La voz no es más que un componente y una función básica de cualquier sistema político, conocida también como “articulación de intereses”
[Albert Hirschman, 1970].

1. La Renta Básica en Cataluña

La Renta Básica Universal (RBU) —un pago monetario periódico e incondicional a toda la ciudadanía— suscitado una amplia atención. En Catalunya, el debate tiene un largo recorrido. La Red Renta Básica tiene allí una sólida implantación desde que se fundó en 2001. ERC e ICV-EUiA presentaron dos iniciativas en el Parlament y el Congreso de los Diputados en 2002 y 2005. De hecho, su pacto de gobierno con el PSC en 2003 se comprometía a redefinir el programa de renta mínima en una renta básica (Acord del Tinell, 2003). Actualmente, el PSC se opone frontalmente a esta política. Catalunya En Comú y ERC muestran un apoyo elevado pero ambivalente: si bien no la proponen formalmente, sí tienen sectores que la promueven. Las CUP es hoy el único partido catalán que la incorpora abiertamente en su programa electoral.

El movimiento del 15M popularizó la propuesta. PODEMOS la incorporó en 2104 en su manifiesto para las elecciones europeas. En 2017-19, el piloto B-MINCOME de Barcelona ensanchó el interés. En 2021, el anuncio de la Generalitat de realizar un proyecto experimental de RBU —finalmente cancelado por el PSC y Junts (VVAA, 2023)— consolidó su visibilidad (Medina y Raventós, 2026). Todo ello atrajo la atención política y académica en torno a la viabilidad y el diseño de esta política. Sin embargo, el apoyo persistentemente y elevado a la RBU en Catalunya no se ha traducido en la creación de ningún movimiento estable o una coalición sociopolítica sólida que exija su implantación. Esta paradoja plantea una cuestión central: ¿bajo qué condiciones las preferencias individuales por una política se traducen en movilización social a su favor? ¿Y en el caso de la RBU? En lo que sigue, trataremos de responder a esta pregunta del siguiente modo:

1) un mercado laboral muy dualizado y un sistema de bienestar muy contributivo generan dos grandes fracturas o clivajes socioeconómicos: entre insiders-outsiders del mercado laboral, y entre winners-losers del sistema de protección social;

2) su combinación promueve la marginalidad política de quienes más apoyan la RBU;

3) su consecuentemente limitada influencia en partidos, sindicatos y organizaciones sociales reduce la posibilidad de que se conformen coaliciones sociopolíticas pro-RBU.
2. Factores explicativos del apoyo a la Renta Básica

Entre el 68% y el 75% de los europeos manifiestan su disposición a implementar esta política en sus países. En Lituania, Rumanía y Hungría, la aceptación alcanza el 80%, mientras que en Noruega desciende hasta el 33,9%. En Alemania, España e Italia el apoyo varía entre el 50% el 65%, y en Suecia, Francia, Dinamarca y el Reino Unido es de en torno al 40%. El estudio sobre las preferencias hacia la RBU suele identificar tres factores.

1) Atributos individuales. No se ha encontrado ninguna relación sistemática entre el apoyo a la RBU y el género o la educación. La edad sí es significativa, pues las cohortes más jóvenes suelen ser más favorables. Ser de izquierdas y tener confianza en las instituciones se correlaciona positivamente con un mayor apoyo, mientras que el conservadurismo y el rechazo a la inmigración lo hacen negativamente. En particular, ser de derechas se asocia con una probabilidad de apoyo del 41%, frente al 61% entre los de izquierdas. El desempleo y el empleo a tiempo parcial, la precariedad y la percepción de prestaciones sociales también se asocian con un mayor apoyo. Los deciles inferiores y superiores de la renta presentan probabilidades de apoyo del 56% y el 46%, mientras que los grupos de ingresos medios suelen mostrarse más reticentes al percibirse como contribuyentes netos.

