El debate en torno a la propuesta de universalización de un salario sin condiciones previas y libre de compromisos personales, es decir sin contraprestación alguna y por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana de un país, más conocido como la Renta Básica de Ciudadanía, lleva tiempo soliviantando a diferentes sectores de opinión. Para bien y para mal. No es para menos. Más que nunca el debate es apasionado entre profesionales sociales, economistas, sociólogos, académicos, universitarios y gentes sensibilizadas por los procesos de cambio social y el funcionamiento de las estructuras socioeconómicas . Porque ese debate y la posibilidad de que el producto que lo genera se convierta en realidad, puede tener enormes consecuencias políticas y sociales. Pero también personales. Porque para muchas personas que hoy son objeto de protección, en una medida u otra por este precario Estado de Bienestar español, puede significar un cambio vital radical y un nuevo posicionamiento ante la vida. Porque en definitiva es un añadido de libertad personal, un plus capaz de capitalizar nuevas oportunidades personales.

Si bien la reflexión y el debate han tardado en emerger a la esfera pública, saliendo del reducido y selecto espacio de la privacidad academicista, hoy es una realidad que levanta ampollas. Para unos es demasiado atrevida, incluso inmoral y poco ética. Generará –dicen- serias fracturas sociales y propiciará “vivir del cuento”. En realidad hay miles de personas, ricas y adineradas, que viven del cuento y nadie cuestiona el origen de su fortuna . Para otros supondrá un nuevo derecho personal de trascendentales consecuencias lo cual posibilitará a la ciudadanía, que así lo quiera, una nueva reubicación social adquiriendo nuevas y mayores oportunidades personales. Pero también mejores redes sociales para ejercer la autentica ciudadanía. Y es que aquí, como en todos los cambios en profundidad que se proponen, hay de todo, detractores y apasionados defensores. Entre todos ellos, echo en falta las reflexiones y opiniones -porque la propuesta afecta al núcleo duro de una parte importante de su trabajo y de su razón profesional-, de un sector de trabajadores, más bien trabajadoras, que históricamente – la verdad es que no más de quince años- han estado, y están implicadas en la lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, contra las desigualdades de género y contra las diferencias que genera un sistema de distribución de rentas y trabajo claramente insolidario. Echo en falta la opinión del colectivo de los trabajadores sociales así como la de los Colegios Profesionales que los agrupan. En España hay más de 23.000 profesionales de Trabajo Social colegiados en treinta y seis Colegios Oficiales que realizan su actividad profesional en diversas áreas, tanto en organismos internacionales como en la Administración Pública, empresas privadas o en el denominado Tercer Sector. Su espacio de trabajo más habitual es el de los Servicios Sociales personales, pero también el de la salud, la educación, la justicia, la búsqueda de empleo, el urbanismo y la vivienda, el voluntariado, la cultura y el tiempo libre. Esos son sus territorios. Pero si algo los define, por encima de todo, es su íntima relación con las situaciones personales más sangrantes y desesperadas, con la pobreza, la exclusión o la precariedad, con los procesos personales más necesitados de ayuda, con los soportes y apoyos económicos o sociales, con la vida pura y dura de la gente más desfavorecida. Entre las múltiples tareas que realiza el colectivo relacionadas con la intervención social, comunitaria y personal se encuentra la prevención de situaciones de riesgo de exclusión social. Para ello cuentan , entre otros programas y recursos de inserción e integración social , con la posibilidad de gestionar, tramitar y valorar un recurso económico que es conocido en numerosas comunidades autónomas como renta básica, renta mínima de inserción u otras definiciones similares. Un recurso económico, – varía en cada comunidad- destinado a los sectores de población con más dificultades personales, sociales y económicas pero que es graciable, es decir, sujeto a circunstancias económicas y personales. Este recurso tiene su origen en las directrices europeas de lucha contra la pobreza iniciadas en la década de los años ochenta y en la puesta en marcha, en diversas comunidades autónomas, de prestaciones económicas que tratan de facilitar la inserción sociolaboral. El colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales, asignados a programas de este tipo, tiene el poder administrativo en cada comunidad o entidad local de conceder este salario social de forma graciable. Es decir, según criterios de evaluación y valoración profesional y siempre que se cumplan una serie de requisitos personales. Es decir, es un salario sujeto a condiciones y en ocasiones se exige una contraprestación social al más puro estilo de las políticas sociales del worfare, en las que se insta a la persona a asumir un compromiso a cambio de la prestación económica.

