Renta Básica y derecho a la existencia: una propuesta para Timor Oriental
En Nápoles se celebró la V Conferencia de la Asociación Europea de Estudios del Sudeste Asiático (EUROSEAS) entre el 12 y el 15 de septiembre. Esta es la traducción de la ponencia que sobre la Renta Básica y Timor Oriental presentaron los tres autores. Pocas semanas después de realizada la mencionada conferencia, llegó la noticia de que el gobierno boliviano de Evo Morales había decidido enviar al Congreso un proyecto de ley para crear lo que fue calificado por el mismo presidente de “renta universal y vitalicia de vejez y dignidad”, de poco más de 300 dólares anuales, a pagarse en 12 cuotas mensuales a los ciudadanos de 60 años o más. Una de las críticas más habituales a la propuesta de la Renta Básica es que está solamente pensada para países ricos. Timor Oriental es uno de los países más pobres del mundo y Bolivia no es precisamente de los más ricos. La proporción de la población pobre es, en ambos países, enorme. Aunque en esta ponencia solamente se habla de Timor Oriental, pronto habrá que prestar atención a Bolivia.
Puede parecer extraño hablar hoy de Aristóteles, Thomas Paine y Robespierre con relación a problemas atinentes a la pobreza en una pequeña nación del sudeste asiático. Si bien los tres pensadores republicanos difieren en numerosos aspectos, comparten dos convicciones básicas de suma importancia que tienen significado particular y conmovedor en los casos específicos de países pobres como Timor Oriental.
La primera: ser libre significa no tener que depender de ninguna otra persona para la propia existencia social. La persona que carece de propiedad ―entendida como independencia material― es ilibre en el sentido de no tener garantizado su “derecho a la existencia”. Esta persona no es ciudadana de derecho propio (sui iuris), sino que vive a merced de otros y está incapacitada para ejercer o cultivar las virtudes de ciudadanía a causa de su dependencia a otra parte que la somete a un régimen ajeno (alieni iuris), convirtiéndola a todos los efectos en un alienado. La segunda: la libertad republicana puede extenderse a todos los miembros adultos de la comunidad (la democracia plebeya de los republicanos demócratas) o sólo a unos pocos (la forma plutocrática de los republicanos oligárquicos), pero siempre a partir de la propiedad y la independencia material derivada de ello. Esta libertad republicana no puede sostenerse si los derechos de propiedad son tan desiguales y están tan polarizados en su distribución que un puñado de individuos puede desafiar con éxito a la república tanto como para imponerle su propia concepción de bien público. Cuando la propiedad está tan desigualmente distribuida, hay poco espacio, si lo hay, para la libertad de la población restante. La constitución de Timor Oriental consagra esas preocupaciones al exhortar a la plena participación ciudadana en el desarrollo del país; sin embargo, ¿cómo es ello posible cuando la amplia mayoría de la población no tiene acceso a los medios materiales de existencia que proporcionan la libertad para participar como ciudadanos sui iuris? Este dilema básico es el núcleo de los problemas del agitado país, el hacinamiento urbano, la insuficiencia crónica de la producción agrícola, la juventud alienada, el paro, la violencia, la baja participación de las mujeres, entre otros, que han llevado a diversos observadores a advertir de que Timor Oriental camina hacia la condición de estado fallido.(1)
Renta básica y derecho a la existencia material y social
Nuestras discusiones sobre la efectividad de la renta básica para la reducción de la pobreza (RB) nos retrotraen a la primigenia tradición política republicana democrática, donde se sostenía que la libertad republicana derivaba de la propiedad o, en otras palabras, de la independencia material de los individuos.(2) Para las griegos, en particular con las reformas revolucionarias democráticas de Ephialtes alrededor del año 461 a.n.e., democracia significaba gobierno de los (hombres libres) pobres,(3) cosa que se consiguió mediante la extensión de la libertad republicana a todos los ciudadanos, ricos y pobres. La reforma más pertinente para la discusión de la RB es el mishton, un pago introducido gradualmente para la realización de tareas políticas. Si bien era menor que el salario de un artesano, permitía a los ciudadanos más pobres tener un papel efectivo en la vida política de la ciudad, si querían. La variante antidemocrática u oligárquica del republicanismo(4) también defendía la idea de libertad como independencia material pero, por diferentes razones, se negó a universalizarla.
Unos 23 siglos después, Thomas Paine señaló el proceso vorazmente expropiador de destrucción de las economías ancestrales de Europa en su famoso texto Agrarian Justice. Apeló a un “fondo nacional” establecido mediante impuestos sobre la tierra de propiedad privada para introducir una pensión de “una suma de diez libras anuales, de por vida, a cada persona viva de cincuenta años de edad y a todas las demás que puedan llegar a esa edad […]. Es derecho, no caridad, lo que pido”.(5)
Cuatro años antes, en 1792, Robespierre había sido el primero en formular el concepto de derecho a la existencia, por el cual la sociedad debería garantizar a todos sus miembros, como primer y principal derecho, el de existir material y socialmente: “¿Cuál es el primer objetivo de la sociedad? Mantener los derechos inviolables del hombre. ¿Cuál es el primero de esos derechos? La primera ley social es la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existencia; todas las demás están subordinadas a ella”.(6)
Esta vieja idea ha reaparecido con fuerza durante las últimas tres décadas alrededor del mundo, en países que van desde los Estados Unidos a México, desde el Reino de España hasta Alemania y desde Argentina hasta Australia, Namibia y Sudáfrica, en torno a la RB. Tan pronto como en 1967, Martin Luther King escribía que “ahora estoy convencido de que la aproximación más simple demostrará que la solución más efectiva a la pobreza es abolirla directamente mediante una medida hoy en día ampliamente debatida: el ingreso garantizado”.(7) Este nuevo y amplio interés por la RB coincide con el implacable avance de la “globalización”, un tranquilizante nombre para un rápido y creciente proceso integral de contrarreforma capitalista, de todo punto político y consistente en la desposesión a escala mundial: desposesión de los derechos sociales que conquistaron seis generaciones de trabajadores, desposesión mediante la subasta de bienes públicos y servicios, desposesión neocolonial mediante la apropiación privada del agua, de los combustibles fósiles, los bosques y el patrimonio natural todo (códigos genéticos de especies animales y vegetales incluidos) y desposesión mediante la capitalización de formas y mundos enteros de vida social que antaño fueron ancestrales o simplemente tradicionales.