2) Atributos de la política. Mientras que la individualidad está ampliamente aceptada, la universalidad y la incondicionalidad de la RBU generan más controversia. El estudio sobre la universalidad es poco concluyente, pues no se ha hallado vínculo causal entre el apoyo a políticas universales y la RBU. Así, la financiación es clave: el apoyo aumenta cuando el modo de financiarla reduce el número de perdedores netos y evita la percepción de que “se trata a los justos como pecadores”. Disminuye por el contrario cuando se percibe que puede incrementar la carga fiscal o desplazar las prestaciones existentes. Estas preocupaciones contribuyen a configurar las preferencias en política social y, plausiblemente, también en RBU. La incondicionalidad es incluso más controvertida por el hecho de cuestionar los principios meritocráticos y de reciprocidad de muchos sistemas de bienestar. Por eso el apoyo se reduce entre quienes se preocupan por los “falsos positivos” de las prestaciones sociales—beneficiarios que no cumplen los requisitos, mientras que aumenta entre quienes se preocupan por los “falsos negativos” —los elegibles, pero efectivamente excluidos.

3) Factores económico-políticos e institucionales. Un PIB bajo, tasas de desempleo elevadas y prestaciones reducidas se asocian con más apoyo. En contextos de desempleo estructural elevado o involuntario, el atractivo de la RBU suele aumentar. Una elevada polarización económica también predice mayor respaldo. La ideología y la actitud hacia la inmigración suelen estar condicionados por la situación macroeconómica, aunque su relación varía en función del carácter universalista de cada modelo de bienestar o de su orientación restrictiva o chovinista. En países con un gasto social bajo, la ideología suele importar menos, mientras que donde el gasto social es mayor suele ser más relevante. Los factores culturales son también relevantes, pues la ética que vincula el empleo con la dignidad y la autorrealización prevalente en muchos países limita el apoyo a la incondicionalidad.

Comprender las preferencias hacia la RBU exige examinar también la configuración específica de la distribución económica, la estructura del mercado laboral, el diseño de las prestaciones sociales y la amplitud y la selectividad de su cobertura. La experiencia laboral y el hecho de estar incluido —o excluido— de los sistemas de protección social configura las preferencias hacia las políticas públicas, así como su potencial traducción en movilización política.
3. Hipótesis

La presencia sostenida de la RBU en Catalunya puede contribuir a explicar sus niveles de apoyo elevados. Como muestra la Figura 1, el apoyo oscila entre el 62% y el 85%, sensiblemente por encima del conjunto del Reino de España y Europa. El apoyo también atraviesa las fronteras partidistas, y oscila entre el 36% entre los simpatizantes de derechas y el 86% entre los simpatizantes de la CUP, con una media global de apoyo del 64% —que asciende al 75% cuando se excluyen a los partidos de derechos (Junts, PP y VOX).

Figura 1. Apoyo a la RBU por simpatía partidista en España (2020), Catalunya (2024) y Europa (2018) (eje izq.) y aprobación media por simpatía partidista en Catalunya (2023) (eje dcho.).

Fuente: Elaboración propia. Eje izquierdo: apoyo en España (RRB, 2020), Catalunya (CEO, 2024) y Europa (ESS, 2023). Eje derecho: Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2023).

Si la ideología es tan decisiva, ¿por qué las organizaciones de izquierdas no se movilizan más? Si la desigualdad y el bajo gasto social predicen un mayor apoyo, ¿por qué en Cataluña, con una elevada desigualdad y un bajo gasto social, el debate está menos avanzado que en países más igualitarios y con mayor gasto, como Finlandia, los Países Bajos o Suiza? Investigaciones recientes han examinado cómo la distribución de la renta configura la formación de preferencias hacia políticas públicas y la formación de coaliciones. En este sentido, el Reino de España presenta una ausencia de conflicto partidista en torno al Estado del bienestar: los sectores más precarios suelen apoyar menos la expansión del bienestar, con independencia de su ideología o simpatía partidista.

Esto se atribuye a una marcada dualización del mercado laboral, que produce una fractura entre insiders —trabajadores con contratos permanentes, elevada densidad sindical y cobertura de negociación colectiva— y outsiders —personas con empleos temporales, tiempo parcial, desempleadas, inestables o inactivas. Esto refuerza un sistema de bienestar predominantemente contributivo que beneficia desproporcionadamente a los insiders, y que genera un segundo clivaje entre winners-losers o ganadores-perdedores. La interacción entre ambos clivajes fomenta entre outsiders y perdedores una percepción de exclusión estructural, reduciendo su disposición a respaldar cualquier reforma del bienestar. Esta singularidad podría aplicarse a las preferencias hacia la RBU en Cataluña, lo que nos lleva a formular dos hipótesis:

H1. El estatus socioeconómico influye en las preferencias hacia la RBU con mayor intensidad que las variables político-ideológicas.

