Le preguntamos su opinión como experto, profesional y conocedor de primera mano de las políticas activas de empleo (PAE), sus ventajas y efectos, dificultades y problemas. A tenor de la aceptación casi unánime que suscitan diríase que constituyen el antídoto perfecto para una crisis económica y de empleo que dura ya diez años. ¿Están el desempleo, la precariedad y la exclusión social en vías de quedar eliminadas o reducidas a sectores y colectivos muy específicos y minoritarios por obra de estas políticas?

Convendría comenzar por la definición que de las PAE ofrece el artículo 36 (Capítulo II del Título III) de la actual Ley de Empleo[i]: “Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social”.

Enseguida debo advertir que no ha dado con un experto, en la más acabada definición de la palabra; no quiero llamarlo a engaño. Honestamente, lo que puedo aportar es una reflexión muy primitiva al hilo de mi práctica (pensar con mayúsculas exige unos recursos y unas condiciones de posibilidad que se nos hurtan a la mayoría) y, lo que pudiera resultar más iluminador, algunos apuntes del natural procedentes del ejercicio sobre el terreno y el trato personal durante años con muchas personas excluidas o “en riesgo de exclusión social”, por utilizar el vocabulario de la profesión.

Y a propósito de las definiciones y del nombrar, aun sin ser historiador, filósofo o sociólogo, no se me escapa que el poder retuerce el lenguaje a la medida de su conveniencia y lo hace sin sonrojo ni complejos; concretamente me refiero a los conceptos de empleabilidad y activación[ii], que son el fundamento de estas políticas y se conjugan en una abundante publicística con ínfulas de disciplina científica, pero que, en mi comprensión, tienen más que ver con el adoctrinamiento más tosco y desvergonzado que con un esfuerzo honrado de conocimiento del fenómeno del desempleo y la pobreza.

Lo que sostengo es que esa supuesta verdad de los poderosos no resiste la prueba de los hechos objetivos: la realidad para quienes trabajamos a pie de obra obliga a hablar sin tapujos de miseria, de existencias en quiebra, de vulnerabilidad, dependencia, miedo, sufrimiento; del envilecimiento de la vida cotidiana; de limbo, si no muerte, civil, negación de la libertad y del ejercicio de los más básicos derechos, de atentados a la dignidad y atropellos sin tregua.

Y es sobre este paisaje de escombros que viene a desplegarse el poder de activaciones y empleabilidades. Aquí pretendo dar modesta cuenta de su contribución a este destrozo, porque asistimos, a mi modo de ver, a una nueva expropiación: a la que soportan los desposeídos a raíz de aquella insuficiencia material y la consiguiente imposibilidad del pleno ejercicio de la ciudadanía, se añaden, en forma de suplicio y viacrucis, ofensa y juicio moral, agravio y humillación, estas reputadas políticas activas. Así, oprobios sobre penurias, escarnios sobre privaciones, se desgrana esta historia.  Me parece que urge, en un momento en que la verdad –no aquélla tan servicial- sufre horas tan bajas, para desgracia particularmente de los excluidos, desenmascarar a los tramposos y desbrozar de mentiras y eufemismos sus parlamentos.

En cuanto a estos sujetos, comprenderá que para alguien que desarrolla su labor sobre un territorio tan inhóspito se nos aparezcan, fabulaciones al margen, como individuos de escasa decencia, o, cuando menos, víctimas de una ceguera que los eleva y transporta lejos de cualquier interpretación, siquiera burda, del más elemental imperativo categórico. Levitan, pontifican desde un mirador ilusorio y, hasta la fecha, infranqueable a cualquier noción de libertad e igualdad capaz de extender sus postulados a todo el común sin excepciones. Que desde sus atalayas, púlpitos y estrados se permitan poner en duda las razones de los desheredados es provocación más que suficiente para justificar una réplica en toda regla.

Por otra parte, son notorias, sí, la aceptación, el consenso casi, y las extraordinarias expectativas que se depositan en estas políticas-panacea (efectivas contra el desempleo, la pobreza, la exclusión, la desigualdad [iii] y resto de problemas sociales); basta con atender a los medios de comunicación cuando se publican los datos de la penúltima encuesta de población activa, toca debate presupuestario, se enciende la pugna política o se acercan elecciones, por ejemplo. Y estos días, sin ir más lejos, que acaba de promulgarse el Plan Anual de Política de Empleo para 2018 (PAPE)[iv]. Entonces se convierten en arma arrojadiza, llueven las críticas y se desborda el reclamo de mayores y mejores medios económicos, técnicos y humanos. ¡Qué malsana esta fiebre, este mantra que no cesa y permea prácticamente todos los discursos! ¡Y qué capacidad de infiltración la de este mensaje, qué carcoma, qué poder de erosión de la denuncia y la protesta! En ésta, como en otras parcelas, vale decir que el que se mueve no sale en la foto.

Por lo que se observa estos días en los medios, como dice, y lo que rezan programas y propuestas, la izquierda y sindicatos señalan con decisión a las PAE como correctivo y solución contra el desempleo y la pobreza.

Prefiero hablar de la izquierda parlamentaria en general y de las organizaciones sindicales más representativas, pero sí, parece que no hayan reparado en lo intolerable e incompatible con los principios sociales que proclaman de este abuso normativo generalizado y recurrente. Por el contrario, continúan apostando por las mismas políticas, erre que erre, sin que se les observe intención de someterlas a la profunda revisión que merecerían, y me refiero a una que apunte al fondo, porque sí es más frecuente la que se fija casi exclusivamente en el montante y distribución de los dineros[v]).

Puede que alguna medida de ese papanatismo y machaconería tenga que ver con la dificultad de esa izquierda para percatarse de la colosal contradicción que existe entre aquél su ideario y la defensa de un credo que tan poca confianza deposita en la inteligencia y capacidad de autogobierno del que, por otro lado, es su público final. Lo cierto es que ha acabado manejando un concepto tan corto de libertad que no alcanza a contemplar la posibilidad de emancipación de los empobrecidos y prefiere, al parecer, rendirnos al imperio sin control, inmisericorde, del mercado y amaestrarnos, “activarnos” y “empleabilizarnos” a la fuerza. El fracaso de las PAE, según esta comprensión, sería también el suyo y el de este régimen, pero esto es aventurarse por complicados derroteros y no me corresponde a mí, ni es éste el lugar, para un análisis de esta trascendencia.