Esta idea, la posibilidad de conceder una renta ciudadana libre de contraprestaciones y universal, desencadena un primer nivel de discusión sumamente importante como es la tesis mantenida por Vicenç Navarro que apuesta por fortalecer y garantizar las prestaciones del Estado de Bienestar, aumentando las mismas y los planes y programas públicos que garanticen una atención ciudadana de primera calidad, antes que proporcionar una Renta Básica Ciudadana sin condiciones. Sin duda se trata de una reflexión que parte de una concepción de cómo se debe de gestionar el Estado de Bienestar y del contenido del mismo. Sin embargo la idea que defendemos algunos va más allá, sin que por ello suponga entrar en serias contradicciones con Navarro . Sin renunciar al fortalecimiento del Estado Social, al mantenimiento de las estructuras públicas y al aumento del gasto público destinado a planes de intervención social que garanticen mayores y mejores prestaciones, se propone, no un añadido, sino un nuevo derecho ciudadano. Como el votar y ser elegido. Y ese tipo de derechos no entran en contradicción con el Estado del Bienestar, sino que lo refuerzan con nuevos derechos sociales y políticos. La Renta Básica no debe plantearse como un atentado a ese Estado del Bienestar, tampoco debe ser entendida como una opción que anule o ponga en peligro las prestaciones más sólidas de ese Estado de Bienestar, ni siquiera como un complemento del mismo. Si bien técnica y económicamente estas cuestiones le afectarían y necesariamente lo deben redimensionar, la Renta Básica debe entenderse como un nuevo derecho civil y económico que aumentará la libertad personal. Y es que con esta propuesta no se pierde, solo se gana.

Pues bien, en otro orden de cosas, esta idea vendría a interferir de forma substancial en la aplicación y en el fundamento mismo de esas rentas mínimas de inserción, de la actual y única renta básica reconocida. Y digo que interfiere y que choca porque los soportes filosóficos e incluso morales, si los hubiera, son radicalmente diferentes. Los elementos de análisis que hicieron posible la puesta en marcha de los programas de renta básica en las comunidades autónomas, no tienen nada que ver con la idea nuclear de la Renta Básica de Ciudadanía. Esos programas surgieron en un contexto en que el Gobierno y las Comunidades Autónomas, siguiendo la estela de las políticas públicas de incorporación social al estilo francés y fuertemente mediatizados por la lucha contra la pobreza, trataron de ofertar a la ciudadanía más excluida unos ingresos económicos para ayudar a erradicar o paliar las situaciones de pobreza. Si bien los mecanismos de gestión de este tipo de programas recaen en equipos técnicos, la valoración personal de cada situación susceptible de ser correspondida recae en los y las trabajadoras sociales municipales o, en su caso, en gestores de equipos técnicos ubicados en los centros de servicios sociales municipales o regionales. Sin embargo la Renta Básica de Ciudadanía tiene por objeto proporcionar un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva . Por otro lado, la Renta Básica de Ciudadanía se caracteriza por poseer una marca propia y unos rasgos determinantes como son la laicidad, la incondicionalidad y universalidad, exactamente idénticos a los del sufragio universal democrático . Esa incondicionalidad podría eliminar formas de intervención social clientelar y erradicar relaciones asistenciales y dependientes en el colectivo de los y las trabajadoras sociales. Y es que, este recurso económico suele utilizarse por estos profesionales de muy diferente forma según sea su sensibilidad, su estrategia profesional, las directrices técnicas del marco profesional en que desarrollan su trabajo, su implicación personal o la ideología que despliegan en su lugar de trabajo. Incluso su valoración moral de la exclusión y la pobreza, las causas socioeconómicas que la generan y el posicionamiento del sujeto ante la misma, con sus derechos y obligaciones como ciudadano. Y digo suele ser utilizado porque es una herramienta de trabajo de intervención social, no es un derecho social universal, sino una medida económica que exige al ciudadano o ciudadana que la percibe una actitud, un compromiso, una implicación o contraprestación de carácter formativo laboral o algún compromiso posterior. Esta herramienta en manos de los trabajadores sociales se convierte, se quiera o no y al margen de los posicionamientos personales y profesionales de cada uno o una ante el recurso, en un instrumento de control y de poder –incluso si no se tiene conciencia de ello- que se ejerce sobre los clientes de los servicios sociales con efectos, unas veces absolutamente perversos, y otras con resultados, ciertamente positivos, ante una posible incorporación social. No obstante hablar de esto implica una valoración y evaluación de estos programas y para eso podrían verse algunos trabajos de considerable interés.

