LA Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de la CAPV (EPDS) de 2014 señaló que 56.307 personas (27,1% del total de personas en riesgo de pobreza) no fueron atendidas por el sistema de las tres clases de ayudas no contributivas que rigen en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayuda de Emergencia Social. Es significativo el progresivo incremento de la población en riesgo que no accede al sistema de prestaciones: de 47.542 personas en 2008 a 50.313 personas en 2012 y 56.307 personas en 2014. Igualmente, un 9% de las niñas y niños en el País Vasco viven en situación de pobreza extrema, según aparece denunciado en el informe Desheredados, realizado por Save Children y publicado en febrero de este año

Lo anterior supone la vulneración del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y muy concretamente la del artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (en lo sucesivo PIDESC) que reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Es preciso decir que el PIDESC forma parte del ordenamiento interno español tras haber sido ratificado por España y publicado en el BOE nº 103, de 30 de abril de 1977, que incluye, entre otros, los derechos a la vivienda, a la salud física y mental y a la educación. Además, España ratificó en septiembre de 2010 el Protocolo Facultativo de dicho Pacto Internacional, lo que permite la interposición de quejas individuales por vulneración de alguno de los derechos proclamados.

Por ello, los Estados y también quienes gobiernan en Euskadi, están vinculados en su forma de hacer por el mandato del artículo 2.1 del PIDESC, cuando dice: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Las medidas legislativas que dictan y ejecutan nuestros gobernantes se concretan en políticas que están lejos de conseguir la plena efectividad de los derechos contemplados en el ordenamiento jurídico

Pero, como de forma continuada la realidad nos muestra, el resultado de las medidas legislativas que dictan y ejecutan nuestros gobernantes se concreta en políticas económicas que están lejos de conseguir la plena efectividad de estos derechos sociales. En España, según el Informe de Oxfam de enero de 2017, el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 una cuarta parte (27,4%) de la riqueza conjunta del país, mientras el 20% más pobre se quedaba con un exiguo 0,1%. En el último año hay 7.000 nuevos millonarios en España, casi 20 al día. La fortuna de los tres más ricos es equivalente a la del 30% más pobre.

 

Sin embargo, el logro del respeto de los derechos sociales es posible, como una vez más ha quedado acreditado con motivo de la celebración del XX Congreso anual de Política Social, que organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, acaba de celebrarse los días 6 y 7 de abril en Vitoria-Gasteiz. Allí se han analizado las claves para que se materialicen los derechos sociales, entendidos como aquellos que hacen posible el desarrollo de una sociedad para todas las personas: renta básica, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, salud y justicia. Y se ha concluido que son necesarias políticas económicas alternativas a las actuales que eliminen los procesos de exclusión y el altísimo y progresivo incremento de las formas de desigualdad, hoy imperantes.

Una de las medidas concretas de mayor alcance para combatir la desigualdad y la pobreza es la renta básica universal que, por ser incondicional, eliminaría la pobreza al repartir a cada persona un importe monetario equivalente al umbral de la misma y generaría un crecimiento económico que respondiese directamente a las necesidades de la comunidad y, por tanto, al bienestar de las personas que la integramos. La propia Unión Europea, en uno de los programas de Horizon2020, plantea investigar los beneficios que una renta básica universal aporta a la hora de combatir la desigualdad derivada de los avances tecnológicos que, junto a la automatización y la robótica, está afectando al empleo y subsistencia de millones de personas.

Para terminar y recordando el lema aprobado por asentimiento en la Junta de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, celebrada el 31 de mayo de 2016, que dice “Por la igualdad y por un reparto justo de la riqueza”, me sumo a las personas y entidades que en nuestro país reclaman estos días la implementación de políticas que garanticen los derechos sociales de toda la ciudadanía, ya que hay riqueza suficiente para ello, aunque hoy está acumulada en muy pocas personas.

Fuente: http://www.deia.com/2017/04/18/opinion/tribuna-abierta/la-pobreza-incompatible-con-los-derechos-humanos