Sí añadiré, enseguida, que conviene, no obstante, perseverar en el empeño y conversación –sin falsas ilusiones- con estos y otros hipotéticos aliados, al menos con aquellos dispuestos a abordar abiertamente y sin prejuicios un debate de esta clase.

Por otra parte, el ruido que provocan las PAE expulsa de la necesaria discusión otras modalidades de intervención sobre el empleo y las relaciones laborales que vienen imponiéndose en contra de los intereses y derechos de desempleados y precarios: no se incide como debiera, por ejemplo, sobre la embestida perpetrada contra los servicios públicos y su consecuente privatización, eufemísticamente denominada en este ámbito colaboración privada; una que, si en algún momento fuera resistida y practicada con los afeites de un aparato supuestamente justificador, se desata hoy, normalizada y por doquier, franca de cualquier necesidad de coartada.

Otro ámbito de examen y actuación urgente que merecería más espacio en los titulares tiene que ver con la desprotección intensa y masiva de los trabajadores empleados y desempleados y población “asegurada” (abandonada la universalidad) que viene consumando impunemente y sin descanso la marejada “neoliberal” contrarreguladora. Aquí el signo de aquella intervención no admite matices ni componendas: importa, y mucho nos jugamos, en devolver, como mínimo, su original carácter tuitivo a la legislación socio-laboral (hasta dónde tendríamos que remontarnos es difícil decir). Creo oportuno señalar que entre las propuestas que defienden la autogestión y democratización de las relaciones económico-laborales y la renta básica universal, incondicional e individual, por la que también abogo, no existe mayor contradicción, al menos mientras nos acompañe (históricamente) el presente modo (histórico) de producción y trabajo asalariado. Insistir en buscar antagonismos e incompatibilidades en nada contribuye a la causa común.

Volviendo sobre las PAE, y porque no basta la crítica, vengo también a proponer, contra el defecto de visión y la entrega de este lado y el alegato cerrado y sin fisuras procedente de las filas del Gobierno y sus correligionarios y amigos, un análisis serio y concienzudo de sus fundamentos, objetivos, medidas y métodos, resultados y efectos. No una cátedra o publicación para versados; no el estudio acostumbrado de un puñado de tecnócratas subidos a la parra, cumbre de privilegiados escogidos u otra institución creada ad hoc de carácter todo lo interterritorial y paritaria[vi] (sic) que se quiera. A mi entender, llámeme ingenuo, correspondería la convocatoria a una auténtica participación, diálogo y confrontación  de pareceres (inaudita) entre los promotores intelectuales y responsables de su implantación y sus destinatarios y pretendidos beneficiarios últimos. Me la juego a que, sometidos a un examen de dignidad, libertad y derechos (insólito también en estos tiempos), en el marco y sede de una auténtica deliberación pública democrática (que, no sobra decirlo, residiría en toda la ciudadanía sin distinción), ni unos ni otras, políticos y políticas, saldrían tan bien parados como se figuran. Y en el careo descubrirían, de paso, que desheredados y desposeídos somos menos tontos de lo que nos imaginan.

No es la primera vez que le escucho despotricar de la activación, la empleabilidad y resto de medidas de este signo y presentarlas como los nuevos dogmas de fe. Observo, por cierto, que utiliza usted la primera persona del plural cuando se refiere a los empobrecidos y excluidos.

Será porque soy consciente de que vamos en el mismo barco, pero los detalles de mi biografía no interesan aquí. Y sí, vengo a impugnarlas; motivos sobran, como verá. Pero hablando de fe, esa insistencia en negar los hechos que vengo señalando y tropezamos a diario (aumento de la desigualdad, persistencia de la exclusión, despojo de derechos) y ese abundar en este género de medidas viene acompañado de una búsqueda muy actual de evidencias que funcionen a modo de aval de eficacia y racionalidad (palabras casi venerables, pues han sido sustituidas por otras muy del gusto “neoliberal” y profusamente utilizadas: racionalización y eficiencia; una plaga que infesta las normas de empleo).

Y, sin embargo, en este punto la coincidencia es casi total: estudiosos de casa y técnicos a sueldo de órganos de decisión tan principales como la OCDE o la Comisión Europea, defensores a ultranza todos de estas líneas de actuación, coinciden en señalar la necesidad de una mayor y mejor evaluación. Yo añadiría que la que se practica no es, por lo general, objetiva ni rigurosa[vii] y los resultados oficiales suelen diferir en mucho de las conclusiones que extraemos los trabajadores del gremio.

En cualquier caso, las evidencias en este ámbito no llegan[viii] o lo hacen camufladas de ideología de la peor especie. Se oculta, aunque cualquier teórico serio de la materia dispone de hechos y datos, que la solución al desempleo y la exclusión, ya desde bastante antes de 2008, pasa por una cruzada contra los damnificados que no tiene demasiado que envidiar a las clásicas en tenacidad y beligerancia. Una campaña dirigida a liberar al Estado de toda responsabilidad sobre las condiciones de existencia y libertad de las clases subalternas. Yo me sitúo del lado de los que consideran, por el contrario, que es obligación, precisamente, de un estado democrático interferir para garantizar la seguridad, suficiencia material y libertad de todos sus ciudadanos. Por cierto, que en los círculos en que me muevo, ciudadano, lo que se dice ciudadano, hace tiempo que no doy con ninguno.

Pero las razones del desempleo y la precariedad laboral, de estas condiciones de vida y trabajo lamentables, se deben, si hacemos caso al espíritu y la letra de estas políticas, a una tara de la misma mercancía, la propia fuerza de trabajo, del “capital humano” (el otro capital no admite sentencia, originalmente libre de toda mácula; a éstos, titulares inimputables, no se les obliga a responder ni agacharse en confesionarios y reclinatorios, que eso son, más que otra cosa, los negociados de activación).

