Hay que suponer que los organizadores de este acto pretenden algo más que una mera discusión académica sobre las relaciones conceptuales entre la “renta básica” (la garantía, universal e incondicional, de una mínima base o posibilidad material de existencia social igual para toda la ciudadanía), la “democracia” (la garantía, universal e incondicional, de una mínima base o posibilidad real igual para toda la ciudadanía –el sufragio– de codeterminar la vida política pública) y el fenómeno magmático y un tanto escapadizo que, a falta de mejor nombre, ha dado en llamarse “globalización”.
Parece que de lo que se trata es más bien de ver si en el mundo de hoy, digamos, “globalizado”, es viable la vieja y venerable idea de la “democracia”, y si la novedosa propuesta de una “renta básica” para todos los ciudadanos puede contribuir a afianzarla.
1. Los dos lados de la “democracia”
Repárese en que la democracia ignora expresamente a efectos normativos cualquier criterio de proporcionalidad (virtud, riqueza, etc.), fundando la relación de conciudadanía en una estricta igualdad política entre seres humanos libres (“un hombre, un voto”). Mientras que, por ejemplo, en los mercados tener el doble o el triple de dinero habilita normativamente para tener el doble o el triple de capacidad adquisitiva y de consumo, la idea rectora de la “democracia” es, en cambio, que no por tener el doble o el triple de dinero (o de otros “méritos” personales alegables) haya de tenerse el doble o el triple de peso en las decisiones políticas públicas o colectivas.
De aquí la incondicionalidad y la universalidad de la “democracia”: desde al menos los tiempos de Ephialtes y Pericles (siglo V antes de nuestra era), los demócratas han sostenido indesmayablemente que, con independencia de su talento, de su patrimonio, etc., todos los ciudadanos libres han de ser considerados como estrictamente iguales a la hora de codeterminar la vida política pública.
Que la “democracia” ignore a efectos normativos, entre otras, las desigualdades de la vida social y económica no significa que esas desigualdades no existan: al contrario, precisamente porque existen de hecho, han de ser ignoradas normativamente. La decisión de ignorar normativamente esas desigualdades (decisión fundatriz de la idea “democrática”) sirve, como es obvio, al propósito de establecer una base mínima estrictamente igualitaria de gestión y gobierno de la vida pública (el famoso lema de “gobernar y ser gobernados todos por turno”).
Sin embargo, la “democracia” puede ser fácilmente burlada o escarnecida si se interpreta la decisión normativa de ignorar las desigualdades en la vida social, económica, o, como está de moda ahora decir, en la “sociedad civil” como una decisión de desentenderse de esas desigualdades. Y eso por al menos dos vías:
1) En primer lugar, porque las relaciones de desigualdad y dependencia en la “sociedad civil” pueden llevar a que un número importante de ciudadanos, cuya existencia material o social depende crucialmente de otros particulares, emitan su igual sufragio con una voluntad cautiva. Jefferson, por poner un ejemplo entre miles, pensaba, y llegó a escribir, que quien trabajaba para otros no era propiamente dueño de su voluntad política, y su sufragio tendía a expresar lo a voluntad política propia, sino la de su patrón. Fenómenos tan investigados hoy en sociología política –señaladamente, en Iberoamérica– como el papel del “clientelismo” y el “patronazgo” en la vida política en general, y en los procesos electorales, en particular, tienen que ver con eso. Si un reconocido delincuente como Carlos Menem, azote de la Argentina de nuestros días, gana los comicios del próximo domingo –¡no lo quieran los dioses!–, la explicación más verosímil apuntará a la capacidad de este veterano caudillo, verdadero “patrón” de la provincia de la Rioja, para movilizar una nutrida “clientela” de desheredados. (…)
2) Pero la intención democrática –hacer incondicional y universalmente iguales a los ciudadanos libres en los procesos de toma y control públicos de las decisiones colectivas– puede ser también subvertida de otra manera por las desigualdades de fortuna presentes en la “sociedad civil”. Pues los magnates de la llamada “sociedad civil” están también en condiciones –particularmente, si las leyes vigentes no les ponen estorbos importantes– de bombear enormes cantidades de recursos privados a la esfera de la vida política pública, contribuyendo, proporcionalmente a esos recursos, a determinar y a conformar el curso y la naturaleza de las decisiones políticas colectivas.
