¿Dónde ocurrió esto?

Para que no haya confusiones de contexto, lo que seguidamente se relata sucedió en las Islas Baleares. Esta comunidad autónoma del Reino de España está geográficamente constituida por cuatro islas habitadas (Mallorca, Ibiza Menorca y Formentera), y varios islotes, y bastantes islitas sin habitantes. Es una zona mediterránea, con una extraordinaria tasa de turistización (con una superficie de algo menos de 5.000 km², y un número de habitantes que supera ligeramente los 1.100.000, soporta una cifra anual de turistas que se acerca a los 16.000.000). Su gran especialización productiva en servicios turísticos –especialmente de sol y playa, y, por tanto, estacionales- sirve de excusa para que el mercado laboral balear sea estructuralmente precario, con altísimas tasas de temporalidad y de parcialidad no deseada, y lidera el ranquin de comunidades autónoma españolas en índice de incidencia de accidentabilidad laboral, y salarios muy bajos para una parte importante de la población[1].

En el archipiélago conviven realidades contrapuestas, como, por ejemplo, el hedonismo turístico, que contrasta con la proliferación de los, en expresión de David Graeber, “trabajos absurdos”, es decir, con los más popularmente conocidos como “trabajos mierda”. Contrapuestas son también las realidades de las sedes sociales de grandes multinacionales turísticas, como Meliá, Iberostar, Riu, Barceló… con el hecho de que, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por las siglas en inglés de European Anti Poverty Network), el 19,1% la población residente en las Islas Baleares en 2016 estuvo en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Sucede que, con las matizaciones que se quiera, también por estos lares, y no sólo en tierras africanas, “una de las características del turismo a lo largo de la historia, desde la época del Gran Tour, es que a gran distancia de los hoteles de cinco estrellas hay hambre y miseria[2].

Una tercera -aunque la lista podría ser bastante más extensa- realidad contrapuesta: Mientras las elites hablan y hablan de “turismo sostenible” y de “diversificación económica”, la ciudadanía sufre una creciente saturación e invasión privada de los espacios comunes y públicos por el negocio turístico sin límites. El carácter extractivista del capitalismo turístico se acentúa. Ya no es sólo, aunque lo sigue siendo, un asunto de consumo de territorio, o de contaminación en general, y, en particular, por las emisiones de CO2 de los aviones que transportan turistas (a estas élites isleñas les incomoda muchísimo la incómoda verdad de que los aviones también calientan el planeta). El rebrote extractivista, por la expansión del alquiler turístico que ha eliminado la distinción entre espacio turístico y espacio residencial, también afecta ahora al derecho a la vivienda, y al derecho a la ciudad en general[3]. La “diversificación económica” consiste, básicamente, en una diversificación del “producto turístico”.

Entre el “mal mayor” y el “mal menor”

Desde junio de 2015, las Islas Baleares tienen un gobierno autonómico que, por primera vez desde que se constituyeron las instituciones preautonómicas y autonómicas, en 1979 y 1983, respectivamente, está sostenido por una mayoría parlamentaria en la que no se cuenta con ningún partido político formalmente de derechas. El gobierno  integrado por PSOE y MÉS per Mallorca cuenta con el apoyo externo de PODEMOS, Més per Menorca y Gent per Formentera[4].

La anterior legislatura autonómica, con mayoría absoluta del PP, fue un periodo durísimo –sin duda, el más brutal de los que se han vivido con gobiernos del PP- de recortes sociales y culturales, de ataques al catalán que, además de ser lengua cooficial, es la propia de las Islas Baleares, y de unas políticas inusitadamente favorables para los poderosos. En ese periodo se vivió una extraordinaria movilización social, casi permanente y muy transversal, de buena parte de la sociedad. Por eso, el cambio de mayoría parlamentaria, y la constitución del nuevo gobierno autonómico fueron muy celebrados por una mayoría de la ciudadanía. Algunos quisimos pensar que esta vez era algo más que un cambio del “mal mayor, al mal menor”.

Una vez situados geográfica, socioeconómica, y políticamente, es decir, aclarado el “donde”, inicio la narración del “qué pasó”.

