La Encuesta de Condiciones de Vida basada en datos de 2014 que publica el Instituto Nacional de Estadística ha sido recientemente publicada y seguramente ha pasado para mucha gente desapercibida, a pesar de los datos muy preocupantes que describe. Algunos de esos datos que expone son por ejemplo que el 22,1% de la población que vive en el Reino de España está en riesgo de pobreza y el riesgo se duplica en el caso de la población desempleada y llega hasta el 44,8%. También nos informa que los ingresos medios de las familias siguen cayendo o que el 13,7% de los hogares llega a final de mes “con mucha dificultad”, el 40% no puede afrontar gastos imprevistos y un 9,4% de las familias arrastra impagos de alquiler o facturas.
Detrás de estos datos fríos, como es bien sabido, hay muchas personas que padecen y sufren situaciones de pobreza y miseria insufribles. Tal vez lo que es bastante menos sabido es que en muchas ocasiones también presentan más problemas de salud mental.
Los determinantes sociales de la salud (mental) ponen de manifiesto que los humanos somos vulnerables a la inseguridad económica y a la precariedad laboral. El formar parte de una clase social empobrecida o estar en una posición inferior en la jerarquía social habitualmente también conlleva tener peores indicadores de salud. Tampoco podemos olvidar que las privaciones en la infancia pueden tener también efectos persistentes y graves en la salud a lo largo de la vida. La inseguridad económica derivada de no disponer de una ocupación, de tener un trabajo precario, deudas o hipotecas repercute asimismo de forma considerable en la salud mental.
El aumento de las desigualdades socioeconómicas y como estas van acompañadas de un aumento de las patologías mentales en los últimos años ha sido corroborado por una considerable evidencia científica. Unas desigualdades que muestran a la vez la extrema importancia que tienen las políticas de protección social y económica, fundamentales para dar una estabilidad y seguridad a la vida y a la salud de las personas. Políticas de protección social que suponen aumentar el gasto social y asignar recursos a las acciones sobre los determinantes sociales de la salud, reducir las desigualdades de renta a través de la fiscalidad, incrementar el gasto público en servicios de salud, educación y servicios sociales, políticas de ocupación, mejorar pensiones, etc.
Por lo que sabemos de los efectos de la gran crisis económica iniciada en 2008 han sido devastadores en la salud mental de la población. El sufrimiento psíquico y los diversos problemas de salud mental son bastante considerables en cuanto a cuadros ansiosos depresivos de carácter reactivo, trastornos del sueño, graves sentimientos de culpa, conflictos familiares, violencia doméstica, problemas asociados al abuso del alcohol, más riesgos de padecer trastornos ansiosos depresivos y también un aumento de las muertes por suicidio. Hay pocas dudas dentro de la comunidad académica y profesional del sector que el sufrimiento psíquico y los síntomas de malestar mental han empeorado y aumentado con la crisis y las políticas de austeridad desarrollados por muchos gobiernos.
Para hacer frente a la situación de grave recesión económica y de gran aumento de la pobreza de las poblaciones, los gobiernos español y catalán han hecho uso de las mismas recetas en cuanto a prestaciones de desempleo y de pobreza que en una época cualquiera de crecimiento económico. Pero estas viejas fórmulas en esta larga crisis no han funcionado por lo que hace a los elevados costes en salud y sufrimiento mental. Ha quedado de manifiesto que las políticas de austeridad que actualmente se llevan a cabo responden a una defensa de los intereses de una ultra minoría a costa de la salud y la vida de la gran mayoría de la población. Hay que preguntarse quién ha ganado y quien ha perdido con la crisis. Hay una mayor incidencia de peor salud mental en los países con más desigualdades en la distribución de la riqueza y en los que tienen sistemas débiles de protección social.
