Dice Piketty que en las novelas de los siglos XVIII y XIX, las de Jane Austen y Balzac, el dinero estaba por todas partes. No sólo “como fuerza abstracta”, sino sobre todo porque “esos [niveles de ingresos] permitían fijar en la mente del lector estatus sociales muy determinados, niveles de vida por todos conocidos” (Piketty, 2014: 122).
En los artículos de prensa sobre economía de hoy, los de Paul Krugman y Wolfang Münchau, la desigualdad está por todas partes. No sólo como “fuerza abstracta”, sino también y sobre todo porque las magnitudes del índice de Gini son hoy una forma sencilla y rápida de transmitir al lector desigualdades de oportunidades económicas muy determinadas, niveles de conflicto social por todos conocidos.
La diferencia entre las desigualdades de las que hablaba Balzac y de las que venía hablando hasta hace apenas un año Krugman era, según había establecido el enfoque económico estándar, que mientras que las primeras estaban causadas sobre todo por diferencias en la propiedad del capital, las desigualdades contemporáneas se deben a diferencias en las capacidades de los individuos para obtener rentas en los mercados laborales. Es decir, que mientras que la élite económica del siglo XIX estaba compuesta en su mayoría por rentistas, el 1% más rico de la economía del conocimiento de finales del siglo XX había trabajado duro para alcanzarse esa posición.
La idea que subyace a El Capital en el siglo XXI es que desde comienzos de la década de los 70 no sólo se ha producido un cambio en la distribución de los frutos (crecimiento) que genera el capitalismo, sino que se ha producido un cambio en el propio sistema y estamos volviendo a un capitalismo de rentistas. Que en los últimos 30 o 40 años se ha venido produciendo una creciente concentración de los beneficios en el extremo superior de la distribución es un hecho ampliamente documentado. Pero a diferencia de lo que pensábamos hasta ahora, nos dice Piketty, y ésta es la gran aportación de su Capital, la razón de esa concentración no está en las rentas salariales sino en las rentas del capital.
Éstas no serían tan malas noticias si lo ocurrido entre 1970 y 2010 fuera algo más o menos excepcional. Pero las malas noticias de Piketty son realmente muy malas, porque lo que muestran sus series históricas es que: (1) lo ocurrido en los últimos años es la norma y que lo excepcional es el “capitalismo inclusivo” o de bienestar del periodo 1945-1970 (básicamente por la destrucción de capital físico provocada por las dos guerras mundiales); y (2) dado que en los próximos años lo más probable es que la tasa de rendimiento del capital (r) sea mayor que la tasa de crecimiento económico (g), la desigualdad seguirá aumentando salvo que los gobiernos adopten medidas para impedirlo. Como en la película protagonizada por Bill Murray, lo ocurrido en el pasado (la riqueza acumulada por generaciones pasadas) tiende a reproducirse una y otra vez en el presente (el ascensor social se para). ¿Qué hacer (si es que se puede hacer algo) para no quedar atrapados por la riqueza del pasado?
Aunque ha recibido muchas críticas por ello, en realidad Piketty no cree que todo dependa de las tasas de crecimiento de la población y el progreso tecnológico y que las políticas públicas no pueden generar ningún cambio significativo (Piketty no es ningún determinista económico). Más bien al contrario, cree que una tributación fuertemente progresiva podría evitar una nueva Edad de Oro del capitalismo de rentistas porque lo que determina la probabilidad de que el 1% domine al 99% es el rendimiento del capital después de impuestos y transferencias. Es decir, la propuesta de Piketty es algo así como volver al pasado (al igualitarismo del Estado de bienestar de impuestos y transferencias de los 30 años posteriores a la II Guerra Mundial), para evitar quedar atrapados en él (para evitar que “el pasado [devore] al porvenir”).
