En la Comunidad Autónoma de Euskadi tienen una nueva legislación sobre la RGI desde el año pasado: la Ley 14/2022, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que entró en vigor el 29 de marzo de 2023; así como el Decreto 173/2023, que es el reglamento de la Ley 14/2022 y que está vigente desde el 1 de enero de 2024.
El pasado lunes 18 de noviembre, Lanbide (servicio vasco de empleo) presentó en una rueda de prensa, a bombo y platillo, que iba a poner en marcha inmediatamente un buzón de comunicaciones antifraude para recoger denuncias en línea de personas que mantendrían su anonimato. Esta noticia ha sido un revulsivo que ha encendido críticas, denuncias y reflexiones, no sólo sobre el buzón en sí, sino sobre el balance de año y medio de existencia de la nueva legislación. Recogemos en nuestro dossier tres documentos: en primer lugar, un artículo de Iñaki Uribarri, que reflexiona sobre la valoración que cabe hacer del funcionamiento de la nueva legislación y lo que les espera a los colectivos de personas más vulnerables entre los miles de perceptores y perceptoras de la RGI, cuando ya está claro que el Gobierno Vasco los ha convertido en carne de cañón a la hora de buscar una legitimación social de un modelo de rentas mínimas condicionadas que ha fracasado en su función de acabar con la pobreza; en segundo lugar, un manifiesto de ARGILAN-ESK, plataforma del sindicato ESK contra la pobreza y la exclusión; y, en tercer lugar, un artículo de Imanol Zubero, que aporta una crítica radical a lo que supone social y políticamente implantar, por parte de una institución pública como es Lanbide, una herramienta de este tipo. SP
Ya toca valorar la nueva legislación de la renta de garantía de ingresos (RGI) en Euskadi
Iñaki Uribarri
Teniendo en cuenta que este artículo se integra en el mismo pack de otros dos documentos que tratan sobre el “Buzón de Comunicaciones Antifraude de Lanbide”, que lo acompañan y que estoy completamente de acuerdo con el contenido de ambos, lo que va a continuación, es una reflexión parcial, aunque creo que muy importante, sobre cómo debemos enfrentarnos al futuro del modelo de lucha contra la pobreza en Euskadi, puesto en marcha hace 35 años.
Han pasado ya casi dos años, desde que publiqué, en Sin Permiso (25/12/2022), un artículo titulado: “La ley del sistema vasco de garantía de rentas y para la inclusión no pretende acabar con la pobreza y aumentará el control de las personas pobres, con la excusa de que ello legitima socialmente al sistema”. En poco más de año y medio que llevamos conviviendo con esta ley, que entró en vigor el 29 de marzo de 2023, creo que no caben muchas dudas de que, lo que anunciaba aquel título, está resultando acertado.
Es cierto, que no contamos con datos recientes que permitan evaluar los efectos de la pobreza que se puedan desprender de la Ley en vigor, pero podemos asumir que el panorama actual de la pobreza en Euskadi no se habrá modificado mucho respecto al que expuso la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco (EPDS), publicada en 2022
Llevamos ya suficientes años, en los que hemos tenido coyunturas económicas tanto favorables como negativas, en las que las mediciones de la EPDS, vienen confirmando dos constantes del impacto del modelo de RGI sobre la pobreza: primera, que el combate se centra en la pobreza extrema (la que sufren las unidades de convivencia cuyos ingresos no alcanzan el umbral de rentas del 40% del ingreso mediano existente en la CAV) y que su impacto no supera la bajada de 2 puntos de dicha tasa de pobreza antes de aplicar la prestación de la RGI; y, segunda, que en torno al 30% de las personas pobres no alcanzan a entrar en el sistema de la RGI y que un poco por encima del 50% de quienes sí acceden al mismo, manifiestan que siguen siendo pobres.
Manifestar, por tanto, que la nueva Ley 14/2022, que se ha implantado el año pasado, visto su articulado, no aspira a acabar con la pobreza, no debiera parecer ninguna exageración.
Más control de las personas pobres para legitimar el sistema
Desde mi punto de vista, es más importante, por lo que implica de novedoso y, sobre todo, de conducta política del Gobierno Vasco, lo que se sigue diciendo en el título de mi artículo de hace 2 años: aumentará el control de las personas pobres, con la excusa de que ello legitima socialmente al sistema.
