Decía hace no mucho aquí que nunca he terminado de entender por qué quienes defendemos la propuesta de la renta básica hemos venido aceptando debatir en el estrecho campo del libertarismo de izquierdas. Es decir, por qué hemos venido aceptando que la renta básica forma parte de modo más o menos “natural” de la agenda económica del libertarismo igualitario o de izquierdas. Pero habrá quien diga que esto no es del todo así. Y que mientras las justificaciones normativas de la renta básica en el ámbito anglosajón han tendido a desenvolverse en el terreno del libertarismo –porque sólo en EEUU alguien como Rand Paul podría aspirar a ser el candidato de uno de los principales partido del país, pero seguramente también por la influencia del sustrato libertario de la justificación de la renta básica en Van Parijs-, las deficiencias del libertarismo a la hora de ofrecer una visión coherente de los objetivos y el funcionamiento de las sociedades contemporáneas hacen que, fuera del ámbito anglosajón, el terreno de juego “natural” de la discusión normativa en torno a la renta básica se haya desplazado desde el libertarismo igualitario o de izquierdas hacia el neo-republicanismo. Creo que esto es aproximadamente cierto –al fin y al cabo no es muy sorprendente que el minanarquismo sea una teoría política escasamente atractiva para quienes no se atiborraron de novelas de Ayn Rand en la infancia-, sobre todo en el ámbito de la filosofía normativa en lengua castellana. Pero, ¿en qué se distinguen ambas justificaciones? ¿Por qué es, seguramente, una buena noticia que ahora juguemos en el terreno de juego del republicanismo? ¿Existe algún peligro en esta “transición”? Responderé a las tres preguntas por este mismo orden. Las respuestas a las dos primeras preguntas son de sobra conocidas, por lo que me centraré en los peligros que rodean al terreno de juego neorrepublicano –sobre todo el último peligro-.

Aunque existen casi tantas formas de republicanismo como de liberalismo, aquí sólo diré que el neorrepublicanismo en el seno del cual ha tenido lugar buena parte de la discusión contemporánea sobre la renta básica no es exactamente el que puso de moda Zapatero: o sea, el de Pettit. El debate normativo sobre la renta básica se juega en el campo de un neorrepublicanismo que comparte con el de Pettit dos cosas: (1) construir una teoría no sólo de la libertad, sino también del Gobierno (que es lo que distingue al republicanismo del libertarismo neonozickeano, que es una teoría sólo de la libertad porque en ella apenas hay espacio para el Estado); y (2) una concepción de la libertad como no dominación, de acuerdo con la que Jessi vive sin depender de Piluca sólo en la medida en que Piluca no pueda interferir en los planes de vida de Jessi (que es lo que distingue al republicanismo del liberalismo à la Berlin, para el que el ideal de máxima libertad vendría a ser el Tom Hanks de Náufrago, abrazado a un balón y medio loco pero máximamente libre en cuanto que mínimamente interferido por los demás).

Bien, supongamos que hemos respondido a la primera pregunta y que ya tenemos más o menos claro qué diferencias hay entre el libertarismo igualitario y el neorrepublicanismo. Pero, ¿qué distingue al neorrepublicanismo desde el que se ha venido defendiendo la renta básica del republicanismo de la Escuela de Cambridge y el Club Siglo XXI? ¿Por qué es, seguramente, una buena noticia que el debate sobre la renta básica haya tenido lugar fundamentalmente en el seno del primero y no del segundo (digo fundamentalmente porque Pettit ha defendido explícitamente la renta básica)?

Dicho muy apretadamente, la principal diferencia entre ambos republicanismos es el énfasis que pone este neorrepublicanismo-después-de-Pettit (o neorrepublicanismo 2.0) en los vínculos entre democracia (deliberativa), recursos materiales y propiedad. Para el neorrepublicanismo 2.0, que de forma quizá algo paradójica reclama un mayor engarce con el republicanismo clásico que el de la Escuela de Cambridge (o neorrepublicanismo 1.0), en un Estado republicano el bien común es algo que se decide colectivamente mediante procesos deliberativos (elemento deliberativo del republicanismo 2.0), pero donde esos ciudadanos llamados a participar en el debate público han de poseer ciertas “cualidades”, que en el republicanismo clásico se verificaban a través de la propiedad (elemento propietarista del republicanismo 2.0). En el republicanismo clásico la propiedad jugaba dos roles: por un lado, se hacía equivaler de alguna forma a la independencia socioeconómica, base de la autonomía de juicio necesaria para participar en el debate público; por el otro lado, en la medida en que permitía tener las necesidades más fundamentales cubiertas, era una especie de precondición para mantenerse alejado de los trabajos meramente productivos y cultivar así la virtud cívica. Esta exigencia del republicanismo clásico ha sido adoptada por el neorrepublicanismo antes y después de Pettit.

