Ya en febrero de 2020 el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias habló del ingreso mínimo vital. En ese momento, aseguró que sería «una prioridad absoluta del Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares». En ese momento no se dieron más datos sobre lo que supondría dicha prestación.

Ahora, con la situación económica y social agravada por la crisis del coronavirus, se ha vuelto a poner en la agenda la idea de una renta mínima. Pese a que aún no se tienen los detalles de cómo funcionará, sí se conoce cuándo el Gobierno pretende aplicarla: en mayo.

«Es un compromiso del Gobierno con las familias y aquellas personas que tienen serias dificultades para afrontar sus gastos básicos que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) esté en marcha en el mes de mayo», ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno.

¿Qué propone el Gobierno?

No se conoce mucho de lo que quiere introducir el Ejecutivo, más allá de que será una ayuda «para las familias más vulnerables». Algo así como una renta mínima, que en principio sería condicionada. Es decir, que para poder acceder a ella, se tendrán que cumplir una serie de requisitos y cuando dejas de cumplir dichos requisitos, se deja de percibir.

«El ingreso mínimo vital consistiría en una renta mínima asegurada para las personas que hayan quedado fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos del coronavirus», explica a Newtral.es el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en Derecho financiero y tributario Benja Anglès.

Así, estas rentas son prestaciones sociales a través de las cuáles se busca garantizar el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza y, en este caso, afectadas por el coronavirus. Existen ayudas similares en varios territorios de España, pero se hacen de forma autonómica.

«Se está hablando de una renta para personas pobres, se llame como se llame. Es decir, lo que ya hay en las comunidades autónomas», asegura Daniel Raventós, presidente de la Red renta básica, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB). Al ser de las comunidades, varían las cantidades. Por ejemplo, en Cataluña, por un adulto se dan 664 euros, mientras que en Extremadura es, para unidades familiares de un solo miembro, el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, ahora situado en 537,84 euros.

Raventós explica que «aún no se sabe en qué consistirá, pero por el dinero que más o menos se va a invertir, por las declaraciones… está clarísimo que es una renta para gente en situación de pobreza» Y añade: «Va a llegar, como mucho, a entre 3 o 4 millones de personas».

¿Cuánto cuesta esta medida y a cuántas personas llega?

La renta mínima, como explicó Escrivá en una entrevista en la Cadena SER, puede llegar a un millón de hogares en los que vivirían unos tres millones de personas. En la mitad de ellos habría niños. Además, calcula que el 10% de los hogares serían monoparentales.

Según explica el profesor de la UOC, de esta ayuda «se beneficiarían aquellas personas que, por culpa del coronavirus, se han quedado sin ingresos y no pueden cubrir sus necesidades básicas ya que no pueden acceder a ninguna de las otras prestaciones o ayudas establecidas por el Gobierno al no reunir los requisitos».

Según cálculos preliminares, se hablaba de que la renta rondará los 500 euros, según publica Europa Press. Lo cierto es que no se conoce a cuánto ascendería el gasto público, aunque esto iría en función del número de beneficiarios y de la cantidad de la ayuda. Escrivá, en una entrevista con la cadena COPE, ha confesado que todavía «no sabe a cuánto ascenderá» el coste.

«En mi opinión, el importe de este ingreso tendría que situarse entre el valor del IPREM, ahora de 537,84 euros y por debajo del SMI, actualmente de 950 euros, de modo que se pudieran garantizar unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas, pero en ningún caso ser una alternativa a la necesidad de tener un trabajo», defiende Anglès.

El problema de estos cálculos, explica Raventós, es que «hay más de 10 millones de personas en pobreza en España». Según el último informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, en España, 12,3 millones personas se encontraban en 2019 en en riesgo de pobreza o exclusión social.

«¿Qué hacemos con ellos? Se supone que un subsidio condicionado para gente en situación de pobreza y si ya de entrada dejas fuera a más de la mitad… Y esas son las cifras de 2019, sin tener en cuenta los que entren en este umbral a raíz del coronavirus», critica Raventós. Según sus cálculos, estamos hablando de un subsidio «que en el mejor de los casos llegará a un 30% o un 40% de los que ya eran pobres en el 2019«.

¿En qué no se pone de acuerdo el Gobierno?

Pablo Iglesias anunció que el jueves 16 de abril se presentaría la medida. Sin embargo, el ministro José Luis Escrivá, responsable del Ministerio de Inclusiones, Migraciones y Seguridad Social, encargado de elaborar la norma, alegan que se enteraron por la prensa de dicho anuncio.

A raíz de eso, Escrivá aclaró que el subsidio aún no estaba preparado y que todavía faltaban «algunos flecos». Por su parte, Iglesias rectificó y comentó que la fecha, que en principio iba a ser para presentar la ayuda, era para «nuevas reuniones» para definir los detalles de la prestación. En lo que coinciden finalmente, es que en mayo se presentará la prestación.

