La lucha contra la pobreza y la exclusión se basa no sólo en un sistema de servicios todavía insuficiente, sino también en un sistema de ayudas sociales totalmente insuficiente, estigmatizador y complejo.

Construir una sociedad no excluyente, no estigmatizadora es uno de los objetivos de las personas que defendemos la justicia social. A menudo las etiquetas que nos cuelgan para evidenciar la diferencia del modelo social considerado como el sujeto político central y dominante -hombre, blanco, adulto, heterosexual, propietario, con capacidad no inclusive – y esta diferencia se convierte en marca para la discriminación.

En el ámbito de las políticas sociales nos encontramos con esta base. La lucha contra la pobreza y la exclusión se basa no sólo en un sistema de servicios todavía insuficiente -a pesar de la ley de servicios sociales y su ambiciosa cartera de servicios- sino también en un sistema de ayudas sociales totalmente insuficiente, estigmatizador y complejo.

La pandemia ha evidenciado que este sistema es poco útil y lejos de combatir la pobreza lo que hace es enterrarla en un laberinto de ayudas, papeles y dificultades administrativas; lo que hace es mantenerla, más que combatirla.

Una persona en situación de necesidad económica encuentra ante sí una maraña administrativa para pedir ayudas condicionadas y además debe demostrar, en cada uno de ellos, esta situación que manifiesta. La mayoría de las ayudas se acaban dedicando a personas en situaciones extremas, los presupuestos que se dedican no son suficientes y las condiciones draconianas. Un ejemplo abastamente conocido es el de la demandante de una Renta Garantizada que pasaba del límite anual fijado en 50 €; con un límite de 7.967,73 anuales -lo que marca el Indicador de suficiencia de Rentas en Catalunya- sobrepasar ese límite de miseria se sanciona con la no percepción de la ayuda. Aparte de otros requisitos como la edad, no trabajar y no ser beneficiario o beneficiaria de otras prestaciones acaban convirtiendo una ayuda social de carácter económico, que debería ser temporal, en una necesidad que, además, no saca de la pobreza. Este sistema cronifica la pobreza más que crea condiciones para superarla. En este año largo de pandemia aumenta, las ya grandes desigualdades.

La pandemia, reitero, ha hecho aumentar las desigualdades. La diferencia entre el 1% más rico y el 99% de la población se ha ensanchado. Si antes de la pandemia ya se hablaba de este reparto de la riqueza con esta profunda desigualdad, ahora, además, este 99% de la población está más cerca de situaciones de pobreza y necesidad. El parón económico, los ERTE, el paro… Ha afectado básicamente a las personas asalariadas -en el mercado formal o informal que ya vivían una realidad laboral muy precaria mientras las grandes empresas han aumentado los beneficios. Las grandes fortunas han crecido mientras la supervivencia de la mayoría es cada vez más frágil, y no sólo por el virus.

Una medida feminista

En las etiquetas discriminatorias hay una muy grave: la dedicada a la mayoría social que somos las mujeres. En una sociedad basada en las desigualdades, la desigualdad de género es una base para el desarrollo económico: la brecha salarial, la temporalidad extrema de los contratos, la parcialidad de los mismos, la falta de posibilidad -y de medidas- de conciliación, la doble -triple jornada, la falta de reconocimiento de las aportaciones de las mujeres, el techo de cristal, la segregación horizontal y vertical en la evolución profesional, las dificultades de acceso al mercado laboral -y más si tienes personas a cargo, eres migrante o trans-… El hecho de ser mujer es sancionable en una sociedad construida sobre las discriminaciones. En la Unión Europea, según datos prepandémicos, el riesgo de pobreza era de 24,4% para el conjunto de la población, pero es del 25, 3% en el caso de las mujeres siendo de un 23,6% para los hombres. Esta diferencia ha aumentado este último año, no sólo ha afectado la salud. Un ejemplo es como evoluciona esta desigualdad al final de la vida laboral: las mujeres cobran un 29% -un 30% en el Reino de España-menos de pensión, lo que hace que el 17% las mujeres mayores estén en riesgo de pobreza – frente al 13,1% de hombres-. La feminización de la pobreza es un hecho, pero además el hecho de que los sectores considerados esenciales -ligados a los cuidados, la atención y más precarios- durante la pandemia sean altamente feminizados, expuso las mujeres a un grado más alto de contagio. Todo ello afecta la calidad de vida y la posición socioeconómica.

Esta desigualdad añadida hace que la Renta Básica sea una medida deseable para construir la libertad femenina. Dotar de herramientas de negociación en esta desigualdad a la que se añaden situaciones como la violencia machista -que en pandemia ha significado, entre otras cosas la convivencia con el agresor o tener que aguantar situaciones de acoso con menos red en el ‘entorno-.

Cuando se habla de recuperación económica, se habla de cifras macroeconómicas y cifras de beneficios de grandes multinacionales, pero no sobre la base de la calidad de vida de las personas ni la realidad diaria, y el actual modelo se desarrolla en base a las desigualdades.

Hay que superar estos planteamientos políticos y poner en marcha políticas sociales y económicas que vertebren comunidad y pongan los cimientos de una sociedad más equitativa. Una Renta Básica universal e incondicional sería beneficiosa para la mayoría de la población, nos dotaría de herramientas materiales para la subsidencia en lo básico – desmontemos de una vez el mito de las personas que se aprovechan de prestaciones miserables – y de poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras ante el mercado laboral. A las personas jóvenes, que no encuentran lugar en el mercado laboral y el que encuentran es precario, les daría una base para la suficiencia y labrarse un futuro esperanzador. A la gente mayor, que sobrevive con pensiones miserables les facilitaría una vida digna.

A las mujeres, dado que ocupamos las posiciones más bajas de la escala social, nos afectaría de forma positiva dándonos una base para la independencia económica, nos reparará, en parte, los derechos vulnerados constantemente. Una Renta Básica es poner las bases para la equidad y la justicia. Ahora es el momento.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/una-renta-sin-estigmas/