H2. Contrariamente a este patrón español, los grupos precarios —outsiders y perdedores— son más favorables a la RBU.

A pesar de presentar mayores niveles de apoyo a la RBU (H2), los precarios siguen estando políticamente marginados. Su limitada influencia en sindicatos, partidos políticos y otros actores sociales restringe la traducción de sus preferencias en movilización colectiva. Esto ocurre de dos maneras: 1) su débil cohesión interna dificulta la articulación de demandas compartidas, convirtiéndolos en una agencia difusa con escasa coordinación colectiva aparente; 2) su posición marginal restringe su capacidad para definir problemas sociales y promover soluciones en forma de políticas pública viables. Las mismas dinámicas económicas que intensifican su demanda de protección social reducen su capacidad de influencia política.
4. Metodología

El estudio se basa en una encuesta autoadministrada con una muestra de 1.246 respuestas válidas (CEO, 2024). La encuesta incluye una única pregunta sobre el apoyo a la RBU (escala 0-10), pero no proporciona información sobre ingresos, actitudes hacia la universalidad o la incondicionalidad, ni preferencias respecto al Estado del bienestar. Sin embargo, permite construir el perfil de los outsiders y los perdedores. Los primeros se identifican mediante su situación laboral y datos sociodemográficos como la precariedad económica y la precariedad laboral (ser más joven, bajo nivel educativo, hogares numerosos, mayor número de hijos, etc.). El perfil de los segundos se construye con la tenencia de vivienda y sus costes, así como las facturas impagadas. La inseguridad residencial y la insuficiencia monetaria representan dimensiones centrales de la exclusión social que las políticas sociales catalanas no abordan suficientemente. En consecuencia, los perdedores comprenden a personas que afrontan inseguridad residencial debido al acceso limitado a las ayudas a la vivienda, así como a aquellas con insuficiencia monetaria por la insuficiente cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Para contrastar las hipótesis, realizamos una regresión lineal jerárquica de tres niveles. El M1 incluye controles sociodemográficos estándar; el M2 contrasta la H1 mediante las variables político-ideológicas; y finalmente el M3 evalúa la H2 incorporando indicadores económicos.

Tabla 1. Regresión del apoyo por la RBU

El modelo revela tanto la contribución individual de cada variable como su capacidad explicativa acumulada. Aunque la capacidad predictiva global es modesta, el aumento de R² en los 3 modelos (0.123, 0.209, 0.238) muestra que los factores sociodemográficos ejercen una influencia limitada (M1), la ideología es relevante (M2), pero la precariedad económica —especialmente la residencial y la económica de los outsiders y los perdedores— es determinante (M3). Así, quien apoya la RBU tiene mayor probabilidad de vivir en hogares numerosos, tener hijos, ser de izquierda, estar desempleado, tener elevados costes residenciales y facturas atrasadas. Quien se opone suele vivir solo o en hogares reducidos, poseer su vivienda, ser de derecha, estar empleado y disfrutar de mayor seguridad económica. Estos resultados respaldan las hipótesis H1 y H2: más allá de la ideología, la vulnerabilidad económica es el predictor más consistente del apoyo a la RBU.

Sin embargo, este apoyo no se ha traducido en movilización colectiva. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la precariedad económica se traduce en política? Se ha respondido a esta pregunta sosteniendo que “pueden encontrarse coaliciones más amplias de partidarios de la RBU en países con bajo gasto social […] son los países que tienden a hacer menos para abordar los problemas de pobreza y desigualdad aquellos en los que la demanda de RBU es mayor” (Parolin y Siöland, 2020: 12). Sin embargo, el caso del Reino Unido, México y Cataluña cuestiona esta hipótesis.

La precariedad económica se vuelve política porque las preferencias de estos colectivos están infrarrepresentadas —o excluidas— de las agendas de los actores políticos y sociales más influyentes. Las condiciones económico-estructurales fragmentan sus intereses, reducen su capacidad organizativa e inhiben la movilización sostenida. Esto ayuda a explicar por qué unos niveles elevados de apoyo individual a la RBU pueden coexistir con la ausencia de coaliciones. En particular, la estructura del mercado laboral y el diseño del sistema de protección social obstaculizan la traducción de las preferencias hacia la RBU en movilización política organizada.
5. Un mismo país, dos velocidades: la precariedad económica

La trayectoria del PIB de Cataluña sigue de cerca la de la UE-27, y el PIB per cápita supera la media europea en casi 1.800 € después del periodo de austeridad. Sin embargo, la desigualdad, medida en términos de renta disponible, sigue siendo extraordinariamente elevada: Cataluña ocupa el puesto 12.º de la UE-27. Se observa un patrón similar en la tasa AROPE, en la que Cataluña se sitúa solo ligeramente por delante de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Grecia. Una explicación habitual atribuye esta desigualdad al deterioro de los ingresos de las clases medias.

