Filosofía y política de la Renta Básica: la experiencia internacional
David Casassas
Universidad de Oxford
Primer Seminario Internacional sobre el Ingreso Ciudadano Universal
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
Porque creo que la propuesta de la Renta Básica o Ingreso Ciudadano Universal (ICU) nace en un contexto político, el actual, en el que es necesario una reacción –no una reacción defensiva, sino una reacción ofensiva-, esto es, una contraofensiva tras los años oscuros del neoliberalismo triunfante, que tanto daño ha hecho y hace en Europa como en Latinoamérica, déjenme empezar con un breve recordatorio de algunas de las ideas más machaconamente repetidas durante todo este tiempo por quienes desde sus tribunas han hecho apología de este orden neoliberal o han tratado de ridiculizado a quienes han pretendido levantar una voz de protesta (recuerden, por ejemplo, aquel triste libro –triste, por la pobreza y vulgaridad científica de sus argumentos- que hace unos años escribieron Vargas Llosa hijo y otros autores, con prólogo de Vargas Llosa padre y que titularon Manual del perfecto idiota latinoamericano… y español: el “perfecto idiota” –decían los Vargas Llosa- era la persona obcecada en seguir aspirando a la igualdad y en seguir creyendo en la necesidad de introducir riendas en las sociedades de mercado y, por tanto, incapaz de darse cuenta de lo beneficioso que podría ser para todos el dejar que el mercado fluyera libremente en tanto que mecanismo espontáneo para la asignación de los recursos de todo tipo).
Recordemos un momento, pues, estos episodios, estos discursos. En Europa como en Latinoamérica –como en otras partes del mundo-, se nos decía –y se nos dice: pensemos, por ejemplo, en la victoria electoral de la derecha en Francia- que los regímenes de bienestar –donde los haya- despliegan sus tentáculos –sus redes de protección, sus mecanismos correctivos de los fallos del mercado- a lo largo y ancho de la sociedad de un modo tal, que genera y alimenta una cultura de la dependencia –dependencia del ciudadano con respecto a las instituciones públicas- que no sólo resulta innecesariamente costosa en términos financieros, sino que, además, erosiona la capacidad de creación de la gente, la responsabilidad individual, el espíritu de superación. En otras palabras, los regímenes de bienestar –donde los haya- supuestamente impiden que se hagan con el espacio público gentes capaces, gentes resueltas, gentes decididas a hacer; gentes, en suma, verdaderamente independientes, gentes civilmente “adultas”. Hay que desmontar, pues –nos decían y nos dicen estos neoliberales-, las redes de protección social -o, donde no las haya, impedir como sea que se creen-. Creo que esto, a europeos y a latinoamericanos, nos ha de resultar familiar.
Yo no voy a decir hoy que todas estas ideas (las de Sarkozy, las de los Vargas Llosa –padre e hijo- y demás articulistas talibanes de los mercados desembridados, las de los voceros del FMI y de muchos gobiernos latinoamericanos, las de los partidarios de la construcción europea en clave neoliberal); yo no voy a decir –repito- que las ideas de toda esta gente eran un rosario de errores de bulto. De hecho, ni siquiera voy a decir que quizás habría que concederles el beneficio de la duda. Todo lo contrario: me las voy a tomar muy en serio. Al fin y al cabo, cometeríamos un craso error filosófico y político si nos desentendiéramos de valores como el de la libertad y el de la independencia por considerarlos propios de la derecha; máxime cuando, por lo visto, vamos a tener que seguir enfrentando las embestidas de esta derecha tan rígidamente disciplinada a la hora de defender los intereses granempresariales, como ágil –hasta grácil a veces, como en el caso de Sarkozy en Francia– a la hora de discursear y proclamar divisas inteligentes. Me los voy a tomar en serio, pues. Tan en serio, que espero poder mostrar la ausencia de fundamento de los discursos -¡y de la praxis política!- de toda esta derecha neoliberal a la hora de –supuestamente- promover estos valores. Y, a partir de ahí, trataré de mostrar caminos alternativos que (1) pasan por una concepción rigurosa de la idea de independencia (de adultez) de los individuos; y que (2) apuntan a todo un paquete de medidas en materia de política social y económica dentro del cual el ICU juega un papel esencial.
