Así de claro. Un salario social para todo el mundo que lo demande. Sin requisitos previos y sin condiciones. Un salario para todas las personas que lo soliciten por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana de un país sin tomar en consideración si quiere trabajar o no, si es rico o pobre, si tiene o no rentas y cómo o con quien viva. Arriesgada propuesta, sí; pero no por ello descabellada. A ver. Esta iniciativa no es mía. Se la robé el otro día, con su consentimiento, a un economista catalán metido en esto de explorar los fenómenos sociales. Su nombre, Daniel Raventós. Tampoco es nueva. Esta propuesta tiene años de reflexión sesuda y está avalada intelectualmente por prestigiosos premios Nobel de economía. La idea nació en 1986 en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y fue acreditada y firmada por los catedráticos Philippe Van Parijs y Robert van der Veen en la revista Theory and Society con un título un tanto atrevido: “Una vía capitalista al comunismo”. Si desde entonces ha estado recluida en los despachos académicos, hoy está abriéndose paso en ciertos ámbitos sociales, económicos y políticos. Vaya por delante mi adhesión a esta proposición atrevida y tal vez desconcertante en estos tiempos sin carácter y sin transpiración moral.

La iniciativa de proporcionar una Renta Básica Universal sin condiciones es una propuesta arriesgada y polémica porque se enfrenta a resistencias de índole moral por un lado, y a barreras de orden técnico por otro. También lo es por cuanto supera una iniciativa que tenía buenas intenciones pero que se ha quedado en el camino. Me refiero a la Propuesta Legislativa Popular que lleva por nombre “Carta de los Derechos Sociales” y que fue llevada al Parlamento Vasco después de que una plataforma popular recogiese 83.000 firmas. De esto hace ya tres años. En la actualidad dicha iniciativa está a punto de quedarse en un mero aumento de la actual Renta Básica con restricciones. Supera en intencionalidad por cuanto el salario universal garantizado cree que las medidas tradicionales para combatir la pobreza y la reducción de jornada son insuficientes para reducir el paro. En este sentido es una propuesta éticamente superior. Pero volviendo a las resistencias intelectuales que puede encontrar esta propuesta. La primera resistencia, la de orden ético-moral se plantea de la siguiente manera:¿ es que quien no quiera trabajar, tiene derecho a recibir una renta del Estado ? la segunda resistencia, de orden técnico se plantea así: ¿ es viable económicamente esta propuesta ? Ambas son superables si se está dispuesto a aceptar que esto es una buena idea, que es aceptable social y popularmente y, que por tanto merece la pena su implantación. Si no se cree en ella, si éticamente no se justifica, no merece la pena su desarrollo. Sólo si se supera la primera resistencia, la relativa a fundamentar éticamente esta propuesta, merece la pena insistir en su posterior normativización. Es decir, buscar su viabilidad económica. La implantación de una Renta Básica sin excepciones puede ser costosa pero no injusta ni inviable. Un posterior desarrollo nos situaría en la articulación política de la misma para lo cual esta propuesta, lógicamente, debe contar con los debidos apoyos por parte de las fuerzas políticas. De estos previos arranca esta oferta que, entre otras cosas, quiere aportar una reflexión en el marco de las nuevas necesidades y respuestas a plantear desde los poderes públicos en el contexto de los problemas sociales derivados del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

Hay una cuestión previa, a mí entender, que debiera ponerse sobre la mesa antes de entrar en materia, antes de analizar las resistencias. Me refiero a la idea en sí, a la posibilidad en sí misma, al acercamiento previo a la proposición. Es preciso creer en ella no porque sea buena de por sí, que lo es. Es preciso creer en ella porque además aporta soluciones al problema del paro y por definición a la pobreza. Y para entenderla es preciso partir de una idea y una concepción republicana del orden político y estatal. Efectivamente, esta propuesta tiene un fondo republicano. Me explico. Se entiende aquí por republicanismo la articulación de un sistema de autogobierno democrático en el que están ausentes la dominación y la alienación. Un sistema en el que la libertad está asociada a la no-dominación y por tanto radicalmente en contra del liberalismo. El republicanismo trata de articular una independencia socieconómica de toda, absolutamente toda la ciudadanía. Y esto al margen de la caridad y los sistemas de protección social. Si no existe independencia económica no hay posibilidades de verse libre de estar dominados por otros ajenos a mí. La implantación de una Renta Básica Universal abriría el camino de la independencia económica a grandes sectores de población excluida. Se trata por tanto de arbitrar una garantía para que, quien no es libre económicamente, pueda ser ciudadano de primera. Es decir, lo que se propone es posibilitar un derecho a la existencia no arbitrario y sujeto a la discrecionalidad del Estado o de un sector de funcionarios. En otras palabras, si hemos creado un sistema económico y social que acumula riquezas y no es capaz de repartirlas por igual, es preciso que, en términos de justicia social, el sistema devuelva a todos los ciudadanos de forma equitativa una renta que iguale sus posibilidades y deseos. La Renta Básica quiere ser un derecho constitucional que garantice la existencia y la libertad como ejercicio ante la alienación y dominación económica. Y es que mantener la pobreza es una opción social que adoptan los estados como lo es fabricar armas o asignar a la Casa Real 1000 millones de pesetas. Eliminarla también lo es.

