El modelo socioeconómico actual es insostenible, con un sistema fiscal poco redistributivo y equitativo, lo que genera exclusión social, pobreza y desigualdad. Los individuos como tal y la sociedad en sí debemos de tomar conciencia de este grave problema y empezar a pensar en planteamientos distintos, en opciones innovadoras que cambien esta realidad y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y nuestro entorno social.

En el mundo laboral, la destrucción y precarización del empleo es un hecho. No sólo debemos de preocuparnos en crear más empleo y de calidad, sino en cómo dar unas condiciones de vida dignas a todas esas personas que se están quedando desempleadas e incluso a aquellas que, aun trabajando, siguen siendo pobres. Muchas ven el emprendizaje como una salida al empleo, otras ni siquiera tienen una salida laboral.

Fruto de la ineficacia de las políticas de bienestar existentes, surge la Renta Básica Universal, en lo sucesivo RBU; que “no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre” (Raventós, 2016).[1]

ABSTRACT

The current socio-economic model is unsustainable, with a tax system that is not very redistributive and equitable, which generates social exclusion, poverty and inequality. Individuals as such and society itself must become aware of this serious problem and start thinking about different approaches, innovative options that change this reality and contribute to improving the quality of life of people and our social environment.

In the world of work, the destruction and precariousness of employment is a fact. We should not only be concerned with creating more and better jobs, but also with how to provide decent living conditions for all those people who are becoming unemployed and even those who are still poor when they are working. Many see entrepreneurship as a way out of employment, others have no way out at all.

As a result of the ineffectiveness of existing welfare policies, the Universal Basic Income (henceforth UBI), which “is not simply a tool for redistributing wealth or fighting poverty, but also a way of ensuring the material existence of each person, and that society as a whole can be freer” (Raventós, 2016).

2. INTRODUCCIÓN

Viendo la RBU como un potente igualador social y como una posibilidad de poder sumar capitales y generar proyectos de emprendimiento, el efecto que quiero estudiar son las consecuencias que tendría ésta en las Pymes, así como en la situación de las personas autónomas y emprendedoras.

En este trabajo se pondrán de manifiesto cuestiones como el salario, la participación en el trabajo remunerado, la participación en los trabajos de cuidados, la parcialidad, la negociación y condiciones laborales, la supervivencia fuera del empleo, las incidencias en la vida de las personas, etc.

Con todo ello se quiere conseguir una perspectiva más amplia de lo que sería el mundo de la pequeña y mediana empresa, autónomos/as y emprendedores/as en cuanto a la RB se refiere.

Para ello, doy comienzo mi trabajo con una investigación bibliográfica inicial a través de libros, revistas científicas, entrevistas, conferencias, talleres y videos.

De entre los libros debo destacar dos principalmente, que a mi modo de ver son de mayor contenido e interés; como son el de Raventós, Daniel, Arcarons, Jordi y Torrens, Lluís (2017): Renta básica incondicional: Una propuesta de financiación racional y justa, Barcelona, Ediciones del Serbal y el de Lago, Martín (2018): Renta básica universal. ¿Solución o utopía?, Madrid, Digital Reasons.

La revista científica que utilicé como apoyo para mi estudio, surge de la iniciativa comprometida de la ONG-Acción contra el hambre y la Universidad Politécnica de Madrid, con la Agenda 2030 y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); con el fin de crear un futuro más habitable, justo y estable. Se trata de la revista “Diecisiete: Investigación interdisciplinar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

También debo de mencionar el Observatorio ToShare, en la lucha por el reparto justo de la riqueza, cuya sede se encuentra en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, en Leioa, de la que soy estudiante de 4º curso. Numerosas personas de la Facultad, entre ellas el Decano de la misma Angel Elías, en colaboración con distintas entidades privadas y públicas, realizan un trabajo de investigación y divulgación a través de diferentes talleres, conferencias y debates en los que he tenido el placer de participar. De entre sus publicaciones destacar el informe Oxfam Nº 49 de 2019 y la revista Lan Harremanak de la Facultad, donde he recopilado numerosos artículos para mi estudio.

Además de lo anterior, he recurrido a distinto material divulgativo como videos, prensa y consultado páginas web como Redrentabásica y Sinpermiso por la cantidad de información que podían aportar a mi estudio.

Con la intención de recoger de una manera más práctica toda la información de la que disponía, he realizado 5 entrevistas cualitativas abiertas o en profundidad, concretamente a: Dos sindicatos de la CAPV como son ESK y ELA, uno como defensor de la RBU y el otro como defensor de una Renta Mínima Garantizada, otra entrevista con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Bizkaia para que nos acercaran su perspectiva de género en el mundo laboral y del emprendizaje, otra con la Decana de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, por ser este sector uno de los más castigados y precarizados en cuanto a salidas profesionales; contando con un gran porcentaje de iniciativas propias como salida al empleo, y la última con la Asociación de Autónomos de Euskadi (ABAT), que nos darán una perspectiva aún mayor en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

En el apartado siguiente se desarrollarán distintos aspectos relacionados con la RBU, con la intención de establecer unas bases y, junto con el estudio de los resultados obtenidos en el trabajo práctico y teórico, llegar a unas conclusiones finales sobre las consecuencias de una RBU.

3. ESTADO DE BIENESTAR Y POLITICAS DE AUSTERIDAD

El Estado de Bienestar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial resultó ser muy eficaz, garantizando servicios públicos de educación, sanidad y jubilación; protegiendo a aquellos que no tenían rentas provenientes del empleo ya sea por accidente, enfermedad o vejez. En aquellos tiempos el crecimiento económico era evidente y se aplicó un modelo redistributivo que marcó toda una época.

Pero actualmente nuestra realidad es muy diferente y nos encontramos lejos de un crecimiento económico y con un claro desgaste de aquel estado de bienestar. Debemos de reformar ese estado de bienestar, con el fin de redistribuir la riqueza de los más ricos a los más pobres; para poder así proteger a la población.

Para entender los problemas y desafíos actuales del Estado de Bienestar es importante situarlo históricamente:

Durante el siglo XIX, se defendieron los programas de bienestar con la idea de incorporar mano de obra. Estaban de acuerdo en moderar los extremos de la desigualdad y proveer de servicios colectivos a los ciudadanos, aportándoles seguridad y oportunidades. Los programas de bienestar pudieron cubrir las necesidades de aquellos/as trabajadoras que estaban mal remuneradas, lo que trajo consigo como respuesta política el aumento de los movimientos radicales de la clase trabajadora. Se mejoró el estado de salud y la educación. Nos encontrábamos ante un mercado autorregulado con un Estado más activo e intervencionista, transformándose así el papel del Estado en las democracias capitalistas y dando lugar a una larga bonanza económica.

Aceptaron que había que reformar el capitalismo para evitar así una revolución social mediante la provisión de un mínimo básico de seguridad e ingresos a todos los ciudadanos en las diferentes etapas de su vida. Este cambio de actitudes hizo posible la conciliación entre capitalismo y democracia, cosa impensable en el S. XIX.

El informe Beveridge publicado en el Reino Unido durante la guerra en 1943, identificó los cinco gigantes de la necesidad, la holgazanería, la enfermedad, la ignorancia y la miseria, proporcionando la base para la implantación de programas de seguridad social, pleno empleo, sanidad, educación y vivienda.

Pero la crisis de los 70 hizo que se tambaleara ese Estado de bienestar. Por una parte generó un conflicto en cuanto a lo que se debía de priorizar, si el crecimiento económico promoviendo los beneficios y la inversión o la expansión de los programas de bienestar. Otros/as vieron el estado de bienestar como un instrumento de control social. Y por último recibió críticas en cuanto a género se refiere, ya que muchos hogares se encontraban mantenidos por el trabajo remunerado del hombre; dejando las tareas domésticas para la mujer sin remuneración alguna.

Los partidos de derechas argumentaban que gastar en bienestar era una carga para los contribuyentes y que algunos programas como el de la seguridad social eran muy generosos y podían dar lugar al fraude. Se debía de recortar esos recursos que según ellos se alimentaban de los sectores privados.

En otra línea de ataque, se consideraba que estas prestaciones sociales no eran algo que se tuvieran que ganar pagándolo, ya que eran financiadas a través de impuestos generales, sino que era un derecho y no algo que se debe.

Lo que hasta el 1970 era un Estado de bienestar que miraba en la misma dirección, se convirtió en las décadas de los 70-80 en un Estado de bienestar totalmente divergente, quedando reflejado en las distintas instituciones y políticas. Aun así seguía existiendo una fuerte resistencia política a los recortes en bienestar.

Hemos pasado de la primera fase de expansión del Estado de bienestar que duró hasta el 1970, hasta la segunda fase de reducción del mismo en las décadas de los 80-90. Es justo a mediados de esta última cuando se inicia la tercera fase, donde se da paso a nuevas circunstancias como la globalización, la desindustrialización y los nuevos riesgos sociales. Más centrada en el mercado laboral, en cómo aumentar el capital humano y sus capacidades, al mismo tiempo que asegura una protección social y estabilidad económica.

Pero la crisis del 2008 dio paso a una nueva fase, con una recesión importante y una recuperación lenta y débil. Los Estados de bienestar tanto en la fase expansionista del 1945 como en la más reciente del 1990-2000 iban ligados al crecimiento económico, lo que permitía al gobierno aumentar el dinero destinado al bienestar. Con el inicio de la recesión los gobiernos recurrieron a políticas de austeridad, atacando una vez más nuestro sistema de bienestar y dando paso a elevados niveles de desigualdad, paralización de salarios y productividad; cosa que repercutió enormemente en la calidad de vida de las personas. Los países acreedores de la CEE exigieron a los países deudores como España, fuertes medidas de austeridad a cambio de ser rescatados. Se recortaron los gastos, aumentaron los impuestos y volvieron a la luz viejos discursos referentes a las prestaciones sociales. Ataques entre quienes eran merecedores y quiénes no lo eran; estigmatizando a los pobres como indignos, vagos y vividores que se aprovechaban del trabajo y de las contribuciones de los demás. Pero una vez más los recortes recayeron sobre los hogares y los más débiles, ya que vieron más fácil recortar en aquellas prestaciones sociales destinadas a unas minorías, que en programas de sanidad y educación que afectaban a todos los ciudadanos.

El paro es una de las lacras que ha dejado esta crisis económica, con unas elevadas tasas de desempleo y con un empleo cada vez más precario. A día de hoy sigue siendo difícil llegar a los más necesitados, marginados por la sociedad y excluidos de los mercados laborales.

Los políticos se comprometen a no subir los impuestos, ya que el hacerlo supondría una pérdida de votos, a la vez que aseguran el manteniendo de las prestaciones universales de las que dependen la mayoría de los ciudadanos. Los costes en sanidad y pensiones amenazan la capacidad del Estado para subvencionarlo al nivel que lo ciudadanos esperan. O se suben los impuestos y se recortan los gastos o se incrementa la deuda y se pospone el problema.

Las tendencias hacia la globalización se relacionaron con el fin del pleno empleo y el debilitamiento de los sindicatos. Las compañías pueden externalizar su producción en zonas con menos impuestos y regulaciones, suponiendo una amenaza a los estándares laborales y de bienestar. Es precisamente un mercado laboral flexible lo que atrae a las empresas.

La desindustrialización ha dado paso a los servicios, con nuevos modelos de trabajo y de hogar y muy distintos a los antiguos donde el hombre era el que sostenía la familia. La tasa de participación femenina en el empleo es mucho mayor, han aumentado las familias monoparentales y se ha incrementado la precariedad y los hogares sin empleo.

La sociedad es cada vez más individualista e insolidaria, insensible a veces ante los más necesitados y con un descenso del apoyo a la redistribución. Tenemos la generación de mayor edad debido al descenso de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida. El número de personas que trabajan y pagan impuestos disminuye, a la vez que aumenta el coste en asistencia social y pensiones. Una de las soluciones políticas ha sido la de recortar los gastos destinados a las pensiones, aumentar la edad de jubilación o potenciar la inmigración joven.

Aun con todas sus fisuras, el Estado de bienestar sigue siendo vital para la estabilidad social. El desafío se encuentra en cómo elevar los impuestos para sostener los estados de bienestar y evitar problemas adicionales. Nuevas visiones incluyen unos ingresos mínimos subvencionados por el Estado recuperando los principios básicos del Estado de bienestar, la redistribución a lo largo del ciclo vital.

Pero ninguna reforma es suficiente por sí sola. Se necesita una serie de medidas conjuntas si queremos que el Estado de bienestar prospere. El premio es grande, poder vivir una vida plena en una sociedad donde cada individuo goza de una seguridad básica. (Gamble, 2017)[2]

4. POBREZA Y DESIGUALDAD

El concepto de pobreza se ha relacionado con el nivel de ingresos o consumo, es decir, por el porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, cuyo valor sería el 60% de la mediana de renta.