En definitiva: tomémonos la independencia muy en serio. La independencia en tanto que valor. Y veamos qué se requiere en el plano político-institucional para su cumplimiento.
En mi intervención trataré dos puntos:
1) El primero tiene que ver con dos concepciones distintas de la vida social que podemos barajar (me refiero a concepciones distintas acerca de qué es esto de la vida en sociedad de los humanos).
2) El segundo se centra en las medidas de política social y económica que deben promoverse en el caso de que hagamos nuestra la concepción de la vida social que señalaré como la más acertada. Pues bien, el ICU adquirirá aquí pleno protagonismo.
Añadiré, para concluir, un brevísimo epílogo.
I
¿Con qué fotografías de la vida social nos encontramos más a menudo? ¿Con qué ontologías sociales, como dirían los filósofos? En otras palabras: ¿cómo funciona –cómo es– la vida social? Permítanme que identifique dos visiones alternativas.
(1) Al decir de unos, la vida social es una colección de gente, de individuos, que se limitan a ir firmando contratos (de trabajo, por ejemplo) de forma libre y voluntaria. El mundo es, en esencia, un conjunto de individuos con plenos (e igualmente plenos) poderes para firmar todo tipo de contratos desde el goce de una más que suficiente igualdad ante la ley. Como pueden observar, en esta descripción de las sociedades humanas, las relaciones de poder brillan por su ausencia. Si yo soy, por ejemplo, una trabajadora asalariada latina que trabaja en una cadena de montaje de una planta situada en cierto distrito industrial californiano, lo soy porque mis deseos o preferencias, que son soberanas, me han inclinado a firmar (libre y voluntariamente) un contrato de trabajo con la corporación que posee dicha planta industrial (de hecho, lo que ocurre es que soy una persona aversa al riesgo que prefiere trabajar para otros antes que soportar los dolores de cabeza que implica conducir un negocio); y los propietarios de esta corporación lo son, porque sus preferencias, que son legítimas y soberanas, incluían la necesaria propensión al riesgo para lanzarse a levantar una empresa. Pues bien, la empresa y yo nos encontramos, observamos que nuestras respectivas preferencias se complementan, encajan, y decidimos firmar, libre y voluntariamente, un contrato, un contrato de trabajo. ¿Quiénes dicen o han dicho todo esto?
Por un lado, esto lo dijo parte de la economía neoclásica que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX (y que, por cierto –resulta interesante resaltarlo- ha influido en la forma en que en el mundo anglosajón se ha practicado la filosofía política durante los últimos 35 años). Pero lo importante aquí es destacar que, en la actualidad –muy especialmente en los 90, pero también ahora-, se han hecho eco de estos planteamientos los responsables de las instituciones que conforman el complejo de la llamada “organización económica internacional” (el FMI, el BM, etc., amén de sus voceros académicos y mediáticos, que recuperan los discursos anti-intervencionistas del liberalismo doctrinario decimonónico), “organización económica internacional” que opera tanto en el Sur como en el Norte. En Europa, por ejemplo, ha habido acuerdos y tratados como el de Maastricht, de 1993 (o el Tratado Constitucional actual, que ahora, de forma mandarinesca, están tratando de introducir por la puerta de atrás visto el rechazo popular que obtuvo en el referéndum de Francia y Holanda y, en general, el poco entusiasmo que ha suscitado); en Europa –digo- ha habido acuerdos y tratados que iban y van en esta dirección: congelar la política monetaria, liberalizar los mercados (en realidad los han privatizado, que no es lo mismo) y dejar que los agentes (todos: desde la Mercedes o la Siemens al inmigrante rumano) operen libremente en mercados desregulados; y que lo hagan, además, tratándose de igual a igual. Yo creo que todo esto también a ustedes, aquí en Latinoamérica, les ha de resultar de lo más familiar.
