Profunda y sinceramente preocupados por afrontar radicalmente las consecuencias despersonalizadoras del paro y la pobreza, en el curso de los últimos una serie de filósofos morales y políticos que se identifican a sí mismos en el espacio ideológico progresista han formulado a la opinión pública una propuesta tan atrevida como controvertida, a saber, la de una renta básica universal. Conocida bajo distintos rótulos en los países occidentales (allocation universelle en francés, basic income en inglés, Existenzgeld en alemán, o renta básica de ciudadanía en castellano), a continuación fijaremos nuestra atención en una propuesta concreta, precisamente en la formulada por autores como Van Parijs o Raventós. A juicio de estos autores, la comunidad política debería arrogarse como una más de sus responsabilidades el reparto de un ingreso básico incondicional entre los ciudadanos bajo su jurisdicción (considerados como individuos y no, por ejemplo, como unidades familiares) sin reparar en los recursos económicos que tengan a su disposición. Quiere ello decir que dicha renta se plantea como un derecho universal, del que lo mismo pueden hacer uso Bill Gates que el mendigo que deambula cada noche en busca de cobijo en las calles de Nueva York entre Broadway y la calle 26. Con el objetivo de satisfacer las necesidades mínimas de los individuos y que puedan así llevar una vida digna, es decir, para que sean titulares de una libertad real, las autoridades políticas de nuestros países occidentales deberían atreverse a la audacia y pasar a reforzar el papel de red de seguridad con que fue concebido el Estado de Bienestar después de la II Guerra Mundial, hoy en horas bajas. De este modo, además de derechos sociales tales como la educación o la sanidad, el Estado repartiría una cierta cantidad de dinero (por ejemplo) mensualmente a todos sus ciudadanos, suficiente como para vivir dignamente. El „derecho a la pereza“ se abriría así un espacio entre el abanico de derechos sociales más o menos consolidados en la práctica del Estado de Bienestar, lo cual implica, a su vez, que quienes no han tenido ninguna relación con el mercado laboral retribuido (ni tampoco la pretenden!) puedan satisfacer sus necesidades básicas.
Convendría distinguir cuando menos dos niveles de análisis en este tipo de formulaciones que tienen como fin alcanzar mayores cotas de justicia social. Por un lado, el plano ético; por otro lado, el de su viabilidad económica. De ambos tipos de reparos, a mi juicio, es el de su deseabilidad ética el que plantea mayores y preliminares problemas, cronológicamente llamados a ser dilucidados antes de decidirnos colectivamente por su puesta en práctica. A dichos problemas éticos me limitaré pues en lo que sigue. En particular, la cuestión que me ocupará puede ser caricarutizada de la siguiente manera: aquellos ciudadanos y ciudadanas que no se muestran dispuestos a participar ni en el mercado laboral, ni en tareas de tipo doméstico (cuidado de niños, de ancianos, de otros familiares) ni tampoco en el espacio de acción voluntaria (por ejemplo, en organizaciones de movimientos sociales, en ONGs, etc.), tienen derecho a vivir a cuenta del resto de conciudadanos, o sea, a cargo de la caja común? Es acaso justo que quienes no están impedidos para desempeñar un trabajo o función social reciban una ayuda pública? Por añadir dramatismo a lo paradójica que puede llegar a ser esta propuesta: también esos 425 megarricos que la revista norteamericana Forbes incluía recientemente en su lista de milmillonarios -de ellos 274 tan sólo en los EE.UU. – disfrutan del derecho de embolsarse de recibir un salario, sin reparar en los saldos de sus cuentas corrientes ni en sus propiedades mobiliarias e inmobiliarias?
No nos estamos refiriendo, por explicitarlo, al legítimo derecho de que se garantice socialmente el acceso a una determinada concepción del bien a aquellos individuos que, por las razones estructurales o personales que sea, han caído en una situación de marginación o de impotencia. Cualquier propuesta que se pretenda solidaria y que no traicione el ideal de ciudadanía universal ha de plantear inexcusablemente la redistribución de recursos entre aquellos ciudadanos que son víctimas de circunstancias no elegidas, por ejemplo, porque la lotería natural les ha reservado un lugar entre los disminuidos físicos, psíquicos o, simplemente, porque el mercado laboral retribuido no les ofrece ninguna oportunidad. Estas situaciones, y otras que se podrían traer a colación, rara vez son el fruto de elecciones propias, o sea, el producto de la responsabilidad personal. Más bien, los casos a los que nos estamos refiriendo y que cuestionan éticamente la propuesta de la renta básica universal no por ser una renta, ni tampoco por ser básica, sino precisamente por sus pretensiones normativas de universalidad, son aquellos casos en los que sus potenciales beneficiarios gozan de recursos materiales sobrados y, al mismo tiempo, no muestran interés por trabajar a partir de una opción personal meditada y razonada. Difícilmente se puede sostener el reparto de una renta básica para estos casos que son, en todo caso, estadísticamente minoritarios. Sin embargo, aunque se diese un sólo caso, no restaría fuerza ni validez a la objeción aquí planteada, simplemente porque la ética no entiende de números.
Las objeciones de carácter ético no se agotan con lo afirmado hasta el momento. Si prestamos atención a cualquiera de las propuestas de renta básica universal hoy en circulación, no nos queda el menor resquicio de duda de que, para que se lleve a cabo una redistribución de la riqueza de este tenor, unos tienen que crear la riqueza para que otros disfruten de su derecho a la pereza. La riqueza es el fruto de la colaboración social, no un maná. Y es en este punto donde chocamos de frente con otro reparo a la propuesta, de naturaleza sociológica en esta ocasión pero, al igual que el problema ético, de problemática resolución. De confiar en la fiabilidad y validez de la serie de investigaciones sobre valores dirigidas en el curso de las últimas décadas por Ronald Inglehart, resulta que, en términos generales, son los sectores materialistas de la sociedad quienes en mayor estima tienen el trabajo remunerado. Es decir, que precisamente porque son sabedores por experiencia propia de lo que significa bordear el precipicio, hay grupos sociales que estiman sobremanera la seguridad económica que suele acompañar a la actividad laboral remunerada estable. Esos grupos sociales que se adhieren con mayor vigor a los valores materialistas se corresponden, en términos socioestructurales, con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, aquello que la sociología acostumbraba a etiquetar como „clases bajas“, numerosos inmigrantes incluidos, una porción en absoluto despreciable en nuestras cada vez más sociedades multiculturales (un 18% de la población suiza es inmigrante, un 10% en Alemania).
Así pues, y de manera paradójica, la introducción de la propuesta de una renta básica universal traería consigo una situación asimilable a la vivida hace 25 siglos en la Atenas clásica: para que los ciudadanos puedan dedicarse a la filosofía se precisa que otros individuos (entre otros, los inmigrantes que disfrutan de una ciudadanía mutilada o de cero de ciudadanía y los sectores ciudadanos impregnados de valores materialistas), nuestros nuevos esclavos, doblen la espalda para generar la riqueza social que luego se maldistribuirá. En fin, que tomando en cuenta estas reservas de cariz ético y sociológico uno se queda con la sensación de asistir a una propuesta que pretende profundizar en una sociedad más justa pero que, a su pesar, en realidad nos retrotrae a épocas afortunadamente periclitadas.
Ekungaria