Pero el pobre no sólo carece de ingresos sino de otros recursos como la educación, salud, justicia, oportunidades…, es decir, tiene dificultad para acceder a bienes y servicios y llevar una vida digna. Por lo tanto, limita sus capacidades y libertades para lograr algo. La pobreza no permite desarrollarse como ser humano y repercute negativamente en el bienestar de las personas. Uno de los ODS del Programa 2030 precisamente es la reducción de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. (Conconi, Adriana y Viollaz, Mariana, 2017)[3]

La desigualdad en las rentas de los hogares no sólo no se ha recuperado con el crecimiento económico, sino que ha aumentado. El número de hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos ha aumentado y curiosamente el número de ricos y ultra-ricos también, ya que el crecimiento económico de los últimos años ha beneficiado a las rentas más altas.

Si no hay movilidad de ingresos, la desigualdad se concentrará siempre en los mismos. Habrá aquellos que vivan siempre peor, con menos oportunidades, con peor salud, sufriendo las consecuencias de la pobreza y otros que vivan su vida llena de privilegios por el hecho de contar con mayores ingresos. Y lo peor es que esta condición no sólo afecta al bienestar actual, sino que se hereda y se traspasa a las generaciones futuras. En España se calcula que deberán de pasar cuatro generaciones, unos 120 años, para que puedan alcanzar unos ingresos medios.

La clase media-baja fue la más castigada en tiempos de crisis. Desde los años 70 del siglo pasado hasta la llegada de la crisis, la pobreza y desigualdad se iba reduciendo, pero la intensidad y duración de la crisis hizo que uno de cada seis hogares de clase media-baja entraran en la pobreza, polarizando así nuestra sociedad. Colectivos vulnerables como inmigración, mujeres y personas no cualificadas se quedaron fuera del sistema. Y es que esta crisis no ha hecho más que demostrar la incapacidad de nuestro sistema de protección social para reducir la pobreza. Ya no sólo es que no ha sido capaz de reducirla, sino que en estos momentos está más agudizada. Todo esto mientras vemos como los más ricos van aumentando sus ingresos y son cada vez más.

Los datos actuales muestran que el 21,5% de la población española, está en riesgo de pobreza, un 50% con dificultades para llegar a fin de mes y un 32% que no puede hacer frente a gastos inesperados. España se convierte en el segundo país, después de Grecia, con más pobres en edad de trabajar y en el cuarto con mayor desigualdad a pesar de ser la quinta economía más grande de la UE.

Desde 1986 se vienen realizando en el País Vasco, actualmente cada dos años, Encuestas sobre Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS); viendo como en la última publicación del 2018 hubo un incremento del 6,9% con respecto al 2016 y un 5,4% con el 2008 (antes del comienzo de la crisis). La clase media ha pasado a ser más pobre, con una subida del 29% respecto al 2016 y un 62% con el 2008. Además, habría que mencionar que 1 de cada 3 pobres no entraría dentro del sistema de protección actual y aquellos que acceden a él no logran salir de la pobreza. (Observatorio ToShare, 2020)[4]

Hasta la década de los 90 muchos progenitores no pensaban que sus descendientes irían a vivir peor, ya que si bien es cierto que heredamos la clase social o el nivel de ingresos, también esa desigualdad está marcada por el nivel de desigualdad de la sociedad en la que vivimos.

Cuanto más desigual es una sociedad más condicionada está. En aquellos países donde existe una mayor equidad y políticas redistributivas fuertes habrá una mayor movilidad social. Una cronificación de la misma sin que se garantice a los colectivos más vulnerables una verdadera protección social frente a las adversidades, compromete la movilidad social y la igualdad de derechos y oportunidades; por lo que es necesario reducir la desigualdad de ingresos si queremos igualar las oportunidades.

Y es que ya lo dijo Mahatma Gandhi:[5] “La verdadera valía de una sociedad se encuentra en cómo trata a sus miembros más vulnerables”

España debe adoptar políticas salariales, fiscales y de protección social para lograr progresivamente un país más justo y equitativo y poder cumplir con el compromiso internacional en la reducción de la pobreza y desigualdad; siguiendo con los ODS como el Objetivo 10 en el que se compromete a lograr que los ingresos del 40% más pobre crezcan a una tasa superior a la media nacional. (Oxfam Intermón, 2019)[6]

5. DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

“la pobreza no es sólo la falta de dinero; es no tener la capacidad de desarrollar todo tu potencial como ser humano” (Amartya Sen-Nobel de Economía)[7].

Siempre se ha relacionado el desarrollo con el crecimiento económico, pero existe otro concepto de desarrollo, el humano, relacionado con el individuo, con la capacidad de hacer y de ser de cada persona. En la libertad de elección para ejercer o no. Para ello debemos no solo de centrarnos en aumentar el nivel de ingresos de las personas sino en promover la salud, la educación y las condiciones de vida.

Es el empoderamiento del individuo para participar activamente en la sociedad con plena capacidad y derecho. Deberíamos de aplicar una política que genere ganancias para los más pobres sin perjudicar a los más ricos, teniendo en cuenta principios como la reducción de la pobreza, la equidad, la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos…Por lo que el crecimiento económico no es necesario ni suficiente para el desarrollo humano. (Conconi, Adriana y Viollaz, Mariana, 2017)[8]

En los últimos años se está afianzando la idea de que la mejor forma de medir el progreso de una sociedad no es sólo a través de su economía, sino a través de las condiciones de vida de las personas. Todavía hay mucho camino por recorrer a la hora de elaborar un indicador internacional de calidad de vida, pero países como Francia, Reino Unido y Australia ya están trabajando en ello. Por lo tanto, cualquier aproximación al problema de la desigualdad habría que hacerlo desde una perspectiva multidimensional, tratando aspectos como las condiciones de vida materiales, el trabajo, la salud, educación, relaciones sociales, el nivel de ingresos por hogar, la CCAA a la que se pertenece. Es decir, para poder medir el progreso de una sociedad y el bienestar de las personas necesitamos ampliar el marco de los indicadores utilizados tradicionalmente.

Como hemos dicho anteriormente, la medición de la calidad de vida incluye un conjunto de indicadores que se agrupan en 9 dimensiones y que a su vez se descomponen en características como (sexo, edad, nivel de renta, nivel de educación…).

Estos 9 indicadores son: Condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, ocio y relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida.

A su vez estos se descomponen en otros. Por ejemplo las condiciones materiales de vida se descomponen en: Condiciones económicas (renta mediana, desigualdad, satisfacción con la situación económica del hogar), condiciones materiales (dificultad para llegar a fin de mes, carencia material, falta de espacio en la vivienda) y seguridad económica (incapacidad de hacer frente a gastos imprevistos, retrasos en los pagos) etc… Y así con el resto de las dimensiones. [9]

En este punto debo mencionar el art 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU que dice textualmente:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”[10]. Derechos esenciales para poder llevar una vida digna.

6. PROTECCION SOCIAL Y SISTEMA FISCAL

Las dos principales fuentes de ingresos que reciben los hogares son: Los salarios o rentas del trabajo y las transferencias públicas del sistema de protección social (pensiones, desempleo, subsidios). Por otra parte, está nuestro sistema fiscal, que ni recauda lo suficiente ni lo hace de manera progresiva.

España es el quinto país de la UE con un menor aprovechamiento de las transferencias públicas para redistribuir las rentas, estando muy por debajo de Alemania y países nórdicos, en los que la desigualdad se reduce a la mitad.

Tenemos una limitada capacidad redistributiva. Mientras que en Europa la reducción de la pobreza gracias a la protección social es del 33,2% según datos de Eurostat en 2016, en España es del 24,11%, por lo que nuestra capacidad de sacar a las personas de la pobreza es también muy limitada.

Como hemos mencionado en apartados anteriores, somos la quinta economía de la UE, pero no rescatamos a todas las personas que podríamos; convirtiéndonos en el séptimo país más ineficiente en la reducción de la pobreza sin alcanzar todo el potencial en la distribución de los ingresos.

La principal causa de esto es el dinero. Lo que se dedica a protección social está muy por debajo del resto de países de la UE, dejando a España en el decimotercer lugar. Aparte del dinero, la forma en la que se financian estas transferencias y la función que tienen, impiden un buen nivel de redistribución de ingresos.

La primera vía para financiar nuestra protección social es la vía contributiva, a través de las aportaciones a la Seguridad Social de trabajadores/as y empresas y la no contributiva, a través de los Presupuestos Generales del Estado. La primera nos permite financiar las pensiones o el desempleo. El acceso a las mismas y la cuantía vienen determinadas por lo que se ha contribuido en el mercado laboral. Cuanto mayor sean los años cotizados más se recibirá, por lo que se vuelven a reproducir desigualdades; dejando desprotegidas a aquellas personas que se encuentran fuera del mercado laboral. A pesar de que existen mecanismos para evitar que aparezcan desigualdades, como la limitación de las pensiones mínimas y máximas, complementos a mínimos, etc.., personas con bajos salarios, que no han podido trabajar, mujeres que han agotado el subsidio por desempleo, serán castigadas por un sistema de protección social contributivo. Para que esto no ocurra y no pese tanto lo que se ha podido aportar al sistema sino que se valore la necesidad real de los hogares, se deberían de aumentar los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado dirigidos a la protección social.

El segundo problema está relacionado con las funciones de estas transferencias. Lo que invierte el Estado para proteger a las personas en cuanto a enfermedad, desempleo, exclusión social, familia e infancia, pensiones, etc… es insuficiente; aun sabiendo el impacto que produce en la redistribución de ingresos y por consiguiente en la reducción de la pobreza. Con un 28,3% de pobreza infantil y más de medio millón de hogares sin ningún tipo de ingresos, España dedica un punto menos de PIB que la media europea en la primera y un 0,2% del PIB en la segunda. Además, esta inversión es meramente regresiva, mientras que la población más enriquecida recibe el 163,1% de la transferencia media, los hogares más pobres reciben el 54,4%.

6.1 OBJETIVOS DE MEJORA

1.- Ponerse como objetivo los niveles de la media europea para reducir la pobreza.

2.- Establecer un sistema de garantía de ingresos que no dependa de la disponibilidad presupuestaria, sino que sea un derecho subjetivo y esté regulado como tal. Un sistema que dé cobertura a todos los hogares en situación de vulnerabilidad donde las prestaciones sean suficientes para llevar una vida digna. Que eviten la llamada trampa de la pobreza permitiendo compatibilizarla con otras rentas y que se reduzcan los trámites y se evite la estigmatización de la persona que la recibe.

3.- Aumentar la protección social en exclusión social, infancia, vivienda y pensiones no contributivas.

6.2 SISTEMA FISCAL

La presión fiscal que es la suma de impuestos y cotizaciones a la S.S respecto al PIB, está por debajo de la media europea. Durante la crisis hubo una enorme disminución de los mismos, dejando a España en el octavo país de la UE con una presión fiscal del 34,5%, mientras que Francia e Italia contaban con un 48,4% y 42,4%. Se han podido recuperar los niveles anteriores a la crisis a costa de aumentar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tributo que afecta más a las familias; frente al Impuesto Sobre Sociedades (IS) soportado por las empresas. Si antes de la crisis el IS era del 22,3%, en el 2017 pasó a ser del 12%, reduciéndose casi a la mitad; mientras que en el caso del IVA, IRPF e impuestos especiales pasó del 74% al 83%.

Una de las principales causas de la falta de recaudación es el IS, ya que el diseño actual del sistema tributario es incapaz de evitar el fraude fiscal. A pesar que las empresas han recuperado los beneficios de antaño, se recauda menos que antes de la crisis.

En resumen, el sistema tributario español reduce en tan solo un 2,54% la desigualdad, en parte gracias al IRPF, ya que la imposición indirecta aumenta la desigualdad; por lo que debemos de construir un nuevo modelo fiscal redistributivo cuya carga se traslade más a la riqueza y al capital y no tanto al consumo y rentas de trabajo.

6.3 OBJETIVOS DE MEJORA

Para redistribuir la renta nacional debemos de aumentar el presupuesto público, llevando la presión fiscal a los niveles europeos. Además, el sistema impositivo debe de servir no solamente para costear las políticas públicas, sino que debe de cumplir una función redistributiva; ya que hasta ahora son las familias las que contribuyen al sistema fiscal en mayor proporción que las empresas. Por lo que deberíamos de:

1.- Alcanzar la media de presión fiscal europea.

2.- Diseñar un sistema fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen; trasladando la carga fiscal hacia la riqueza y beneficios empresariales. Para ello debemos de reformar el actual sistema de tributación de capital y trabajo, aumentar el IRPF de las rentas más altas, aumentar la tributación a la riqueza en impuestos al patrimonio, herencias y sucesiones, por el impacto que tienen en la desigualdad intergeneracional, revisar los incentivos fiscales sobre todo de las grandes empresas y aplicar el impuesto a las transacciones financieras.