Hasta aquí, todo más o menos sabido y escasamente novedoso. Pero, ¿cuáles son los peligros que acechan a este neorrepublicanismo-después-de-Pettit? Me referiré sólo a dos, que llamaré, por resumir, el peligro del republicanismo cívico y el peligro del republicanismo libertario, y que implican un desafío por motivos similares pero opuestos: el primero porque asume una noción demasiado densa de la comunidad política y el segundo porque implica una noción demasiado estrecha. O dicho de otra forma: el primero porque asume una concepción demasiado política de la libertad y el segundo porque asume una noción que directamente no es política. Analizaré ambos peligros por este mismo orden.

Decíamos que la exigencia de la independencia socioeconómica para el ejercicio de la virtud cívica del republicanismo clásico ha sido adoptada por el republicanismo contemporáneo después-de-Pettit. Pero hay una diferencia fundamental entre estos dos republicanismos: mientras en la Grecia clásica las exigencias de una cierta virtud cívica les eran impuestas a un número muy reducido de individuos, hoy la condición de ciudadano se ha extendido hasta abarcar prácticamente a todos los ciudadanos, lo que para los republicanos significa que la exigencia de la independencia material –como condición para disfrutar de la libertad como no-dominación- también se ha universalizado. Es precisamente aquí donde entra la renta básica: la implantación de un suelo universal e incondicional de ingresos por encima del umbral (relativo) de la pobreza contribuiría a que todos los ciudadanos pudieran participar en la vida pública de sus comunidades. Pero, ¿por qué ha de ser valiosa desde un punto de vista normativo la participación política? ¿Qué hay de malo en que la gente compre El Jueves o Mongolia en lugar de El País, siga la cuenta de @diostuitero en vez de la de @Pablo_Iglesias_  y vea La Hora Chanante y no Salvados?

Sin necesidad de recurrir al neoaristotelismo de C. Taylor o M. Sandel, para Q. Skinner, uno de los autores más representativos del neorrepublicanismo de la Escuela de Cambridge, los ciudadanos de una república deben anteponer los intereses colectivos a sus preferencias individuales. El primer peligro del neorrepublicanismo 2.0 es, así, abrazar una concepción demasiado densa de la libertad y acabar considerando que existen dos clases de ciudadanos: los “de primera”, los que leen los artículos de Piedras de papel sólo si incluyen dos o más rectas de regresión, y los “de segunda”, los que compran el Marca y leen cómics en lugar de literatura rusa de la segunda mitad del s. XIX. Aunque el republicanismo 2.0 tiene una vía de salida relativamente sencilla que consiste en afirmar que la participación política es valiosa sólo instrumentalmente, en la medida en que con una ciudadanía activa es menos probable que broten los Bárcenas y Granados y Pujol, éste es el riesgo del “republicanismo cívico”: el de la elitización del debate público por la exclusión del mismo de los ciudadanos que leen Tintín en lugar de Los orígenes del totalitarismo (en un sentido similar, Rawls, 2001, §43.3).

El segundo riesgo es el del republicanismo libertario. Para el republicanismo clásico y el contemporáneo que enfatiza su engarce con éste, la propiedad es la base de la independencia socioeconómica. Pero lo que consideremos “propiedad” va evolucionando con el paso del tiempo: si para el republicanismo clásico la independencia material quedaba asegurada por la propiedad de tierras y esclavos, para el republicanismo comercial (el de la ilustración escocesa) la clave está en la propiedad de bienes inmuebles, mientras que para el republicanismo socialista la propiedad colectiva de los medios de producción pretende precisamente liberar a los trabajadores de la alienación característica de las relaciones de producción del capitalismo (Casassas y De Wispelaere, mimeo). Al garantizar de forma incondicional unos recursos materiales, la renta básica que suele formar parte de la agenda económica del  neorrepublicanismo 2.0 perseguiría esos mismos objetivos de (1) evitar la alienación típica de las relaciones de producción capitalistas y (2) garantizar incondicionalmente la independencia socioeconómica de una ciudadanía que, a diferencia de la griega, comprende a casi todos los miembros de la comunidad.

Sin embargo, como decía Tony Atkinson recientemente, aunque la renta básica es descrita a menudo como incondicional, en realidad la mayoría de las veces incorpora una condición que es la ciudadanía o residencia legal continuada (por ejemplo Alaska exige un año de residencia y “la intención de permanecer como residente indefinidamente”). La propuesta de Atkinson es sustituir ese requisito de ciudadanía o residencia legal continuada –que tienden a incumplir los grupos sociales más vulnerables- por un requisito de participación en la sociedad, que quedaría satisfecho no sólo por la integración a tiempo parcial o completo en el mercado laboral, sino también por la participación en cursos o programas de formación, el trabajo de cuidado de niños o personas mayores o el trabajo voluntario en asociaciones tipo ONG.