Los ecos de las ideas democráticas republicanas de la vieja Europa consistentes en garantizar universalmente las bases de existencia material como derecho se oyen en la constitución de Timor Oriental, pero están ausentes en la discusión de los dilemas económicos, sociales y políticos del país. La Constitución declara que el Estado se propone “promover el desarrollo armónico e integrado de los sectores y regiones y la distribución justa del producto nacional”. Apela al desarrollo sostenible, la democracia participativa y el acceso a la educación y a una buena atención sanitaria, al tiempo que entiende como esencial para la sostenibilidad del país la participación directa de toda la población.(8) Creemos que en todas las áreas prioritarias de la construcción nacional timorense una RB sería un medio efectivo para establecer ese sistema democrático con el grado más alto posible de participación, incluso de los miembros más pobres y hasta ahora más excluidos de la sociedad, como lo fue en la antigua Grecia el mishton para los hombres pobres.
¿Qué es, pues, la RB? La RB es un modesto ingreso que, a fin de que sea efectivo, debe superar el umbral de pobreza y ser suficiente para la supervivencia de cada ciudadano en el área territorial administrativa considerada. La administración lo paga incondicionalmente a todos, independientemente del origen, la edad, el género, la etnia, el estatus civil, la religión y la situación socioeconómica. Una definición más técnica sería la siguiente: la RB es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.
La RB no sólo combate la pobreza. Ofrece más libertad a los ciudadanos, especialmente a la gente perteneciente a grupos vulnerables y subyugados, gente parada, con contratos precarios y malas condiciones de trabajo, mujeres que viven solas o dependen económicamente de sus padres o parejas masculinas y a los pobres en general. Este incremento de la libertad toma la forma de un mayor grado de independencia socioeconómica o una base autónoma de existencia material, de la que la mayoría de ciudadanos del mundo carecen actualmente, especialmente en los países más pobres.
No tiene sentido hablar de ciudadanía sin considerar las condiciones que garantizan la seguridad socioeconómica de los individuos pertenecientes a la comunidad política. No existe ciudadanía a menos de que los individuos tengan la posibilidad real de determinar sus planes de vida y realizarlos. Esto vale también para los términos democracia y libertad en un mundo en que más tres mil millones de persones viven con menos de dos dólares americanos diarios.(9) Como el sufragio universal, proporcionar garantías de condiciones materiales de existencia a todos los ciudadanos en un estado democrático por el mero hecho de ser ciudadanos es un concepto de tanto poder normativo que puede parecer extraño que no fuera adoptado universalmente cuando se proclamaron las primeras declaraciones “universales” de derechos humanos.
Lo que la RB puede ofrecer a los países pobres
La RB tiene un profundo sentido político y económico para los países pobres y subdesarrollados. Desarrollo, propiamente, significa cortar los lazos de dependencia socioeconómica que, en muchos contextos sociales y territoriales, han dejado situaciones de vulnerabilidad generalizada en que los pobres siempre reciben el golpe más duro. La fuente principal de vulnerabilidad e interferencia arbitraria es la falta de independencia material. De todas las propuestas contra la pobreza que se han presentado para los países pobres creemos que, por su naturaleza universal e incodicional, la RB sería la más efectiva para la construcción de una sociedad más igualitaria y participativa y ofrecer libertad ―en el sentido que hemos especificado más arriba― a todos. Debería enfatizarse que la república democrática debe respetar cualesquiera concepciones de la buena vida que sus ciudadanos puedan tener una vez que hayan logrado esta libertad y que esto también implica que el Estado debe intervenir para destruir o reducir la base económica o institucional de cualquier persona o grupo de agentes que amenacen con éxito el derecho de otros ciudadanos a llevar a cabo sus planes de vida o el derecho del Estado a definir y proteger el interés público.
En Brasil, un ingreso mínimo incondicional y garantizado se ve como el paso más simple y efectivo para erradicar la pobreza, especialmente desde que su economía está marcada por grandes desigualdades de renta y riqueza. En diciembre de 2002, el Senado aprobó una ley ―que pasó a la Cámara de los Diputados en diciembre de 2003― para introducir un sistema diseñado en última instancia para que se convierta en una plena RB para toda la población o sus residentes permanentes. La RB está siendo introducida lentamente en series de fases; actualmente constituye un sistema de ingreso limitado que se aplicará para los miembros más pobres de la sociedad.