3.- Diseñar un plan urgente contra el fraude fiscal, garantizando que las empresas paguen en función de sus beneficios, con sanciones para las que no lo hagan.

4.- Aplicando impuestos a la tecnología, fiscalidad verde (Oxfam, 2019)[11].

7. SISTEMA ACTUAL DE RENTAS

7.1. RENTAS MÍNIMAS O DE GARANTÍA DE INGRESOS

Son prestaciones económicas asistenciales, por lo que no se necesita periodo contributivo previo, con el fin de ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad y vulnerabilidad, que carecen de ingresos para cubrir sus necesidades más básicas. Es una renta condicionada a una situación de vulnerabilidad. Está compuesta por una prestación mensual fija y una variable en función de los miembros que componen la unidad convivencial. Como norma general, en España los/as beneficiarias deben de cumplir los siguientes requisitos, aunque cada CCAA establece los suyos propios.

1.- Estar empadronado y tener cierta antigüedad en la CCAA

2.- Carecer de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

3.- Haber agotado todas las ayudas y prestaciones que le puedan corresponder: Prestación por Desempleo, Renta Activa de Inserción, otros subsidios…

4.- Seguir un programa de inserción laboral o búsqueda activa de empleo como realización de cursos, etc..

Con el fin de conseguir que la incorporación al mercado laboral sea más atractiva que el cobro de la prestación. Por lo que la intención de su cobertura sería temporal y se mantendría mientras se ayuda a salir o a sobrellevar mejor esa situación de necesidad.

Tenemos derecho a vivir dignamente por el hecho de ser personas. La salud, la educación o la vivienda son servicios básicos que deben ser cubiertos independientemente de la capacidad económica que tengamos. El sistema de rentas garantizada te asegura unos ingresos mínimos.

En España es gestionada por cada CCAA pudiendo haber diferencias entre ellas, sobre todo en lo relacionado con su cuantía, causando una gran desigualdad entre las rentas mínimas autonómicas. En el País Vasco desde el año 2008 está formada por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES). Pero el gobierno se ha estado planteando reformar este sistema y endurecer más aun los requisitos para acceder a él. Aun así desde que se implantó, es el mejor sistema de rentas de toda España y de Europa aunque no haya cumplido con sus objetivos; ya que la pobreza aumentó en el País Vasco a pesar de las ayudas.[12]

El 27 de junio de 2019 se aprobó en el Parlamento Vasco la proposición de Ley para modificar la RGI presentada por el Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, con la abstención del Partido Popular. Una propuesta en la que establece que la cuantía para cubrir las necesidades básicas sea de 455€/mes; siendo el umbral de la pobreza de 858€/mes, por lo que equivaldría al 53% y el de la pobreza severa de 572€/mes, lo que equivaldría al 79,5%. Y todo eso sabiendo, que en los últimos diez años la pobreza severa ha aumentado en un 64,9%, y no es que el problema sea que no se ha incrementado el dinero destinado a estas rentas; sino que el problema es que se ha incrementado el número de personas en situación de pobreza y los requisitos para ser beneficiario de estas rentas. ¿Subsidio para pobres? ¿Se pueden cubrir las necesidades básicas con estas cuantías? La respuesta es que no. El 52% de las personas perceptoras de la RGI continúa en el umbral de la pobreza, demostrando la ineficacia de este modelo de rentas.[13]

Los sindicatos CCOO, UGT, ESK junto con distintos agentes y entidades sociales como CEAR, SOS Racismo, Cáritas, así como distintos colectivos, presentaron un manifiesto en Bilbao contra esta propuesta de Ley, en defensa de una RGI que acabe con la pobreza, pidiendo que se retirara o bien se modificara; ya que lo que se necesitaba era una reforma de mejora y actualización de la misma. Según datos aportados en el manifiesto, las mujeres ocupan el 55% de los casos de pobreza real, el 30% de la pobreza la recogen las familias monoparentales encabezadas por mujeres, el 8% de la población vive con menos de 541,27€/mes y el 22,4% viven con menos de 811,90€/mes. Además, según la EPDS del 2018, un 30,7% de hogares en riesgo no accede al sistema, bien por no cumplir con los requisitos, por falta de información u otros motivos, y un 51,56% que acceden no logran salir de la pobreza.

Entre las mejoras propuestas se encuentra:

1.- Revisar los criterios de acceso, así como las unidades de convivencia, para que las personas que se encuentran en situación de necesidad puedan acceder según la Declaración de Derechos Universales.

2.- Revisar las cuantías y recuperar los recortes, además de tener en cuenta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Que la cuantía sea suficiente para salir de la pobreza.

3.- Que sea claro, sencillo, transparente y sin lugar a interpretaciones.

4.- Prestar especial atención a los sectores de la población más vulnerables como mujeres, pensionistas, discapacitados, refugiados y apátridas.[14]

7.2 LIMITACIONES DE LAS RENTAS MÍNIMAS

1.- La cobertura no es completa

Parte de los posibles beneficiarios/as se quedan fuera del sistema. Muchos/as porque no saben que tienen derecho a acceder a dichos subsidios, otros/as porque los trámites son complejos y heterogéneos, miedo a la estigmatización, prefieren buscar trabajo y mientras lo buscan prefieren no pedirla, tienen miedo a pedirla porque piensan que la Administración les va a quitar a los hijos, etc. “no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, ha fallado el modelo en sí” (Uribarri, 2015)

2.- Limitaciones presupuestarias

La cantidad que se presupuesta es insuficiente para abarcar a todas las personas que lo necesitan. Ese presupuesto no es fijo, por lo que cada institución decide cómo destina los mismos. El déficit presupuestario originado por la crisis del 2008 ha causado una reducción en los presupuestos para estas prestaciones; por lo que será difícil cumplir con el objetivo de reducción de pobreza y redistribución de la riqueza si se contiene el gasto público.

3.- Altos costes administrativos

El primero es el de la comprobación de todos los requisitos, ya que se trata de una prestación condicionada, y el segundo sería el control periódico de esas condiciones; convirtiéndose casi en perseguidores de estos/as beneficiarias en vez de colaborar con ellas. Desde que se solicita hasta el fin de la prestación, el/la beneficiaria debe de aportar multitud de detalles de su vida y de las de su familia que roza lo inconstitucional. Esto muchas veces hace que desistan de su solicitud o que abandonen en medio del proceso. Todo esto conlleva un alto coste para la Administración.

3.- Ineficacia: No cumple con el objetivo de eliminar o reducir la pobreza.

4.- Desprotección temporal

Desde el momento en que se inicia el trámite hasta que se recibe la prestación, transcurre un tiempo en el cual se encuentran desprotegidos/as. Además hay que sumarle el retraso que sufren en ocasiones debido al requerimiento de diversa documentación complementaria una vez ya la han presentado.

5.- Trampa de la pobreza

Estas prestaciones no son acumulativas, sino que complementan a otras rentas que la unidad familiar pudiera tener hasta llegar a la cuantía fijada; por lo que se puede ver reducida por los ingresos percibidos por la obtención de un empleo u otras vías. Esta imposibilidad de cobrar dos rentas al mismo tiempo, nos lleva a la trampa de la pobreza que como bien define (Raventós, 2000) es “La penalización que comporta el aceptar por parte del beneficiario de un subsidio condicionado un trabajo remunerado”. Esa penalización es la reducción de la cuantía de la prestación.

Los/as beneficiarias se ven en la tesitura de aceptar un empleo o seguir cobrando la prestación; ya que si ésta se va a ver reducida por los ingresos percibidos por ese trabajo y estos ingresos son menores que la cuantía de la prestación, no compensa. Es decir, aceptarás el empleo cuando los ingresos que recibas sean superiores a la prestación que pierdes, cuando tu situación no sea empeorada ya sea en términos económicos como en términos personales (horarios, desplazamientos…) Esto supone un desincentivo en la búsqueda activa de empleo, aumentando la aceptación de trabajos precarios (parcialidad, mal pagados) para poderlos complementar con la prestación y un estímulo a la economía sumergida, aceptando trabajos en negro para poder cobrarla íntegra, incentivando así el fraude fiscal; aunque esta última tiene menor incidencia, ya que no se tiene en cuenta para el subsidio por desempleo o las pensiones de jubilación. El empleo ya no es condición suficiente para salir de la pobreza.

Y esto es tan evidente que se ha comenzado a flexibilizar esta incompatibilidad con políticas de activación y bonificación del empleo, como la llamada “estímulo al empleo” donde si aceptas un trabajo ya sea a jornada parcial o total y la cuantía no alcanza unos límites fijados, se te compensa con una prestación complementaria a tus rentas de trabajo. No sería una reducción literal de la cuantía que te correspondería como sucede con el resto de las rentas no procedentes del empleo.

6.- Estigmatización

El hecho de reconocer públicamente que te encuentras en una situación de necesidad o carencia te estigmatiza socialmente ya que se ve agravado con la culpabilidad de llegar a esa situación por vagos, irresponsables, perdedores. Los sistemas de control desconfían y los culpan de ser responsables de su destino. Este sometimiento y humillación estigmatiza aún más si cabe a la persona solicitante. El miedo a ser tratados/as de esta manera por parte de la sociedad y las Administraciones hace que muchos de los/as posibles beneficiarias abandonen el sistema.

Como contraposición a estas prestaciones de cobertura temporal y transitoria, con elevados requisitos para el acceso, que al final no logran cumplir con sus objetivos, y viendo como además de las elevadas tasas de desempleo, el trabajo asalariado tampoco te garantiza el salir de la pobreza; surge como alternativa una Renta Básica Universal, con el fin de aliviar la pobreza y exclusión social.[15]

8. HACIA UNA RENTA BASICA UNIVERSAL

8.1. CONCEPTO

Cuando hablamos de RBU nos referimos a “un pago periódico, individual e intransferible. Es universal e incondicional, es decir: Se le distribuye a toda la población independientemente de la edad, raza, género, origen o condición socioeconómica o laboral. No está atada a ningún estatus económico o laboral, ni a un determinado nivel de renta”.[16]

Se trata de un ingreso pagado por el estado, como un derecho de ciudadanía por el mero hecho de ser residente de una sociedad, aun si no se trabaja de forma remunerada. No se tienen en cuenta las rentas ni la unidad convivencial. Son cuatro los elementos que la definen:

1.- Incondicionalidad: No se requiere el cumplimiento de ninguna condición. No se debe de cumplir con ningún requisito.

2.- Universal: Todas las personas tienen el derecho a recibir esta prestación.

3.- Individual: Derecho como individuo independientemente de con quién convivas, de tu estado civil, de tus ingresos familiares o personales.

4.- Suficiente: La cantidad mínima tiene que estar por encima del umbral de la pobreza atajando así la pobreza material.

La RBU se plantea como un complemento al estado de bienestar, como puede ser la educación, la sanidad y nunca como un sustituto de éste. Se trata de mejorarlo no de suplantarlo.

En España estamos hablando de un importe mensual superior al umbral de la pobreza de entre 700 y 800 euros, eliminando así el subsidio por desempleo y las pensiones inferiores a dicho importe, es decir; todas aquellas rentas percibidas que fueran de inferior cuantía a la RB se sustituirían por esta.

“Se necesita diseñar un planteamiento integral contra la pobreza que actué en todos los ámbitos (empleo, sanidad, servicios sociales..)”[17]. Por tanto, la RBU se convierte en una herramienta imprescindible para atacar esta situación, cuyo objetivo es el de cubrir las necesidades básicas de las personas, es decir, garantizar la existencia material de toda la población de manera incondicional. [18]

8.2 DIFERENCIA CON LAS RENTAS CONDICIONADAS

Mientras las rentas actuales actúan una vez aparece el problema (escasez de recursos), la RB actúa antes de que aparezca el estado de necesidad.