En el manifiesto de ARGILAN-ESK se exponen los datos extraídos de las estadísticas mensuales de las unidades de convivencia perceptoras de la RGI, en los que se puede comprobar la existencia de dos tendencias totalmente contrapuestas: Mientras ha aumentado, desde la entrada en vigor de la nueva Ley 14/2022, y el Decreto 173/2023, que desarrolla la regulación de la RGI, desde el 1 de enero de 2024, las UC perceptoras, entre las 49.492 del mes de enero de 2023 y las 57.702 del pasado mes de octubre de 2024 (8.210 UC perceptoras más, que suponen un incremento del 16,57%), la disminución de las UC perceptoras que comparten vivienda con otras UC, ha retrocedido desde 15.110 en enero de 2023 a 9.226 en octubre de 2024 (5.884 UC menos, que suponen una caída porcentual del 38,94%).
Las viviendas multiunidades de convivencia son la bicha para el PNV y el PSE-PSOE desde hace mucho tiempo porque, como gestores de prestaciones sociales como la RGI y otras, siempre las han visto como los nidos del fraude de la gente perceptora. Cuando en 2018, presentaron el primer borrador de Ley de RGI que tenía que sustituir la ley 10/2008, que estaba en vigor, y que, por cierto, había reducido el número máximo de RGI por vivienda a 2 (antes no existía este límite), propusieron un modelo que impedía la existencia de más de una UC por vivienda, salvo excepciones transitorias. Aquel borrador, hubo de ser abandonado por el rechazo unánime que obtuvo entre las organizaciones de la sociedad civil. Todo el mundo sabía entonces, igual que lo sabe ahora, que el hecho de que, en una misma vivienda, deban convivir unidades de convivencia sin ningún lazo familiar, es una estrategia necesaria de aquellas personas que carecen de ingresos suficientes para alquilar un piso ellas solas. Entre esas unidades de convivencia, se detecta un importante nivel de pobreza y, lógicamente, de solicitudes de la RGI.
En la serie histórica de las estadísticas mensuales de UC perceptoras de la RGI que publica Lanbide el porcentaje UC que comparte vivienda, ha venido estando, hasta el año pasado, en torno al 30%. En 2024 ha bajado, hasta alcanzar la cifra del 16% en octubre. ¿Qué ha hecho posible este cambio radical? Llevar a la práctica la opinión que recojo en esta cita literal de una comunicación de Lanbide a la que he tenido acceso a través de una asesoría de ARGILAN-ESK: “La experiencia en la gestión de la RGI nos decía que hay una sobrerrepresentación de unidades de convivencia unipersonales, respecto a la realidad sociológica. Así, un 63% de los expedientes de RGI corresponden a unidades de convivencia unipersonales, cuando los datos estadísticos sobre los tipos de familia en Euskadi cifraban el porcentaje de familias unipersonales en torno al 28%. El trasfondo de todo esto es que pudiera haber parejas que a efectos del acceso a la RGI se presentan como unidades de convivencia diferenciadas, ya que resulta más beneficioso percibir dos prestaciones UC1 que una UC2. La realidad además era que, ante sospechas e indicios fundados, que terminaban en sede judicial, la carga de la prueba de la existencia de una relación de afectividad recaía en Lanbide, siendo muy difícil de probar, y perdiendo consecuentemente, muchas sentencias. Por eso, se decidió regular en la nueva Ley la relación análoga a la conyugal, que establece la posibilidad de hacer una presunción de la existencia de una relación análoga a la conyugal en determinados casos, dejando el peso de la carga de la prueba en contrario a las personas perceptoras”.
¿Cómo está llevando a la práctica Lanbide la anterior orientación? Aplicando, sin que le tiemble el pulso jamás, el art.28.2 de la Ley 14/2010 sobre la relación análoga a la conyugal:
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá la existencia de relación análoga a la conyugal cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
a. Convivencia al menos de dos años, ininterrumpidos o no, dentro de los cuatro últimos.
b. Descendencia común de las personas convivientes.