Defectos, decía, producto de la ignorancia, la incompetencia, la desidia, la falta de esfuerzo y coraje y, por supuesto, la caradura y desfachatez de quienes soportan circunstancias tan adversas. La desigualdad queda así plenamente excusada. Y no hay defensa que valga contra estas acusaciones: los abandonados a su suerte, arrebatada cualquier legitimidad, no disfrutan siquiera del derecho a la queja. Pero la sonrisa obligatoria tampoco basta ya. Si me permite la digresión, lo penúltimo que se impone es la resiliencia. Ahora se lleva el excluido-chicle: prohibido romperse; toca adaptarse (resignarse) ante las condiciones de vida y empleo, cuando lo hay, por muy intolerables que éstas sean, y buscar soluciones individuales para triunfar por encima de cualquier obstáculo y competidor (arrumbada, oportunamente y hace rato, la fraternidad entre iguales). Aunque aquel obstáculo venga dado por la incapacidad de subvenir a las necesidades más básicas, se tambalee el suelo bajo nuestros pies y la competencia milite en nuestro mismo bando. A mí me parece éste un orden de necesidades llamativa, groseramente, trucado.

Por otra parte, a neutralizar y reducir el que sería lógico impacto de este ataque sordo, el rescoldo de indignación que todavía pudieran conservar los perjudicados por afrenta tan persistente, acude una descarga de amenazas y sanciones a señalar con cruz pechos y expedientes, y privar, en el peor de los casos, a los aspirantes a beneficiarios de la magnanimidad pública del subsidio, renta condicionada, bono de alimentos o ayuda similar. Caridad[ix], que es, no se olvide, lo contrario del derecho.

Pero aquí no se acaba el rosario de penalidades y expiaciones que fustigan a la canalla (porque como toda culpa, la pobreza impone un ejercicio –arduo- de contrición): percatados de la encerrona y de la dificultad de dar con una digna escapatoria, emerge, con la intención de hacer más tolerable el razonable malestar de los subalternos, un nuevo pelotón de ventajistas (con el beneplácito general y el aliento de las superiores instancias), que hacen de la necesidad virtud y de la miseria ganancia mediante el expediente de toda una retahíla de medidas higiénicas y otras terapias[x] y gimnasias del cuerpo y del alma, igual de evidentes, científicas y eficaces que las inapelables, insidiosas, perversas medidas de activación. Y luego está la farmacopea, que también contribuye políticamente a la tarea de zapa, entumecimiento y parálisis.

El carácter colectivo de estos y otros padecimientos y la posibilidad de respuesta concertada de los afectados quedan, competentemente, disueltos. Aquí podría estar uno de los grandes éxitos de estas políticas, pues si algo consiguen, aunque no siempre, afortunadamente, es doblegar a la población excluida y “en riesgo de exclusión”, disciplinar a la clase asalariada, desviar la mirada sobre los auténticos orígenes de este expolio económico y de derechos y el inmenso negocio que esconde, y sofocar, porque están sobre la mesa las cosas del comer, cualquier asomo de contestación organizada. En suma, individualizar y despolitizar el desempleo y la pobreza.

Es sobre este tipo de móviles (espurios, inconfesables, pero reconocibles a poco que se escarbe), sobre los que, a mi juicio, habría que indagar, más allá de torcidas evaluaciones, análisis miopes y utilitarismos ramplones. La ofensiva, y no quiero pecar de pesimista, se ha recrudecido en los últimos años, el mal se ha enquistado y las falacias sobre las que se sostiene este edificio han devenido arreglo ordinario y casi inatacable.

¿Dónde queda la crítica entonces? Si es que existe, porque parece usted predicar en el desierto.

No está del todo ausente: algunos estudiosos, pocos, hasta donde he podido descubrir, se han significado en la academia, aunque en formato y jerga difícilmente accesibles al gran público. Son aportaciones meritorias y dignas de agradecer, no obstante, aunque solo sea porque lo habitual hoy es que las universidades alardeen de departamentos y postgrados de activación y presuman de ferias y foros de empleabilidad y emprendimiento. Posiblemente a causa de la dimensión indisimulable que han adquirido los estragos y de la extensión de la inseguridad laboral y vital y el empobrecimiento a grupos que, hasta hace no tanto, parecían inmunes a estos avatares.

No destacan especialmente, tampoco, por sus pronunciamientos críticos (aunque los hay y muy valientes y valiosos[xi]) los profesionales del ramo (trabajadores sociales, técnicos de empleo, orientadores, promotores e intermediadores laborales, etc.). Proliferan, más bien, servicios, blogs y expertos que ofrecen coaching, consejos, herramientas y toda clase de recursos, animados por esta pasión y filosofía activadora.

Un eco que reviste especial interés para los que defendemos un concepto ancho de libertad, es, a mi entender, el que procede de los colectivos de afectados que comienzan a organizarse y hacerse oír, pese al estigma, los afanes (que no verdaderos trabajos, según la tesis principal) de una supervivencia siempre en el filo, los ataques crecientes y brutales a la libertad de expresión y los obstáculos para el acceso a los medios de comunicación dominantes. Porque allí donde la miseria no retrocede condicionalidades y activaciones empiezan a oler a chamusquina, a pesar de lo que afirmen estadísticas[xii] como las que cité arriba.

Sin embargo, la denuncia es tímida todavía y no alcanza a contrarrestar la potencia arrolladora de la propaganda. Los cambios pueden proceder (a salvo aquel diálogo necesario al que aludía arriba), sobre todo, de aquella saludable reacción y resistencia incipientes, de las iniciativas que retoman el lenguaje de los derechos para reclamar la dignidad que se nos niega y de alternativas como la de quienes proponen  una renta básica universal, individual e incondicional. Son éstas, a mi parecer, las líneas prefiguradoras de un verdadero proceso de reformas con significado liberador y vocación de continuidad y ensanchamiento.

Sobre la renta básica universal  (RBU) hemos tratado en otra parte y volveremos seguro, pero ahora me interesa conocer la historia desde el lugar de los “empleables”. Parece, por otro lado, que usted niega todo valor a ese saber técnico, facilitador, de información, formación, orientación, asesoramiento, etc., que albergarían las PAE. Y tampoco salen muy bien parados los profesionales que las aplican. Los que en su interpretación, creo inferir, se encargarían del aspecto más antipático del tinglado.

Pero, en mi humilde opinión, cuando se ofrecen razones a favor de la RBU suele pasarse sobre este asunto de soslayo; se mencionan, es verdad, el estigma, la trampa de la pobreza, las limitaciones y costes de la condicionalidad y su incapacidad para erradicarla, por ejemplo. El análisis que propongo nos obsequia con una batería complementaria de argumentos que no ha sido suficientemente advertida y explorada. Piense no solo en el ahorro económico y administrativo (y de verbosidad) que traería la “desactivación”; nos evitaríamos, también, infligir todo este sufrimiento innecesario. Y en el combate dialéctico entre condicionalidad y universalidad/incondicionalidad haría las veces de espejo de aumento de la realidad escandalosa que subyace a las tesis que secundan las ayudas expresa y únicamente dirigidas a los pobres con carné.