No es muy atrevido decir que Piketty ha revolucionado la economía o, al menos, la forma de entender las causas de la desigualdad en el largo plazo. Pues bien, en 1964 James E. Meade publicó un librito que pasó bastante más desapercibido que el de Piketty –Amazon al margen, la verdad es que el título era bastante menos catchy-, motivado por la siguiente preocupación: “[E]n los países desarrollados altamente industrializados una parte sustancial del producto nacional corresponde a los propietarios del capital y éste está muy desigualmente distribuido. Esto es un problema” (Meade, 1964: 25). Dicho de otra forma: en un mundo (que Meade llama “the Brave New Capitalist’s Paradise”: y sí, exacto, se parece mucho al “capitalismo patrimonialista” de Piketty) donde muchas tareas de producción han sido robotizadas o automatizadas –y por consiguiente hay un desempleo estructural más o menos elevado-, distribuir los ingresos salariales de una forma sustancialmente igualitaria ex post sólo puede hacerse mediante tipos impositivos “excepcionalmente progresivos”. Pero esto tiene a su vez un problema, y es que “una imposición tan progresiva de las rentas del trabajo sin duda tendrá efectos negativos sobre los incentivos al trabajo, el ahorro, la innovación y la asunción de riesgos” (Meade, 1964: 38). La solución, viene a decirnos Meade, no puede ser corregir ex post los resultados desiguales a los que da lugar la versión “Paraíso del Rentista” del capitalismo, sino (re)distribuir ex ante el valor del capital productivo. A este sistema que propone igualar ex ante la propiedad del capital Meade lo llama “Democracia de Propietarios” (exacto, como Rawls).
“Supongamos”, dice Meade en la frase con la que abre el capítulo en el que desarrolla la idea de la Democracia de propietarios (Meade, 1964: cap. V, pp. 40-65), “que por arte de magia […] la propiedad del capital pudiera ser distribuida igualitariamente entre todos los ciudadanos de la comunidad […] La característica principal de esta sociedad sería que el empleo se convertiría en una elección personal”, porque “los ciudadanos recibirían una parte sustancial de sus ingresos [en forma de rentas] del capital” (Meade, 1964: 40). Supongamos que compartimos el diagnóstico de Meade, que no creemos demasiado en la magia y que somos gente a la que le interesan las implicaciones institucionales de la filosofía política: ¿qué reformas institucionales podríamos promover hoy para extender la propiedad del capital entre la ciudadanía de forma que el desempleo no acabe funcionando como herramienta de disciplinamiento y exclusión social?
Se han propuesto básicamente dos vías, en función de si lo que nos proponemos es ampliar entre la ciudadanía la distribución de los recursos internos o externos. Si lo que buscamos es lo primero, la estrategia tradicional para distribuir lo más igualitariamente posible el capital humano y las habilidades –y de esta forma reducir la dispersión en las rentas antes de impuestos y transferencias- ha sido la educación. Si todos accedemos al mercado laboral con una buena formación, las desigualdades se reducirán (esto es al menos lo que sostienen quienes apuestan por la vía educativa) y en todo caso las que persistan lo serán entre niveles de ingresos más o menos altos. Además, existe cierta evidencia de que los retornos de la inversión pública en educación son muy altos. El problema de poner todos los huevos en la cesta de la educación es que, incluso suponiendo que logra mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al empujar al alza el sistema de precios, deja intactas las distribuciones de la riqueza y el poder. Quizá por eso Meade, que escribe en la tradición de la economía política británica de A. Smith, cree que además de igualar a través del sistema de precios –incrementando el precio por hora del trabajo de los empleados a través de la inversión en educación-, es posible modificar los resultados de la distribución modificando la estructura de la propiedad del capital. Y aquí tenemos de nuevo dos estrategias.
La primera es la vía impositiva y encaja bien con el igualitarismo socialdemócrata. En lo esencial, consiste en gravar la riqueza y las transmisiones patrimoniales. Su justificación moral queda bien resumida en la intuición rawlsiana de que las desigualdades son justas cuando obedecen a nuestro esfuerzo o a nuestras elecciones pero injustas si responden a diferencias en circunstancias moralmente arbitrarias (como que Piluca (27) esté en el 1% más rico de la distribución gracias sólo a los ingresos que le proporcionan los alquileres de 37 pisos que heredó de sus padres, mientras que LaJessi (55) no ha pasado nunca del primer quintil de la distribución a pesar de llevar más de 30 años trabajando). Pero quienes proponen la vía impositiva no tienen por qué limitarse a gravar la herencia de Piluca, sino que podrían proponer también un impuesto al valor de la tierra o, como Piketty, un impuesto global al capital.