No era una Renta Básica

El 30 de junio de 2015 el Parlamento Balear eligió a la Presidenta del gobierno autonómico, que el día anterior había pronunciado su discurso de investidura, en el que, entre otras cosas, afirmaba: “El nuevo gobierno implementará una renta básica progresiva [de implantación progresiva, supongo que quería decir] para todas las personas, independientemente de que tengan trabajo o no. En nuestra comunidad, la pobreza, la precariedad, la desigualdad y la exclusión social han aumentado considerablemente. Las cuatro forman parte del relato cotidiano, desgraciadamente, de muchas familias… Miren, la pobreza se manifiesta en nuestra sociedad en el número de familias que no pueden satisfacer sus gastos en vivienda, ya sean hipotecas o alquileres, y que, por lo tanto, acaban sufriendo un desahucio; o en el número de familias que no pueden atender gastos imprevistos, o en el número de familias que no se pueden permitir calentar adecuadamente su vivienda en invierno porque no pueden satisfacer el coste energético, un coste imposible para muchos…”.

¿Se comprometía a una Renta Básica, o se trataba de otra apropiación de la denominación para hacer referencia a una prestación condicionada? Enseguida intuimos que se trataba de lo segundo. Las ingenuas dudas se despejaron rápidamente puesto que, al poco tiempo, se procedió a llamar a las cosas por su nombre, y de una Renta Básica, se pasó a una Renta Social Garantizada (RSG)[5].

No obstante el cambio, se mantuvo un discurso que seguía enfatizando la lucha contra la pobreza, y, a la vez, presentaba la RSG como una política claramente de izquierdas e innovadora al regular un derecho subjetivo, es decir, exigible ante los tribunales. Pero, ya se sabe que “la alegría dura poco en la casa de los pobres”, y, nada más leer el texto aprobado[6] -aprobación que fue calificada por el gobierno autonómico como un hecho histórico-, se pudo comprobar: a) El objetivo de erradicación de la pobreza pasaba a ser el de revertir la situación de las personas que “están en situación de pobreza severa, sin recursos básicos para tener una vida digna”. ¿Acaso la pobreza no severa permite tener una vida digna? b) La innovación de convertirla en un derecho subjetivo resultó ser, digámoslo suavemente, una concepción pintoresca de tal concepto. Según el texto de la Ley “su concesión no está condicionada por la disponibilidad presupuestaria”, pero sí lo está al cumplimento de los requisitos previstos en ella, y siempre de acuerdo con el calendario de despliegue de la misma. En ambos aspectos, el gobierno tiene una gran discrecionalidad, y, por tanto, es un “un derecho subjetivo” en la extensión e intensidad que el ejecutivo quiera, y, por supuesto, en la medida que lo presupueste.

Por otra parte, los requisitos y las obligaciones de las personas que quieran acceder a la RSG no son nada innovadores, ni mucho menos “progresistas”. Además del sesgo “familiarista”, son requisitos y obligaciones tan estigmatizantes que, incluso, “espantan” a las personas que, legalmente, tienen derecho a esta renta. De hecho, en los periodos presupuestarios en los que ha estado en funcionamiento la RSG (presupuestos 2016 y 2017) ha sobrado presupuesto[7].

No era, por tanto, una RB, aunque, a diferencia del “mal mayor” del PP que arrasó con cualquier subsidio autonómico para personas pobres (fuera cual fuera la severidad de su pobreza), el “mal menor del gobierno de izquierdas” ha implantado con la RSG una renta condicionada de una moderada “generosidad” para los y las muy pobres. Además, seguramente su tramitación se ha humanizado al máximo, aunque, como ya se ha dicho, esta RSG –como todas las rentas condicionadas- es altamente estigmatizante, y, dado su fuerte carácter familiarista, no se puede descartar que se den situaciones tragicómicas parecidas al siguiente caso:

“… ayer a la tarde me tuvieron esperando en el albergue desde las cuatro hasta las seis menos cuarto para hablar con la trabajadora social y pedirle ropa interior, y, cuando por fin pude entrar al despacho, nada más sentarme, sin darme tiempo a abrir la boca, la chica me dijo:

  • Bueno, antes de nada voy a hacerte unas preguntas. Me preguntó el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número de DNI y letra, domicilio, cuándo había tenido mi último trabajo, nivel de estudios; e iba rellenado un cuestionario con mis datos y circunstancias, preocupándose especialmente en saber si tenía familia y qué relaciones mantenía con ella.
  • Yo es que vine a pedir ropa interior nada más -dije- . Los calzoncillos son para mí, no para mi familia”[8].