Una posible puesta en marcha de la Renta Básica de Ciudadanía generaría, de forma inmediata, numerosos efectos secundarios sobre las estrategias de trabajo de estos profesionales. Además de un cambio de orientación en las políticas institucionales de lucha contra la pobreza y la exclusión, la implementación de esta medida permitiría la liberación de los cuantiosos costes burocráticos que se generan debido a la administración y gestión de la renta básica actual así como de las numerosas prestaciones de carácter contributivo y no contributivo . Y es que la aplicación de tal medida supondría, como bien exponen algunos defensores de la misma, la sustitución de numerosas prestaciones económicas de carácter subsidiario, subvenciones, ayudas y apoyos personales, con todo el ahorro en gestión que las mismas supondría.

Por otro lado, la aprobación de este derecho universal generaría algunas fisuras en las más arraigadas formas de trabajar dinámicas de inclusión social con los colectivos más desfavorecidos. Pero ello no debería provocar una crisis. Todo lo contrario. Si esta idea se hace realidad significaría que aquellas personas que quieran acogerse a esta renta Básica de Ciudadanía podrían acceder a una cantidad económica suficiente como para ser autónomas y sobrevivir. Este hecho radical generaría nuevas estrategias vitales y voluntarias de incorporación social. Porque la gente tendría más oportunidades. Pero también eliminaría gran parte de la economía sumergida. Y es que se habría conseguido, en parte, el objetivo que despliegan los actuales programas de rentas básicas, de incorporación, de inserción laboral, de empleos protegidos o los múltiples dispositivos económicos sujetos a convenios personales. El asunto que en mi opinión merece la discusión y el análisis es cómo afectaría esta nueva situación a los profesionales sociales, abandonados, no en masa ciertamente, pero si de forma considerable, por unos clientes que encontrarían una opción vital menos exigente, establecida como derecho y que les permitiría huir del control social para instalarse en la antesala de una autonomía personal y con mayores opciones para elegir en el mercado de la vida. Y es que la aplicación de este derecho liberaría de ataduras sociales a múltiples situaciones personales sujetas a una intensa y demoledora exclusión social (gente sin techo, drogodependientes crónicos, gente con problemas de salud mental fuertemente excluidos y marginados, solitarios sin recursos ni apoyos sociales, mujeres solas con responsabilidades familiares no compartidas, familiares de enfermos de salud mental sin recursos, desempleados adultos de muy larga duración, etc) que en la actualidad encuentran muy serias dificultades para mantenerse vivos y activos en un sistema de protección social que no tiene recursos reales y de validez para ellos. Esas situaciones, que en muchas ocasiones bloquean los servicios sociales, incapaces de ofertar alternativas reales de vida y de inclusión, al no disponer de recursos adecuados, deberían ser revisadas, reorientadas, dimensionadas con la nueva situación y afrontarlas como nuevos procesos que requerirán intervenciones novedosas y arriesgadas. Y ahí se encuentra el nuevo campo de batalla. Ahí se deberían desplegar las artes de esta profesión. En las habilidades para acompañar en los procesos de incorporación dotándose de las mejores estrategias para lograr mayores grados de autonomía personal. En la nueva posibilidad de arbitrar, de forma compartida con los clientes que así lo quisieran, nuevos itinerarios de incorporación social y otras posibles formas de intervención liberadas del control social. La liberalización de una importante carga de trabajo de estos profesionales, que en la actualidad tiene por objeto la gestión administrativa, debería reconvertirse en el autentico trabajo de intervención, aquel que tiene por objeto el abordaje de proyectos de acompañamiento personal, seguimiento individualizado de los nuevos circuitos de inclusión social y otras variables de la intervención social personal y comunitaria. Es en estos territorios donde el colectivo debe de hacer un esfuerzo de reconversión profesional que pasa, como se viene insistiendo en numerosos foros y debates, por el cambio de orientación y de visión estratégica adaptada a una sociedad de enormes y convulsivos cambios sociales, políticos y económicos de magnitudes no suficientemente valoradas en el colectivo. La sola posibilidad de una puesta en marcha de esta idea, debería motivarnos para reflexionar sobre ello. Porque se ponga o no en marcha, los tiempos, las estructuras y las nuevas dinámicas sociales nos obligan a repensar nuestras formas de intervención. Y es que el nuevo tiempo social nos pide menos guardianes y protectores y más acompañantes que potencien la libertad y autonomía de las personas.