán aún más, mientras el resto terminaremos en la bancarrota.

Y, sin embargo, no parece ser este el caso. Por el contrario, la RBU ofrece a los trabajadores menos razones para repantigarse en casa que otras perversas políticas desincentivadoras, como la que, por cada dólar de salario, descuenta la misma cifra del cheque social. Las investigaciones sugieren que, en vez de debilitar la voluntad de trabajar, los ingresos regulares e incondicionados permiten a las personas planificar más sabiamente su carrera profesional.

En cinco famosos estudios sobre el impuesto negativo de la renta, realizados en EE.UU. y Canadá durante los años setenta, un ingreso básico disminuyó –efectivamente- un poco las horas totales trabajadas, en parte porque las personas en paro dedicaron más tiempo a encontrar un nuevo empleo. Los investigadores especulan con la posibilidad de que esta disminución se debiera a que los desempleados se reservaran para puestos de trabajo más acordes a sus cualificaciones profesionales. En los Estados Unidos el número de hombres que sostenían económicamente a sus familias descendió un 9% al año. En Canadá, sin embargo, su cantidad apenas varió. En ambos países los adolescentes permanecieron más tiempo en la escuela y las mujeres con hijos dedicaron hasta un 30% menos de su tiempo al empleo remunerado.

La RBU cuenta con críticas y apoyos entre las feministas, que no saludan con agrado aquel dato. Aseguran que la RBU incitaría a las mujeres a abandonar sus empleos, cediendo así el terreno por el que el feminismo luchó tan duramente. Pero esta preocupación me sorprende por su… ¡paternalismo!; las mujeres deberían disfrutar de más, no de menos oportunidades. Lo mismo que los hombres. La igualdad entre los sexos no tendría que implicar que todos acabáramos asumiendo los tradicionales patrones de empleo masculinos.

Además, las políticas de rentas básicas se han mostrado eficaces para paliar ciertas clases de pobreza específicamente femenina. Cuando se implantaron los programas piloto de transferencias de ingresos en poblaciones pobres de la India, las jóvenes ganaron más peso que sus compañeros varones y también aumentó en mayor proporción su tiempo de presencia en la escuela, probablemente porque, cuando escasea el dinero, las mujeres reciben menos alimentos y se las retiene más en casa que a los hombres.

En EE.UU, como muestran Kathryn J. Edin and H. Luke Shaefer en su libro sobre la extrema pobreza, titulado ‘Dos dólares al día’, el procedimiento para acceder a los cupones de alimentos y al programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families), creado en 1996, puede llegar a ser tan complicado y exigente, y tan humillante, que muchos de los solicitantes simplemente desisten. Y ¿quiénes son esas pacientes almas que esperan en esas colas de días, orinan en recipientes para detectar la presencia de drogas, o vuelven a casa con las manos vacías? Mujeres, sobre todo, dado que el número de hogares donde son las madres solteras las encargadas de sacar adelante a sus familias multiplica por cuatro al de hogares a cargo de padres solos, y son un tercio más las familias en que el adulto principal es una mujer en paro que las dirigidas por hombres en la misma situación.

Y en cuanto a las madres que se quedan en casa y dependen económicamente de sus parejas, una renta básica permitiría que pudieran reservar un dinero para ellas. Los instrumentos de ahorro para la jubilación están, en su mayoría, ligados a los salarios, lo que significa que los padres y madres que “no trabajan” no pueden pagar para acceder al seguro social, 401(k) o I.R.A[2]. Con una renta básica podrían, en cambio, ahorrar para su vejez. Y a las madres que no ganan dinero y están atrapadas en relaciones abusivas ese ingreso les permitiría escapar más fácilmente.

Cuáles sean los logros de la renta básica y cuál su éxito depende de la configuración por la que se opte. Un auténtico ingreso mínimo universal garantizado resultaría caro. Pongamos que la cantidad ascendiera a 12000 dólares al año por cada mayor de 18 años y 4000 dólares por niño. Según estas cifras, necesitaríamos alrededor de tres billones de dólares, casi el 80% del total del presupuesto federal.