Sin embargo, la Figura 2 sugiere otra cosa. Mientras que la ratio 90/50 (el 10% superior frente al 50% inferior) es ampliamente comparable a la media de la UE-27, la ratio 50/10 (el 50% inferior frente al 10% inferior) es, de media, 2,55 veces superior en Cataluña. Por tanto, la desigualdad no deriva tanto del declive de las clases medias como de la pronunciada brecha de ingresos entre el decil inferior y el resto de la distribución. En otras palabras: no es que las clases medias catalanas sean mucho más pobres que sus homólogas europeas, sino que nuestros pobres son mucho más pobres que los pobres del resto de Europa.

Figura 2. Ratio 90/50 y 50/10, UE-27 y Catalunya (2014–2022).

Fuente: Elaboración propia con datos de EU-SILC y ECHP, Idescat, y OECD Inequality Database.

Este patrón distributivo puede atribuirse a dos mecanismos estructurales: (i) la polarización de los ingresos de mercado generada por un mercado laboral dualizado (clivaje insiders-outsiders), y (ii) un sistema de protección social contributivo (clivaje ganadores-perdedores). El primer clivaje puede observarse mediante la elasticidad del empleo y la pobreza laboral.

– en 2023, por cada punto de reducción del PIB, los contratos indefinidos disminuyen en 0,2, mientras que los temporales y a tiempo parcial se contraen en casi un punto. Este sesgo se reproduce también en función de la edad: el empleo disminuye 0,3 puntos entre los trabajadores adultos, pero 0,9 entre los jóvenes.

– el 12,4% de los trabajadores a tiempo completo se ve afectado por pobreza laboral, frente a un 26,8% entre los trabajadores a tiempo parcial. Por tanto, los ajustes realizados en los mercados laborales incluso en periodos expansivos —como el ciclo postpandemia—, han sido absorbidos de manera desproporcionada por los insiders.

El segundo clivaje deriva del sesgo contributivo del sistema de protección social, que privilegia las pensiones y las prestaciones contributivas por desempleo frente a los programas de garantía de renta i asistenciales.

– Esto se ilustra mediante el riesgo de pobreza según la fuente de ingresos de los hogares: el 16,3% entre los asalariados y el 18,9% entre los perceptores de prestaciones contributivas, frente al 98,6% entre quienes dependen exclusivamente de prestaciones asistenciales y el 82,0% entre quienes carecen de ingresos.

– La capacidad redistributiva de este sistema refleja esta asimetría. Las pensiones contributivas reducen la desigualdad entre 6,2 y 8,7 puntos de Gini y las prestaciones por desempleo en 0,8 puntos. Así, acaparan el 64,4 y el 6,3% de la capacidad redistributiva del conjunto de transferencias públicas, lo que reduce enormemente la de las prestaciones no contributivas.

– Las ayudas a la vivienda y los programas de garantía de renta —centrales para construir el perfil de los losers— forman parte de este tipo de transferencias. Mientras que entre los propietarios el riesgo de pobreza es del 12%, entre los inquilinos es del 33%, 13 puntos por encima de la media europea. Los programas de garantía de renta presentan deficiencias similares: el 67% de quienes están en pobreza severa desconoce la existencia de la RGC, solo el 24,5% la ha solicitado y apenas el 13,1% la recibió. La tasa resultante de no percepción, superior al 63%, se traduce en un muy bajo impacto redistributivo de esta política: 0,61 puntos Gini y 1,66 la Ratio 90/10.

En Catalunya, el sesgo contributivo del régimen de bienestar refuerza el clivaje insiders-outsiders.

– La tasa de sustitución —proporción de prestaciones respecto al salario del beneficiario— es más elevada para los pensionistas y perceptores de prestaciones de desempleo de ingresos medios y bajos, y más baja para los insiders. Esto incrementa el coste de perder su empleo, lo que refuerza sus incentivos para sindicalizarse.