En cuanto a la experiencia y relato de los desfavorecidos por el que me pregunta es despachado frecuentemente con displicencia nada disimulada por los enterados que alegan todavía, y no es guasa, que no se corresponde con la actual coyuntura de recuperación del empleo y crecimiento económico sostenidos; que el descontento se debe, otra vez, a algún error de percepción, patología o flojera del espíritu. No es un problema de oferta de empleo, es la consigna, aunque ahora llamen así a esta fórmula de instalación permanente en la explotación, la inseguridad y la pobreza (además, siempre quedan el autoempleo y el exilio). No se espere de estos eruditos una búsqueda de las raíces de la exclusión en otras fuerzas, intereses y dinámicas económicas, políticas.

Por otra parte, omnipresente el in dubio “contra” reo, ¿qué crédito puede otorgarse al decir de los fracasados, los faltos de mérito y capacidad, los que no saben, ni pueden, ni quieren? En mi inteligencia la suspicacia habría que guardarla, por defecto, para con los poderosos, no contra los despojados de su facultad de decidir.

Pero a lo que iba, y respecto a esa crudeza que me adjudica: no es mi intención la condena de toda una profesión y colectivo de trabajadores, gremio del que, por otro lado, formo parte. Erraría el tiro y llamaría a una mayor confusión y despiste una soflama que tuviera como objeto pintar nuestras vergüenzas. Además, se nos supone, siquiera por aplicación del mismo beneficio de la duda que propugno, una formación (sobre este asunto algo comentaré luego) y una responsabilidad a la altura de la labor encomendada. Pero la misma responsabilidad tiene otra dimensión, que exige, de un lado, revelar la naturaleza intimidatoria y coercitiva de estas medidas de acompañamiento, mejoramiento, evaluación, vigilancia, control y sanción, y, de otro, exponer, en justa ley, sus más visibles y dañinos efectos sobre el elemental amor propio, la íntima consideración y la dignidad de los administrados sobre quienes se abate, y lo hace sin miramientos, el peso de una burocracia necia y desalmada.

Es aquí, en ese encuentro e interacción de carne y hueso donde se toma el pulso a la realidad,   afloran descosidos y roturas y asoman ruinas y  lágrimas, que estos mecanismos descubren su faceta más descarnada. Si la actividad que nos traemos entre manos no dejara al desnudo este paisaje desolador estas consideraciones que comparto apenas superarían el estatuto de una retórica intrascendente, prescindible.

Y que esta partida se juegue de manera continuada, en sede pública y sin ruido no resta un ápice de gravedad a la tragedia. Redimir a los pobres y actuar como paladines y brazo ejecutor de este “neoliberalismo” devastador no debiera formar parte del listado de competencias de los profesionales de lo social, ni se compadece con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales que deberían ser santo y seña de nuestra actividad. ¿Dónde quedaría el interés público que decimos servir?

Resumo: no cabe, en una auténtica democracia, requerir justificación del derecho a existir ni legítima facultad para conceder o denegar un permiso de esta naturaleza. Y puede decirlo; no es necesario ser un intelectual o un campeón de la moral: a algunos la indignación nos rebosa las costuras. Por lo que a mí respecta, vengo, simplemente, a rendir cuentas; a cumplir con una obligación tan olvidada como genuinamente democrática.

Resuena extraña, casi exótica, esa definición de democracia que maneja y también la repugnancia ética que creo adivinarle. Pero iba a comentar algo también sobre la formación técnica, sobre el conocimiento aplicado…

Sí, creo que, como poco, se ha inflado la categoría epistemológica de la “ciencia” que aplicamos. De otro modo no cabrían tantos librillos como maestrillos y tanta literatura sin fundamento; todos a la greña por la última palabra sobre el currículum y resto de herramientas de búsqueda de empleo, lo mismo que sobre la teoría y práctica de los procesos de selección de personal y entrevistas de trabajo, las bondades de la competitividad y la “emprendeduría”, etc. Curioso, por cierto, lo mucho que se exhorta a la competitividad del populacho al tiempo que acaparan admiración y tributo los oligopolios e  industrias monopolísticas y la concentración de riqueza y poder de una ínfima y selecta minoría.

Recientemente se ha añadido al maletín del entendido la marca personal y su posicionamiento, porque mercancía (a precio de ganga), además de la fuerza de trabajo, contra el criterio original de la Organización Internacional deI Trabajo, son igualmente nuestros cuerpos, nuestros más personales, atributos, incluidos, claro, nuestro aspecto y nuestros perfiles y objetivos. Todo se quiere subordinado al mercado y expuesto en plaza pública. Que nos allanemos, indefensos, a convertirnos en etiqueta y “código QR”, en mero objeto con ayuda de las imprescindibles tecnologías de la información es síntoma patente del espasmo y penetración de esta religión mercantilizadora y de la bajeza de este (des)orden.

Tampoco digo que no quepa lugar para la enseñanza-aprendizaje – uno de ida y vuelta, aunque se olvide- de aquellas categorías y su aprovechamiento en el mercado laboral, aunque en mi concepción jugarían un papel menor y su instrucción y entrenamiento tendrían carácter de todo punto voluntario. Pero, incluso así, ¡qué pobreza de conocimiento!, ¡qué estrechez y constricciones las de este marco teórico!

Casi diría que buena parte de las tareas que hoy se realizan el amparo de estas profesiones (me refiero, en concreto, a las de activación, gestión, y control), por más refrendo académico y clave en el catálogo oficial de ocupaciones de que dispongan, serían, en una sociedad de hombres y mujeres libres, descargados de esta implacable competición por la supervivencia, felizmente prescindibles. (Mientras tanto, trabajaremos en los límites y resquicios que la práctica tolera y a la contra, que equivale a decir en favor de aquellas fundamentales libertades y derechos, hoy reducidos a miniatura).