Sea como sea, según esta perspectiva, aquello que se precisa para que la gente sea independiente (ya hemos dicho que lo que en esta charla nos interesa es la independencia, la “adultez” de la gente) es muy sencillo: “dejar hacer” –laisser faire-, independizar a la gente con respecto a las interferencias procedentes de las instituciones políticas que puedan sufrir.
(2) Pero resulta que hay otro grupo de gentes que dicen (que decimos) que no, que el mundo –la vida social- no funciona así, que el mundo no es eso. Bien al contrario, la vida social es un espacio henchido de relaciones de poder que nacen de un acceso disímil al disfrute y propiedad de los recursos materiales y que ponen a unos en manos de otros. En otras palabras, el mundo –la vida social- está henchido de relaciones de dependencia. De hecho, son estas relaciones de dependencia lo que hacen que la trabajadora latina de la cadena de montaje californiana tenga que aceptar las paupérrimas condiciones laborales y salariales que se le “ofrecen”, pese a que para nada las desee o, para decirlo en los términos microeconómicos que he utilizado antes, pese a que para nada las prefiera.
La pregunta obligada aquí es la siguiente: pues bien, ¿cuál es la fuente de la dependencia? Si se entiende que el mundo (la vida social) funciona tal y como lo he especificado en este segundo punto (esto es: existe toda una amalgama de asimetrías de poder que nacen de un acceso disímil al disfrute y propiedad de los recursos materiales y que ponen a unos en manos de otros), la respuesta no es difícil: la dependencia hecha sus raíces en la carencia, por parte de una gran mayoría de la población, de unos medios materiales que garanticen una existencia realmente autónoma, que hagan a los individuos efectivamente libres, civilmente “adultos”, capaces de obrar, con auténticas posibilidades para desarrollar sus capacidades creativas, su espíritu de superación, como diría el listo de Sarkozy; que los hagan ciudadanos independientes, en suma (o, mejor dicho, “ciudadanos”, sin más, pues si no somos “independientes” no somos “ciudadanos”, con lo que hablar de “ciudadanos independientes” resulta redundante).
¿Qué opciones tenemos a nuestro alcance en el mundo de hoy para deshacer todo este amasijo de relaciones de poder que caracterizan la vida social en la que nos hallamos inmersos y, así, permitir (garantizar) el acceso a una vida efectivamente civil al conjunto de la población? Esto era, de hecho, a lo que aspiraba y aspira la izquierda o, si lo prefieren, el conjunto de los socialismos, definidos éstos en un sentido amplio, que, ya en el XIX y de un modo o de otro, se revolvían ante unos ordenamientos jurídico-políticos que garantizaban a todos la igualdad ante la ley pero que se desentendían de la suerte que pudieran correr en un mundo gobernado por dicha ley los estratos más desfavorecidos (es decir, la inmensa mayoría).
El ICU juega aquí un papel crucial. No como panacea para todos los males, pero sí como espina dorsal de un paquete de medidas capaz de embridar las fuerzas que operan en el seno del capitalismo que nos ha tocado vivir y, así, hacer de todos y todas individuos realmente independientes (“ciudadanos”, en suma). Veamos por qué (paso al segundo punto de esta charla).
II
Creo que es crucial para la izquierda de nuestros días (aunque ello suponga poner de nuevo sobre la mesa la cuestión del conflicto distributivo –pues ¡claro que estamos enfrentados a un conflicto distributivo!); creo que es crucial para la izquierda de nuestros días –digo- la recuperación de la vieja idea republicana de que, primero, la libertad no es posible sin independencia material; y de que, segundo, la independencia material de todos exige introducir un suelo, unos recursos básicos universalmente garantizados, y un techo, o, en términos, más precisos, medidas antiacumulatorias que impidan las grandes concentraciones de poder económico: al fin y al cabo, por mucha independencia de que gocemos, por mucha seguridad material que logremos conquistar, el hecho de que unos pocos y poderosos actores económicos puedan controlar mercados y economías enteras puede reducir ampliamente nuestra capacidad de obrar, nuestras posibilidades de llevar a cabo caminos productivos y vitales autónomos.