Ese es un asunto no precisamente nuevo. La llamada “era de la codicia” en los EEUU posteriores a la guerra civil se caracterizó, aparte de por grandes negocios sucios y corrupciones de la vida, digamos, civil privada, por la aparición de los famosos Robber Barons (los barones ladrones), los ancestros –en sentido literal– de muchas de las actuales grandes fortunas en Norteamérica (de los Rockefeller o de los Bush, por ejemplo), que determinaban a su gusto la política de la nación, tejiendo y destejiendo hilos políticos en el Congreso. Y en la Alemania de Weimar, los grandes consorcios industriales y financieros acabaron determinando el destino de la República, y llevando a Hitler al poder: hoy se olvida interesadamente que en los procesos de Nuremberg las grandes fuerzas privadas de la economía alemana y sus representantes (los von Thyssen, los Flick, los Abs, los Krupp, Siemens, la Bayer, la Deutsche Bank, etc., etc) fueron encausadas como responsables últimas del nazismo por el fiscal norteamericano Telford Taylor, y debidamente condenadas. (…)
El jefe de gobierno italiano, Berlusconi, no sólo es el hombre más rico de la nación, sino el propietario de prácticamente todas las cadenas de televisión privadas, y de buena parte de la prensa diaria. Y llevar a la presidencia de los EEUU a un hombre como Bush parece que costó a sus esforzados valedores cerca de 3 mil millones de dólares (tanto como el coste del gran proyecto científico de la secuenciación del genoma humano).
No hará falta insistir en eso ahora, porque buena parte de la movilización de la opinión pública mundial contra la guerra del Irak se basa en una consciencia clara y perspicua por parte de la población del papel que han jugado los grandes poderes y consorcios económicos privados en la determinación de la política belicista de la Administración Bush.
Baste recordar que de las 100 más grandes instituciones económicas del mundo de hoy, 51 son corporaciones transnacionales privadas, y sólo 49 son Estados. Ese solo dato basta para hacerse una idea del enorme poder “privado” que ha llegado a acumularse en el “globalizado” mundo de hoy. (…)
2. Globalización
(…) El saldo de 25 años de globalización:
Redistribución de recursos de los países pobres a los países ricos.
Redistribución de recursos, dentro de los países ricos, de los pobres a los ricos. (…)
Redistribución de recursos de las familias a las empresas: desde 1970, en USA, un 40% menos de atención a los hijos; hoy en USA un asalariado medio trabaja 9 semanas más que un asalariado europeo.
Redistribución de recursos de las generaciones futuras a las generaciones presentes: Kyoto, destrucción acelerada del patrimonio natural (y cultural) y de los recursos no renovables.
Concentración inusitada de poder económico en muy pocas manos, y crecimiento de su capacidad para decidir políticamente. Las declaraciones de Al Gore: dificultad de ganar en unas eleccones USA cuando “el grueso de los medios de comunicación están en manos de unos cuantos ricachones de extrema derecha”. Fox-Murdoch y Blair.
3. Renta básica
Diré sólo unas pocas cosas sobre eso; el especialista de la mesa no soy precisamente yo. ¿Cómo podría contribuir la renta básica a afianzar a una democracia amenazada en su principio? La idea de una renta de ciudadanía (la concesión de una renta universal e incondicional tendente a garantizar un mínimo de existencia social a los ciudadanos) robustecería la democracia al menos en los siguientes puntos:
1) Reduciría, sin duda, el peligro del “clientelismo” (seguramente eso estaba detrás de los antecedentes de Robespierre y de Tom Payne; y sin duda explica en buena medida la buena acogida de la propuesta en Brasil o la Argentina).
2) Es una forma eficaz de luchar contra la “reabsolutización” de la empresa capitalista. (Y tal vez también contra las burocracias sindicales.) Y potencialmente capaz de sustraer de modo casi versallesco a los grandes “capitanes de empresa” una buena parte de la actividad económica, preparando acaso el terreno para una cultura fecundamente alternativa de la generación de bienes económicos y sociales.
3) Combinada, como muchos de sus propugnadores quieren, con un control fiscal de la liberalización de los mercados financieros internacionales (tasa Tobin), tal vez ayudara a introducir cordura económica en el caos de la globalización.
4) Podría llegar a modificar radicalmente el ocio, abonando el terreno para una cultura alternativa del consumo, más serena, menos compulsiva, y más respetuosa con el patrimonio natural y cultural de la humanidad.
En cambio:
Deja sin consideración directa el problema de los grandes imperios privados capaces de disputar a las repúblicas su derecho a definir el bien público. Porque, para hacerlo, seguramente se necesitaría comenzar a discutir, no sólo en la tradición democrática plebeya de un Robespierre y de un Tom Payne sobre la necesidad de una renta mínima capaz de garantizar la existencia social de todos, sino también, al estilo de Babeuf o aun del Maquiavelo republicano, la de fijar asimismo algo así como una renta máxima, sin la existencia de la cual la democracia estaría siempre en peligro de asedio y rendición por los gentilhuomini.