“Ahora vienen a por mí, pero es demasiado tarde” (Bertolt Brecht)
Me he alargado explicando uno de los casos que más nos están llegando a las asesorías de ARGILAN-ESK y que están dando lugar a situaciones gravísimas para personas que no tienen capacidad financiera alguna de vivir sin recibir su RGI mensual. Estas y estos perceptores, ven su RGI extinguida, normalmente son imputados como deudores de cobros indebidos que tienen que devolver por los meses en que han convivido como UC independientes en la casa y, cada vez más probablemente se ven penalizados con uno o dos años sin poder solicitar la RGI, al ser considerados responsables de cometer fraude, ya que en la Declaración Responsable que entregaron para solicitar su RGI declararon que eran UC1.
Cuando el Buzón de Comunicaciones Antifraude de Lanbide empiece a funcionar, si no conseguimos evitarlo, casos como el arriba explicado y muchos otros que se les puedan agregar a las personas más vulnerables entre las perceptoras de la RGI (ver el Manifiesto de Argilan-ESK, más abajo), se van a ir materializando.
El Gobierno Vasco, es decir, el PNV y el PSE-PSOE, saben que esto va a ser así. Lo han sabido desde que diseñaron el cambio legal de la ley de la RGI de 2008, pero hicieron una opción consciente, que responde a una estrategia política. Sabedores que el modelo de rentas mínimas condicionadas, en el que se sustenta la RGI, no da más de sí para combatir la pobreza, no precisamente residual, que tenemos en Euskadi, necesita contar con una legitimación social que ya no puede venir de ningún éxito de rebaja de la pobreza. Sólo puede venir del lado más reaccionario: de legitimar que lo que se está haciendo está bien, pero que existen colectivos sociales que se aprovechan metiendo la mano en una RGI que no les corresponde. Son estos los colectivos a los que hay que controlar, descubrir y reprimir.
Entre los partidos políticos de oposición que votaron la Ley 14/2022 en diciembre de hace dos años, Podemos, ya sin representación en el actual Parlamento Vasco, lo hizo a favor, porque consiguió rebajar la edad del derecho a la RGI desde los 23 a los 18 años. EH Bildu, en lugar de votar en contra, tal como repetidamente se lo propusimos ARGILAN-ESK, se abstuvo. El otro día, nada más conocerse la noticia del lanzamiento del Buzón, salió criticando esta iniciativa y pidió su retirada, insistiendo en un argumento que sólo tiene sentido si no quieres ser muy duro y contundente contra el PNV y el PSE-PSOE. Dijo que este es un procedimiento propio de la derecha y de la extrema derecha. Ya vemos que esto es falso. Que los partidos del Gobierno Vasco no tengan miedo de utilizar este tipo de tácticas, no solo el Buzón, sino el control y la persecución de colectivos a los que quieren echar del sistema de la RGI, y que, para ello no les importe lo más mínimo llamar al apoyo de la ciudadanía, nos interpela profundamente a la gente de izquierdas. Porque, en Euskadi, el PNV y el PSE-PSOE no le tienen miedo a la derecha y a la extrema derecha, sino que no nos tienen el más mínimo respeto a las gentes de izquierda a la hora de disputarnos las mayorías sociales. Se aprovechan de que, cada vez peleamos menos por los valores de izquierdas. Y ello, aunque la cuenta de los votos y el peso institucional pueda ir bien.
Ya sabemos que estar del lado de los sectores pobres, marginados, inmigrados, racializados, feminizados… que son minoritarios, no nos va a resultar fácil, pero sinceramente creo que esta es la batalla en la que nos han metido quienes apoyan la nueva legislación de la RGI. O somos capaces de generar una contundente y continuada solidaridad con ellos y ellas, más allá del Buzón de Comunicaciones Antifraude de Lanbide, o nos arrepentiremos cuando seamos conscientes de que estamos perdiendo parte de nuestra alma de izquierdas y preparándoles el camino por el que podrán a venir más adelante contra nosotras y nosotros.
Fuente: Sin Permiso, 24 de noviembre de 2024
Fuera el buzón de comunicaciones antifraude de Lanbide
ARGILAN-ESK
Lanbide ha decidido implantar, a bombo y platillo, un BUZÓN DE COMUNICACIONES ANTIFRAUDE EN LÍNEA, instalado en su página Web, de facilísimo acceso y ningún riesgo, porque quienes lo usen no serán identificados, destinado a recoger la información sobre fraudes en la RGI y en el IMV.