«Aunque el establecimiento de una renta mínima era uno de los puntos del acuerdo de Gobierno y existía la voluntad manifiesta de adoptarla durante esta legislatura, sin duda la complejidad del actual escenario, junto a las legítimas diferentes sensibilidades de los dos partidos que configuran el Gobierno, dificultan la configuración de este ingreso mínimo y, sobre todo, la definición de los requisitos para poder acceder al mismo», explica Anglès.

El profesor de la UOC de Ciencia Política afirma que «tiene que lograrse el equilibrio entre que la ayuda sea suficiente y llegue al máximo número de personas que la necesiten y que el coste de la misma sea asumible para las arcas públicas, teniendo en cuenta el conjunto de gastos a los que el Estado tiene que hacer frente ahora y en el futuro. No es tanto una lucha entre partidarios y detractores, sino entre deseo y realidad«.

¿De dónde puede salir el dinero para esta ayuda?

La crisis del coronavirus está creando un momento económico difícil y de crisis. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una deuda pública de más del 113% este año y una caída del PIB del 8% en España. Además, los últimos datos del paro referidos a marzo de 2020, registraron cifras récord de aumento de desempleados y la mayor caída de la historia en afiliados. En total, en España hay 3,5 millones de parados y 18,4 millones de cotizantes.

En estas condiciones, una de las incógnitas es de dónde saldrá el dinero para cubrir esta ayuda. «Se pueden destinar recursos a esta ayuda, no obstante, los presupuestos públicos son finitos, de modo que dependerá de los ingresos disponibles y de la priorización que haga el Gobierno del conjunto de gastos. Es decir, o bien se aumentan los ingresos, ya sea vía impuestos o emisión de deuda pública, o bien se eliminan o posponen otras partidas de gasto», alega Benja Anglès.

Por su parte, Daniel Raventós cree que hablar de cuánto cuestan estas medidas es «confundir». «Eso es el coste bruto: tantos miles al año por tantos millones de personas… Pero el coste neto es cómo se financia y lo que el Estado también se ahorraría de asignaciones públicas monetarias que ya no tendría que pagar. Una cosa es el coste bruto y otra el neto», alega.

Así, según los cálculos de Raventós, solo con que se hiciera un 10% de gravamen sobre el Impuesto de Patrimonio al 10% más rico de la población -sin contar la primera vivienda- se podría recaudar 84.000 millones de euros. «Son más de 17 veces lo que dice el Gobierno que se va a gastar con este ingreso mínimo vital», explica.

¿Qué otro tipo de ayudas de este tipo existen?

Para empezar, una renta mínima como la que propone el Ejecutivo puede ser por un tiempo o permanente. Es decir, por una parte puede ser una renta mínima temporal (o de emergencia), como apelaba el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en El Objetivo: una renta «de emergencia y claramente temporal». «Esto va a durar semanas o meses, pero no más allá. Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población española, fundamentalmente de la población más vulnerable», explicó.

También Pablo Iglesias aseguró que estaba a favor de una renta «puente», es decir, un modelo en el que se apliquen ayudas rápidamente hasta conseguir crear una renta mínima permanente.

También está el modelo de renta mínima permanente. Por su parte, Escrivá dejó claro en la su intervención en la SER que ese es el que aplicará el Gobierno: «No tiene sentido que sea una medida puente. Tenemos claro que va a ser permanente», defendió.

Lo mismo ha declarado la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno: «Los equipos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión están trabajando para acelerar los trabajos para poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tendrá carácter permanente, como se estableció en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP«.

Además de la renta mínima que propone el Ejecutivo aprobar en mayo, en España existen otro tipo de ayudas o rentas. Por ejemplo, un modelo es el conocido como la renta mínima de inserción, gestionada por algunas Comunidades Autónomas.

«Se trata de una ayuda dirigida a aquellas personas sin ningún otro tipo de ingreso y que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una prestación pública. Son personas en situación de extrema pobreza (sin medios económicos para poder atender sus necesidades básicas) que, a cambio, tienen que participar en planes de inserción sociolaboral para intentar salir de la situación en la que se encuentran», comenta Anglès.

Por otra parte, otro tipo de prestación que proponen algunas asociaciones y que no debe confundirse con lo que propone el Ejecutivo, es la renta básica. No obstante, en España, la renta básica es un modelo que no se plantea.

¿El ingreso mínimo vital existe en otros países?

Según explica Benja Anglès, a raíz de la pandemia del coronavirus varios los países han aprobado «ayudas temporales directas para sus ciudadanos». Es decir, se han establecido ayudas similares, pero de manera temporal, mientras que la renta de la que habla el Ejecutivo será permanente.

«Por ejemplo, los Estados Unidos con un cheque estímulo de 1.200 dólares para quienes ingresen menos de 75.000 dólares al año; Canadá, con una ayuda directa de 1.300 euros para las personas que hayan perdido su empleo; Brasil con una ayuda de 115 euros para los que se han quedado sin recursos, o Italia, con una indemnización de 600 euros para los autónomos», recuerda el profesor de la UOC.