Las medidas políticas para responder a los efectos acumulados y consecuencia de la crisis iniciada en el 2008 tendrían que haber sido mucho más ambiciosas y de más largo recorrido que las ya conocidas y fracasadas, como nos muestran los datos de la Encuesta de Condiciones de vida del 2014 y un interesante trabajo sobre las respuestas políticas a la crisis entre las comunidades autónomas entre el 2008 y 2014 (1). La mayoría de mecanismos de ingresos están pensados para personas apartadas del vínculo laboral que han de cubrir sus necesidades básicas y tienen un carácter paliativo y temporal, sin llegar a veces ni tan sólo al umbral de la pobreza.
La magnitud de la emergencia social y el aumento de las desigualdades sociales derivadas de la crisis y las medidas de austeridad en cuanto a pobreza, paro y otras problemáticas sociales han generado unos graves problemas de salud y de salud mental en los individuos y en las familias que ya están teniendo repercusiones y consecuencias para los empleadores y los gobiernos, como resultado de la disminución de la productividad en el trabajo, aumento de las incapacidades, disminución de la participación laboral, ingresos fiscales perdidos y aumento de los gastos de salud y bienestar (2).
Protección social a lo largo de la vida con una Renta Básica
Una medida de protección social y seguridad económica como la Renta Básica podría tener importantes efectos beneficiosos para la salud mental de toda la población. En primer lugar podría reducir la incertidumbre vital y el desgaste psíquico causado por el estrés que sufren millones de personas paradas, con trabajos precarios y trabajadoras pobres, entre otras. Reduciría también la dependencia material: al disponer de una renta segura e incondicional supondría vivir de forma menos angustiosa y estresante una pérdida de ocupación, un hecho demasiado habitual hoy en día.
Diversos experimentos de garantizar ingresos que se han hecho en zonas bien diferentes del planeta (India, Namibia, Manitoba, Carolina del Norte, Kenia, Alaska, etc.) y algunas investigaciones han aportado también diversa evidencia empírica de mejoras en varios terrenos de la salud y especialmente en la salud mental, la reducción de las desigualdades sociales y la pobreza, en la educación, en las relaciones humanas, la economía, etc.
No podemos dejar de destacar algunas de estas experiencias, en particular la de Manitoba (Canadá) en algunas aldeas de la India y la de los Cherokees de Carolina del Norte, la importancia que han tenido estos ingresos incondicionales para la salud mental de las personas y las familias en cuanto a aspectos como la reducción de problemas de ansiedad (en la India), la reducción de ingresos hospitalarios de enfermos mentales (Manitoba) o notables mejorías psiquiátricas y menos diagnósticos psiquiátricos entre adolescentes y adultos (Cherokees).
También para las personas que ya tienen o tendrán problemas de salud mental (se calcula según alguna estimaciones que una cuarta parte de la población) se ganaría en autonomía y confianza por la tranquilidad psíquica que podría suponer una garantía incondicional de ingresos. Es plausible suponer que facilitaría realizar cambios de empleos que, en muchos casos, al ser poco gratificantes e insatisfactorios contribuyen, como se ha demostrado en diversas investigaciones, también a enfermar.
No poco importante, para finalizar en alguna parte, sería también para algunas personas el hecho que una Renta básica haría desaparecer todas aquellas pensiones o subsidios inferiores al umbral de la pobreza y que actualmente son incompatibles con el trabajo asalariado. Por no hablar del componente estigmatizador para tramitar y recibir algunas de estas pensiones.
(Este artículo es una versión extendida del aparecido en http://www.basicincome.org/news/2016/05/dissertation-on-basic-income-as-a-means-to-promote-mental-health/)
Notas
- Ver el interesante trabajo de las diferentes respuestas en políticas sociales por Comunidades autónomas durante los años de crisis en: http://www.ehu.eus/documents/3638427/5511490/Clasificacion-politicas-sociales-OPIK.pdf
Sergi Raventós es Doctor en Sociología y colaborador de Sin Permiso. Su tesis doctoral la presentó el pasado febrero con el título de este artículo.
Fuente: www.sinpermiso.info