Hasta ahora, hemos escuchado críticas a Lanbide, desde dos puntos de vista: uno, que podemos considerar moral, que ha puesto de relieve que el método del buzón clandestino, es una aberración, puesto que sólo va a conseguir una estigmatización mucho más elevada que la ya existente, contra la gente más vulnerable y pobre de nuestra sociedad, que es la que necesita las prestaciones de RGI e IMV. Se ha insistido, desde este ángulo de crítica, que quienes van a estar en la diana de las denuncias de fraude van a ser, la gente inmigrante, las mujeres monomarentales, las personas jóvenes que comparten pisos, etc. Y también, se ha considerado denigrante que el PNV y el PSE-PSOE, hayan tirado de una herramienta como esta que es típica de la derecha y de la extrema derecha.
El otro punto de vista es el de quienes han afeado al Gobierno Vasco, la puesta en marcha de esta medida, cuando en la CAV, durante 35 años de historia que tiene la RGI, que nació como IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) en 1989, nunca se ha considerado que haya existido un nivel de fraude estimable del que habría que preocuparse (jamás ha superado la cifra del 0,7%) y siempre se ha defendido que la gestión de Lanbide, en ocasiones arropada por las inspecciones de la Ertzaintza a los domicilios de las personas perceptoras, eran instrumentos suficientes para garantizar que la RGI llegara a quienes debía llegar.
La nueva Ley 14/2022, que ha pasado a regular la RGI desde el 29 de marzo de 2023, junto al Decreto 173/2023, que ha establecido el reglamento que está en vigor desde el 1 de enero de este año, han dotado a la nueva legislación de la RGI, de un arsenal de medidas de inspección y control impresionantes: un cuerpo de inspectores e inspectoras compuesto por 19 personas, que jamás había existido hasta ahora; controles bienales cuya tramitación dura nada menos que 6 meses; revisiones exhaustivas de las declaraciones responsables que efectúan obligatoriamente las personas solicitantes y cuyos simples errores dan lugar al rechazo de la solicitud y si el rechazo no se ha producido, a la posterior suspensión o extinción de la RGI, acompañada de una penalización de uno o dos años sin poder volver a solicitarla.
No hablamos por hablar, en las asesorías de ARGILAN-ESK de Gasteiz y Bilbao, jamás habíamos conocido un ensañamiento de Lanbide contra determinados tipos de perceptores/as (antes los hemos citado). Cada vez nos llegan más casos de personas perceptoras que salen de las consultas presenciales de Lanbide literalmente destrozadas anímicamente, sin capacidad de reaccionar y que, más pronto que tarde, llegan incluso a enfermar.
La nueva legislación de la RGI hace aguas
Desde nuestro punto de vista, las dos visiones críticas que hemos descrito anteriormente son absolutamente verdaderas, pero consideramos que no entran en el terreno de proponer una explicación que ayude a entender por qué el GV ha decidido echar mano de un arma que se puede calificar de muy alto riesgo. Para nosotros la razón está en que, tras más de año y medio de aplicación de la nueva legislación de RGI, activada en abril del año pasado, los datos con los que contamos, que son las estadísticas mensuales de la RGI que elabora Lanbide, dicen que esta reforma no va como debiera.
*En primer lugar, y a pesar de la existencia del IMV, que llega a más de 20.000 personas en la CAV, la RGI no deja de crecer. En enero de 2023, antes de entrar en vigor la nueva legislación, las UC perceptoras eran 49.492. En enero 2024 han subido hasta 57.065 (un 15,4% más que un año antes) y en octubre pasado, último dato existente, todavía ha ido hacia arriba con 57.702 UC perceptoras (16,7% de incremento sobre enero 2023).
*Ese crecimiento, no se ha concentrado en las UC de más miembros, como prometían los defensores de la nueva ley, sino en las UC de uno y dos miembros. En enero 2023, estas UC1 y UC2 eran 40.579, y han subido en enero 2024 a 45.974 y en octubre 2024 a 46.896. Si, en enero 2023, antes de la nueva ley, alcanzaban un 82,1% de todas las UC perceptoras, en octubre 2024 están en el 81,3%, es decir, para nada se ha conseguido hacer retroceder a las personas perceptoras de unidades de convivencia formadas por una o dos personas. Lo cual es obvio, porque en esas unidades familiares en donde se concentra la mayor pobreza.
