Sonia sigue esperando a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resuelva su solicitud. Y espera que la resolución sea favorable, aunque ya no deposita gran esperanza en que así sea. Ha leído mucho en los últimos meses y ha visto situaciones muy difíciles de digerir. Ella, como tantas otras, nunca se había imaginado tener que suplicar una prestación para dar de comer a su hijo o para poder pagar las facturas de la luz o el agua (aún ni piensa en el invierno y la calefacción). Siempre había conseguido arreglárselas de una u otra forma. Ya fuera repartiendo propaganda, limpiando portales o de cajera.

Y la circunstancia actual se le hace difícil. Muy difícil. Sabe que el IMV es una ayuda dirigida a las familias en situación de pobreza extrema y, estar en esta situación, le parte el alma. No tanto por ella, sino sobre todo por su hijo y por su padre que tantas horas metió en la fábrica para que a ella no le faltara de nada.

Sonia ve en el IMV un paralelismo claro con una fábula que su padre le solía contar cuando era pequeña. Ésta trataba de un vendedor ambulante que iba de feria en feria acompañado de un burrito, quien transportaba todos los enseres y los artículos de venta. Sin embargo, y por muy necesario que fuera el burro, los gastos que suponía en forraje eran elevados. Así que poco a poco el vendedor fue reduciéndole la cantidad de comida que le daba diariamente hasta que un día, cuando el burro ya parecía que se había acostumbrado a no comer, tuvo la descortesía de morir de hambre.

Con el IMV ha ocurrido algo parecido. Al principio la música sonaba relativamente bien. Incluso quienes somos partidarios de la renta básica incondicional entendíamos que el IMV podía ser una herramienta para proteger a gran parte de la ciudadanía que peor lo estaba pasando. No a toda, porque como ya he comentado en más de una ocasión, a nivel europeo entre el 20% y el 60% de las personas elegibles para acceder a un programa de asistencia social condicionada, por distintos motivos (falta de información, laberinto burocrático, estigmatización, rechazo de lo que puedan considerar caridad…), no lo hacen. Aun así, no hubiera sido un mal primer paso que el IMV protegiera a 8 millones de personas en situación de pobreza.

No dudo, además, de que en el Gobierno hubo gente que empujó para que el IMV fuera más generoso y alcanzara a un mayor número de personas vulnerables. Sin embargo, los recortes en el IMV llegaron antes de que éste viera la luz. “Alguien” dijo: “tenéis 3.000 millones de euros para gastar. Arreglároslas”. Y se las arreglaron, sí. Pero a costa de millones de personas a quienes se les negó el acceso al IMV y de otras cientos de miles que, como Sonia, han vivido en primera persona el laberinto burocrático y la interminable espera (con todo lo que ello supone). El vendedor, a diferencia de la Ministra Calviño, comprendió finalmente que el forraje, lejos de ser un gasto, era una inversión necesaria para que pudiera seguir adelante.

Entiendo que hacer amén a todo o la crítica destructiva son posiciones mucho más sencillas que aquellas en las que se introducen matices diversos. Y defender una postura crítica con un avance siempre es complicado. Por lo tanto, esta postura no es sencilla, fácil, ni cómoda. Pero, lo que sí es, es honesta.

Parafraseando a Gabriel Celaya, en política también hay que tomar partido hasta mancharse ante los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Porque, las decisiones que se toman hoy, serán los resultados del mañana.

Actualmente todo el mundo es consciente, incluso los más fervientes defensores del IMV, de que la herramienta no está funcionando como debería. Aun así, en el Gobierno casi nadie da la cara públicamente y solamente han sacado “tres medidas para agilizar los trámites”. Tres medidas que, básicamente, dicen lo siguiente: como no damos abasto con los trámites, percibirás la prestación con carácter retroactivo desde el 1 de junio pero estarás tres meses más sin ingreso alguno.

No obstante, creo que hay formas más sencillas para que el IMV llegue a las personas que realmente lo necesitan de una forma más rápida y eficiente. En primer lugar, individualizarlo. Que el IMV no lo cobren las familias, sino las personas. Este paso, además de agilizar las resoluciones, permitiría que grupos de personas que actualmente se ven perjudicados por el diseño del IMV (mujeres, jóvenes no independizados, dependientes o personas sin hogar) se vean correctamente protegidos. En segundo lugar, eliminar trámites. Que el único requisito para cobrar el IMV sea el nivel de renta. Actualmente la lista de documentos que el Ministerio puede requerir a la ciudadanía es insultantemente extensa. Hasta 26 documentos oficiales, la mayoría de los cuales, además, están en poder de la administración.