No sirvió para erradicar la pobreza (no se trataba de esto)

A pesar de todo, la RSG de las Islas Baleares ha provocado un efecto indirecto importante: el reconocimiento, en sede parlamentaria, y por parte de una responsable gubernamental, de la inutilidad de las rentas condicionadas para la erradicación de la pobreza.

En la comparecencia en el Parlamento de las Islas Baleares de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación para informar sobre el Proyecto de Ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para el año 2018, después de invocaciones genéricas a la lucha contra la pobreza, ésta afirmó: “… ustedes [refiriéndose a parlamentarios/as] nunca nos habrán oído ni a mí ni a ningún miembro del equipo de la Consejería de Servicios Sociales que la renta social servirá para no ser pobre, nunca lo hemos dicho. La función de los servicios sociales no es modificar la economía. Para luchar contra la pobreza de una forma potente están las políticas económicas, no las políticas de servicios sociales; las políticas de servicios sociales para luchar contra la pobreza tienen que amortiguar el efecto que hace la pobreza[9].

Por si había alguna duda, unos días después, en una entrevista radiofónica, la misma consejera reconoce sin tapujos que la RSG “no es para salir de la pobreza, sino que es para sobrevivir”[10].

¡Se agradece la sinceridad! Pero no alcanzo a entender qué tienen que ver el sobrevivir con la dignidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. “La convivencia es un dato esencial de nuestra naturaleza como humanos, pues nosotros no existimos, coexistimos; no vivimos, convivimos”, escribe Leonardo Boff[11]. Difícil coexistencia y convivencia en una sociedad en la que algunos lo tienen todo, y otros solamente tienen garantizada la supervivencia.

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He querido compartir con los lectores y lectoras de Sin Permiso esta “crónica” de un caso práctico de lo baldíos que son los esfuerzos, por muy bienintencionados que sean, de empecinarse en las bondades de las rentas condicionadas. Creo que este reconocimiento implícito de que este tipo de rentas no buscan la erradicación de la pobreza, sino su gestión, debe ser conocido más allá de estas islas mediterráneas, que, en demasiadas ocasiones, sólo aparecen en los folletos turísticos. Desearía que su conocimiento fuera útil como un refuerzo más a las poderosas razones para establecer una Renta Básica Incondicional.



[1] La Agencia Tributaria Española ha publicado recientemente la estadística de 2016 de salarios, que permite hacer una aproximación a la pobreza laboral de las Islas Baleares: De las 497.410 personas asalariadas (con un salario medio de 17.748 €/año), el 16% tuvieron un salario anual medio de 2.021 €, y, en cualquier caso, ninguna de estas personas percibió un salario superior a la mitad del Salario Mínimo; otro 14,5% tuvo un salario que, en ningún caso, superó dicho Salario Mínimo, y se tuvieron que apañar con una media salarial anual de 6.998 €. Sumando los dos colectivos resulta que más de un 30% de la población asalariada tuvo salarios de pobreza.

[2] Paul Theroux. “El último tren a la zona verde”. Alfaguara. 2015. Página 92

[3] En los términos definidos por David Harvey: http://www.sinpermiso.info/textos/el-derecho-a-la-ciudad

[4] Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera son partidos y coaliciones de partidos soberanistas e insularistas de izquierdas.

[7]Estos 16.500.000 euros pensamos que es una partida que después de diecinueve meses o prácticamente veinte meses de gestión de la renta social, pensamos que está ajustada a la realidad del 2018. Los 20 millones de euros hemos comprobado que nos sobran…. Por lo tanto, consideramos que con 16.500.000 euros la renta social está garantizada su cobertura” (Traducción propia de la transcripción literal de la comparecencia en el Parlamento Balear de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación para informar sobre el Proyecto de Ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para el año 2018).

[8] Andrés Garrido. “El gueto invisible. Un recorrido por los albergues de transeúntes de Euskal Hería”. Lulú. 2010. Página 43

[9] Traducción propia de un párrafo de la  página 1567 del Diario de sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Islas Baleares. Disponible aquí: http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/HI-09-064.pdf

[11] “La amenaza de la convivencia en los días actuales” Disponible aquí: http://ellibertadorenlinea.com.ar/2017/02/26/la-amenaza-de-la-convivencia-en-los-dias-actuales/

 

Fuente: Sin Permiso