Cuando se propone una RB para países pobres, las preocupaciones inmediatas son la erradicación del hambre y las formas más extremas de pobreza, mejorar la distribución de la renta y la creación de empleo y de oportunidades profesionales. Una RB permite el desarrollo de propuestas que, aunque bienintencionadas, se aplican como iniciativas (extraordinarias) aisladas y precariamente financiadas, no coordinadas con el marco de prioridades políticas, sociales, de trabajo y de solidaridad y condenadas, por tanto, al fracaso final. Sin embargo, estas iniciativas implican habitualmente cuestiones decisivas como reforma agraria, créditos, esfuerzos cooperativos, proyectos agrícolas de ámbito local, proyectos ecológicamente sostenibles, mejora del balance territorial entre las áreas rurales y urbanas e instalaciones de servicios de seguridad, educación y sanidad públicas. La independencia material que garantiza una RB puede crear las condiciones para el progreso económico sostenido precisamente en esas áreas mediante la apertura de oportunidades productivas autónomas colectivas o individuales para la población. Timor Oriental está particularmente en desventaja porque la mayoría de miembros de su (principalmente china) incipiente clase media murieron o huyeron después de la invasión indonesia de 1975 y, por tanto, no hay prácticamente actividades empresariales propias, dejando campo abierto a las empresas extranjeras ávidas de beneficios.(10) Una RB sería la mejor, si no la única, manera de proporcionar ímpetu a las muy necesitadas empresas autóctonas. La RB en modo alguno significa crear una sociedad de ciudadanos que espera pasivamente la próxima limosna. Libera, para beneficio general, recursos humanos perdidos como resultado de lazos de dependencia que bloquean la iniciativa y conducen a mayor injusticia social e indigencia. El punto clave, sin embargo, es que la RB puede mejorar el bienestar global de la sociedad ofreciendo libertad individual y, como afirma Amartya Sen en Desarrollo y libertad,(11) el desarrollo social y económico real de los países pobres sólo puede ocurrir cuando la posibilidad de libertad para todos los miembros de la sociedad es mayor.
La RB en Timor Oriental como medio para conseguir los objetivos constitucionales
Timor Oriental es básicamente agrario, con el 90% de la población asentada en zonas rurales (antes del desplazamiento masivo de 1999). Hasta que los ingresos por petróleo y gas natural empiecen a circular,(12) se mantendrá como uno de los países más pobres del mundo, con más del 40% de la población por debajo del umbral de pobreza, de 55 céntimos de dólar americano al día. En las zonas rurales, la cifra es próxima al 50%. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PDNU), intitulado de forma optimista “El camino para salir de la pobreza”,(13) el PIB per cápita anual en Timor Oriental era de 370 dólares americanos en 2004, apenas por encima del dólar americano diario, si bien en las zonas rurales la cifra era tan sólo de 150.
Estas cifras son graves, pero no muestran la extensión real de vulnerabilidad de la mayoría de grupos desfavorecidos: pequeños agricultores de zonas propensas a inundaciones o corrimiento de tierras; gente sin ganado; familias con numerosos miembros dependientes; niños de la calle; mujeres cabezas de familia; mujeres sin escolarización en zonas rurales aisladas y víctimas de violencia, violación y traumas psicológicos, o gente sin hogar y desplazada internamente.(14) El informe del PDNU de 2006 muestra que el 48% de los niños menores de cinco años están “poco desarrollados”, mientras que el 12% están “raquíticos”. Los efectos físicos y mentales a largo plazo de esta pérdida nutritiva constituyen tanto una tragedia humana cuanto una carga socioeconómica crónica. Las tasas de mortalidad infantil son extremadamente altas: 136 niños de cada mil mueren antes de los cinco años y el 90% de éstos, durante el primer año. Las tasas de mortalidad maternal son de 800 por cada 100.000 nacimientos. La esperanza de vida es de 55 años. La actual crisis alimenticia de Timor Oriental no es ningún fenómeno aislado, sino un problema de seguridad alimenticia generalizada. Sólo el 3% de agricultores utiliza fertilizantes, pesticidas, abono o semillas optimizadas, cosa que les hace mucho más vulnerables a las langostas, plagas y condiciones climáticas adversas.(15)
Las familias rurales han resistido toda la destrucción, violencia, agitación y conmociones mediante estrategias básicas de superviviencia: escondiéndose en las montañas en tiempos de contienda y, en tiempos más pacíficos, mediante la economía informal, comerciando con cigarrillos, bidones de petróleo, queroseno, etc. La mendicidad en la calle ha crecido. Si bien estas estrategias pueden asegurar una “vida mínima”, no constituyen base de tipo alguno para la producción comunitaria o el desarrollo sostenible. Algunos donantes ofrecen programas de microcrédito dirigidos, pero, cualesquiera que sean las buenas intenciones, sólo pueden tener efectos parciales, discontinuos e insuficientes, porque los problemas son de alcance nacional, socioeconómicamente estructurales por naturaleza y sólo resolubles si el programa contra la pobreza es exhaustivo y a largo plazo.