*La modalidad de RGI complemento de trabajo, al eliminarse el máximo de 3 años de cobro, y convertirse en permanente, ha pasado en octubre 2024 a ser el 21,3% del total de UC cuando no solía superar el 17% que alcanzó en enero de 2023. Es por esto, por lo que se va a imponer un cambio de la fórmula polinómica de deducción del importe del salario que se resta (es decir, se deduce) de la RGI máxima, para establecer la RGI realmente ingresada por quienes perciben esta prestación, compatible con el empleo asalariado o por cuenta propia. Esta fórmula, que se implantó en 2001, ha recibido, en estos más de 20 años de existencia, muy buenas valoraciones y ha sido tomada como ejemplo por otras rentas mínimas condicionadas de otros territorios. ¿Qué se pretende conseguir con el nuevo modelo de deducciones de parte de los salarios en las personas con empleo que cobren RGI? Perjudicar mucho a las UC1 y UC2, que son las muy mayoritarias, ya que suponen esos porcentajes superiores al 80 % comentado en el párrafo anterior. De esta forma el GV obtendrá un ahorro indudable pues, aunque diga que busca que se activen laboralmente personas beneficiarias de la UC de más miembros, es un puro camelo, pues, además de ser una minoría, su modelo familiar, sobre todo en la vertiente de hacer frente a los cuidados, está conformado de tal modo, que, por esta exclusiva vía de bonificar los salarios compatibles con el empleo, no tendrá encaje favorable, dada la conformación del actual mercado de trabajo.
*Y, por último, hay que aludir a las UC malditas para el GV, a las cuales Lanbide está machacando sin piedad y sobre las que está cargando las inspecciones de la Ertzaintza y los controles, en muchos casos ilegales, del Cuerpo de Inspección. Se trata de la UC que conviven con otras en una misma vivienda. En enero de 2023, esas UC eran 15.110 (30,6% del total de UC perceptoras); subieron en enero 2024 hasta 18.772 (32,9%) y han descendido en octubre de 2024 a 9.226 (16%). ¿Qué explicación puede tener el hecho de este enorme retroceso de estas UC, que es el que representa a más personas sin recursos, que se ven obligadas a vivir en un mismo piso porque no pueden pagar un alquiler en solitario? Sencillamente, que Lanbide les está haciendo la vida imposible, desde el papeleo de los contratos de arrendamiento hasta las continuas visitas de la Ertzaintza, que realiza sus atestados dando validez a lo dice cualquier vecino o vecina, frente a lo que dicen y prueban, documentalmente, las personas perceptoras.
*Llevamos muchos años resistiendo las ilegalidades de Lanbide, urdidas políticamente en el seno del GV, a la hora de enfrentarnos a la gestión de la RGI (ahora hay que sumar al IMV). Sabemos que cuando las cosas no le salen como lo tenía previsto para encajar sus presupuestos, aunque sea en leyes tan recientes, está dispuesto a retorcer la ley a través de una gestión diabólica para salirse con la suya. En estos momentos, se está inaugurando una de esas nuevas etapas que nos va a exigir pelear con el máximo de unidad y solidaridad hacia la gente más perjudicada.
No dejemos que Lanbide se salga con la suya
Lanbide ejerce violencia institucional sobre las personas pobres
Imanol Zubero
No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas.
Me imagino, quiero imaginarme, que el tercer sector de acción social vasco, en su totalidad, está hoy empezando a movilizarse para confrontar la decisión de Lanbide de impulsar un “Buzón de Comunicaciones Antifraude” que permita recoger denuncias anónimas sobre posibles actuaciones irregulares en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Imagino, no entendería que no fuera así, que los teléfonos y correos electrónicos del Viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, el director general de Lanbide, Francisco Pedraza, y la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, estarán colapsados por las llamadas y mensajes de centenares de personas directivas, profesionales y voluntarias de las entidades sociales que trabajan contra la exclusión, de investigadoras e investigadores en el ámbito de las políticas sociales, pidiendo explicaciones por una actuación que supera, y parecía difícil, aquella infame campaña de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 con el lema “ayudas sí, control también” para presentar su Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales 2017-2019. Por mucho menos que esto perdió Maroto la alcaldía de Vitoria-Gasteiz en 2015.