Una autonomía como la que reclamo obligaría, desde luego, a redefinir el papel asignado a estas técnicas y estamentos; misión que, de seguro, recibirían con agrado e incluso alivio los colegas más conscientes y comprometidos, por más que nos compeliera a reelaborar nuestros esquemas explicativos y a resituarnos laboralmente fuera de nuestra zona de confort, por otra parte, muy relativo. Porque hablando del endurecimiento y degradación de las relaciones laborales, la precariedad general se extiende igualmente a las condiciones de trabajo de quienes desempeñan estos servicios “públicos” de activación, progresivamente entregados a fundaciones, empresas y confederaciones de empresarios[xiii] y gestionados de forma vertical y según criterios tayloristas de evaluación del rendimiento y logro de objetivos basado en la cifra de usuarios (esta es la denominación utilizada) despachados. Puede añadir también, como remate, que la empatía, en palabras de algún señalado experto en recursos humanos, es un demérito que resta enteros y minutos en la agenda del buen técnico en empleabilidad y activación.

Un apunte, por lo que toca a esta “empresarización”: no es poco grave y deja expedita una vía de mucho peligro para la seguridad jurídica y los derechos de demandantes de empleo y beneficiarios de prestaciones y subsidios que esas agencias de colocación gocen, por expreso deseo del legislador, del mismo carácter de fuente de obligaciones y sanciones[xiv] que los servicios públicos de empleo.

En cualquier caso y respondiendo a su pregunta anterior: ¿le parece ésta poca muestra de confianza para con los miembros del cuerpo? Piense, si no, en el grado de aceptación general de que goza la lectura contraria y dominante; esa funesta concepción de la naturaleza humana y de nuestro destino inexorable que rechaza de plano la posibilidad de alternativas, niega la larga trayectoria de esfuerzos y movimientos por conquistar libertad y derechos, y pretende congelar la historia allí donde sirve a la perfección a los interesados en perpetuar este deplorable statu quo. La tesis que sostengo abona esperanza y prácticas de índole radicalmente distinta.

Sobre la radicalidad de su crítica, por lo pronto, ya me voy haciendo idea, pero descendamos ahora al día a día de su labor cotidiana. ¿Puede mostrarnos de cerca esa realidad que a muchos se nos escapa para que entendamos lo que se cuece exactamente? 

Una descripción con pormenor precisaría de mucho más tiempo y espacio del que cabe en una entrevista. Pero antes otro inciso necesario: las políticas de empleo no se circunscriben a las técnicas y procedimientos que trataré, concretamente, de ilustrar. Su ámbito es más amplio; abarcan, además de la privatización de los servicios públicos y el desbaratamiento de la normativa laboral a que ya me referí, el repertorio de bonificaciones, reducciones fiscales, subvenciones, descuentos y otros regalos[xv] que se conceden a las empresas por su filantropía y los favores prestados. Y los planes -que denomino paliativos- de empleo temporal, precario y de alcance muy limitado, puestos en marcha por las administraciones locales. Su ejecución demanda, pues muchos son los pretendientes y contados los escogidos, una categorización, arbitraria por necesidad, de los menesterosos en niveles y escalas según la gravedad de su condición, entre otros factores de muy peliaguda y subjetiva concreción (de ahí que este campo haya mostrado ser pasto fértil para el clientelismo).

Pero no se crea, los últimos de los últimos, los “inempleables”, tampoco se acaban de librar de aleccionamientos y sermones si quieren acceder a los exiguos recursos de supervivencia (extraordinarios por carecer de vocación de regularidad o presupuesto estable) que ofrecen organizaciones no gubernamentales y servicios sociales. Estos capítulos merecerían, por sí solos, otro aparte, pero esta composición comenzaría a semejar un folletín.

Coloquemos, si le parece, la cámara sobre los modos y trámites de ejecución de uno de estos programas, pongamos por caso la Renta Activa de Inserción o el denominado Programa de Activación para el empleo (si de verdad tiene interés en el asunto le recomiendo que se detenga a leer los decretos[xvi] que los regulan, sabrosas exposiciones de motivos incluidas; otros documentos de procedimiento, más ilustrativos, son de exclusiva circulación interna).

A propósito, acaba de publicarse la Orden que establece las guías técnicas y protocolos de prestación de estos servicios (cuatro, en concreto, y veinte actividades). Un documento también muy revelador porque configura el marco y expone con detalle esta tecnología. Allí se despliega a conciencia toda esa sabiduría relacionada con diagnósticos personalizados, itinerarios individualizados, acompañamientos, tutorizaciones, etc. Una parafernalia que no puede ocultar la magnitud del desastre al que nos abismamos quienes estamos situados, aunque sea de perfil y por casualidad, detrás de las ventanillas, del lado privilegiado de esas mesas que hacen las veces de tribunales. Lástima que no contemos con un Ken Loach patrio para su radiografía, porque abundan los “Daniel Blake”[xvii] en el Reino de España. Y a pesar de tanta calamidad, ¡cuánto valor, cuanto esfuerzo, cuántas capacidades y saberes circulan por estas oficinas a diario! ¡Y cuánta heroica resistencia!

Me referiré solo a uno de aquellos servicios, el denominado de orientación profesional (la formación para el empleo y el emprendimiento son ejes también principales y de mucha envergadura y tomate). El espectáculo (advierto que no es amable) comienza con la fase de “acogida”: En el momento de comparecer ante la autoridad los usuarios carecen, por lo general, de empleo o salario y solo el 58%, siempre según el Instituto Nacional de Estadística, percibe alguna clase de prestación o subsidio[xviii]. Puede decirse que sobreviven, en diversos estadios de menesterosidad, por gracia y favor de parientes, amigos o vecinos, la limosna de bancos de alimentos e instituciones similares, el auxilio de algún cheque-regalo o bono de descuento, los “ocho panes a un euro” y otros saldos y baratijas, o el trabajo en negro (ese gran agujero por el que se despeña el déficit público español), por nombrar algunas de las formas de resolver en los márgenes. Pero también al amparo (menos conocido y frecuente) de maneras alternativas, que no nuevas, de intercambio cooperativo y solidario, de apoyo mutuo y producción y disfrute compartido de bienes comunes (muy alejadas de la reciente moda, en su peor versión, de la economía social y colaborativa y la gig economy, en el mundo anglosajón).

