Podría comenzar este artículo dando cifras dramáticas sobre la situación social y económica en Andalucía. Diría que un 35,7% de la población en Andalucía vive por debajo del umbral de la pobreza o que más de un millón de personas viven con menos de 300€ al mes. Podría decir que una parte del desempleo en Andalucía es estructural y que no va a haber empleo remunerado para toda la población que lo demande. Dar cifras de desprotección social, de precariedad, de desigualdad, de marginación. Pero nos hemos vuelto insensibles a las cifras. Hemos asimilado la situación económica como algo inevitable, hemos asumido que somos responsables individuales de la búsqueda de ingresos para garantizar nuestras condiciones materiales de vida. Percibimos la desgracia económica como inevitable, un mal número en la lotería de la vida, como diría Charles Dickens. Sin embargo, no aceptaríamos ver morir a nadie desatendido a la puerta de uno de nuestros hospitales. Porque son públicos. Porque damos solución colectiva a problemas sociales. Nadie pone en cuestión los sistemas públicos y universales de educación o salud. “La educación no se vende, se defiende”.

No ocurre del mismo modo con otras necesidades materiales. A pesar de las predicciones de Keynes sobre las magníficas posibilidades económicas de sus nietos, ha ocurrido lo contrario. La mayor parte de los mortales en este país subsisten materialmente por los ingresos que obtienen a cambio de trabajo, pero el empleo digno y estable, ese preciado deseo en Andalucía, está en vías de extinción. De hecho, trabajo hay y mucho, gran parte no remunerado, también hay trabajos que no están justamente remunerados y, desde luego, hay más trabajo que empleo digno. El precariado está cada vez más extendido, una clase social que no pretende reproducirse sino abolirse a sí misma y vive en un mundo de incertidumbres, sin saber si podrá mantener su propia existencia material, dado que desconoce con certeza si logrará un nuevo empleo temporal, si seguirá obteniendo ingresos. Una clase que tiene cada vez menos poder de negociación en una sociedad donde prima, cada vez más, la ley del más fuerte.

La responsabilidad del sostenimiento de la existencia material de la población es colectiva. Hasta ahora, los mecanismos de protección social han estado ligados a las cotizaciones sociales o al cumplimiento de determinados requisitos. Es decir, se trata de subsidios condicionados. En algunas comunidades autónomas de España, existen programas de subsidios para combatir la pobreza, que están sujetos a la demostración de la condición de pobreza. El subsidio de pobres estigmatiza, porque solo lo reciben pobres, y atrapa, porque solo se recibe en condición de pobreza. No es un derecho, es una “paguita” de inclusión social, algo que marca a las personas “excluidas socialmente” que la reciben.

Cada vez hay más voces que defienden la implantación de la renta básica universal (RBU). Si hay un lugar en el que haya que defender la implantación de la RBU, suficiente e incondicionada es en Andalucía. En primer lugar, porque nuestro estatuto de autonomía responsabiliza a las autoridades públicas de garantizar unas condiciones de vida digna. Aunque bien es verdad que la renta del estatuto de autonomía, ni es renta, ni es universal. Lo que el estatuto llama Renta Básica no lo es, ya que figura el estigma “en caso de necesidad”. Una renta básica universal es individual, periódica, de cuantía suficiente para atender el mínimo vital e incondicionada.

Al igual que el derecho a la salud o a la educación están cubiertos por sistemas públicos que defendemos, una renta básica suficiente, individual e incondicional garantizaría a la gente los medios suficientes para subsistir dignamente. ¿Con qué condiciones? Sin condiciones ¿Por qué? Porque los subsidios condicionados se han mostrado ineficaces para solucionar la condición de la que dependen, ya que la persona recibe el subsidio si cumple tal condición. Un subsidio que dependa de la búsqueda de empleo supone que existe empleo con condiciones aceptables, dignas y para todo el que busque. Y eso, lamentablemente, es cosa del pasado.

Desde mi punto de vista, Podemos debería recuperar la renta básica universal y Andalucía debería ser punta de lanza. Mucho más desde Andalucía. Como derecho y no como subsidio. Recordemos que en Grecia la defendía Varoufakis. En Finlandia se pone en marcha una experiencia piloto que tiene un coste de 20 millones de euros. En Escocia, Fife y Glasgow, estudian también la idea.

Además, la renta básica universal no solo persigue garantizar la existencia material de la población, sino que se trata de una herramienta de transformación social por su potencial emancipatorio. Esta medida aumenta la capacidad de negociación de las personas, tanto en la búsqueda de empleo, como en su influencia en los procesos productivos y distributivos. Además, favorece y amplía la capacidad de decisión, democratizando la vida social y económica.

Es obvio que la puesta en marcha de una RBU conlleva un coste y requiere una importante reforma fiscal, asunto que trataré en la siguiente parte de este artículo.

 

Fuente: http://www.granadadigital.es/renta-basica-universal-de-lo-inevitable-a-lo-posible-i/