Repetidamente se utiliza el argumento del control estricto de las personas perceptoras (base de esa suspensión cautelar sistemática advertida por el Ararteko) como una forma de legitimación de la RGI frente a una opinión pública y publicada cada vez más crítica con esta ayuda. No estoy de acuerdo. Al contrario, creo que se está provocando el efecto contrario, el aumento del discurso deslegitimador.
Más inspectores
En 2023 Lanbide puso en marcha una nueva Unidad de Inspección para “controlar el correcto cumplimiento” de la RGI, con 19 inspectoras e inspectores. Como si el de las prestaciones sociales fuese un lodazal de corrupción. Comparemos este esfuerzo inspector con el hecho de que en febrero de 2023 contábamos con 51 plazas de inspección de trabajo para toda Euskadi, de las que 10 estaban vacantes. Estamos hablando de un ámbito, el laboral, en el que ya se han producido 30 muertes este año.
He podido leer que hasta la fecha esa Unidad de Inspección ha revisado 5.426 expedientes, correspondientes al total de concesiones realizadas en el ejercicio 2023, con el resultado de que se han iniciado 14 procedimientos de control que podrían acabar en una extinción de la prestación y en la prohibición de solicitarla en un periodo de dos años. ¡14 procedimientos, un 0,25% del total de expedientes inspeccionados! Si esto no es matar moscas a cañonazos…
No creo que aventar la imagen de unas prestaciones sociales amenazadas por el fraude, algo que todas las estadísticas desmienten, sea la mejor forma de legitimarlas. Y menos si lo hace la propia administración. Hace mucho que lo vengo diciendo.
A lo largo del año 2023 y hasta julio de 2024 Lanbide suspendió la RGI a casi 6.000 personas, algo más de un 10% del total de personas perceptoras. Ya solo este dato debería activar nuestra atención y sacarnos de cualquier discurso autocomplaciente. “¿Por qué no observar la estructura de los programas en vez de las fallas de los beneficiarios? […] ¿Por qué no diseñar programas que toleren más las equivocaciones?”, se preguntan y nos preguntan S. Mullainathan y E. Shafir en el libro Escasez. Máxime cuando en la mayoría de los casos ni siquiera hablamos de equivocaciones de las personas perceptoras sino de fallos en el propio programa, que pretende formalizar, burocratizar y controlar unas vidas cada vez más líquidas, más inciertas, más fluidas. Con lo que acaba por imponer normas y procedimientos que rompen la organicidad de la vida.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudiaba la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el 14 de junio de 2022, el Ararteko señaló lo siguiente: que la suspensión cautelar de la RGI no sea utilizada “de manera sistemática”; que gran parte de los incumplimientos por los que se suspende son meros trámites, como “la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón” o no presentar “cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder”, y recordó algo esencial: que esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables.
Este recordatorio resulta especialmente relevante porque lo cierto es que si consultamos la web del Ararteko encontraremos un largo rosario de referencias a suspensiones o extinciones de la RGI a personas muy vulnerables que, si bien han sido atendidas por la administración vasca, suponen una gravísima afectación a la vida de personas en situación de enorme vulnerabilidad. “Pero muchas de esas suspensiones finalmente han sido revertidas”, podrá decir alguien; sí, pero tras una suspensión indebida, apresurada, poco o nada reflexionada, con consecuencias que muchas veces han sido dramáticas: dificultades o imposibilidad de pagar alquileres o créditos, para acceder a la alimentación, etc. Las suspensiones, aunque sean temporales y aunque puedan ser revisadas, suponen introducir más escasez en existencias ya truncadas por la escasez, con lo que esto significa. Cito de nuevo el imprescindible estudio de Mullainathan y E. Shafir:
“La escasez no es sólo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar […] cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente […]. Menos dinero significa menos tiempo. Menos dinero significa que es más difícil socializar, menos dinero significa alimentos de menor calidad y menos saludables. La pobreza significa escasez de los propios artículos que sostienen casi todos los demás aspectos de la vida. […] Las personas de escasos recursos […] hacen malabares para pagar renta, préstamos, cuentas atrasadas, y cuentan cada día que falta para que les paguen su cheque. Emplean su ancho de banda para administrar su escasez. […]Algo de lo que más carecen los pobres es ancho de banda. La mera lucha por estirar los ingresos les deja menos de este recurso vital”.