Pero me centro aquí en el primer punto. ¿Qué medida puede actuar como suelo, como nivel material básico por debajo del cual los individuos sepan con seguridad que no caerán? Sin lugar a dudas, un ICU (esto es, una prestación monetaria universal e incondicionalmente concedida a todos los ciudadanos y ciudadanas por el mero hecho de serlo) puede jugar tan importante papel en la redefinición de los pilares básicos de cualquier proyecto social y político que se pretenda con finalidades emancipatorias (o, si lo prefieran, que esté concebido para la mejora sustancial no ya del bienestar, sino de la libertad de las gentes “de abajo”).
Pues bien, ¿en qué sentido (o sentidos) puede un ICU ensanchar las perspectivas de la libertad efectiva? ¿En qué sentido (o sentidos) puede un ICU fortalecer la posición social de las personas, en tanto que agentes en liza en un mundo conflictivo y de recursos escasos? ¿En qué sentido (o sentidos) puede un ICU abrir las puertas a la capacidad de obrar, a la puesta en práctica de las capacidades creadoras; a la conducción, en suma, de una vida independiente? Veamos algunas cuestiones relevantes a tal respecto.
– Para empezar, el ICU (o mejor, la independencia material que confiere el ICU) dota a los y las trabajadoras de un mayor poder de negociación a la hora de definir el modo (físico y legal) en que quieren participar en el proceso productivo. Con un ICU, nuestra trabajadora asalariada latina de la cadena de montaje de la empresa californiana puede negarse a aceptar un contrato de trabajo que la obliga a realizar determinadas tareas bajo determinadas circunstancias o a cambio de un salario que no le compensan; como puede también decidir no trabajar asalariadamente y asociarse con otras personas para llevar a cabo un proyecto productivo propio y más cercano a lo que realmente siempre quisieron hacer con sus vidas (esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de los y las trabajadores jóvenes).
– En otras palabras, no se trata tanto de redefinir el modo en que se reparte el pastel (el producto social): de lo que se trata es de poder co-decidir de qué modo se participa en su cocción, de qué modo (físico y legal) se interviene en el proceso productivo (del producto social); lo cual, evidentemente, tiene importantes efectos de tipo distributivo.
– Fíjense también en que esta mayor capacidad para decidir qué forma de vida se quiere llevar a cabo permite acceder a actividades (remuneradas o no) que, hasta el momento, sin tener las personas el derecho a la existencia del que habla Daniel Raventós, quedan eliminadas, constituyen actividades la posibilidad de cuya realización se desvanece debido a la urgencia de aceptar la primera ocupación que se nos ofrece. Hay, pues, grandes yacimientos de “trabajo escondido” o “trabajo dormido”, de trabajo (remunerado o no) que se desearía hacer pero que queda bloqueado por la dependencia, por la necesidad (de aceptar otros tipos de trabajo). En lugar de trabajar 40 horas semanales en la cadena de producción californiana, nuestra trabajadora latina podría plantearse (es decir, proponer o exigir y, quizás, llegar a lograr) trabajar a media jornada en el sector en el que opera la empresa en cuestión y, a partir de la una del mediodía, trasladarse al taller que ha constituido junto a un grupo de compañeras y en el que, además de complementar el sueldo y de hacerlo de un modo más gratificante, produce artículos que, de otro modo, nunca hubieran llegado al mercado (al mercado de bienes).