En enero de 2006, el Tratado sobre ciertos arreglos marítimos en el Mar de Timor, firmado por Australia y Timor Oriental, resolvió provisionalmente una enconada disputa fronteriza entre ambas naciones.(16) Uno de los depósitos más pequeños, el yacimiento de Bayu-Undan, comenzó su producción en febrero de 2005 y el presupuesto estatal ascendió de 80 millones de dólares americanos a casi el doble en 2006. Se espera que este yacimiento genere en torno a 250 millones de dólares americanos anuales, para un período proyectado en 20 años, esto es, en torno a 5.000 millones de dólares americanos en total. Otra zona, el yacimiento Greater Sunrise, se espera que aporte 10.000 millones de dólares americanos durante sus 30 años de vida proyectada. Intentando evitar los obstáculos de un aumento brusco y repentino de los ingresos (como en Chad y Nigeria), el gobierno de Alkatiri estableció un fondo petrolífero para administrar el flujo de ingresos y poner freno a la corrupción. La legislación sobre el fondo exige que todos los ingresos petrolíferos y gasísticos se depositen en una única cuenta. El Gobierno puede gastar únicamente una pequeña parte de este ingreso, en función de los beneficios obtenidos por las inversiones del fondo (principalmente bonos de bajo riesgo), de tal manera que cuando las reservas petrolíferas y gasísticas se agoten las generaciones futuras tengan riqueza abundante. La ley establece organizaciones de control para supervisar la administración del fondo y se publican informes periódicos para su examen público.
Una RB en Timor Oriental financiada parcialmente con ingresos petrolíferos y gasísticos implicaría una inmediata distribución horizontal regular del microingreso (a diferencia de los microcréditos), que se recibiría mensualmente sin interferencias externas. Una RB de 30 dólares americanos estaría bastante por encima del umbral de pobreza de Timor Oriental. Para una población de 1,2 millones, la suma total de una RB universal mensual de 30 dólares americanos por persona supondría 432 millones de dólares americanos. Otro proyecto de RB podría ser una RB de 30 dólares americanos para las personas mayores de 15 años (216 millones de dólares americanos) y de 15 para los menores de 15 (108 millones), un 50% de la población.(17) Esta propuesta supondría 324 millones de dólares americanos. Una RB por encima del umbral de pobreza de 60 céntimos de dólar americano diarios para toda la población (20 millones de dólares americanos mensuales) costaría 288 millones. Con una RB de 20 dólares americanos, una familia pobre con seis miembros dependientes recibiría un ingreso garantizado mensual de 160 dólares americanos mensuales o 1920 anuales. En una aldea de 20 familias similares, esta RB aportaría 3.200 dólares americanos al mes o 38.400 al año. Lo que esto podría significar en términos de producción alimenticia lo ilustra un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en la económicamente devastada zona rural de Uatulari, con una población de 20.000 habitantes. La Generalitat de Cataluña financió el proyecto a través de una ONG totalmente timorense, con un total de 142.680 dólares americanos entre 2000 y 2003 (47.560 dólares anuales) o 2,38 dólares americanos por persona anuales aproximadamente. La zona logró autosuficiencia en el cultivo de arroz antes del final del período y quedó en disposición de suministrar semillas para zonas cercanas. Restaurar los búfalos de Uatulari significa proporcionar “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas), pero esta “maquinaria” también produce abono, leche, carne y pieles, cosa que tiene significado ceremonial y refuerza los valores comunitarios, en la medida que los búfalos han sido tradicionalmente de propiedad comunitaria. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña se detuvo el fondo y el proyecto jamás fue más allá de la fase de “proyecto piloto” exitoso. Una RB de 20 dólares americanos mensuales por persona aportaría unos 4,8 millones a Utualari cada año, cerca de 100 veces lo que dio el gobierno catalán.
En palabras de Tim Anderson,(18) “los países en vías de desarrollo deben elegir entre una estrategia de desarrollo agrícola y seguridad alimenticia que haga énfasis en la consolidación de producción local y el desarrollo amplio de mercados locales y otra que les empuje a una mayor orientación exportadora”. Cita al experto de la FAO Marcel Mazoyer para defender la “multifuncionalidad” de la pequeña agricultura, por cuanto “las pequeñas granjas no sólo aportan productos de mercado, sino que también aportan seguridad alimenticia, seguridad social, tejido productivo y administración medioambiental más eficaz”.
Otro aspecto de esto es que la migración masiva a la capital (Dili) en 1999 a causa de la violencia de las milicias ha creado un duradero problema de desequilibrio entre la población urbana y rural. En particular, la gran capacidad destructiva de la juventud traumatizada, desempleada y desafecta muestra que muchos jóvenes no se sintieron ciudadanos de la nueva nación ni se sintieron incluidos en su proyecto constitucional de construcción de una sociedad pacífica y económicamente viable. De nuevo 280.000 personas fueron desplazadas del país durante la violencia postocupación de las milicias, incluyendo a los propios miembros de éstas. Evidentemente, esta gente no pudo ser recibida de nuevo en una comunidad que no existía por su falta de base productiva. Incluir a los regresados en un proyecto de RB sería un gran paso para su reinserción y el establecimiento de una coexistencia pacífica, además de proporcionarles la condición de miembros de la sociedad dándoles los medios materiales de existencia.
Otro grupo marginado es el comprendido por los ex combatientes de la guerrilla FALINTIL, hombres (y algunas mujeres) que renunciaron a su juventud y a cualquier posibilidad educativa y de empleo que hubieran podido tener para luchar por la independencia de su país. Estas personas, sus viudas y dependientes suman unos 40.000. Son los héroes del país; sin embargo, ahora están económicamente y, por tanto, socialmente excluidos y algunos han recurrido a la violencia de bandas. En suma, una economía socialmente inclusiva sobre la base de una RB universal favorecería numerosos procesos de reconciliación imprescindibles, en gran parte porque garantizaría a todos el conjunto de recursos materiales que les permitirían redefinir sus planes y proyectos autónomamente y desde una perspectiva para toda la vida.