Quizá convendría en este momento añadir que quienes desempeñamos estas labores manejamos información personal y privilegiada sobre la situación laboral y socioeconómica de los usuarios: recibos de salario, contratos de trabajo, vidas laborales, certificados de minusvalía (sic) y otros registros de índole más particular y significativa, si cabe.  Aunque estos documentos nunca pueden inventariar de forma completa y certera muchas de las que son prácticas habituales -y hablo de las que burlan una normativa que a fuerza de flexibilizaciones ha abandonado a los asalariados a los pies de los caballos- porque los abusos encuentran la forma de sortear la publicidad: condiciones de trabajo nefandas (incluida, aunque poco se nombre, la violación –tolerada y corriente- de la normativa de seguridad y salud laboral), encadenamiento de contratos en fraude de ley, jornadas que, por sobrepasar cualquier máximo establecido, vedan el derecho al descanso e impiden compatibilizar obligaciones laborales y vida familiar y personal (sic), salarios irrisorios que no alcanzan para sufragar, con suficiencia mínima, las necesidades más básicas, y resto de vulneraciones varias de la versión progresivamente jibarizada de los derechos laborales que aún perduran en estado comatoso.

Viene a continuación lo que en la jerga se denomina – no por casualidad– diagnóstico individualizado y elaboración del perfil[xix], que pretende medir, a ojo de buen cubero, la empleabilidad, aquel concepto escurridizo. Ese diagnóstico es requisito previo al diseño del, forzoso, por el bien de los usuarios (el paternalismo se esparce ubicuo, pegajoso), pomposamente llamado, diseño del itinerario de inserción personalizado, que, en román paladino, viene a obligar al administrado a realizar una serie de tareas de Hércules, de cuya cumplida y correcta ejecución deberá dar cuenta, con desbordante exhibición de ganas, al orientador que corresponda en el plazo que señale el documento suscrito por ambos.

Pero estos aparentes pactos (pues aprovechan el lenguaje y formato jurídicos) –“acuerdos personales de empleo”, en el argot- y suscripciones de compromisos de inserción no presuponen, de ningún modo, la igualdad entre las partes y una proporcionada distribución de derechos y obligaciones. Se fundan, por el contrario, en el desequilibro de unas relaciones que supeditan a la evaluación positiva, la autorización – discrecional, por más que se quiera objetiva- y firma del técnico de empleo o trabajador social de turno (1)  las expectativas de acceso (uno carente de controles) a alguna oferta de empleo (sobre la que no se ofrecen prácticamente datos, porque dada la tesitura, poco importa la identidad de la empresa); (2) la inclusión del usuario, también potestativa y sin garantías de imparcialidad, en los sondeos que realizará el servicio de empleo -cuando actúa, poco, en calidad de intermediador- y sirven de base para seleccionar a los candidatos que cubrirán, por ejemplo, los puestos de trabajo creados por aquellos planes de empleo público de convocatoria singular e imprevisible;  (3) la permanencia (antigüedad) como demandante registrado –condición sine qua non para generar el derecho a percibir alguna hipotética ayuda futura de reunir la ristra de requisitos exigidos; o (4) la misma percepción de las ayudas económicas de las que depende la penosa subsistencia de excluidos y “empleables”.

Se comprende que gracias a mecanismos de este tipo no sea necesario recurrir a la compulsión directa sobre las personas. Las hay, pese a todo, que “eligen” causar baja de estos registros para alegría estadística y regocijo de los titulares de los departamentos respectivos.

Pero volviendo a los acuerdos y compromisos y su pretensión de juridicidad, una elemental aplicación de la teoría del contrato arrojaría dudas sobre su misma validez: al consentimiento viciado por mediar intimidación, se sumaría la indeterminación de su objeto: ¿cómo delimitar, marcar los contornos, de un concepto tan inaprensible por definición como la empleabilidad? ¿Dónde, cuándo acaba esta cualidad que viene determinada por las exigencias de un mercado siempre en continua, acelerada, evolución? Ni siquiera hablamos ya de títulos, certificados y otras habilitaciones más o menos oficiales, transformados hoy convenientemente en “competencias”.

Tampoco olvidemos que la empleabilidad del excluido-desempleado-precario se dibuja y conforma contra las empleabilidades de todo el resto de “empleabilizandos (y me perdonará los palabros, pero no inventé yo este vocabulario infame) y miembros del mismo grupo social (invisibilizados mediante este artificio), que serían los “naturales” competidores en esa búsqueda “activa” en pos del empleo perdido. (Evidencia sobre la que, también, prudentemente, se calla).

El calificativo entrecomillado (otro ingenio y redundancia ideológica) exige, asimismo, una breve nota: la búsqueda de empleo es “activa” solo cuando admite medida a través de una evaluación, siempre heterónoma (la activación requiere, según esta teología, de un resorte o palanca externa para funcionar), que utiliza como criterio la ferretería de herramientas explícitamente determinadas en número y detalle por las normas y guías de actuación de los servicios de empleo. Existiría, pues, al lado de las denominadas y negativamente connotadas medidas pasivas (las prestaciones económicas), una búsqueda también “pasiva”, unas muy reprochables maneras de estar “quieto” -porque el único trabajo que merece tal nombre es el asalariado, al parecer- , y aunque los únicos “quietos” que a los efectos importen sean los que carecen de riqueza y poder; el ocio de rentistas y especuladores supermillonarios es asunto muy privado y respetable.

A mí todo este perorar, por cierto, me recuerda aquella manera de decir contra la que prevenía el profesor Mairena; una que prefería hablar de “los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa” antes que contar, simplemente, “lo que pasa en la calle”.

Pero sigamos con el periplo: luego del “diagnóstico individualizado” y “elaboración del perfil”, expuesto y para los anales todo un historial de “fracasos” muy sospechosos, toca el despliegue -sin más anestesia, ausente el contexto personal y socioeconómico general-, del “acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad[xx]” y el “asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición del currículo y para la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo”. Otro apunte a este respecto puede resultar interesante: los administrados desconocen la calificación –positiva o negativa – que se otorga a su participación en ese “desarrollo” y “cumplimiento” -en puridad, observancia y acatamiento- “acompañado” -supervisado, vigilado-, y las consecuencias que de esa puntuación y de la asignación de determinados códigos informáticos pueden derivarse. Las aplicaciones informáticas y sus instrucciones y órdenes de uso son otro escaparate del antojo. Todo sea por la transparencia de la que presume la mencionada Ley de Empleo. (Transparencia en sentido más propio es descubrir estas y otras vergüenzas).