Se caracteriza por su sencillez y homogeneidad, eliminando los exhaustivos controles y reduciendo así los costes administrativos. Se trata de una prestación económica automática, llegando a toda la ciudadanía; por lo que los errores de cobertura desaparecerían. No estaría sujeta a ningún condicionante presupuestario puesto que puede ser financiada a través de una reforma fiscal. Al ser un derecho de ciudadanía, evitaría la estigmatización social, al no haber distinción entre los beneficiarios debido a su universalidad. Al ser compatible con otras rentas no sería ningún desincentivo para el empleo, lo que no nos llevaría a la trampa de la pobreza. Su cuantía al estar por encima del umbral de la pobreza, garantiza la existencia material de las personas, convirtiéndose en una solución para la pobreza extrema y un alivio para la relativa.[19]

8.3 EXPERIMENTOS Y VIABILIDAD

En los últimos años son muchos los debates y estudios sobre la RBU. Uno de los motivos es debido a los distintos proyectos piloto que se han llevado a cabo en países como Finlandia, Holanda, Escocia, Francia, Estados Unidos, Canadá, India, con muy buenos resultados; aunque muchos de ellos no cumplen con los parámetros básicos de la RBU como la universalidad y la incondicionalidad. En la India se realizaron experimentos en el año 2011-2012 entre distintos grupos de población durante 18 meses, mejorando así sus condiciones de vida. En Finlandia se llevó a cabo en los años 2017-2018 entre la población desempleada que se encontraba recibiendo una prestación por desempleo en el momento de realizar el experimento. También obtuvo resultados favorables pese a no ser un ingreso muy alto. Y con un modelo que funciona desde hace más de 40 años se encuentra Alaska, que creó un fondo de inversión con los beneficios de las compañías petrolíferas y los distribuye entre la población; consiguiendo con ello ser el segundo país con menor desigualdad, con una pobreza menor que el resto y uno de los países más ricos.

Aun así, estos proyectos pilotos no nos permiten observar cómo se comportarían las personas si tuvieran la existencia material cubierta durante toda su vida, ni cuál sería el efecto a largo plazo en el mercado laboral; ya que son limitados en el tiempo y no se realizan sobre el total de población. Pero sí que en todos ellos, se observa el hecho de que tener temporalmente un ingreso reduce el nivel de estrés en las personas, mejorando su salud mental y aportándoles un mayor bienestar y felicidad.

Existen numerosos estudios sobre la financiación de la RBU. Encontramos un ejemplo en Cataluña donde se realizó un proyecto de financiación en base al IRPF del 2010. En Guipuzkoa se hizo lo mismo en el 2013 aportando resultados similares.

Lo que trataba de demostrar este estudio era con datos reales que era financieramente viable. Los criterios que utilizó fueron los siguientes:

1.- La cantidad transferida era igual o superior al umbral de la pobreza y no estaba gravada por el IRPF.

2.- Dicha cantidad sustituye a todas aquellas prestaciones públicas de inferior cuantía. En caso de ser superior debería ser complementada.

3.- Se seguirán financiando servicios como la sanidad o educación sin verse afectados.

La cantidad que se obtuvo era de 622,5€/mensuales para los mayores de 18 años y un 20% de dicha cantidad (124,5€/mensuales) para los menores. Esta cuantía corresponde al umbral de la pobreza en 2010, aunque hay que señalar que para el 2017 los datos no variarían mucho.

Lo más relevante de este estudio es la gran redistribución de la renta del 20% más rico al resto de la población, reduciendo considerablemente la desigualdad en las rentas; situando el Indice de Gini en 0,25% nivel parecido a los países nórdicos.

Hablamos de un modelo de financiación basado en una reforma radical del IRPF, donde el dinero saldría de: La reforma en profundidad del actual IRPF, del ahorro de las prestaciones monetarias que serían suprimidas con la RBU (subsidio por desempleo etc..) y de nuevas medidas fiscales (fiscalidad ambiental y digital). Una reforma fiscal progresiva y redistributiva, con una mayor fiscalidad en el porcentaje de los más ricos.

Y es que ya lo decía Adam Smith (1776) en su libro La riqueza de las naciones, donde hablaba de controlar el poder de los ricos y así establecer una perfecta justicia, libertad e igualdad. “Allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”.[20]

En 2016 la empresa Dalia Research realizó una encuesta entre 28 países de la UE para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la introducción de una RBU. Un 64% estaban a favor, un 24% en contra y el 12% no votó.[21]

En mayo de 2020 la organización Redrentabásica ha realizado una encuesta en España, donde muestra que el 56% de la población española están a favor de una RBU como derecho de ciudadanía; siendo la juventud quien más de acuerdo está y, en cuanto a género, los hombres presentan un mayor desacuerdo. Es bien acogida en hogares con pocos ingresos y entre la población que busca empleo de manera activa. En cuanto a la duración de la misma, nos encontramos con un 38% que piensa que debería de estar presente durante el periodo de alarma y hasta un máximo de 6 meses, frente al 31% que considera que debe de ser permanente. En cuanto al mercado laboral, la población activa no dejaría de trabajar, pero se centraría en la familia y disfrute del tiempo de ocio y los inactivos seguirían buscando empleo.[22]

Por lo que queda demostrado que los obstáculos a la Renta Básica no son económicos ni sociales sino políticos.

En España esta medida formó parte de los programas electorales de Podemos y Ciudadanos en el 2015-2016, pero sin mayor repercusión. En el marco internacional, el Comité de Empleo del Parlamento Europeo ya había recomendado a todos los países miembros establecer una renta mínima o fortalecer las ya existentes. Aunque se esté hablando de una renta mínima condicionada, puede ser un buen comienzo.[23]

Además en 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había aprobado con 48 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones, establecer en cada país miembro un debate sobre la RBU y la forma de financiarla. A todos los países se les había pedido que mejorasen sus sistemas de rentas a través de las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales para garantizar una vida digna para toda la población; especialmente para los más vulnerables, como niños/as, jóvenes, ancianos/as, discapacitados/as, enfermos/as… Y es que España ni siquiera cumple con los requisitos establecidos en la Carta Social Europea (2000) y así se lo ha hecho saber el Comité Europeo de Derechos Sociales. Esta recoge una serie de derechos (31) en torno a los problemas sociales como la protección de niños y adolescentes, derecho a la Seguridad Social, protección social, jurídica y económica de la familia, igualdad de oportunidades en la ocupación por razón de género y así hasta 9 derechos que se consideran el núcleo de todos ellos. De estos nueve deben de elegir 6 de ellos como mínimo, por lo que la flexibilidad de poder elegir derechos nos deja un campo muy amplio para la no actuación.

El objetivo de la APCE no es el de mejorar el sistema de rentas garantizadas, sino el de introducir una RBU para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas de manera más eficaz que con el sistema de protección actual. Esperemos que sea el momento este de que las instituciones sigan estas recomendaciones.[24]

9. EFECTOS EN EL MERCADO LABORAL

9.1 INTRODUCCION

Nos encontramos con un mercado laboral cada vez más inestable e inseguro, donde el modelo antiguo del trabajo fijo, para toda la vida, a jornada completa, ha desaparecido. La economía capitalista y la última crisis no han hecho más que empeorar el panorama. Los/as trabajadoras han perdido su libertad para poder negociar y decidir, aceptando condiciones laborales cada vez más precarias. Si a esto le sumamos la crisis que estamos viviendo actualmente, vemos la necesidad de un respaldo económico urgente para todos. El empleo no garantiza el sustento de la vida, no se puede sostener solamente con las rentas de trabajo.

La transformación del modelo fordista, el aumento del trabajo informal y de la economía sumergida en determinados sectores unido a la transformación tecnológica; hace que exista una amenaza real de reducción de empleos y aumento de la desigualdad. No hay empleo para todos/as y la auto-ocupación es arriesgada. Son tiempos difíciles para emprender y mantener un negocio.

En un país donde el 1% más rico posee más riqueza que el 99% restante de la población, es difícil pensar en libertad para poder decidir de qué manera queremos participar en el mercado laboral. Es aquí donde la RB juega un papel importante. El efecto emancipador de la RB nos da la idea de que el trabajo remunerado no es condición indispensable para una vida digna ni la única opción para poder subsistir. [25]

9.2 EMPLEO Y SALARIOS

En la sociedad actual, el empleo es la principal fuente de ingresos. La primera fuente de desigualdad se origina en este punto, en el acceso al empleo, siendo las mujeres, los jóvenes y los parados de más de 45 años no cualificados los colectivos con mayores dificultades. Además, hay que sumarle la desigualdad salarial, con un descenso del salario por hora trabajada, superior en los jóvenes, donde la temporalidad y parcialidad ha aumentado considerablemente.

El desempleo, el descenso salarial y la precariedad del empleo han supuesto un aumento de los llamados “trabajadores pobres”, llegando en 2016 al 13% de los trabajadores que viven por debajo del umbral de la pobreza. España se encuentra en el tercer país después de Rumanía y Grecia con mayor número de trabajadores pobres. (Martín, José Moisés, 2019)[26]

Hay quienes piensan que percibir un ingreso no ganado llevaría a las personas a trabajar menos e incluso podrían reducir su participación en el trabajo remunerado al percibir ese ingreso adicional; sin embargo, los/as defensoras de la RBU argumentan que precisamente el contar con ese ingreso incondicional, permitiría rechazar trabajos mal pagados y condiciones laborables abusivas.

Recordar que una de las ventajas que tenía la RB frente a las Rentas condicionadas era que evitaba la trampa de la pobreza, ya que no se perdía la prestación por el empleo. Según (Gimeno, Juan, 2019)[27] “la obtención de una renta no desestimula obtener ingresos adicionales”. Hay que añadir que la cuantía de estas rentas es suficiente para cubrir las necesidades vitales pero la mayoría de las personas no se conformarían con una renta e intentarían mejorar su situación, por lo que los efectos sobre el trabajo remunerado serían mínimos.

En cuanto a los salarios, las empresas podrían reducir los mismos, al ver estas rentas como un subsidio o un complemento al empleo; pero también los/as trabajadoras podrían rechazarlos al tener más libertad y poder ser más selectivos/as. Ya no se verían en la casi obligación de aceptar lo que hay en el mercado laboral, porque si no lo aceptas, puede que no encuentres nada mejor o nada. Se exigirían unas condiciones laborales óptimas y se rechazaría todo lo precario. Como bien dice (Reitter, Karl, 2020)[28] “una renta básica permite decir “no”. Si la necesidad cae, el trabajo desagradable debe estar mejor pagado y/o las condiciones de trabajo deben ser mejoradas”

El poder de negociación aumentaría. Al contar el/la trabajadora con un ingreso mínimo, las condiciones en el marco negociador darían un cambio importante. Desaparecería la figura del trabajador/a necesitada de recursos y del empresario/a cuyo único objetivo era el beneficio. Existiría un equilibrio mayor que el actual entre ambas partes.

En cuanto a la reducción de jornada, los/as trabajadoras podrían decantarse por una reducción de las horas de trabajo y emplearlas en trabajos no remunerados pero necesarios para la sociedad, como es el trabajo de cuidados, voluntariado, etc…

También podría ser un estímulo para la creación de empresas y el autoempleo; ya que la suma de capitales aportaría esa seguridad que actualmente no existe y ayudaría en ese camino de transición que sufren las empresas desde el inicio de la actividad hasta su consolidación.[29]

El emprendimiento a su vez parece una salida a ese desempleo y empleo precario, pero hay que tener cuidado, porque nos puede llevar a una pobreza aún mayor y de manera más rápida.

Debemos de pensar que el empleo no es la única manera de inclusión social y pensar en todas aquellas personas que no van a poder acceder a él en lo que les resta de vida. El capitalismo ha mercantilizado el trabajo y mientras no se le dé otro enfoque, seguirá siendo el motor de nuestra sociedad; por lo tanto más que una salida es parte del problema actual.[30]

La RBU sería una de las mejores políticas que hay hoy en día de flexibilización del mercado laboral, incentivando el empleo temporal y parcial, sin que ello conlleve a la precariedad y pobreza. Esto contribuye a un mejor reparto del trabajo además de aportar un mayor reconocimiento a trabajos no remunerados; convirtiendo el empleo a tiempo parcial en una opción libre, no como sucede actualmente.

Es absurdo pensar que una renta básica acabaría con el desempleo o te garantizaría un trabajo estable y de calidad, pero si te daría la oportunidad de encontrar un trabajo en esas condiciones, además de activar aquellos sectores más precarios con trabajadores/as no cualificadas, aumentando sus posibilidades de empleo.[31]

9.3 PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RBU

La RB sería un buen medio para ayudarnos en el camino a la igualdad. El hecho de percibir un mínimo vital hace que las mujeres estén en mayor paridad con los hombres. Ello conllevaría una ruptura del marco tradicional donde son las mujeres las que concilian, quedando al margen de sus expectativas profesionales. Les daría el poder de decidir sobre su futuro, bien por una inserción laboral compatibilizada con la vida familiar, bien por una formación para su desarrollo profesional o bien por el cuidado, pero contando con ese apoyo económico que las hace libres dentro y fuera del hogar; ya que son las trabajadoras del hogar las que tienen más posibilidades de realizar trabajos involuntarios a tiempo parcial. En definitiva, las dotaría de una mayor autonomía, sobre todo a las más precarias.