Otro factor dramático es la realidad demográfica: las familias más pobres tienden a tener el mayor número de hijos. La tasa actual de fertilidad en Timor Oriental es del 7,8%, la más alta del mundo, cuando la población se doblaría en 18 años sólo con que la tasa de crecimiento de la población fuera del 3,9%.(19) Además de la inexistencia de centros de planificación familiar y de educación para la salud básica, tener más hijos es visto como una forma de reemplazo de los hermanos muertos en la infancia y como una forma de seguro social para los padres de edad. Que la salud de la madre quede habitualmente deteriorada por demasiados partos y dé a luz en condiciones inadecuadas es un hecho menor en circunstancias desesperadas. Como forma de seguro social garantizado, una RB haría bajar la tasa de nacimientos a largo plazo, corrigiendo de ese modo esta dramática desviación de los miembros jóvenes y dependientes de la sociedad y mejorando la salud de madres y niños en particular. Además, sería un mecanismo altamente efectivo para abolir el trabajo infantil y lograr escolarizar a los niños, lo que a su vez implicaría, inter alia, efectos sobre la salud a largo plazo.
Finalmente, en países que tienen al menos fachada democrática en términos de elecciones “limpias” periódicas, la gente más pobre tiende a abstenerse. En los Estados Unidos, de la gente que se encuentra por debajo del umbral de pobreza, sólo el 38% votó en las elecciones de 2000, mientras que de la gente con medios que doblan ese umbral, votó el 68%.(20) Existe, por tanto, relación significativa entre nivel de renta y participación política, como bien sabían los demócratas radicales griegos (de ahí el mishton).
La financiación de la RB en Timor Oriental
Hay diversas opciones para financiar una RB. Mencionaremos tres. La primera consiste en cambiar las prioridades presupuestarias; la segunda implica reformas en la estructura del impuesto sobre la renta, y la tercera es incrementar el IVA y el impuesto sobre bienes de lujo como los coches, el alcohol, el tabaco, etc. Estas opciones no son mutuamente excluyentes y, en Timor Oriental, una combinación entre la primera y la tercera podrían ser la opción más viable actualmente.
Cambiar las prioridades presupuestarias afectaría necesariamente a los ingresos petrolíferos y gasísticos, en la medida que suponen una gran parte del presupuesto. En el presupuesto de 2006-07, los ingresos petrolíferos representaban el 92% del total, de una suma de aproximadamente 400 millones de dólares americanos. Sin embargo, el ingreso esperado de las actividades petrolíferas es de alrededor el 215% de los gastos planeados, generando, por tanto, una amplia plusvalía.(21) El East Timor Petroleum Fund Quarterly afirmó recientemente que el 31 de diciembre de 2006, el fondo tenía un activo neto de aproximadamente 1300 millones de dólares americanos. Tanto el saldo fiscal como de cuenta en 2006 registraron plusvalías de más del 100% del PIB no petrolífero y se espera que aumenten en 2007-08, lo que refleja un amplio y creciente ingreso de actividades ajenas a los sectores petrolífero y gasístico.(22)
Un ejemplo pertinente de financiación de una RB mediante un fondo petrolífero es, por raro que parezca, Alaska. En 1976 se creó el Fondo Permanente de Alaska.(23) Desde 1982 toda persona con más de seis meses de residencia legal en el Estado de Alaska ha recibido mensualmente una RB (actualmente un total de 700.000 personas). El principal promotor de la RB de Alaska fue Jay Hammond, gobernador del Estado durante ocho años (1974-1982). Alaska es rica en petróleo, el yacimiento de la bahía de Prudhoe es el mayor de los Estados Unidos, y Hammond propuso que esta riqueza beneficiara a la población, presente y futura, mediante un fondo consistente en parte del ingreso petrolífero. La RB de Alaska es un dividendo que corresponde a la parte del rendimiento medio de los últimos cinco años de este fondo permanente. El Fondo ha sido objeto de numerosas modificaciones y actualmente consiste en una cartera que ha sido diversificada a escala mundial. La RB de Alaska representaba en 2000 un total de 2.000 dólares americanos por residente. Si en las décadas recientes en Estados Unidos se ha visto una redistribución constante de la riqueza a favor de los miembros más ricos de la sociedad, Alaska se sigue moviendo en dirección opuesta, hasta el punto de ser el más igualitario de todos los estados de Estados Unidos.(24)
Las otras dos opciones para financiar una RB, reformas en la estructura del impuesto sobre la renta e incrementos del IVA y los impuestos sobre consumos específicos, implican que los mayores ganadores y gastadores soporten los costes de los beneficios para los pobres. Esta última opción en particular tiene sentido en una economía dual como la de Timor Oriental, con un sector de alto gasto expatriado, que se ha vuelto a incrementar con el desarrollo de la misión de la ONU. Éste debería ser considerado como el contexto del hecho de que, entre 2002 y finales de 2006, Timor Oriental recibiera 3500 millones de dólares americanos en ayuda de la ONU y organismos internacionales. Sin embargo, el grueso del dinero fue a sueldos para los administradores de la ayuda, gastos de asesoramiento y contratos con compañías de los países donantes, que, según los criterios del Banco Mundial, se utilizaron básicamente para proporcionar infraestructura y servicios para empresas e inversores extranjeros. Financiar parcialmente una RB con un IVA ―salvo para bienes necesarios― e impuestos sobre consumos específicos mayores podría frenar el flujo de recursos a manos de extranjeros, contrarrestando las políticas del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático y el FMI, que, como señala Tim Anderson, amenazan con minar la independencia económica de Timor Oriental y “lo que Xanana en la ONU llamó una visión popular del desarrollo para los próximos 20 años, como se expresa en la nueva constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo”.(25)
En Cataluña, un concienzudo estudio ha demostrado convincentemente la simplicidad de usar un sistema basado en el IRPF para obtener una RB generosa para todos los ciudadanos que favorecería particularmente a los estratos más pobres.(26) En términos generales, los modelos de financiación de base impositiva implican la integración de la estrategia de financiación de la RB dentro del sistema fiscal, ya mediante la reforma de los impuestos existentes, desplazando la carga de unos impuestos a otros, ya mediante la creación de nuevos impuestos. En suma, significa tomar mediante impuestos más dinero de los miembros más ricos de la sociedad de lo que éstos reciben a través de la RB. Algunos de los ciudadanos de renta media podrían pagar algo menos en impuestos, pero seguirían beneficiándose en general, mientras que los más pobres se beneficiarían por completo. Nadie viviría por debajo del umbral de pobreza.