Por abreviar, supongamos que el demandante reúne, por fin, los requisitos para acceder al subsidio. Ahora toca ganárselo y su prueba diabólica: una exigencia habitual –el reglamento relaciona otros medios probatorios[xxi] que comportan penitencias parecidas-, consistirá en el peregrinaje a la búsqueda de nueve empresas que, compadecidas, porque no cabe presuponer el interés y deseo de contratar de los propietarios, se sirvan estampar sello y firma sobre el currículum. Un historial que no importa si cronológico directo, inverso, funcional, español o europeo, en color o blanco y negro, estructurado, ad hoc, claro, conciso, ordenado, etc., nunca es pasaporte suficiente.

Y el gasto en suelas es imprescindible porque no sirve remitir electrónicamente el documento (por más que la administración abuse de fanfarria para llamar con ahínco al uso de aplicativos, redes y nubes, y reprenda públicamente a los demandantes menos duchos en su manejo). Va de suyo desconfiar del buen uso que de aquellos instrumentos haga el pobre, y siempre es momento para la recriminación y el correctivo; ni las propias faltas ni las competencias asociadas a la empleabilidad admiten fronteras.

De servidumbres como ésta (podría seguir) está empedrado el camino de los desafortunados, pero lo que importa aquí es, por un lado, advertir acerca del espacio que esta procelosa senda abre para toda suerte de interpretaciones subjetivas, márgenes de aplicación, abusos de autoridad, apreciaciones personales y caprichos de la voluntad, y, por otro, sobre la indefensión de la población excluida (y sometida). Interesa, además, llamar la atención sobre las circunstancias vitales, muchas, las más de las veces, terribles, sobre las que se cierne esta planopia de instrumentos de asedio-activación. E insisto: no es cuestión de la buena o mala fe que gasten gestores de empleabilidades y ayudas; la opresión está inscrita en la propia naturaleza y concepción de estas políticas.

Le confieso que desconocía y me inquieta lo que nos cuenta. No me gustaría estar en su pellejo y menos en el de los demandantes de empleo y solicitantes de las ayudas económicas de subsistencia, si es que se puede sobrevivir con 430 euros al mes. ¡Y qué caro, sí, ganárselos!

Pues a esta dependencia desdichada y miserable algunos se atreven a llamar justa, edificante, reciprocidad y otras pamplinas. Y sí, según el Gobierno, ese importe debe alcanzar para comer y pagar techo, luz, agua y otros costes de mantenimiento de la vivienda, transporte, medicinas[xxii], zapatos, clases de informática y resto de gastos que genera la búsqueda “activa”, etc. Y aun así, ¡qué alivio cuando por fin llega el ingreso y qué tribulación cuando se agota sin que empleabilidades y activaciones hayan logrado su efecto! Adivine sobre quiénes recae entonces el peso de este nuevo fracaso.

Pero espere, que no acaba aquí el guion: concedido el favor no cabe excederse en el contento, porque de inmediato se advierte al usuario que estará sometido, por causa de aquella percepción, a “libertad vigilada”[xxiii] (no podrá salir del país sino previa comunicación a la administración competente); deberá atender a cualquier convocatoria-amenaza (vía telefónica o SMS, por correo postal o electrónico, no importa la legalidad de la notificación[xxiv], su momento o lugar), que la misma administración y sus empresas colaboradoras consideren adecuada para la comprobación de la efectiva concurrencia de los requisitos que motivaron la concesión de la ayuda y cuantas otras estime oportunas para la mejora de su empleabilidad y motivación -aquí  compromisos y respetos recíprocos hacen mutis de nuevo-; y cumplir con el resto de obligaciones que las normas establecen, incluida la participación en trabajos de colaboración social o programas de empleo e inserción profesional (una espita esta última muy peligrosa también).

En particular, asistirá de forma obligada[xxv] a cuantas sesiones individuales o grupales de motivación (más, porque nunca es suficiente), información, formación (también en habilidades sociales –otra ineptitud declarada que exige reparación-), orientación y reconversión profesional para el empleo y autoempleo se establezcan. Que de todo esto y más está lleno el arsenal del perito en activaciones. (El penúltimo atentado y prueba del despiporre es la tarjeta social[xxvi]).

Para terminar, no sé si estas explicaciones sorprenderán a otros despistados como yo, ni preveo cuál sea la reacción que provoquen, aunque creo que, como poco, invitan a la reflexión.

Pero son más los escondites y flecos que encierran estas asignaturas, y se han quedado en el tintero otras relacionadas con la formación y el emprendimiento ya mencionadas, o el “asesoramiento sobre las ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo”, que es asunto de mucha chufla, también; y la propia intermediación-prospección comercial. Así como el impacto concreto de estos programas y servicios sobre mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, migrantes, etc.

Respecto a la novedad y su alarma, creo que coincidirá conmigo en que conviene asomarse al panorama, aunque sea desde el puente, pues no es por azar que corren estos tiempos lúgubres, feroces. Y en cuanto a la reflexión, si llega y sirve de argumento a favor de alternativas realistas y fundadas, a la vez que audaces y de signo emancipador como la que propone la implantación de una renta básica, universal, incondicional y suficiente, bienvenida sea. Es hora y nuestra deuda económica, moral, democrática, inmensa.

(Nota de la Redacción: la persona entrevistada ha preferido guardar el anonimato por “razones de seguridad”.)

Notas:


[i] El Título III, dedicado a los Instrumentos de la política de empleo, se desglosa en tres capítulos que versan sobre la “intermediación laboral”, “las políticas activas de empleo” y “la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo”. Es interesante también leer la explicación que sobre las PAE y sus objetivos ofrecen la OCDE y la Comisión Europea.

[ii] Empleabilidad según la RAE es el “conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo”. La activación, sin embargo, no posee en este diccionario más que una acepción general: “Acción y efecto de activar” y otra biológica, para el caso más apropiada: “Excitación de las neuronas y de sus conexiones sinápticas, causada por una estimulación sensorial”.

[iii] Acerca  del impacto de las PAE sobre la desigualdad en España informa (en inglés solo) la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17949&langId=en

[iv] El Plan Anual de Política de Empleo 2018 contiene, luego de una facunda exposición de motivos  y un diagnóstico de situación y previsiones entusiastas, los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que han de desarrollar las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, listados por ejes, sus objetivos clave –principalmente, “reducir el desempleo y aumentar la activación”-, estratégicos y estructurales, indicadores, etc. Obsérvese que la activación misma se presenta aquí como objetivo.