– Así pues, conviene advertir que el ICU, pese a disociar ingreso y trabajo, no ha de presentarse como algo opuesto al trabajo (remunerado o no): el ICU puede actuar como mecanismo para hacer efectivo, precisamente, el derecho al trabajo; el derecho al trabajo realmente deseado, claro está: el derecho al trabajo realmente deseado y, quizás, actualmente obstruido.
– Sigamos. El ICU, pese a pretender, también, erradicar la pobreza, no ha de ser asociado a la lógica de asistencialismo. En la lista de distribución electrónica recientemente creada por algunos de ustedes, alguien utilizaba hace unos días un término que me parecía muy acertado: el ICU ha de actuar como “palanca”, como “palanca” para el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. Cierto. Nuestra trabajadora asalariada latina quizás hubiese preferido no cruzar la frontera (o las fronteras, según de donde procediera) y unirse a compañeros y compañeras, dotados todos de una base material que minimizase riesgos y ensanchase libertades, para constituir aquel taller alternativo a los cauces habituales de la actividad económica (o cierta red de unidades productivas hasta ahora inimaginables) en su comunidad y para su comunidad. Fíjense en que esto puede ser altamente beneficioso para la preservación y desarrollo de formas de vida autóctonas –campesinas, vinculadas a redes de ferias y mercados urbanas más o menos arraigadas al funcionamiento de ciertas comunidades humanas-, formas de vida que hoy están condenadas a la desaparición y que, quizás, convendría preservar.
– Hay un término que, en la literatura existente relativa a los efectos de la introducción del ICU sobre el mercado de trabajo, ha hecho cierta fortuna: el de “flexiguridad” (se trata de la fusión de los términos “flexibilidad” y “seguridad”). Con dicho término se pretende sugerir que el hecho de que las condiciones de trabajo puedan definirse de forma flexible no es necesariamente algo perjudicial, siempre y cuando trabajadores y campesinos cuenten con auténticas posibilidades de intervenir en el proceso de decisión relativo al modo en que se organiza el trabajo. Con un ICU, trabajadores y campesinos gozarían de una seguridad material que les permitiría, en primer lugar, sentarse a negociar con la capacidad de realizar amenazas creíbles (“si siguen por ahí nos levantamos y nos vamos”, podrían decir convincentemente); y, a partir de ahí, y en segundo lugar, compaginar trabajos (remunerados y no remunerados), esto es, poner en marcha “vidas multiactivas” desde la seguridad que confiere el saber que se puede contar, como mínimo, con un ingreso incondicional que, por eso mismo, se mantiene a lo largo del tiempo.
En definitiva, tomarse la independencia (y la libertad) en serio en un mundo conflictivo, henchido de relaciones de poder, exige, primero, la garantía política del ICU, es decir, de este suelo material básico capaz de conferir a los individuos una más que necesaria seguridad socioeconómica y un poder de negociación que los habilite en tanto que sujetos con efectiva capacidad de obrar (y esto es bien sencillo de hacer desde el punto de vista financiero: basta con una apropiada integración del sistema de transferencias de rentas en que se concreta la propuesta del ICU con respecto al sistema impositivo); y, segundo, la introducción (en el grado y con el signo apropiados) de todas las medidas antiacumulatorias que se precisan para evitar concentraciones de riqueza y de poder económico potencialmente capaces de controlar mercados y economías enteras (¡y Estados!) y, así, erosionar tanto las libertades individuales como las colectivas.
En efecto, si queremos gente independiente, gente que goce de libertad efectiva, debemos intervenir en la vida social (intervenir de forma no-arbitraria, claro está), debemos moldear la vida social, diseñarla (muy especialmente, diseñar los mercados dotando a todos sus usuarios de independencia material para poder en ellos firmar contratos de forma efectivamente libre y voluntaria -1-); debemos moldear la vida social –digo- para hacer posible que todos los actores devengan agentes capaces de efectuar elecciones realmente libres.