La segunda es redistribuir el valor del capital a través de un dividendo (social) y encaja bien con el libertarismo de izquierdas. Su justificación en el plano normativo es que la Tierra (en su versión más incipiente, no trabajada) es propiedad común de todos y por consiguiente todo aquel que haga uso de alguno de sus recursos (comunes) ha de pagar un canon o cuota de usuario, que luego se distribuye igualitariamente en forma de dividendo social. Un ejemplo de esto es el Alaska Permanent Fund, una experiencia que ha sido frecuentemente invocada como encarnación institucional de la propuesta normativa de la renta básica universal. En el edificio teórico de Van Parijs, los empleos son un recurso común más, como la tierra o las materias primas, y de ahí que las rentas obtenidas en el mercado laboral se hayan de repartir entre todos los ciudadanos (stakeholders), con independencia de que uno esté dispuesto a aceptar un empleo o no. La justificación de Van Parijs sólo funciona en la medida en que uno le compre su capítulo 4, que titula “Jobs as Assets”; es decir, en la medida en que uno le compre el argumento de que los empleos son como la tierra o como la estratosfera. A mí me suele costar convencer a la gente de esto.
La verdad es que nunca he terminado de entender por qué quienes defendemos la idea de la renta básica hemos venido aceptando jugar “en el terreno” del libertarismo de izquierdas, que en lo esencial sólo distingue del libertarismo de derechas en una cosa: mientras que para estos últimos la Tierra es originalmente res nullius y por tanto susceptible de apropiación privada, para aquellos es de propiedad común y por tanto quien la explota ha de pagar un canon. Pero vale, supongamos que aceptamos jugar en su campo. Incluso aceptando que es teóricamente correcta (y como he dicho tengo mis dudas), la idea de que los empleos son un recurso natural más, como los océanos, es tan contraintuitiva que limita enormemente la viabilidad política de la propuesta. Sin salir de libertarismo de izquierdas, una fundamentación alternativa podría tomar como base la crítica que L. Murphy y T. Nagel (2002) dirigen al proyecto del libertarismo en general. Expuesto muy brevemente, el argumento de Murphy y Nagel es que analizar la legitimidad del sistema tributario por un lado y la de los sistemas de propiedad e ingresos antes de impuestos por el otro, como si fueran cosas completamente distintas, no tiene ningún sentido. Porque en ausencia de Estado no habría mercado o, dicho de otra forma, porque los mercados, para poder existir en primer lugar, necesitan del Estado y las instituciones que hacen posible la seguridad jurídica. Sin impuestos no hay Estado, y sin Estado no hay sistema de propiedad ninguno que nos garantice algo así como unos ingresos antes de impuestos. Luego toda la idea de la propiedad antes de impuestos sobre la que se fundamenta el libertarismo nozickeano es un mito.
Pero volvamos a esa justificación “alternativa” de la renta básica desde el libertarismo de izquierdas. La idea aquí ya no es que los empleos son un recurso natural como el aire limpio y por tanto susceptibles de ser gravados para financiar luego un dividendo social. Lo que es un recurso común ahora es la estructura (básica) institucional en su conjunto –la regulación laboral que hace posibles los contratos de trabajo, los jueces y tribunales que aplican y hacen aplicar esa regulación, etc.-, de tal modo que una renta básica sería la forma de repartir igualitariamente entre todos el valor de una herencia institucional que, como el petróleo de Alaska para los residentes allí, nos pertenece a todos.
Concluyo ya: me parece que la estrategia de justificación más prometedora para quienes defendemos la introducción de una renta básica es abandonar el estrecho marco del libertarismo y afirmar que, siendo importante, la propiedad no lo es todo. Y que la renta básica es una propuesta que aspira a dispersar, por emplear el lenguaje de Meade y Rawls, no sólo la propiedad del capital, sino también el poder. Pero ésta es ya otra historia, que requiere otra explicación…
Borja Barragué es profesor en la Facultad de Derecho de la UAM y miembro de la Red Renta Básica. Escribe sobre desigualdad, filosofía política contemporánea y economía política.