Asimismo, el IMV podría mejorar sustancialmente si el Gobierno tratara de dar respuesta a la insuficiencia de su cuantía (inferior al umbral de pobreza extrema), al hecho de no proteger a las familias golpeadas por la crisis del coronavirus, a la enorme inseguridad jurídica al contemplar en tan solo 37 artículos 46 menciones a desarrollo reglamentario o a la criminalización de la pobreza que se contempla en una norma supuestamente protectora.

Muchas veces, cuando las tasas de pobreza incrementan desorbitadamente, el número de personas desempleadas sube por las nubes o el diferencial de presión fiscal con la media europea aumenta, nos echamos las manos a la cabeza. Y la clase política también pone el grito en el cielo como si no hubiera causa-efecto alguna entre las medidas llevadas a cabo y las consecuencias generadas. Ahora estamos a tiempo de tomar decisiones que no nos hagan arrepentirnos en el futuro y de las cuales podamos sentirnos orgullosos y orgullosas.

Los datos que hemos conocido los últimos días sobre el IMV son realmente escandalosos, habiendo resuelto favorablemente solo alrededor de 10.000 solicitudes (sin contar las otorgadas de oficio a familias que recibían la ya eliminada prestación por hijo a cargo). Pero, pese a que la gestión del IMV haya sido horrorosa y el colapso fuera totalmente previsible, el IMV no es único en su especie. A nivel europeo se han estudiado en profundidad distintas rentas mínimas y éstas ya han demostrado durante más de 30 años los efectos y las consecuencias que generan. Unos efectos positivos para parte de las personas en situación de pobreza pero que, lamentablemente, dejan a muchas personas atrás. Por no hablar de la estigmatización que causa en gran parte de las personas beneficiarias o los problemas de salud mental derivados de los distintos procesos.

Por eso decía anteriormente que toca ser valientes. No vale hacer lo de siempre y esperar resultados diferentes. Toca repensar y adaptar nuestro sistema de protección social para que pueda hacer frente a los retos del siglo XXI. Porque si no avanzamos en el derecho a la garantía de la existencia material para todas las personas seguiremos cometiendo los mismos errores y dejando a muchísima gente en situación de vulnerabilidad fuera del sistema. Y eso, cuando la emergencia sanitaria es ya una emergencia social, no nos lo podemos permitir.

Es el momento de explorar sistemas que garanticen y profundicen en el derecho universal a la protección frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo. Porque, si algo diferencia a las rentas mínimas y a la renta básica incondicional es, precisamente, la diferente concepción expresada en términos de libertad. Las rentas mínimas ayudan a las personas una vez han “fracasado”, ofreciendo una ayuda ex post a quienes se encuentran en una situación de necesidad. Esta ayuda, que normalmente se ofrece a cambio de una contraprestación por las prestaciones percibidas (habitualmente a través de un proceso de intervención laboral), conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. Sin embargo, una renta básica incondicional, al ser una asignación monetaria que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía o de residencia acreditada, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía ex ante (y no una vez se ha “fracasado”). Así, consigue la lógica incondicional de las medidas que actúan ex ante, no obligando a muchas personas a comportarse como “sumisas suplicantes” de un subsidio y teniéndose que “desnudar” ante la Administración competente. De esta forma, se garantiza a toda la población la existencia material de entrada, otorgando un aumento de la libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica.

Apostemos por poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Estamos al borde del próximo “momento Sputnik” y la renta básica ha pasado de estar en el cajón de sastre a colocarse en la agenda de las políticas realizables. Son muchos los países a lo largo y ancho del mundo que están experimentando con proyectos piloto de renta básica (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Finlandia, Alemania, Francia, Escocia, España, Países Bajos, Kenia, Namibia o India). Y solo uno será el primero en implementar de manera integral la renta básica incondicional, obteniendo una ventaja competitiva frente a los demás países de la economía globalizada. ¿Por qué no ser nosotros?

Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/09/16/el-espejismo-del-ingreso-minimo-vital/