Dicho esto es fácil que esta idea encuentre resistencias intelectuales para ser aceptada éticamente. Más o menos éstas vienen fundamentadas así: cuando se habla de dineros públicos para repartir entre quienes menos posibilidades tienen, siempre hay voces discordantes que opinan que: a) cada uno es responsable de su propia situación y que como tal debe sacarse las “castañas del fuego” y b) el Estado no debe “mantener” a nadie que no quiera trabajar. Claro que, abría que aclarar que cuando desde instancias liberales se dice trabajar con mayúsculas, se piensa siempre en el trabajo por cuenta ajena o asalariado, olvidando u obviando otras formas de trabajo no asalariado y no reconocido. Es el caso del trabajo doméstico, el voluntario, el autónomo o el sumergido. Pero sigamos la reflexión. En nuestra sociedad hay gente que no precisa trabajar para vivir. Digamos que son pocas –en comparación con la gran mayoría- las personas que no necesitan trabajar para comer. Estos privilegiados tienen la opción de no trabajar. La Renta Básica eliminaría esta discriminación y eliminaría la actual violación del principio de reciprocidad. Es decir, con la Renta Básica la ciudadanía podría elegir por igual su acceso al trabajo o no. Todos tendrían la opción de ser iguales respecto a la exigencia laboral para subsistir y no solo, una parte privilegiada de la sociedad como ocurre ahora. Pero además su implantación generaría un efecto depurador sobre la actual economía sumergida. La universalización de la Renta Básica ejercería sobre los salarios una presión al alza. Habría menos gente dispuesta a dejarse explotar laboralmente que se acogería a la RB generando una mayor demanda de puestos de trabajo “abandonados” los cuales se verían forzados a una reconsideración y recalificación económica. Pero además los trabajadores tendrían más capacidad de presión o más poder contractual (Raventós) en la medida que una RB les posibilitaría optar entre ésta y unas condiciones de explotación sumergida. Otro de los posibles efectos sería la mayor autocupación y el trabajo voluntario.

Hablemos ahora de la segunda resistencia intelectual; la referida a la posibilidad financiera o la viabilidad económica de esta propuesta. Las Rentas Mínimas de Inserción (en el caso de Navarra, la Renta Básica) implantadas en casi todas las CC.AA son subsidios condicionados y discrecionales. Su aplicación depende de la situación individual y del funcionario de turno. Se cobra siempre y cuando no se trabaje y tiene un tope. Por contra, la Renta Básica Universal no tiene condicionantes y es compatible con otros ingresos. El actual modelo de protección por desempleo, más conocido por el paro, desincentiva la búsqueda de empleo. No se busca trabajo si éste no compensa o no supera con creces lo que se está percibiendo ( aquí hay que valorar esfuerzo, autoestima y compensaciones personales). Generalmente se opta por el trabajo negro puesto que éste permite compatibilizar los dos ingresos. De aquí al fraude solo hay un paso. Una Renta Básica Universal posibilita que fulano pueda compatibilizar ingresos y a su vez incentivarse así mismo para encontrar en el mercado el trabajo que más le convenga. Es indudable que esta práctica ejercería un efecto corrector sobre la economía sumergida la cual quedaría más “desprotegida”. Por otro lado una Renta Básica universal desestigmatiza a quien la solicita al convertirla en derecho. Al contrario de lo que ocurre en la actualidad. Ser titular de cualquier subsidio o ayuda social condicionada equivale hoy a estar estigmatizado. Por mucho que se quiera revestir de normalidad la aplicación de los sistemas de protección.

Solo queda argumentar que es viable económicamente. Son varios los países que están trabajando en proyectos de investigación dirigidos a la búsqueda de soluciones. Estas apuntan hacia la redistribución del gasto público, la creación de nuevos impuestos, la reconversión de determinados presupuestos de los sistemas de protección o bien la suma de todas estas posibilidades. Lo que sí parece cierto es que la Renta Básica universal no es un calentón mental inviable. La idea del sufragio universal sin tener en cuenta el nivel de renta o el sexo fue considerada hace 300 años una aberración por ciertos sectores sociales. Hoy nadie pone en duda el valor ético de este derecho político. Esperemos que la Renta Básica Universal sea una conquista del siglo XXI.

Diario de Noticias (Navarra), diciembre 2000