En los años 60-70 del siglo pasado se luchó por la emancipación de la mujer fuera del hogar, ya que una renta significaba independencia y libertad para ellas. Se mostró el rechazo a mantenerse encerradas en el hogar y se abogó por la igualdad de oportunidades en el trabajo y en la vida. También en círculos feministas se luchaba por un salario para las amas de casa, dando valor y visualización a los trabajos domésticos y de cuidados.

Actualmente ya no es sólo el marido el que sostiene la familia. En ocasiones se necesitan dos salarios para subsistir. Lejos de aquella emancipación vivimos una realidad que se maneja entre empleos precarios y trabajo no valorado ni remunerado. Por desgracia es así, los empleos feminizados son los más castigados.

La brecha salarial sigue estando ahí y los complementos salariales siguen siendo mayores para los hombres, debido a que dedican un menor tiempo a los cuidados y tienen una mayor disponibilidad. Y es que son las mujeres las que tienen más probabilidades de tener un trabajo con peores condiciones laborales y baja remuneración que los hombres. Una renta básica contribuiría a equipar esas desigualdades económicas.

Del mismo modo las familias monoparentales tienen un mayor riesgo de pobreza. La privación material, la dificultad para llegar a fin de mes, etc, está afectando a su bienestar físico y psicológico. Una renta las dotaría de mayores recursos para salir de ella.

El miedo de algunas feministas es que se acentúe todavía más el rol de género si muchas mujeres optaran por el trabajo doméstico, sin embargo otras lo ven como una medida de empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral y familiar.

En un estudio de la socióloga Catherine Hakim en 2012 se preguntaba a las mujeres sobre lo que deseaban, y demostró que el 60% deseaba compaginar vida familiar y profesional incluso recibiendo la renta; con una fuerte motivación para el desarrollo profesional, empresarial o artístico. Solamente el 10% se dedicaría al hogar.

Atrás deben de quedar esas vidas con ingresos bajos, esos empleos que incluso son dañinos para la salud pero que a cambio de una prestación por desempleo se hace lo que se puede, esa vida agotada de cuidados. Por ello es fundamental garantizar la subsistencia básica de las mujeres.[32]

10. IMPACTO DEL COVID-19

Según la OIT los efectos que tendrá en el mercado laboral el Covid-19 van a ser peores que los de la crisis financiera del 2008. Sectores como el comercio, hostelería, restauración y turismo van a ser los más afectados debido a la paralización que sufrieron por el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

No se pueden aportar datos oficiales exactos ya que todavía estamos inmersos en esta pandemia, pero ya en marzo las cifras apuntaban a más de 900.000 personas que perdieron su trabajo y medio millón de autónomos/as que solicitaron la ayuda del gobierno. También señalar que hay miles de trabajadores/as que han sido despedidas aprovechando que se encontraban en periodo de prueba y otras se encuentran de baja por contagio del virus. Todo esto ha llevado a la economía del país y al mercado laboral a un auténtico caos.

Las medidas adoptadas iban dirigidas principalmente a apoyar a las empresas, proteger a los trabajadores/as y estimular la economía; aparte de las medidas sanitarias que tuvieron que establecerse, como el confinamiento radical de la población para reducir el número de muertes y contagios.

Ante esta situación se deben de analizar qué políticas son necesarias para reducir los efectos negativos que pudiera tener esta crisis en la economía, así como las medidas para activarla.

Es fundamental que la población trabajadora o la que no lo es reciban unos ingresos mínimos para poder sobrellevar esta crisis, ya que muchos de ellos están fuera del sistema de protección social. No se puede pedir a las personas que se queden en casa sin ningún ingreso. Además, están aquellos colectivos en los que esta crisis les está causando un empeoramiento de su ya situación de vulnerabilidad; como personas sin techo, sin recursos, empleadas del hogar …

En cuanto a los/as autónomas, se debe dar un mayor apoyo a la pequeña empresa, por las dificultades que va a tener en sobrevivir a esta crisis y en las grandes se garantizará el mantenimiento del empleo y la actividad.

El Gobierno pondrá en marcha a partir del 01 de Junio de 2020 una Renta Mínima Garantizada o Ingreso Mínimo Vital de entre 462 euros y 877 si se trata de un matrimonio con dos hijos, para las personas que hayan visto disminuir sus ingresos a causa del coronavirus o que carezcan de ellos con anterioridad. Los efectos socioeconómicos de esta crisis sanitaria van a ser graves, ajustes de plantillas, despidos, reducciones de jornada, no renovaciones de contrato, etc. por lo que se necesita reforzar nuestro sistema de protección social en estos momentos de emergencia; aparte de proteger el empleo y reactivar la economía una vez acabemos con la pandemia.

Hasta el momento, el Gobierno ha ido aplicando medidas en función de la evolución de la pandemia; tratando de parchear una situación que no deja de ser crítica para todos los sectores (autónomos/as, trabajadores/as, desempleados/as…). Las empresas se vieron obligadas a tramitar de manera inmediata un expediente de regulación temporal de empleo o ERTE total o parcial. Estamos hablando de unas 450.000 empresas solicitantes. El resto de los/as autónomas se alarmaban de la poca o escasa actividad que tenían debido al parón económico inicial; por lo que tuvieron que sumarse posteriormente al ERTE. Subsidios para los/as trabajadoras afectados por el ERTE, empleadas del hogar, desempleados/as o para aquellos/as que hubieran perdido su trabajo debido a la pandemia. Prohibición del despido, suspensión de desahucios y cortes en los suministros, aplazamientos en las hipotecas y alquileres son algunas de las medidas tomadas por el Gobierno. Prestaciones económicas también para los autónomos/as, exoneraciones en cuotas y seguros sociales, bonos eléctricos etc…

Una de las cosas que hemos aprendido de la crisis anterior, es lo que no debemos hacer para no cometer los mismos errores. El ingreso que plantea el gobierno no deja de ser otro subsidio condicionado a unos requisitos que vuelven a dejar a personas fuera del sistema, y es que con este tipo de rentas no se abarca lo que se tiene que abarcar. Este es un buen momento para la reflexión y para admitir que algo no funciona. La sociedad tal y como está estructurada se cae por su propio peso. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de protección social y dotarlo de herramientas realmente eficaces que actúen de manera permanente y no temporal, que abarquen a todos los ciudadanos previniéndolos de una situación de vulnerabilidad. He aquí la implantación de una RBU.[33]

España no se había recuperado de la crisis del 2008 y el Covid19 ha empeorado los datos sobre pobreza y desigualdad. El Consejo General de Trabajo Social ha elaborado un informe el 21 de mayo de 2020 ante la situación post-Covid19. Si bien entienden que un IMV es necesario en estos momentos de urgencia, ven la necesidad de consolidar una RBU como derecho subjetivo, con el objeto de reducir la pobreza y desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas. El sistema de protección actual está obsoleto y ha fracasado, por lo que se debe avanzar hacia un estado de bienestar propio del S. XXI abogando por la transformación de los Sistemas de Protección Social de la Seguridad Social y de Empleo; considerando que las rentas no deben de estar condicionadas a una intervención social.

El Gobierno ha aplicado medidas para las empresas y sus trabajadores/as, pero ha dejado para el final a los/as más desprotegidas y necesitadas, ocupándose los Servicios Sociales y ONGs de ellas. Lo que no se entiende es que el gasto destinado a este sector de la población es mucho menor que las ayudas derivadas a los autónomos/as. Mientras que las empresas y autónomos/as pueden acogerse a las ayudas con la única condición de sufrir una reducción de ingresos, el IMV está condicionado a unos requisitos mayores, además de aplicarse por unidad convivencial, no así en los autónomos/as, y es que mientras una persona para ser ayudada tiene que demostrar de manera exhaustiva una carencia de ingresos, los autónomos/as y empresas que pueden tener ahorros o incluso un patrimonio más relajado no.

Los Servicios Sociales solicitan el apoyo político y la aceptación social para llegar a una RBU que esperan sea la meta de un camino iniciado por el IMV.[34]

Igualmente, en el mes de mayo de 2020, personas del mundo académico de Euskal Herria, asi como adhesiones individuales y organizaciones sindicales como Ela, Lab, Esk y Steilas han firmado un manifiesto con el objeto de proponer unas líneas de actuación para poder avanzar después de esta crisis hacia un modelo socioeconómico sostenible. En una de sus medidas a adoptar menciona la RBU diciendo,

“En el marco del establecimiento de una RBU, se ha de desarrollar un sistema de cuidados donde las personas estén en el centro, reconociendo nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Partiendo de ahí, el modelo económico debe ir dirigido a asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales por parte del tejido productivo que aseguren la salud y bienestar de la población, apostando por lo público y el bien común y minimizando la dependencia respecto al mercado global, volátil y especulativo”.[35]

11. PYMES, AUTONOMOS/AS Y EMPRENDEDORES/AS

El tejido empresarial de la comunidad vasca está formado por pymes y pequeñas y medianas cooperativas. Las pymes ocupan el 90% de ese tejido con un perfil productivo tradicional, donde las actividades manufactureras clásicas son de gran importancia. Son responsables de la creación de la mayor parte del empleo existente, jugando un papel muy importante en nuestra sociedad. Constituyen el 99% del total de empresas en España, empleando a un 91% de la mano de obra, lo que supone los 2/3 del PIB, siendo por ello un elemento esencial de nuestra economía.

Se caracterizan por su flexibilidad, por su capacidad relacional, ya que conocen de una manera más cercana su entorno de actividad, sus clientes, sus proveedores, su comunidad y por su capacidad de adaptación a las necesidades que van surgiendo en un entorno cambiante.[36]

La capacidad de construir tu propio futuro como organización o sociedad permite desarrollarte y crecer siendo el protagonista de tu futuro.

Vivimos en un mundo globalizado donde los cambios (tecnológicos, climáticos, demográficos, etc..) tienen un gran impacto en nuestras empresas, pudiendo transformar el futuro de las mismas. Las tecnologías digitales, el acceso a la información y a los recursos es cada vez mayor, dando lugar a nuevos modelos de negocio, siendo la comunicación más fácil y rápida, promoviendo la inclusión social y siendo una fuente de crecimiento e innovación donde el foco principal es el cliente. Gracias a internet y a una tecnología más barata nos hemos convertido en innovadores potenciales.

Muchas empresas que hasta el momento eran muy competitivas se han visto amenazadas por los cambios acontecidos, cambios en los hábitos de comportamiento y consumo o por nuevos competidores en el mercado, por lo que es fundamental evolucionar en la forma de innovación. Todos hemos visto como en estos tiempos de crisis muchas han sido las empresas que han emergido, empleando la creatividad y poniendo de manifiesto su responsabilidad social. Se convierten en agentes activos gracias a su espíritu emprendedor.

Para que estas puedan desarrollarse y garantizar su supervivencia necesitan de financiación, subvenciones, incentivos fiscales…ya que enfrentarse a las amenazas del cambio conlleva un alto riesgo. Dado el impacto que causan en el sistema económico y social, el Gobierno y las Administraciones públicas deben de colaborar en la creación y desarrollo de las empresas, allanando el camino, principalmente en sus inicios, instaurando políticas y estrategias de apoyo a las mismas.[37]

El 27 junio se decidió declarar el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas debido a su importancia en la economía global y por su contribución al desarrollo sostenible. Aparte de ser generadoras de empleo e ingresos, actúan en la reducción de la pobreza y fomento del desarrollo; ya que emplean a trabajadores/as procedentes de sectores precarizados de la sociedad como mujeres, personas sin ingresos, jóvenes…

Son claves en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 9 (industria, innovación e infraestructura). Facilitarles el acceso a la financiación (metas 8.3 y 9.3) es fundamental para la consecución de los mismos.[38]

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.

3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen a las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover las industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor y los mercados.[39]

Los principales motivos de baja de un trabajador/a autónoma son económicos en el 75,4% de los casos y en el 16,7% encuentran un trabajo asalariado en mejores condiciones. Muchos de ellos/as tienen dificultades para pagar la cuota de autónomos y los elevados impuestos. De entre ellos/as, 1/3 llevaba trabajando entre 1 y 3 años y un 17% más de 10 años.

Más del 77% cotiza por la base mínima y más del 75% no tiene ningún/a trabajadora asalariada y en caso de tenerlas oscilarían entre 1 y 4. Emprender no es tarea fácil y muchos de ellos/as no encuentran ninguna ayuda por parte de la Administración. Además, se encuentran desprotegidos/as en cuanto a desempleo, jubilación, enfermedad…dificultando más la tarea de emprender. Es más, la mayoría se sienten desprotegidos/as por Mutuas y Seguridad Social, teniendo miedo a coger una baja laboral, apenas solicitando el desempleo y recurriendo a planes privados de pensión.[40]

Saber que tenemos un colchón de ingresos mínimos como una RBU para hacer frente a las necesidades permitiría poner en marcha nuestras actividades profesionales, artísticas o profesionales con una mayor seguridad; por lo que la RB abriría el camino al emprendizaje sirviendo de instrumento para generar iniciativas emprendedoras.