El programa sería incluso más efectivo y justo si los niños recibieran el mismo importe que los adultos, dado que su crianza aboca a la pobreza a mucha gente, ¡y a muchas mujeres!, en particular. (Es improbable que esto produjera un “baby boom”, dado que ni siquiera un generoso cheque alcanzaría a cubrir el desembolso económico que comporta actualmente tener hijos).

El precio de estas transferencias sería parcialmente compensado por el ahorro que supondría la supresión por innecesarios de la mayoría de los programas contra la pobreza. La burocracia destinada a expurgar este programa de posibles defraudadores se esfumaría, aunque, por desgracia, también lo harían los puestos de trabajo creados con ese fin. Los receptores más pudientes devolverían, vía impuestos y en proporción al dinero que ganan, parte de la cantidad recibida en concepto de renta básica. Más aún, un ingreso de este tipo reduciría también los efectos perniciosos de la pobreza y el coste que representa para la sociedad la mala salud de la población, la delincuencia y el sistema de prisiones.

Los experimentos de implantación de la renta básica han demostrado que sus perceptores hacen mayor uso de los servicios médicos y cometen menos delitos que quienes no perciben aquel ingreso. Y a esto hay que añadir el estímulo para la economía que resultaría del crecimiento del consumo porque los pobres con dinero en el bolsillo comprarían más.

Algunas de las muchas estrategias propuestas para obtener el resto de dinero para su financiación apuntan a un tipo único y relativamente alto del impuesto sobre la renta; la clausura de los agujeros de fraude fiscal; un impuesto sobre el valor añadido; la eliminación de los beneficios fiscales a las clases medias, como los destinados a la jubilación y la deducción por el pago de intereses sobre los préstamos hipotecarios; una cuidadosa reducción del gasto de la Seguridad Social; un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas y una tasa sobre las emisiones de carbono.

También podríamos recurrir al dinero obtenido a través de la explotación de los recursos públicos. Alaska, que ya reparte entre sus ciudadanos algo muy similar a la renta básica, entrega a cada adulto y niño un dividendo variable anual de alrededor de 2000 dólares, procedente de un fondo que invierte los derechos abonados al Estado por las compañías productoras de petróleo y gas natural.

La verdad es que la renta básica universal es, ciertamente, una forma de redistribución de la riqueza. Seremos capaces de permitírnosla solo cuando decidamos que merece ser costeada. Pero es justamente esto lo que debemos decidir. Deberíamos recortar el gasto militar, si es necesario, o subir los impuestos a los ricos. La voluntad política que requiere esta formidable reestructuración de nuestra economía exigiría una revisión general de la relación ciudadanos-Estado. Quizá, con Thomas Paine, podríamos comenzar a pensar en estas transferencias como un auténtico derecho de ciudadanía, en vez de como una política de aseguramiento social frente a la debacle financiera.

Incluso si empezáramos con pequeñas cantidades, muy por debajo del umbral de la pobreza (6000 dólares, digamos), la población podría ir acostumbrándose a esta idea y esas sumas mantendrían, además, a salvo a las familias de estadounidenses que luchan por permanecer a flote.

La RBU también nos ayudaría a avanzar hacia un mundo más igualitario entre mujeres y hombres. El dinero extra facilitaría que los padres se convirtieran en los principales cuidadores, si quisieran. Una madre con empleo podría pagar por el cuidado de sus hijos sin renunciar a su salario, y los progenitores que se quedan en casa dispondrían de dinero en el banco y de mayor influencia en el seno de la familia, junto al respeto que se deriva de asumir una responsabilidad de valor cuantificable. Y habríamos establecido el principio de que el “trabajo por amor” no es que sea absolutamente impagable, sino que merece ser económicamente recompensado.

 

 

 



[1] N. de la T.: mujeres que se aprovechan, a base de trampas, del gasto público social.

[2] N. de la T.: Dos tipos de planes de pensiones.

 

Judith Shulevitz es la autora de ‘The Sabbath World: Glimpses of a Different Order of Time’ y colabora en la sección de Opinión del periódico ‘The New York Times’.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/es-hora-de-compensar-economicamente-a-las-mujeres-el-papel-de-la-renta-basica

Original: http://www.nytimes.com/2016/01/10/opinion/sunday/payback-time-for-women.html?_r=0

Traducción:Mihaela Federicci