Más pertinente en términos de viabilidad para países pobres es la propuesta de RB de base impositiva para Namibia.(27) A pesar de que en 2006 el PIB era de 37.000 millones de dólares namibios (5.300 millones de dólares americanos), la mayoría de sus dos millones cincuenta mil habitantes viven en una pronunciada pobreza a causa del desempleo a gran escala. La propuesta namibia es de 70 dólares namibios (unos 10 dólares americanos, aproximadamente) mensuales,(28) muy por debajo del umbral de pobreza, de aproximadamente 212 dólares namibios (30,47 dólares americanos) per cápita mensuales en precios de 2003. En Namibia, el 53% de hogares y el 65% de individuos vive por debajo de este umbral de pobreza. A pesar de que la propuesta namibia no reúne las condiciones de nuestra definición, según la cual la RB debe superar el umbral de pobreza para satisfacer adecuadamente las condiciones de existencia material de todos los ciudadanos, se sigue esperando que reduzca los niveles de pobreza absoluta, la desigualdad y, en particular, ayude a los más necesitados sin imponer una estructura administrativa complicada, sea sostenible y asequible, no entorpezca al crecimiento económico y evite las consecuencias negativas de las estrategias alternativas de reducción de pobreza. El sistema funciona como sigue: si cada namibio consigue una subvención estatal de 70 dólares namibios mensuales y paga un 6,7% adicional en impuestos indirectos, se sigue que cada namibio se beneficia de la subvención y contribuye a ella. Sin embargo, no todos lo hacen en la misma proporción. Los que más gastan contribuyen a través de impuestos indirectos a la financiación de la subvención y se benefician menos de ella. Los que gastan menos contribuyen menos a la financiación de la subvención y se benefician más de ella. Nuestro modelo de financiación muestra que los más ricos subvencionarán a los pobres en una muy significativa medida.(29)
Se calculó que un incremento del IVA de alrededor de un 6,5% financiaría la RB-subvención namibia, si bien éste podría reducirse a un 4,5% incrementando los impuestos sobre consumos específicos e introduciendo un impuesto turístico. Namibia tiene unos niveles muy altos de desigualdad, con un coeficiente Gini del 0,68, de manera que las opciones del IVA y consumos específicos parecen lógicas. La cifra Gini para Timor Oriental en 1999 era de 0,31, pero la situación ha cambiado mucho con la afluencia de ayuda extranjera y trabajadores de la ONU y el índice de Gini ha subido abruptamente. Una RB en Timor Oriental financiada parcialmente mediante impuestos en bienes no imprescindibles actuaría como saludable correctivo, a pesar de que para financiar una RB para todos hubiera, ciertamente, que recorrer al fondo petrolífero.
El coste total de la propuesta namibia de RB de 70 dólares namibios anuales es de 1.156 millones (166.123.000 dólares americanos) al año, una presión fiscal bruta semejante. Pero si el 85% de namibios recibieran más de lo que aportan, la suma total que recibirían por encima de lo que aportan sería de 522 millones de dólares namibios (alrededor de 75 millones de dólares americanos), una nueva presión fiscal que recaería sobre el 15% de los ciudadanos más ricos, aquellos que gastan más de la suma “ni gana ni pierde” de 1.040 dólares namibios (150 dólares americanos) mensuales. Los autores del informe sobre Namibia apuntan que “aunque un incremento de los impuestos indirectos es habitualmente regresivo, en la medida en que los pobres gastan una proporción mayor de su ingreso que los ricos, el impacto neto de la subvención combinado con un incremento de los impuestos indirectos es claramente progresivo. […] Aquellos que más se beneficiarán serán los cuatro o cinco deciles de población más pobre, que tienen un gasto mensual por persona más bajo”.
Qué proporción del ingreso fiscal de Timor Oriental podría destinarse a pagar una RB universal de 30 dólares americanos (coste total de 432 millones) quedaría más claro con un análisis del esfuerzo fiscal que evalúe la capacidad imponible del país a partir de las características estructurales de la economía y su capacidad para recaudar impuestos. De nuevo deben reunirse tres condiciones administrativas para poner en práctica una RB para todos los ciudadanos. La primera es el mantenimiento o (mejor) la mejora de la eficiencia del sistema fiscal existente. La segunda es la implantación de un sistema de identificación de cada ciudadano o residente acreditado. Y la tercera es un sistema de reparto de la RB sin problemas y rentable. Esto puede ser complejo, pero lo es mucho menos que tratar la sangría de problemas sociales y económicos crónicos de pobreza e inseguridad alimentaria persistente mediante programas condicionados, muy costosos en términos administrativos, que estigmatizan y paralizan a los “beneficiarios” y que, al no ser preventivos, sólo crean problemas adicionales en su intento de curar, como, por ejemplo, la célebre “trampa de la pobreza”.