¿Qué es la renta básica?

«Se considera renta básica aquella prestación pagada por el Estado a todos los ciudadanos de pleno derecho, independientemente de si tienen otros ingresos o de su nivel de riqueza», afirma Anglès. Es decir, para distinguirla del ingreso mínimo hay que saber que la renta básica la cobrarían todas las personas por igual, mientras que el ingreso mínimo vital, tal y como está planteado, sólo lo percibirían las personas que reuniesen determinados requisitos.

La asociación Red renta básica, que forma parte de la internacional Basic Income Earth Network (BIEN), define la renta básica como «una asignación pública, monetaria, incondicional y universal». Ellos proponen financiar esta ayuda «mediante una reforma del IRPF, de forma que el 20% más rico pierde en beneficio del otro 80% de la población que está por debajo. Es decir, la renta básica la recibe todo el mundo por definición, pero no todo el mundo gana», comenta Daniel Raventós.

Solo en Alaska (Estados Unidos) e Irán existe una verdadera renta básica para el conjunto de ciudadanos, financiada gracias a los ingresos procedentes de la venta de petróleo, comentan estos expertos.

Para Raventós, una solución que podría aplicar ahora el Ejecutivo sería la «renta básica de cuarentena». «Lo que importa ahora es que la gente reciba una cantidad de dinero de forma inmediata, de urgencia. Que la gente que lo necesite lo pida y el Gobierno, salvo las mínimas comprobaciones, en el margen de una semana se lo conceda. Y si hay alguien que lo pide y no lo necesite, en 2021 hay formas de tener que devolverlo, por ejemplo con el IRPF», explica.

¿Por qué existe el rechazo a estas ayudas?

El posible rechazo tiene dos principales motivos, según enumera el profesor de la UOC. Por una parte, se cree que «en un país con un importante déficit público y con problemas para pagar las pensiones y cubrir servicios esenciales como la sanidad, no se considera sostenible» implementar este tipo de ayudas que obligarían a reducir otras partidas de gasto igualmente importantes.

«Por otra parte, se cree que facilitar un ingreso directo y constante a las personas, sin ninguna obligación o contraprestación por parte del beneficiario, podría desincentivar la búsqueda de trabajo y anular la voluntad de salir de esa situación, de modo que una situación que debería de ser temporal se volvería permanente, lo que se conoce como la funcionarización de la pobreza», comenta Anglès.

Este supuesto, según Raventós, parte de un problema «muy grave» que se puede derivar de esta ayuda: la trampa a la pobreza. «La trampa a la pobreza se da cuando se te ofrece un trabajo y estás recibiendo una renta condicionada, normalmente tienes que renunciar a ella porque es incompatible con cualquier otro tipo de renta. Una renta básica no tiene estos problemas porque se puede combinar», comenta.

Así, Jordi Arcarons, catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) y autor de uno de los artículos del libro Renta básica incondicional, pone el ejemplo de una persona que percibe la renta mínima de inserción condicionada, «en el momento que le ofrecen un trabajo muy degradado, por ejemplo, 700 euros para trabajar 8 horas al día, tiene que renunciar a su renta mínima condicionada, porque estas condiciones le imponen que en el momento que obtiene un trabajo deje de percibir esa renta condicionada». Esto, alega, puede llevar a que no se acepte dicho empleo.

Aún así, Arcarons cree que estas suposiciones acaban siendo «incorrectas». «Es muy poco ambicioso pensar que la gente quiere vivir con 600 euros al mes», alega y añade: «Con 600 euros básicamente lo que consigues es sacar a gente de la pobreza extrema. Nada más que eso».

Además, asegura que con la renta básica, a diferencia de, a su juicio, con la renta mínima condicionada, esto no ocurre, ya que nunca pierdes los ingresos, y que son los subsidios condicionados los que «han demostrado su fracaso». «Con la renta básica si tienes un empleo como mucho aumentan los impuestos que pagas, pero la ayuda no la pierdes en ningún momento», asegura Raventós.

Así, comenta que «en España el mejor subsidio condicionado se da en el País Vasco, seguido de Navarra». «No obstante, incluso estos subsidios, han demostrado que no llegan a los objetivos que pretenden, que es acabar con la pobreza», explica Arcarons, catedrático de la Universitat de Barcelona (UB), que alega que los partidarios de la renta básica «no nos oponemos en ningún momento a la renta mínima condicionada, pero sí que habiendo analizado cómo funcionan ambas, el balance que hacemos de las condicionadas es francamente negativo«, sentencia.

Fuentes:

  • Daniel Raventós, presidente de la Red renta básica, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (UB)
  • Benja Anglès, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y experto en Derecho financiero y tributario
  • Jordi Arcarons, catedrático de la Universitat de Barcelona (UB)
  • Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno
  • Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusion Social

Fuente: https://www.newtral.es/que-es-la-renta-minima-que-el-gobierno-espera-aplicar-en-espana-en-mayo/20200418/