Sin embargo, el problema con estas rentas de participación, nos diría un neorrepublicano 2.0, es que estigmatizan a sus perceptores. Si el republicanismo cívico corre el riesgo de crear ciudadanos de primera y de segunda al repartir carnets de ciudadanía sólo a quienes leen artículos de comportamiento electoral sólo si incluyen un número suficiente de gráficos elaborados con Stata, las rentas de participación típicamente socialdemócratas corren un riesgo similar porque generarían sociedades con mercados laborales duales, donde las habilidades de los ciudadanos de primera (los aptos) serían demandadas por el mercado laboral y las habilidades de los ciudadanos de segunda (los inútiles) no, por lo tendrían que comunicar a los servicios de empleo de la comunidad que “Lo siento mucho, pero soy tan inútil que necesito que me deriven al mercado de trabajo de los tontos para tener derecho a percibir la renta básica de participación”. Es lo que Jonathan Wolff ha llamado la “confesión vergonzante”, por la cual una excesiva insistencia en la justicia como reciprocidad puede acabar socavando la dignidad y el respeto por uno mismo de los miembros más desaventajados de la sociedad. Para erradicar toda forma de dominación tanto en la esfera privada –dominium- como en la pública –imperium-, los neorrepublicanos 2.0 creen que el modelo de renta básica que típicamente se incluye en su agenda ha de configurarse con unos rasgos de incondicionalidad y universalidad idénticos a los del sufragio universal.

Hagamos un poco de política ficción y supongamos entonces que el partido político “Republicanos 2.0” gana unas elecciones y a los pocos meses y cumpliendo lo dispuesto en su programa, implanta un programa de renta básica universal e incondicional. Como la comunidad donde se implanta es rica en materias primas y uno de los miembros más influyentes del partido es un senador, Eduardo Dylan, muy partidario del modelo Alaska de renta básica, Republicanos 2.0 decide financiar la renta básica –en el programa sólo se decía que la renta básica sería “universal, incondicional e individual”- a través de la constitución de un Fondo Soberano de Inversión que paga un dividendo social mensual, siguiendo el espíritu republicano del “fondo nacional” de Thomas Paine. La renta básica tiene un indudable efecto redistributivo, como habían previsto las microsimulaciones del equipo de economistas de Republicanos 2.0, y además es un programa de seguridad social que protege contra la pobreza y la carencia material, por lo que un año después y para remontar en las encuestas Republicanos 2.0 decide suprimir el IRPF –al final y al cabo, dicen algunos miembros del partido, la renta básica ya “hace” la redistribución-. El resultado de ambas reformas, según los resultados de una investigación desarrollada diez años después por un grupo de politólogos para evaluar los efectos de las reformas, es que las cohortes más jóvenes de la comunidad por un lado apoyan con entusiasmo la renta básica, pero por el otro lado muestran una muy clara preferencia por mayores recortes de impuestos en lugar de por aumentar el tamaño del Estado de bienestar. Esto es, apoyan la renta básica pero no porque defiendan una noción más o menos robusta de la justicia social, sino porque creen que es algo que “se les debe”, como si tuvieran derecho a reclamar del Estado una reparación por algún daño pasado.

Voy concluyendo. Lo que pretende ilustrar este ejemplo de política ficción puede resumirse de la siguiente forma: la libertad es importante, pero no es lo único que importa. Junto a la libertad –entendida como tener el suficiente poder (de negociación) para decir no, como no-dominación, o como libertad real-, existen muchos otros principios valiosos como el bienestar o la igualdad. Como la forma de igualitarismo contemporáneo que es, la visión de la justicia social del neorrepublicanismo 2.0 no puede ceñirse exclusivamente a garantizar la independencia de los individuos, incluso si esto implica la nula participación de los ciudadanos en la comunidad, ni siquiera por la vía tributaria. Porque, como decíamos al comienzo, (1) el republicanismo, a diferencia del libertarismo, sí es una teoría de las estructuras institucionales básicas de la sociedad y (2) su ideal de libertad no es la del náufrago que vive en soledad en la isla con su balón, sino que es política.

Borja Barragué es profesor en la Facultad de Derecho de la UAM y miembro de la Red Renta Básica. Escribe sobre desigualdad, filosofía política contemporánea y economía política.

www.sinpermiso.info, 19 de abril de 2015