– La negociación colectiva tiende así a reflejar las preferencias de los insiders, marginando los outsiders y consolidando la dualización. Sin duda, elevados niveles de protección de los insiders se correlacionan con menor demanda de protección y, por tanto, con políticas sociales menos generosas.

El efecto combinado de todo ello resulta en una doble desventaja para los outsiders y perdedores que no solo afrontan peores condiciones socioeconómicas, sino también mayores barreras para ejercer su capacidad de acción política.
6. La (des)articulación de los intereses colectivos: la precariedad política

Como hemos explicado, el 64% de los simpatizantes de todos los partidos políticos expresa un apoyo alto o muy alto a la RBU. Del mismo modo, tres de cada cuatro afiliados a sindicatos españoles consideran la RBU una medida de protección social, y ninguno considera que debilitaría la negociación colectiva (Cigna, 2021). Sin embargo, un elevado apoyo no se traduce en una defensa organizativa sostenida. La infrarrepresentación estructural de los outsiders y los perdedores debilita el mecanismo de transmisión entre las preferencias de base y las agendas organizativas, reduciendo la probabilidad de que el apoyo difuso a la RBU cristalice en una coalición sociopolítica duradera respaldada por partidos políticos y sindicatos. Esta desarticulación puede observarse a través de cinco dimensiones: representatividad sindical, exclusión política y cívica, interés político, comprensión política y confianza institucional.

1. La capacidad de influencia organizativa sigue estando sesgada hacia los colectivos relativamente más protegidos. Comisiones Obreras, el mayor sindicato en Catalunya, cuenta con 160.000 afiliados, 22.930 representantes y una cobertura del 40,34% de la población trabajadora. Aunque el 60% de sus afiliados declara que “siempre o casi siempre tiene dificultades para llegar a fin de mes”, y el 64% tiene un sueldo máximo de 2.000 € mensuales (CC.OO., 2022), la afiliación sigue concentrada entre los insiders de la industria, la banca, la sanidad y el sector público. Esto limita la penetración de los sindicatos en los segmentos más precarios. Mientras que el 40% de los trabajadores cuenta con representación sindical, menos del 25% de los trabajadores precarios está cubierto por dicha representación.

2. La marginalidad económica se traduce en distancia institucional. La dualización del mercado laboral y el sesgo contributivo del bienestar genera disímiles capacidades de participación política y cívica. El 53,3% de los catalanes experimentan niveles altos o muy altos de exclusión política y cívica. La proporción de hogares en los que al menos un miembro carece de derecho activo y pasivo de sufragio aumentó del 12,9% al 16% entre 2018 y 2022. Asimismo, los hogares excluidos de la toma de decisiones colectivas —abstención por desinterés y no pertenencia a organizaciones civiles— pasaron del 4,1 al 7,5% en el mismo periodo (FOESSA, 2022).

3. La implicación política responde al mismo patrón. Aunque Cataluña ocupa el noveno puesto entre 24 países europeos en interés político, la participación se distribuye muy desigualmente. El interés político es declarado por a) el 47,4% de personas de 16-34 años (frente al 53,4% de las de 50-64 años); b) el 38% de las personas con estudios primarios (frente al 63,4% de los universitarios); y c) por el 45,7% de la clase trabajadora (frente al 55% de la media-alta).

4. La información política sigue el mismo gradiente. Entre quien tiene 16-34 años, el 54% considera que entiende los asuntos políticos igual como los demás y el 42,9% se siente informado sobre la actividad gubernamental, frente al 70 y el 62,1%, respectivamente, entre quienes tienen entre 50 y 64 años. Las diferencias educativas son igualmente pronunciadas: el 55 y el 50,2% de las personas con estudios primarios declaran sentirse capaces de comprender los asuntos políticos y estar informadas sobre la actividad gubernamental, frente al 76,9 y el 64,5% entre los universitarios. Las diferencias de clase refuerzan este patrón: el 60,8 y el 52% de la clase trabajadora se siente igualmente capaces de comprender y estar informados, frente al 68,9 y el 60,7% de la media-alta.