Una alternativa diametralmente opuesta a la RB es el plan del presidente José Ramos Horta de establecer un régimen libre de impuestos en el área de Hong Kong (30) para allanar el camino a los inversores extranjeros. Ramos Horta, indiferente ante las evidentes diferencias entre Hong Kong y Timor Oriental, propuso utilizar el patrimonio común de los ingresos petrolíferos y gasísticos para crear condiciones atractivas para los inversores extranjeros, estableciendo de ese modo una economía capitalista más propia de una antigua-ciudad-estado-comercial-financiera-tecnológica-ahora-región-de-administración-especial que de una república democrática independiente.
Las opciones para Timor Oriental son difíciles, entre el crudo modelo capitalista el-ganador-se-lo-lleva-todo y otro más respetuoso con los principios democráticos consagrados en su constitución, principios cuyos orígenes se remontan a la república democrática griega clásica y que han surgido de anhelos humanos universales y de las aspiraciones de libertad, autorrealización y coexistencia pacífica en la vida civil. Claro como está todo esto, cuando el control de la actividad económica queda confinado a las decisiones de unos pocos, la imposición de relaciones de mercado estranguladoras de la libertad se convierte en la máxima prioridad en la organización de la vida social. Lo peor que podría ocurrirle a Timor Oriental es que sus líderes optaran por el modelo neoliberal vorazmente expropiador que defiende su presidente, aun cuando la Constitución siga sosteniendo la optimista promesa de un futuro diferente. Es esperable que algunos líderes timorenses se esfuercen por realizar las promesas de su constitución y de algunas declaraciones universales, como por ejemplo la Declaración de Viena de la Conferencia sobre Derechos Humanos de 1993, según la cual “la pobreza es una negación brutal de los derechos humanos” y “garantizar la dignidad humana exige la erradicación de la pobreza humana y de la exclusión social” (31).
La RB no es ninguna panacea que vaya a solucionar todos los problemas sociales y económicos de Timor Oriental, pero creemos que la independencia material que conferiría una RB a todos sus ciudadanos incrementaría sus opciones para llevar ―como individuos y como miembros de comunidades, como la de Uatulari― unas vidas más libres y autónomas. Implicaría mayores oportunidades en el ámbito productivo, mayor inclusión social en el marco de comunidades locales reforzadas, mayor participación política y erradicación de la pobreza y problemas conexos. Además de defender la necesidad de adoptar una idea de libertad basada en la independencia material de la gente, especialmente en los países en vías de desarrollo, hemos intentado arrojar algo de luz sobre las nuevas posibilidades y soluciones a problemas estructurales que puede ofrecer la RB en Timor Oriental. Por encima de todo, es el derecho a la existencia material, y no caridad, lo que pedimos.
Barcelona, agosto de 2007
NOTAS (1) El Índice de estados fallidos de 2002 elaborado por el Fondo por la Paz de Washington y publicado en Foreign Policy situaba a Timor Oriental en el vigésimo lugar de la categoría de alerta, justo después de Etiopía (18) y Burundi (19) y por encima de Nepal, Uzbekistán y Sierra Leona (21, 22 y 23, respectivamente). Véase: www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=
229&Itemid=366 (consulta de 23 de julio de 2007). (2) Para este apartado nos hemos inspirado en el artículo “Republicanism and Basic Income” de Antoni Domènech y Daniel Raventós para la conferencia “Towards a Basic Income Society?”, del Centro por la Justicia Social de la Universidad de Oxford, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre de 2007, y en los artículos, ya conjuntos, ya individuales, de David Casassas, Daniel Raventós y Antoni Domènech. Véase también Antoni Domènech (2004): El eclipse de la fraternidad, Barcelona: Crítica, y Daniel Raventós (2007): Las condiciones materiales de la libertad, Barcelona: El Viejo Topo. (3) Aristóteles: Política, 1279b 39 – 1280ª 1-3; 129b 8-13. (4) Véase, por ejemplo, la defensa de Aristóteles de la politeya o el De Oficiis de Cicerón. (5) Thomas Paine: “Agrarian Justice” (1796) en P. F. Foner: The Life and Major Writings of Thomas Paine, Secaucus NJ: Citael Press. (6) Maximilien Robespierre (1958-1967): Ouvres, París: Société des Études Robespierristes. (7) Martin Luther King (1967): Where Do We Go from Here: Chaos or Community, Nueva York: Harper & Row. (8) Véanse en particular: parte II, título III, apartado 50.1 (derechos de género); parte II , título III, apartado 50.15 (cooperativas y negocios familiares); parte III, título II, apartado 63.2 (derechos civiles y políticos); parte IV, título I, apartado 139.1 (uso equitativo de los recursos nacionales), y parte IV, título II, apartado 142 (provisión de recursos financieros para el desarrollo económico). (9) Las cifras del umbral de pobreza, basadas principalmente en estimaciones del Banco Mundial, son objeto de fuertes controversias. Por ejemplo, Sanjay G. Reddy y Thomas Pogge, en el estudio de la Universidad de Columbia “How Not To Count the Poor”, hacen notar