Insisto: tal diseño institucional ha de darse de forma especial en las sociedades de mercado. En efecto, los mercados no son necesariamente dañinos si aquellos que participan en ellos poseen el poder de negociación, el poder de mirar a los demás a los ojos sin tener que agachar la cabeza, el poder de resistencia que viene asociado a la independencia material que proporcionaría un ICU. De lo que se trata, pues, es de constituir políticamente unos mercados que ofrezcan realmente auténticas posibilidades de “hacer”: ¡la vieja máxima del “laissez-faire” distaba de ser por definición un disparate! De lo que se trata es que los individuos puedan, precisamente, “hacer”, pero en caminos y espacios realmente practicables, no en el lodazal de la dependencia en el que hoy se ahogan los proyectos vitales de tantos y tantos millones de personas –eso, si es que en algún momento estas personas se sintieron con el derecho de parar y pensar qué tipo de vida les gustaría realmente vivir.
Epílogo
Permítanme terminar con un brevísimo epílogo. Aquello que se ha obtenido en el marco de los regímenes de bienestar (cuando los ha habido) debe mantenerse (o debe introducirse, si no los ha habido). El ICU no debe sustituir elementos cruciales de los regímenes de bienestar, que para nada minan las “capacidades creadoras” o el “espíritu de superación” de la gente, como nos dice Sarkozy. El ICU, pues, no debe sustituir elementos cruciales como la sanidad y la educación públicas, que juegan un papel vital.
Ahora bien, es preciso abandonar la lógica de la intervención de carácter meramente curativo –curativo de la pobreza- para abrazar la racionalidad de las políticas preventivas. Las políticas curativas –y las transferencias en efectivo condicionadas o focalizados propias de los regímenes de bienestar tradicionales como el “Programa Oportunidades” lo son- sólo entran en funcionamiento ex-post, es decir, una vez que la pobreza es un hecho consumado (y conviene recordar que pobreza no es sólo privación, sino que constituye también una de las principales causas de la dependencia, de la falta de libertad: si soy pobre, si carezco de recursos materiales, dependo del arbitrio de otro). Pues bien, el ICU constituye la política preventiva por antonomasia.
Hemos de pasar, pues, de esquemas curativos a esquemas preventivos. Haciéndolo, fortaleceremos el estatus social de los individuos en tanto que personas civilmente “adultas”; haciéndolo, convertiremos a la gente en actores sociales efectivamente libres, con plena capacidad para obrar, para formar planes de vida y llevarlos a cabo, y para decir que “no” a realidades que no les convengan; haciéndolo, convertiremos a la gente en “ciudadanos”, en suma.
Pues bien, medidas que, como el ICU, confieren independencia material a los individuos (que confieren independencia) resultan imprescindibles. Esto es algo que el más elemental sentido común nos enseña, como lo enseñan también importantes resultados de las disciplinas científicas con las que tratamos de comprender las realidades sociales; aunque sea algo que, por supuesto, los Sarkozy y los Vargas Llosa del mundo, supuestos adalides de la libertad y de la independencia, no estén dispuestos ni a tomar en consideración: al fin y al cabo, para algo están los sueldazos que perciben todas estas gentes que rigen la cara visible –no la “oculta”: de esto se encargan otros- de las distintas derechas –de las derechas periodística, académica, política y económica.
Nota:
1. Incluidos contratos que, precisamente, impliquen quizás la desmercantilización de esferas cruciales de nuestras vidas como la del propio trabajo. Y es que los mercados pueden ser instituciones no carcelarias, sino instituciones con puerta de salida para sus usuarios, quienes, de este modo, recurren a él para gestionar ciertos ámbitos de sus vidas de acuerdo con lo que les es conveniente y apropiado: para intercambiar multitud de bienes, pero, quizás, no para vender su fuerza de trabajo, no para venderse a sí mismos como “esclavos a tiempo parcial” (recordemos la definición aristotélica del trabajo asalariado como “esclavitud a tiempo parcial”).
Primer Seminario Internacional sobre el Ingreso Ciudadano Universal (México, junio 2007)