5. La participación política y la confianza institucional reflejan estas desigualdades. Solo el 10,8% de la clase trabajadora expresa confianza en los partidos políticos (frente al 16,7% de la clase media-alta) y el 27,4% en los sindicatos (frente al 26,7%) (Tormos, 2021). Esto se refleja en la participación electoral, donde la brecha de participación entre los deciles de renta más bajo y más alto supera los 22 puntos porcentuales.

La segmentación estructural erosiona la integración organizativa, las competencias cívicas, los recursos informativos y la confianza en las instituciones de los colectivos económicamente más precarios. Además, un sistema de partidos cada vez más fragmentado y orientado a los rendimientos electorales a corto plazo desincentiva a sindicatos y partidos a respaldar políticas que beneficien a los grupos precarios (outsiders-perdedores) a largo plazo. En su lugar, priorizan mejoras graduales para quienes están mejor posicionados (insiders-ganadores). Esta dinámica proporciona una explicación estructural del limitado respaldo organizativo a la RBU en Cataluña: una política ampliamente apoyada por los afiliados a partidos y sindicatos, pero percibida por sus direcciones como estratégicamente costosa e institucionalmente disruptiva.
7. Conclusiones

La limitada cohesión y capacidad organizativa de los grupos más precarios, unidas a la débil base interclasista de sus preferencias, inciden negativamente en la probabilidad de que surja una coalición favorable a la RBU en Cataluña. A medida que los grupos más vulnerables se distancian de las clases medias, perciben rendimientos decrecientes de las políticas promovidas por partidos, sindicatos y gobiernos. La dualización del mercado laboral y el sesgo contributivo del régimen de bienestar exacerban esta polarización, debilitando aún más la influencia política de outsiders y perdedores.

Al explorar la economía política de la RBU en Cataluña, comprender las preferencias no basta para explicar la movilización política. Abordar los condicionantes socioeconómicos resulta fundamental para la construcción de coaliciones. Aunque las posibilidades de tener una RBU a corto plazo son ciertamente reducidas, reconocer estos condicionantes sugiere posibles vías estratégicas para transformar el apoyo individual en acción colectiva efectiva.

* Este texto es una versión simplificada del artículo: Laín, B. y Martínez Tinaut, A. (2026). “Preferences, Inequality, and Coalitions: The Political Economy of (the Lack of Support for) Basic Income in Catalonia”, Social Policy and Society, Publicado online 2026:1-20. doi:10.1017/S1474746426101560.
Notas

Acord del Tinell (2003) Acord per a un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya, https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/23/2675/200312….

CC.OO (2022) Enquesta sobre opinions i actituds sociopolítiques de l’afiliació de CC.OO. de Catalunya 2021. https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-a….

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) (2024) Òmnibus Generalitat de Catalunya 1/2024-1097. https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopin….

Cigna, L. M. (2021) “Looking for a North Star? Ideological Justifications and Trade Unions’ Preferences for a Universal Basic Income”, European Journal of Industrial Relations, 28, 2, 129–146.

European Social Survey Round 8 (ESS) (2023) ESS8 Data Documentation Integration File, Edition 2.3, NSD-Norwegian Centre for Research Data, Norway-Data Archive and distributor of ESS ERIC.

FOESSA (2022) Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021, Madrid: Fundación FOESSA.

Generalitat de Catalunya (2023) Enquesta sobre la percepció de la Renda Bàsica Universal, n. 1047, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció d’anàlisi i prospectiva. https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudisde-la-….

Medina, D. y Raventós, S. (eds.) (2026) La Renda Bàsica a Catalunya. Barcelona: Manifest.

Parolin, Z. y Siöland, L. (2020) “Support for a Universal Basic Income: A Demand–Capacity Paradox?”, Journal of European Social Policy, 30, 1, 5–19.

Red Renta Básica (RRB) (2020) Ómnibus online Renta Básica. https://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-sobre-larenta-basica-en…

Tormos, R. (2021) Els valors dels catalans. Àmbits, perfils i perspectiva comparada, Monografies n.10 Barcelona: Centre d’Estudis d’Opinió.

VVAA (2023) “El PSC, Junts, Vox, PP y C’s se cargan el Plan Piloto de Renta Básica. Dossier”, Sin Permiso (11/03/2023).https://www.sinpermiso.info/textos/el-psc-junts-vox-pp-y-ciudadanos-se-c…

Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/preferencias-desigualdad-y-coaliciones-la-economia-politica-de-la-falta-de-apoyo-a-la-renta-basica