12. POBREZA CULTURAL

El ser artista no es fácil. En ocasiones se trabaja con altas dosis de incertidumbre e inseguridad en el ámbito laboral. Pero hay que proteger el talento. De él surgen artistas emprendedores que aprovechando sus habilidades y conocimientos, invierten en su futuro llevando su obra al ciclo productivo, ayudándose de financiación pública y privada en su objetivo de insertar la creatividad en nuestra sociedad. Tarea difícil para esta profesión, ya que son muchas las dificultades y barreras con las que se encuentran los/as artistas.

Esta actividad se desarrolla mayormente como proyectos propios, ya que muestra una falta de absorción por parte de las administraciones para realizarla por cuenta ajena; teniendo la primera actividad artística/creativa/cultural relación con las artes visuales.

Muchos/as de nuestras artistas realizan trabajos no remunerados que aceptan por no abandonar su profesión. Según el estudio realizado en el proyecto de investigación INNOCRE2 de la Universidad del País Vasco para evaluar los problemas que tienen los/as egresadas en el desarrollo de su carrera profesional, uno de ellos era la escasez de ofertas en el sector, unida a la falta de financiación y equipamiento para poder emprender y también para especializarse profesionalmente; ya que aparte de la iniciativa propia se necesita la colaboración de la administración y distintos agentes; por lo que hay que destacar el perfil emprendedor de este oficio y la gran precariedad que lo rodea, ya que suelen trabajar como autónomos/as dentro de empresas y organizaciones.

En cuanto a las prácticas que realizan suelen ser de manera no remunerada. El talento es desaprovechado y no se valora la capacidad y el potencial que tienen.[41]

El pasado 4 de mayo más de mil profesionales del sector cultural, firmaron un manifiesto en defensa de una RBU como la mejor política cultural posible.

Una RB mejoraría la vida de las personas en general y las condiciones de las prácticas artísticas y culturales, siendo contrarios a otro tipo de renta para la cultura u otro sector.

En el manifiesto queda presente la precariedad que sufre este sector, donde muchos/as trabajadoras no llegan a cobrar ni 6.000€/anuales, realizando trabajos en malas condiciones. Una RB ayudaría a tener una vida digna, lejos de este condicionamiento laboral, ayudando a aquellas personas desempleadas, trabajadores/as precarias o aquellos/as que realizan tareas culturales, por encima de cualquier medida cultural.

Una RB supondría tanto en el sector cultural como en otros, una mayor autonomía, libertad para decidir y capacidad negociadora.

En el manifiesto también queda presente la idea de la función que tiene la cultura, entendiendo que es imposible llegar a ella si la sociedad no tiene unas buenas condiciones de vida; ya que si no sería consumida sólo por los grupos más elitistas. También manifestaron que la RB no es ninguna panacea y que debe de funcionar en conjunto con otras medidas y en ningún caso aprovecharse de ella para eliminar otros recursos sociales. En resumen, la razón por la que consideran que una RBU debe de implantarse es porque:

“Favorece directamente a las personas que lo necesitan, y no se distrae en las estructuras, como hacen tantos sistemas de financiación públicos, que se pierden en un flujo de riqueza que supuestamente va de arriba abajo pero nunca llega abajo, y en el que tantas veces se consolidan las desigualdades y se acaba beneficiando a los que menos lo necesitan”.[42]

El pasado 28 de mayo presentaron una Carta al Consejo Vasco de la Cultura ante la crisis sanitaria que estamos viviendo y que afecta a todo el sector cultural, pero en mayor medida al de artes plásticas y visuales. Un sector con gran precariedad y serias dificultades. Ya se vio en la crisis del 2008 como el sector de la cultura es uno de los primeros sectores en sufrir recortes. Con esta carta reivindican el valor y la función social que supone la cultura.

Las ayudas que reciben son insuficientes y no llegan a las personas, especialmente a los proyectos más precarios. Ven necesario el seguir respetando los presupuestos culturales e impulsar medidas para que la cultura siga presente en caso de ser inviable en estos momentos en cuanto a exposiciones, eventos y demás actividades.

En la carta hacen mención a la necesidad de una RBU no sólo para el sector de la cultura, sino para todos.[43]

13. SINDICATOS Y RBU

La RB debería de llegar a las instituciones a través de la política. En Euskal Herria el único sindicato defensor de esta es ESK. El resto, incluido PODEMOS que la tuvo en su programa electoral en 2014, no pasan de rentas mínimas condicionadas.

El PSOE defiende un ingreso mínimo vital de unos 580 €/mes para familias con un hijo y 858€/mes si son tres personas a cargo. PODEMOS asegura un ingreso de 1200€/mes para familias con dos hijos, financiado con un impuesto a las grandes fortunas de más de un millón de euros. CIUDADANOS en cambio, defiende un complemento salarial garantizado repartido entre los jóvenes con bajos salarios.[44]

La crisis del Covid-19 ha acelerado la implantación de estas medidas con el ingreso mínimo vital y ha puesto a debate la necesidad de una RBU de manera permanente. Esta propuesta ha ido de la mano de distintos movimientos sociales como el del 15M, y es que los movimientos sociales siempre van por delante de los partidos políticos. Estos deben de seguirlos. De entre los sindicatos hemos elegido dos de ellos, uno como defensor y el otro como alternativa a la renta básica pero que en algunos puntos se acerca bastante.

13.1 POSICIÓN DE ESK RESPECTO A LA RBU

El acercamiento que hace el sindicato ESK a la defensa de la RBU viene muy ligada a la crisis industrial que se vive a finales de los 80 y que se reproduce en los 90 y que deja unas grandes bolsas de exclusión social, dejando a mucha gente fuera del circuito del empleo y con la certeza de no volver a entrar. Por otra parte deja a mucha gente joven ante un escenario donde el viejo empleo de sus padres ya nunca más va a volver a existir. Poniendo en el centro la necesidad de supervivencia física y dignidad personal, este sindicato abraza la propuesta de la RBU. Esta propuesta es algo que les genera conflicto con otros sindicatos que no ven la misma necesidad de implantarla. Esta apuesta por la RBU que siguen manteniendo, lo hacen desde una segunda perspectiva, desde la necesidad de romper con el círculo vicioso de empleo-consumo-producción. Habría que romper esta ligazón entre la renta individual y el acceso a los derechos sociales y al empleo; como medio de que se pudiera decrecer en horas de empleo y la necesidad que tienen las personas trabajadoras de desempleo. Una reflexión más marxista nos diría que el empleo capitalista es algo de lo que nos tendríamos que liberar, ya que es algo fundamentalmente opresor y en esa medida, sería una buena noticia que nuestra supervivencia básica estuviese garantizada fuera de las garras del empleo.[45]

ESK no habla de pleno empleo sino de un reparto justo y equitativo de los trabajos, incluyendo aquellos trabajos domésticos y de cuidados realizados mayoritariamente por mujeres; además de una reducción del tiempo de trabajo para crear más empleo, con jornadas de 35-30 horas semanales como en Suecia, realizadas en 2,3 o 4 días, y luchando por las jornadas ilegales y horas extras. Una RB sentaría las bases para una sociedad más justa, libre e igualitaria. Las políticas de empleo no funcionan ya que sólo mejoran la empleabilidad de los/as más cualificadas. Las condiciones laborales están por los suelos incrementando las personas pobres y sin oportunidades, por lo que el empleo a tiempo completo no puede ser la única alternativa para tener una vida digna.

Hay que sustituir el paradigma de pleno empleo por el de derecho ciudadano a la existencia. Por eso la RBU debe de formar parte de nuestro estado de bienestar al igual que la sanidad o la educación.[46]

13.2 POSICIÓN DE ELA RESPECTO A LA RBU

El sindicato mayoritario ELA no se encuentra a favor de lo que es una RBU tal como la conocemos, sino que defiende desde hace años y así lo ha propuesto, la implementación de una Renta Mínima Garantizada cuya cuantía sea igual al 100% del SMI. Se distribuirá de manera individual y no por unidad convivencial y se le descontarán las demás rentas percibidas hasta llegar a la cuantía establecida (rentas de trabajo, subsidios, otras rentas…) es decir, si se perciben rentas por encima del SMI no tendría derecho a percibirla. El objetivo es el mismo.

14. CONCLUSIONES

La renta básica es un ingreso universal e incondicional no inferior al umbral de la pobreza, que recibirán todos los residentes como derecho de ciudadanía y que será financiada mediante una reforma fiscal, dando lugar a una redistribución de parte de la renta del 20% de personas más ricas hacia el resto de la población, atajando la desigualdad, pobreza y precariedad.

Para poder trabajar con dignidad tenemos que ser libres para poder decidir y elegir. Si no estamos en igualdad de condiciones y siempre una de las partes es la necesitada, el poder de decisión y elección de esa parte disminuye notablemente, aceptando condiciones laborales que no son las deseadas. No se puede ser libre si no se tiene la existencia material garantizada. Una Renta Básica nos dota de esa autonomía y de un poder de negociación mayor.

Las personas que abandonaran el mercado laboral en caso de recibir una renta básica, lo harían en un porcentaje anecdótico, ya que no se conformarían sólo con recibir una renta cuya cuantía tampoco sería tan elevada.

Una RB no desembocaría en una reducción salarial por parte de la empresa al verla esta como un subsidio o complemento a las rentas de trabajo, sino que se dignificarían las condiciones laborales y no se aceptarían trabajos mal pagados, precarios y poco valorados. Ya no se aceptarían las mismas condiciones al aumentar la libertad e igualdad de oportunidades. Además, en aquellos trabajos mal pagados y en malas condiciones, este se incrementaría, ya que no habría personas disponibles para realizarlo.

Favorecería el reparto justo y equitativo del trabajo remunerado, ya que, si bien no se abandonaría el trabajo en masa, sí habría una reducción del tiempo, ocupándose este a la familia y tiempo de ocio; aceptando una reducción salarial porque ya se tiene una renta complementaria a las rentas de trabajo y favoreciendo con esta reducción la creación de empleo.

En materia de género las jornadas parciales son mayoritariamente realizadas por mujeres, siendo estas en su mayoría involuntarias y dando lugar a situaciones fraudulentas. Una RB permitiría regular esta parcialidad de otra manera.

Las mujeres no van a correr a realizar trabajos domésticos o de cuidados, salvo que se encuentren en trabajos precarios y de bajo impacto; ya que son muchas las inquietudes de las mujeres de hoy en día. Una RB también las dotaría de una mayor libertad y autonomía para poder decidir y elegir su proyecto de vida. Aun así debería de ir acompañada de otras medidas en materia de igualdad, para una mayor redistribución de los trabajos de cuidados.

Aumentarían las posibilidades de auto-ocupación y podría ayudar a aquellos que no han tenido suerte con su negocio. Estimula la iniciativa empresarial creando a su vez más empleo. Serviría de apoyo tanto en la fase inicial como en el trayecto hasta su consolidación, pudiendo asumir un mayor riesgo con tranquilidad y seguridad y acabando con el trabajo sumergido de aquellos/as que no pueden asumir los gastos de ser autónomo/a.

Hay que destacar el perfil emprendedor de los egresados/as de Bellas Artes, así como su precariedad, siendo la RB la mejor política posible para este sector; ya que mejoraría no solo las condiciones de vida de las personas, sino de las prácticas artísticas y culturales.

Existe un apoyo institucional para los/as artistas emergentes en forma de becas hasta que alcanzan los 30-35 años, edad límite de acceder a ellas. Una RB les permitiría seguir trabajando en aquello que quieren.

En cuanto a la financiación, sindicatos y sector cultural están de acuerdo en que sean los que más tienen los que más deben aportar, debiendo controlar el fraude fiscal. Para Emakumeekin y Abat, les parece difícil su financiación y un tanto gravosa, viendo en las rentas condicionadas una facilidad mayor en cuanto a financiación e implantación, aunque con ciertas modificaciones.

Coinciden en que el modelo de protección actual es insuficiente y deficitario, debiendo de fortalecerlo, aplicando cambios urgentes; ya que no tiene una buena cobertura ni acaba con la pobreza y precariedad.

La situación de crisis que estamos viviendo actualmente ha puesto de manifiesto la necesidad de anteponer las personas a los intereses económicos, y aunque las ayudas para los/as más necesitadas están tardando en llegar, esperemos que cumplan con su objetivo. No obstante, opinan que el Gobierno no cubre a toda la ciudadanía y las medidas no deben ser solamente económicas y a corto plazo. Aun así, desde Abat nos expresaban que van a ser pocos/as los autónomas que cesen en su actividad, ya que el autónomo/a lucha por su empresa y como bien decía Miren Lauzirika de Emakumeekin, un proyecto no deja de ser una pasión que se convierte en profesión. Una RB daría una mayor tranquilidad para afrontar la situación.