que la aproximación “dinerométrica” del Banco Mundial para construir el umbral de pobreza internacional ignora las necesidades reales de los seres humanos, emplea un concepto confuso de equivalencia de poder adquisitivo que es inadecuado para medir la pobreza y usa datos limitados, circunstancias todas que su comprensión del grado de pobreza global obvia. Véase: www.columbia.edu/~sr793/count.pdf (consulta de 24 de julio de 2007). (10) Estamos en deuda con Liem Soie por esta observación (conversación privada, Barcelona, 17 de agosto de 2007). (11) Amartya Sen (1999): Development as Freedom, Nueva York: Random House. [Vers. cast.: Desarrollo y libertad, Barcelona: Planeta, 2000, trad. E. Rabasco y L. Toharia.] (12) Entre 2009 y 2018 se espera que los ingresos del Mar de Timor lleguen a los 2.400 millones de dólares americanos. (13) Véase www.tl.undp.org/undp/for_download/NHDR2006/TL-2006-Final.pdf (consulta de 26 de julio de 2007). (14) En 1999 la violencia de las milicias destruyó unas 90.000 viviendas. En las tensiones de 2006, más de 100.000 personas se habían quedado sin hogar. El número total de personas desplazadas internamente ascendía a un total de 70.000 en Dili y alrededor de 85.000 en otras zonas del país. Véase International Red Cross Report: “Timor-Leste: Appeal No. MAATP001 Report, 2006-2007”, www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/LRON-733FLH?OpenDocument (consulta de 26 de Julio de 2007). (15) Este año Timor Oriental ha perdido el 30% de sus cultivos, con la sequía, las plagas y las langostas como causas inmediatas (aún deben tratarse las causas históricas de producción insuficiente, cosa que se haría con una RB). El país sufrirá un déficit alimenticio de 86.000 toneladas en los próximos meses, de las cuales 72.000 se suministrarán mediante importaciones comerciales. Una quinta parte de la población (220.000) pasará hambre o morirán salvo que se les dé esta ayuda. Véase: “East Timor Needs 15,000 Tons of Emergency Food Aid, UN Agency Says”, DPA, 27 de junio de 2007. (16) Véase Charles Scheiner: “Drilling East Timor: Australia’s Oil Grab in the Timor Sea”, Multinational Monitor, enero-febrero de 2006, vol. 27, núm. 1. (17) Según el PDNU sobre Timor Oriental, Human Development Report 2006. (18) Tim Anderson: “Food Security and Agriculture in the Australia-East Timor Relationship”, en Damien Kingsbury and Michael Leach (2006): East Timor: Beyond Independence, Melbourne: Monash Asia Institute Press. (19) Véase el informe del Banco Mundial sobre Timor Oriental de septiembre de 2006: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/
EASTASIAPACIFICEXT/TIMORLESTEEXTN/0,,contentMDK:20174826~pagePK:
1497618~piPK:217854~theSitePK:294022,00.html (consulta de 28 de julio de 2007). (20) Committee for Community Change, Washington, citado en Harper’s Index, marzo de 2004. (21) Véase un cálculo del gobierno australiano en http://www.aph.gov.au/House/committee/jsct/6_7_february2007/subs/sub9.pdf (consulta de 28 de julio de 2007). (22) Véase World Bank: East Asia, abril de 2007, http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192
-1175629375615/TL-EAP-Update-April2007.pdf. (consulta de 28 de julio de 2007). (23) Véase Alaska Permanent Fund Corporation (1988): “Wealth Management: A Comparison of the Alaska Permanent Fund and Other Oil-Generated Savings Accounts around the World”, Trustee Papers, 5, abril. (24) Para más discusiones sobre la RB de Alaska, véase la página web de la Corporación del Fondo Permanente de Alaska: http://www.apfc.org (consulta de 18 de agosto de 2007). (25) Véase Tim Anderson (2002): “The IFI Threat to East Timorese Economic Independence”, Aid Watch, 23 de octubre de 2002, http://www.aidwatch.org.au/index.php?current=44&display=aw00151&display_item=1 (consulta de 28 de julio de 2007). (26) Véase Jordi Arcarons, Àlex Boso, José Antonio Noguera y Daniel Raventós (2005): La renda bàsica de ciutadania. Una proposta viable per a Catalunya. Barcelona: Mediterrània / Fundació Jaume Bofill. (27) Gran parte de la siguiente discusión se basa en la meticulosa investigación de Claudia Haaman y Dirk Maarman (2005): The Basic Income Grant in Namibia Resource Book. Desk for Social Development (DfSD) of the Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN). (28) Existe una propuesta ulterior de 100 dólares namibios; véase: Z. Kameeta, C. Haarman. D. Haarman y H. Jauch: “Presentation to the United Nations Commission for Social Development”, 7-16 de febrero de 2007. (29) Ibid. (30) Véase Geoff Thompson: “Ramos Horta Pushes for Tax-Free E. Timor”, ABC News, 30 de junio de 2007, http://abc.net.au/news/stories/2007/06/30/1966522.htm (consulta de 29 de julio de 2007). (31) Citado en Building Blocks for a Nation, informe del UN Country Team, noviembre de 2000, p.33.
David Casassas y Julie Wark son miembros del Consejo Editorial de Sin Permiso, y Daniel Raventós es miembro de su Comité de Redacción. Los tres son miembros de la Red Renta Básica.
Traducción para www.sinpermiso.info y www.redrentabasica.org: Daniel Escribano
V Conferencia de la Asociación Europea de Estudios del Sudeste Asiático (EUROSEAS).
Nápoles, 12-15 de septiembre de 2007