[v]Recomiendo, no obstante, consultar el interesante y ponderado Estudio nº 42 de la Fundación Primero de Mayo de 2010 titulado “Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de empleo en España”, que aporta, entre otros, los elementos que siguen: el reforzamiento y mejora del funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, el fomento de los servicios de información, orientación y asesoramiento, la especialización de incentivos a la contratación, el fomento de la estabilidad en el empleo, la potenciación y mejora de la formación profesional para el empleo, el refuerzo de los programas de Formación-Empleo o el fomento del autoempleo y la economía social, dirigido a personas con niveles altos de formación.

Una muestra del enfoque de la UGT puede consultarse, por ejemplo, aquí:

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3429

[vi] Estos calificativos otorgarían, por sí solos, el marchamo que requiere la participación. Basta, a lo que parece, con incorporar a las normas de contenido social coletillas como la que reza, por ejemplo: “…En el proceso de elaboración de esta (orden) han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ha emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales..”.

[vii]El balance triunfal que el gobierno ofrece de las políticas de empleo en el período 2014-2016, aquí: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3195. Otra evaluación general de las PAE, positiva, pero más moderada, aquí:

https://www.werk.be/sites/default/files/ALMP2020_CONGRESS_BOOK_ENG.pdf

[viii]Algunos datos desagregados por comunidades autónomas, aquí:

http://www.eapn.es/estadodepobreza/, y aquí:

https://barometrosocial.es/archivos/1434#more-1434.

[ix] “Contra la caridad” se ha publicado hace muy poco un libro cuya lectura recomiendo vivamente: http://basicincome.org/news/2018/03/new-book-daniel-raventos-julie-warks-charity/

[x] Viene a cuento, por esclarecedora, la ironía de un psicólogo, Eparquio Delgado, que ha escrito sobre el timo de la autoayuda: “Si quieres ser más positivo pierde un electrón”.

[xii] Un reciente artículo sobre su manipulación en materia de empleo y desempleo aquí: https://fernandoluengo.wordpress.com/2018/03/14/las-estadisticas-laborales-manipulacion-y-desinformacion/

[xiii] Es el lugar propio, por ejemplo, de las agencias de colocación definidas según el SEPE como “entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Para conseguir este fin valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas y también pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la orientación, información profesional o selección de personal”. El mismo SEPE relaciona hasta un número de 1735. Son agencias de colocación, por ejemplo, muchas de las originales empresas de trabajo temporal, conocidas organizaciones no gubernamentales, academias privadas de formación, asociaciones de empresarios, organismos de filiación universitaria, institutos públicos, etc. El listado puede consultarse aquí:

https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio

[xv]https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html. Una significativa es la que concede el Programa de activación para el empleo: “…El empresario descontará la cuantía de la ayuda económica [los 430,27 euros] del importe del salario que corresponda percibir al trabajador, legal o convencionalmente. En el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajado….”.

[xvi] No son programas equivalentes en duración, requisitos y otras características, aunque sí bastante similares en exigencias y controles. Pueden consultarse sus decretos respectivos aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4678 (Programa (y prórroga) de Activación para el empleo y  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21239 (Renta Activa de Inserción). Por ser extraordinarios y temporales su continuidad y prórroga corresponde decidirla al gobierno estatal.

[xviii] 430,27 euros al mes, para el caso de las ayudas procedentes del SEPE (caben cuantías inferiores derivadas de formas de contratación parcial-precaria); las denominadas rentas de ingresos, también condicionadas, que competen a las comunidades autónomas ofrecen mayor variación en su importe, pero no exceden en mucho de aquella cantidad. Las ayudas se perciben por un tiempo limitado (seis meses, en las más de las ocasiones). A propósito de las rentas mínimas y sus limitaciones son muchos y estimables los artículos y estudios. Un ejemplo, aquí: http://www.sinpermiso.info/textos/no-es-una-buena-idea-extender-el-sistema-de-rentas-minimas-condicionadas-de-euskadi-al-conjunto-del

[xix] Que comprenderá según la orden señalada: “…la atención específica al usuario, al objeto de identificar sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales, así como cuantas otras variables se estimen relevantes en el protocolo específico que desarrolle esta actividad. Esta información se utilizará para la elaboración del perfil del usuario y su clasificación en función de su empleabilidad”. Nada escapa al escrutinio y etiquetado.

[xx] https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/compromiso_actividad.html. El documento forma parte y se firma junto con las solicitudes de prestaciones y subsidios.

[xxi] Uno muy simpático es el que consiente en admitir como tal el certificado de haber accedido a una ¡entrevista de trabajo! Es fácil advertir la gracia.

[xxii][xxii] Una queja muy habitual, por ejemplo, y son muchas y prudentes las que escuchamos, es la que refiere la dificultad para sufragar el coste de los medicamentos prescritos por los servicios sanitarios públicos y recetados, no pocas veces, para atajar los males que la propia condición de pobreza, inseguridad y exclusión generan o agravan. Pero los determinantes sociales de la salud física y mental, a pesar de la abundante investigación y doctrina sobre el tema, también escapan al análisis.

[xxiv]El SEPE advierte en el apartado de infracciones que: “Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos serán válidas a efectos de notificaciones siempre que las personas trabajadoras hayan dado previamente su consentimiento”. Un consentimiento que se presupone, pues no se informa habitualmente a los demandantes sobre la posibilidad de no consentir (otra deriva y muestra de la inseguridad jurídica que impera en este ámbito). No obstante, la administración (léase empresas colaboradoras) prefiere ahorrar en notificaciones (electrónicas o no) y suele recurrir, en cambio, a la llamada telefónica conminatoria y a bocajarro.

[xxv] La Ley de Empleo (artículo 41) dice al respecto:  “Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción […]. Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal [….], para su ejecución…”.

[xxvi] Conviene conocer esta versión: http://www.directoressociales.com/prensa/400-oposici%C3%B3n-al-acuerdo-de-la-conferencia-de-presidentes-auton%C3%B3micos.html

 

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/politicas-activas-de-empleo-y-renta-basica-habla-un-tecnico-de-empleo