Como hemos podido demostrar durante todo el trabajo de investigación, las personas no se pueden apoyar en el empleo como única alternativa para llevar una vida digna. El percibir una renta como derecho de ciudadanía te dota de una libertad y autonomía para poder decidir en igualdad de condiciones el tipo de vida que quieres vivir. El hecho de tener la existencia material cubierta te genera un mayor bienestar, felicidad y una mayor seguridad y tranquilidad para seguir hacia delante y afrontar las distintas situaciones que irán apareciendo durante tu ciclo de vida.

Si bien no es ninguna panacea, ni la solución a todos los problemas y aunque muchos/as la tachen de extremista, radical o revolucionaria, debería de formar parte del estado de bienestar al igual que la educación y la sanidad y debería de ir acompañada de otras medidas como una reforma laboral y una subida del SMI entre otras cosas. De igual manera, el debate está servido y su resultado dependerá de las políticas e instituciones que transformarán nuestra realidad de un modo u otro.

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16. ANEXOS

RESUMEN ENTREVISTA ESK

La primera entrevista se realizó de manera virtual el 25 de marzo de 2020, a las 10:00 de la mañana con el representante y sindicalista Igor Mera a través del software blackboard del que dispone la UPV/EHU. En ella participaron el Decano de esta Facultad Angel Elías como moderador de la misma y mis dos compañeras de TFG, Leire Hernández y Leire Fernández.

El Sindicato ESK en cuanto a la negociación colectiva, ve la RBU como una caja de resistencia colectiva, al tener la ciudadanía mucha más libertad para confrontar con las empresas. Este precisamente es uno de los argumentos para defender la RBU en el mundo sindical.

El tener una RBU ayudaría a quitarle centralidad a la pelea por el salario y darle esa centralidad a otras materias como igualdad en el trabajo y conciliación familiar entre otras.

El empleo, el consumo y la producción tienen que decrecer de manera drástica, debiendo de priorizar la existencia en el planeta. La única manera de compatibilizar esto con una calidad de vida y con que las personas tengan garantizados los ingresos mínimos vitales que, a su vez, posibiliten las condiciones materiales para la libertad, es establecer una RBU. Una renta que se pagará con los beneficios del capital.

No queremos que todo el mundo tenga un empleo de 35 o 40 horas semanales. Obviamente tiene que haber empleo, es necesario, ya que hay muchas cosas que se tienen que seguir produciendo, pero a un nivel mucho menor.

La RBU no es la solución a todos los problemas, sino que es un elemento más que confronta un menú más amplio. En este menú el primer punto sería la redistribución de la riqueza, seguido del reparto de las tareas de cuidados y reparto en términos de equidad del empleo remunerado; ya que el trabajo a tiempo parcial o con jornadas bajas es sinónimo de pobreza y exclusión social.

Cuando hablamos de reparto de trabajo decimos que con una RBU podríamos trabajar a media jornada, aceptando una reducción salarial, porque por otro lado hemos generado un sistema donde tenemos una renta que nos complementa de alguna manera esa renta que viene del empleo y, aun no teniendo empleo, nos va a permitir vivir con un mínimo de dignidad.

La clase trabajadora de hoy tiene muchísimas menos fuerzas y herramientas para conflictuar con el capital que hace 30 años. Debemos de buscar otros elementos que nos permitan generar conciencia colectiva y, desde ella, poder confrontar. Esa falta de identidad en torno al empleo podríamos transformarla o dirigirla hacia una conciencia basada en el concepto de ciudadanía, esto es, como sujeto de derechos, de personas libres que conforman una comunidad política.

La RGI la ven como un muro de contención de personas sin empleo y gente excluida. Tiene muchísimos déficits y a los partidos de derechas y patronal les interesa tener un ejército de gente parada, un ejército de pobres para poder imponerles sus condiciones.

El empleo es una necesidad que tiene el capital para tener beneficios. La gran trampa es poner como objetivo el pleno empleo. Con una RB mucha gente dejaría de trabajar, pero también en muchos trabajos mal pagados y mal considerados subirían los salarios, porque, si no, las personas no los querrían. Aun así, la gente no renunciaría al empleo definitivamente.

Se deberían de aplicar medidas en materia de igualdad, ya que si no podríamos encontrarnos con un reflujo del mundo del empleo en el que las mujeres volverían al hogar. Habría que redistribuir los trabajos de cuidados. Los trabajos no remunerados están infravalorados porque no dan acceso a renta ni a derechos. El hecho de tener una renta como derecho de ciudadanía te iguala al resto, rompiendo el paradigma actual donde los derechos sociales manan del empleo. Tenemos derechos por ser personas y no empleo. Los derechos son nuestros, no nos los da el capital.

En la situación actual una RBU aportaría una mayor tranquilidad para afrontar la situación, porque dinero hay para implantarla.

RESUMEN ENTREVISTA ELA

El 06 de abril de 2020, a la 13:00 del mediodía, se mantuvo una entrevista virtual con Joseba Villareal, antiguo Responsable de Negociación Colectiva y actualmente Responsable de Sindicalización. Se utilizó la misma mecánica que en la entrevista anterior y en ella participaron de nuevo el Decano de esta facultad Angel Elías como moderador y mis tres compañeros de TFG, Leire Fernández, Leire Hernández y Unai Rincón.

Para ELA el modelo de protección actual no es suficiente. A favor de las 35 horas y una renta más parecida al sistema de la RGI, pusieron en marcha una iniciativa legislativa popular el año pasado contra la pobreza y exclusión social, en la que incluían el garantizar el acceso a la vivienda y otras medidas sociales. Tanto la RBU, como la renta que proponen, atajaría la precariedad.

El punto de inicio de la negociación sería muy diferente si hay un ingreso básico asegurado, ya que la gente no tendría que trabajar por cualquier cosa. Habría un mayor equilibrio entre patronal y trabajadores. Uno ya no tendría que trabajar para comer, así que no aceptaría cualquier cosa.

No creen que el salario disminuiría sino al revés, se reducirían otras formas de precariedad y mejorarían no sólo el salario, sino las condiciones de vida y conciliación. Sería un salto importante en materia de género, ya que sacaría a la luz cuál es el nivel de trabajo parcial deseado y cuál el impuesto.

Se dignificarían las condiciones de trabajo y permitiría la reducción de jornada voluntaria. Habría personas que dejarían de trabajar, pero en un porcentaje anecdótico. Sería muy positivo en los sectores feminizados. Crecerían los salarios y el trabajo parcial se podría regular de otra manera.

Para las empresas sería un ingreso que haría el camino más fácil. Habría que hacer también, que las políticas económicas y financieras que impulsa el Gobierno, se fijen en las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la financiación de la RBU, habría que hacer una revisión de los impuestos directos e indirectos. Quienes más tienen deberían de pagar más.

El coronavirus ha servido para que se vea la necesidad de colocar por encima del capital e intereses económicos a las personas. Todo lo que sea dar una mayor cobertura a las personas es positivo. Y para las empresas también es el contar con unos ingresos mínimos garantizados. En estos momentos es necesario hacer un análisis de las medidas sociales y de su cobertura social.

ENTREVISTA CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE EUSKADI (EMAKUMEEKIN)

El 22 de abril de 2020, a las 19:30, realicé la entrevista virtual a través de Skype con Miren Lauzirika, Presidenta de Emakumeekin, Asociación de apoyo y acompañamiento a las mujeres emprendedoras y acercando la posibilidad de emprender a todas ellas, compartiendo experiencias y generando redes de colaboración.

Me explicaba que una vez iniciado el negocio, se deberían de tener en cuenta tres puntos: el primero era pensar en clave de estrategia, en cuanto al futuro; el segundo era la parte comercial, que tenía que ver con la iniciativa, en el que no se sentían identificadas con el modelo típico comercial, por el miedo al rechazo; y el tercero es la innovación que tiene que ver con la asunción de riesgos.

Una RBU ayudaría a no tener miedo en la fase inicial. El emprendizaje empieza con una pasión que se convierte en profesión. En este tránsito hace falta tener una red económica que te sostenga, ya que en los inicios apenas hay ingresos y son muchos los pagos por hacer. Depende cuál sea tu proyecto el desembolso necesario será mayor o menor. Además, hay que contar con que la madurez de la empresa no se alcanza hasta los tres años aproximadamente, a veces incluso más.

También se suelen elegir proyectos dentro de sectores feminizados que, a la vez, son los más precarios, ya que a veces no sienten seguridad en ciertos escenarios masculinizados, donde tienen que seguir roles muy incómodos.

Una RBU podría ayudar al que desea emprender en mejores condiciones, porque hay que sostenerse y muchas/os trabajan de manera sumergida, porque no pueden asumir los gastos que supone. Las personas no dejarían de trabajar, porque las rentas tampoco son tan altas y no se conformarían solamente con eso. También favorecería el lado emocional en cuanto a qué se me ofrece para que me tenga que quedar. Sería una forma de retener el talento. El salario económico no lo es todo, se necesita sentirse valorado en el trabajo.

En cuanto a si los salarios se reducirían, dependería de la cultura de esa empresa, de cómo tratan a sus trabajadoras/es, del valor que das a tu marca.

El trabajo productivo tiene que ver con el desarrollo, con la autorrealización, con la autonomía. Las mujeres no van a correr a realizar trabajos domésticos o de cuidados, salvo que se encuentren en trabajos precarios y de bajo impacto, en los que no se sientan a gusto, pero, aun así, no van a abandonarlo en masa. En cuanto al reparto de trabajo debería de ir acompañado con otras medidas en materia de igualdad de género. La RBU afectaría más a las mujeres que a los hombres debido a la desigualdad existente, ya que les dotaría de una mayor autonomía para poder elegir y tomar decisiones.

La protección social actual no es suficiente y habría que fortalecerla. En términos de justicia social todo debería de estar bien redistribuido. Hay mucho fraude fiscal, sobre todo en las grandes corporaciones, que son las que tienen el poder económico.

La RBU le parece difícil de costear, pero interesante el debate que existe en torno a ella.

Un ejemplo, en el que sería de gran ayuda, es el sector del comercio, un sector que está muy envejecido, feminizado y precarizado y que juega un papel importante en nuestra sociedad. Muchas personas adelantarían su jubilación y cerrarían su negocio.

Una RBU serviría de empujón para decidirte a desarrollar una inquietud, sería un colchón para poder dejar tu trabajo por cuenta ajena y no saltar a la nada y, hasta que se produzca la consolidación de tu proyecto, te ayudaría a tomar las decisiones con mayor seguridad y tranquilidad.

Como persona se hubiera independizado antes, hubiera viajado más y no habría trabajado tan pronto.

Las medidas que ha aplicado el Gobierno con la crisis del coronavirus no cubren a todas las personas. Hay que empezar por las y los más necesitados y aplicar ayudas a medio y largo plazo y no sólo económicas. Aun así, siempre queda alguien fuera.

ENTREVISTA CON LA DECANA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UPV/EHU

El 27 de Abril de 2020, se realizó una entrevista virtual con Arantza Lauzirika, Decana de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, a través del software de la UPV/EHU, siguiendo la misma mecánica que en las dos primeras entrevistas. En ella participó como contacto Angel Elías, Decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU.

Comentaba que estaba muy extendida la imagen del artista bohemio de clases acomodadas, que se dedicaba al arte porque no tenía otra ocupación. Hoy en día existe un gran desconocimiento del arte y su evolución. Tanto es así, que agentes públicos y privados solicitan el trabajo del artista de manera gratuita. El arte ha cambiado en cuanto las clases trabajadoras han podido acceder al arte y con ello a la cultura y sus descendientes a la universidad, a estudiar arte.

Existe un apoyo institucional para las y los artistas emergentes en forma de becas de investigación, de creación, lo que te permite sobrevivir hasta los 30-35 años, pero después no es posible, por la limitación de edad que tienen. Dinero para financiar el arte hay, pero el problema está en cómo se reparte, ya que casi todo va a parar al museo Guggenheim y a comprar obra extranjera.

Suelen trabajar por cuenta ajena en cualquier tipo de trabajo (camareras/os, cocineras/os, etc..) para poder dedicarse al arte y otras/os generan tejido empresarial.

El sistema actual de protección no es el adecuado. No tiene una buena cobertura. Aun así, hay muchas/os artistas que están cobrando la RGI. Una RBU les permitiría sobrevivir y afrontar la vida de otra manera, además de poder elegir libremente en el mercado laboral.

Muchas/os alumnos quieren seguir investigando y solicitan becas predoctorales con la idea de seguir trabajando en el ámbito del arte. Con una RBU no sería necesario para seguir trabajando y dejarían de trabajar en aquello que no quieren.