Es a estas personas, en estas circunstancias, a las que se está suspendiendo la RGI. A las personas más vulnerables, a las más precarizadas, a las más necesitadas de eso de lo que se ven privadas. Y es sobre esas personas sobre las que se arroja ahora, de una forma absolutamente inaceptable, la sospecha del fraude.
“¿Qué es una sociedad decente?”, plantea el filósofo A. Margalit. Esta es su respuesta: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. ¿Y qué es la humillación? El mismo autor dice que “es un tipo de conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado al respeto”. ¿Estamos seguras de que el sistema de gestión de la RGI cumple el criterio de decencia de Margalit? Yo digo que no.
Isabel Torre es una investigadora que en el año 2023 defendió la tesis Emociones y activación. Un análisis de las subjetividades de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, en la que concluye lo siguiente: “Las principales emociones en la experiencia de encontrarse percibiendo la RGI son el miedo, la tristeza, la vergüenza y la duda. Ante tales emociones, de signo negativo, se desprende una posible erosión de las subjetividades de los individuos bajo estudio, así como una dura gestión emocional. Se confirma, pues, que la actual configuración de la RGI y el imaginario colectivo acerca de la misma no sirve a las personas usuarias como herramienta de empoderamiento”. ¿Desearíamos para nosotras una realidad así?
La “teoría de la justicia” de John Rawls
En su Teoría de la justicia John Rawls desarrolló las ideas de la “posición original” y el “velo de la ignorancia” como herramientas conceptuales diseñadas para fundamentar principios de justicia imparciales y equitativos. La posición original es un experimento mental en el que individuos racionales y libres deliberan sobre los principios que regirán la estructura básica de la sociedad (instituciones políticas, económicas y sociales).
Estas personas buscan maximizar sus propios intereses, pero no tienen poder ni privilegios sobre otros, asegurando así un proceso equitativo. Estas personas diseñan las reglas desde cero, sin sesgos, ya que operan en el marco del velo de la ignorancia, de manera que desconocen ciertas características de sí mismas o de su lugar en la sociedad, tales como: su posición socioeconómica (ricos, pobres, clase media, etc.), sus habilidades naturales (inteligencia, talento, fuerza, etc.), su género, raza, religión o cualquier otra circunstancia particular, sus preferencias personales o valores específicos.
Esto significa que las personas participantes deben formular principios de justicia sin saber si serán ricos o pobres, hombres o mujeres, privilegiados o marginados. La idea es que, al eliminar el conocimiento de estas diferencias, las decisiones que tomen serán imparciales, ya que nadie puede diseñar reglas que beneficien a su posición particular.
El propósito de la posición original y del velo de la ignorancia es garantizar que los principios de justicia acordados sean universales (aplicables a todas las personas, independientemente de sus circunstancias), imparciales (no influenciados por intereses particulares o sesgos) y equitativos (que protejan a las menos aventajadas y aseguren una igualdad básica de oportunidades).
En estas condiciones, ¿de verdad diseñaríamos este sistema de rentas mínimas? ¿O lo hemos diseñado así porque sabemos perfectamente que nunca vamos a vernos en la tesitura de tener que transitar por el espacio de la RGI y someternos a sus exigencias? El problema de la RGI es que quienes estamos aquí sabemos que jamás vamos a tener que recurrir a esa prestación. Pero, ¿y si la pensáramos poniéndonos en el lugar de quienes sí lo hacen?
Viviane Forrester nos interpela en El horror económico con un interrogante que no podemos dejar de responder: “En este sistema sobrevuela una pregunta esencial, jamás formulada: ¿Es necesario merecer el derecho a vivir?”. Yo digo que no, y estoy en disposición de hacer lo que sea preciso para avanzar, y hacerlo con rapidez, hacia la incondicionalidad de las rentas que garanticen los ingresos necesarios para evitar la escasez. Y hacerlo de la única manera en que es posible que esa incondicionalidad no genere agravios, que es con criterio de universalidad.
Es urgente poner en pie una iniciativa ciudadana que corte en seco la deriva punitivista de Lanbide. No podemos permitir que el discurso aporofóbico se instale en nuestra sociedad, mucho menos que lo haga de la mano de las instituciones públicas.
Fuente: El Salto, 20 de noviembre de 2024