El 70% del alumnado son mujeres y no se quedarían en casa por una RBU. En cuanto a la financiación, deberían de pagar quienes más tienen y se debería de acabar con la economía sumergida, aparte de una redistribución justa de la riqueza. Una RBU te permite dejar de mendigar.

En la situación actual de crisis vamos a ver cosas peores que en 2008. Una RBU nos ayudaría a no quedarse en la calle, sobre todo en personas de entre 40-50 años. Durante el confinamiento han tenido lugar dos huelgas, una a nivel estatal y otra a nivel autonómico, debido a que el Gobierno no ha tomado ninguna medida en este sector, siendo este uno de los sectores que sufren mayores recortes en tiempos de crisis.

ENTREVISTA A LA ASOCIACIÓN DE AUTONOMOS DE EUSKADI (ABAT)

El 20 de mayo de 2020, a las 18:00 horas, mantuve la última entrevista virtual, a través de Skype, con Jose Andrés Bilbao, Presidente de ABAT, organización que actúa en representación, apoyo, formación, acompañamiento etc.. de las/os trabajadores autónomos, profesionales y micropymes dentro de la Comunidad Autónoma Vasca

En ella comentaba que el Gobierno estaba haciendo lo que podía, pero no lo que era mejor para la y el autónomo; porque lo que necesita es que no se le generen gastos y no tanto crédito o aplazamientos. Son pocos las y los autónomos que van a cesar en su actividad, porque se agarran mucho a su negocio y si sigue todo como hasta ahora, la economía se va a reactivar de manera más rápida que en la crisis del 2008.

Siente que no están tan valoradas/os como deberían de estarlo y ve la necesidad de organizarse para poder tomar parte en las decisiones que toman el Gobierno e instituciones.

Aparte de la tarifa plana y demás medidas para las y los nuevos emprendedores, ve la necesidad de un acompañamiento en todo el proceso (asesoramiento, ayudas..). El problema es que un/a emprendedora se dirige a una asesoría y no a una asociación de autónomos. El porcentaje de autónomas/os que están asociados es muy bajo. No se sienten respaldados por las Administraciones y muchos de los negocios cesan por falta de apoyo o financiación, siendo su proyecto de gran valor.

En cuanto a jubilación, enfermedad…no se sienten tampoco respaldadas/os porque los tramos en las tarifas están muy distanciados. Habría que pagar en función de la facturación.

Una RBU aportaría una mayor tranquilidad e incluso serviría para correr algún riesgo para seguir avanzando y, también, para afrontar los posibles problemas en la empresa.

No cree que la gente dejaría de trabajar; es más, si quien no tiene nada recibe algo, lo va a gastar, lo va a invertir en la sociedad, se activaría la economía y eso es bueno, porque habría más consumo. Las personas lo van a invertir en vivir mejor, comer mejor, vacaciones.

El reducir la jornada de trabajo daría lugar a crear más empleo. Las que hay actualmente son fraudulentas y no hay un control real sobre ellas.

La o el autónomo tiene picos de actividad, va necesitando trabajadoras/es dependiendo de ellos. Una RBU incentivaría el empleo, porque acumularía ingresos, por una parte los de la renta de trabajo y, por otra, la RBU.

Está de acuerdo en que el sistema de protección actual no cubre a todas/os.

En materia de género no piensa que dejarían de trabajar y volverían al hogar, ya que son mucho más luchadoras que los hombres y las que no trabajarían, al menos, tendrían algo.

Si una RBU va a hacer que se cumplan los convenios y demás materias, y sería positiva, por el poder de negociación que tendría. No lo ve como una amenaza. Con el salario sucede lo mismo, la o el empresario no los bajaría, eso sería correr riesgos y hacer las cosas mal.

En estos momentos hablar de una RBU le parece un poco utópico, aunque está de acuerdo con ella, pero le parece más viable en cuanto a financiación porque la ve menos gravosa, una renta mínima condicionada. No entiende como personas como Amancio Ortega pueden cobrar la RBU y piensa que se deberían de poner límites para que quienes tienen muchos ingresos no la reciban.

El tener más derechos no quiere decir que las personas se acomoden. Está a favor de la RBU como persona, pero la ve más complicada. Sea la que sea, ambas son positivas.

[1] Elías, Ángel y Rincón, Leire (2016): “Algunas virtualidades de la Renta Básica”, Boletín de Recursos de Información nº 48 Octubre 2016. Centro de Documentación HEGOA

[2] Gamble, Andrew (2017): “El estado de bienestar y las políticas de austeridad”, en González, Francisco (ed.) La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos, Madrid, BBVA, pp 315-330

[3] Conconi, Adriana y Viollaz, Mariana (2017): “Pobreza, desigualdad y desarrollo. Discusión desde el enfoque de la capacidad”, en González, Francisco (ed.) La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos, Madrid, BBVA Openmind, pp 377-382

[4] Talleres sobre la Renta Básica (2020): Reparto de riqueza, igualdad de oportunidades y terminación de la pobreza, fortalecimiento de la democracia y soberanía popular, Observatorio ToShare

[5] Oxfam Intermón (2019,49): Desigualdad 1-Igualdad de oportunidades 0. La inmovilidad social y la condena de la pobreza, pp 8

[6] Oxfam Intermón (2019,49): op.cit.; pp 10-22, 42

[7] Oxfam Intermón (2019,49): op.cit.; pp 13

[8] Conconi, Adriana y Viollaz, Mariana (2017): op.cit.; pp 377-382

[9] Argüeso, Antonio, et al. (2013): Alternativas en la construcción de un indicador multidimensional de calidad de vida, INE, pp 3-7. También, Herrero, Carmen, Villar, et al. (2018): Las facetas del bienestar: Una aproximación multidimensional a la calidad de vida en España y sus CCAA (2006-2015), Bilbao, Fundación BBVA, 14-24

[10] Elías, Angel (2018): “Prestaciones sociales y reparto justo de la riqueza”, Lan Harremanak, 40, pp 2

[11] Oxfam (2019): op.cit.; pp 25-36, 44-45

[12] Lago, Martín (2018): Renta básica universal. Solución o utopía?, Madrid, Digital Reasons, 32-33, 36-38. También Bollain, Julen y Raventós, Daniel (2018): “La renta básica incondicional ante las limitaciones de las rentas mínimas”, Lan Harremanak, 40, pp 3-7-. Finalmente, Noguera, José Antonio (2019): “Las rentas mínimas autonómicas en España: balance y retos del futuro”, en Sevilla, Jordi (ed.) Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica, Barcelona, Observatorio social “la Caixa”, 45-48

[13] Bollain, Julen (2019): “Alarmante aumento del número de personas en situación de pobreza grave en Euskadi”, en Raventós, Daniel et al. (ed.) 7º Monográfico Renta Básica, Madrid, Sin Permiso, pp 255

[14] Colectivos sociales de Euskadi (2020): “Por una RGI que acabe con la pobreza”, Lan Harremanak, 1-3

[15] Gimeno, Juan (2019): “De rentas mínimas a Renta Básica”, Revista diecisiete, pp 65-70. También Bollain, Julen y Raventós, Daniel (2018): op.cit.; pp 7-15

[16] En el año 1978 y desde países como Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Paises Bajos se creó una Red Internacional para la defensa de la RB denominada Basic Income Earth Network (BIEN), en http:///basicincome.org

[17] Entrevista a Santiago Martínez Pérez, responsable de la Secretaría de Acción Sociopolítica y Comunicación del Sindicato CCOO de Euskadi

[18] Bollain, Julen y Raventós, Daniel (2018): op.cit.; 15-17. También, Lago, Martín (2018): op.cit.; 33-36. Finalmente, Gimeno, Juan (2019): op.cit.; 70-72

[19] Gimeno, Juan (2019): op.cit.; 73. También Bollain, Julen y Raventós, Daniel (2018): op.cit.; 19-28

[20] Acosta, Alberto (2010): “Enfoques sobre bienestar y buen vivir. El buen vivir, una utopía por (re)construir”, CIP-Ecosocial, pp 16

[21] Dalia, Research (2016): Encuesta: 64% de la población de Europa votaría a favor de una Renta Básica Universal, Redrentabásica

[22] Informe de la Encuesta sobre la RBU (2020), Redrentabásica

[23] Arcarons, Jordi, et al. (2014): “Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional”. Sin permiso, 1-9. También Arcarons, Jordi, et al. (2018): Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa, Madrid, Ediciones del Serbal, 1-19. Igualmente, Casassas, David y Raventós, Daniel (2018): “La viabilidad de la RB en el Reino de España”, en Raventós, Daniel et al (2018) 7º Monográfico Renta Básica, Madrid, Sin permiso, 66-67. Finalmente, Bollain, Julen y Raventós, Daniel (2018): op.cit.; 17-19

[24] Bollain, Julen (2018): Por una vida digna: de la calle a las instituciones, Redrentabásica

[25] De la Torre, Carlos (2017): “El futuro del trabajo y la globalización: El fin del trabajo y la Renta Básica Universal: Utopía o realidad?”, Blog de la fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa. También Raventós, Daniel y Casassas, David (2018): “Guy Standing. La Renta Básica. Un derecho para todos y para siempre (la viabilidad de una renta básica en el Reino de España, epílogo)”, Sin permiso, 1-3

[26] Sevilla, Jordi (2019): “Nueva desigualdad en España y nuevas políticas para afrontarla”, en Martín, José Moisés (ed.) Reforzar el bienestar social: Del ingreso mínimo a la renta básica , pp 9-18

[27] Gimeno, Juan (2019): op.cit.; pp 74-75

[28] Reitter, Karl (2020): “La renta básica supera el trabajo asalariado”, Redrentabásica

[29] Nadal, Alejandro y Raventós, Daniel (2017): “Sentido y justicia de la Renta Básica”, Sin Permiso, 56-61

[30] Menéndez, Sara y Llosa, José A. (2018): “El empleo ya no es solución”, Lan Harremanak, pp 1-4

[31] Tena-Sánchez, Jordi (2018): “El impacto de la Renta Básica sobre los incentivos laborales”, Lan Harremanak, volumen 36, pp 1-7, 15-22

[32] Véase Carrero, Carmen y Navas-parejo, Marta (2019): “Efectos sobre la igualdad y los roles sociales”, Revista diecisiete, Nº 1, pp 37-42. También Alabao, Nuria (2019): “Por qué el feminismo debería apostar por la renta básica universal”, en Raventós, Daniel et al. (ed.), Sin permiso. 7º monográfico renta básica, pp 179-191. Igualmente, Bennett, Natalie (2019): “La RB siempre ha sido una causa de las mujeres”, en Raventós, Daniel et al. (ed.), Sin permiso. 7º monográfico renta básica, pp 192-195. A su vez, Oxfam Intermon (2018): Voces contra la precariedad: Mujeres y pobreza laboral en Europa, nº 47, pp 1-7. Finalmente, Martín, lago (2018): op. cit.; pp 84-87

[33]https://www.eldiario.es/economia/OIT-advierte-devastadoras-COVID-19 trabajadores_0_1014198970

[34] Consejo General del Trabajo Social (2020): Trabajo social ante la garantía de rentas, pp 1-21

[35] Manifiesto de la Comunidad Científica y Académica Vasca (2020): Por una economía ecológica en la Euskal Herria Post-Covid19

[36] Véase Rivero, Pedro (2006): “La responsabilidad social corporativa en las Pymes”, Lan harremanak, 14, 8-10. También, Martija, Gorka Xabier (2020): Trabajos emancipados frente a la ofensiva capitalista. Impactos y alternativas a los tratados comerciales en Hego Euskal Herria, Paz con dignidad, pp 20

[37] Innobasque (2019): Informe Innobasque de prospectiva 2019. Resumen ejecutivo. Observatorio ToShare, pp 1-20

[38] United Nations (2019) : Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, 27 de junio

[39] Asamblea General de las Naciones Unidas (2015): Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 22-23

[40] Infoautónomos y Universidad de Granada (2019): Estudio Nacional del Autónomo

[41] Echevarría, Javier et al. (2014): Formación y trayectorias profesionales de los artistas vascos: Resultado de la encuesta Innocrea 2013. Proyecto Innocre2, Programa Saiotek 2012-2014, pp 1-10, 88-93

[42] Patricia Bolinches (2020): Manifiesto sector trabajadores cultura

[43] Sector Cultural Artes Plásticas y Visuales (2020): Carta al Consejo Vasco de la Cultura

[44] Portillo, Juande (2019): “PSOE, Podemos y CS prometen impulsar una renta básica que garantice ingresos mínimos”, El País Economía

[45] Entrevista a Igor Mera, Representante y sindicalista de ESK (2020)

[46] ESK (2015): Renta Básica para todas las personas, ESK-Sindikatua, pp 1-4