La economía se recupera y el paro no decrece. Hace dos o tres lustros esa conjunción hubiera causado extrañeza. En 1995 empezamos a reconocer que el crecimiento económico en una sociedad capitalista desarrollada no se traduce necesariamente en disminución del paro. No solo eso: sabemos que pueden coexistir crecimiento económico y aumento del desempleo y también que ese es el escenario más probable en los próximos años. Creciendo el PIB a una tasa del 7,7% (recordemos que en el último trimestre de 1994 el PIB creció un 2,8% en relación al mismo período del año anterior: hecho al que se calificó de “fase expansiva”) durante 10 años consecutivos tan sólo se igualaría la tasa media de paro de la UE. Es decir, creciendo económicamente de una forma imposible se llegaría a una situación de paro que no podría ser calificada de buena.

El paro equivale siempre, en nuestras sociedades, a pobreza. El Subsidio Universal Garantizado (asunto ya tratado en Viento Sur, núm. 14) es una propuesta contra la pobreza. En ese sentido, de un modo inmediato, desde una perspectiva emancipadora, es una propuesta defensiva. En un doble aspecto: para ayudar a mitigar el sufrimiento de los más pobres y, también, para evitar que la propia degradación social, la atomización que acompaña al capitalismo más reciente, debilite las condiciones de negociación de esas mismas gentes. Es, por lo menos, apuntalamiento en tiempo de adversidad.

Pero hay una vieja enseñanza de la quiebra de todos los reformismos conocidos que la izquierda no debe volver a olvidar y que queda bien recogida en el viejo refrán: “pan para hoy, hambre para mañana”. Menos castizamente: las acciones se han de evaluar no solo por sus consecuencias inmediatas sino, sobre todo, desde su inserción en el proyecto emancipador. En ocasiones, pocas, eso quiere decir que las acciones ayudan a acelerar los procesos en pos del norte elegido. En otras, de momento las más frecuentes, se trata simplemente de no cometer errores, de que no haya que arrepentirse más tarde de lo que ahora se siembra. En uno u otro caso el problema es el mismo: examinar la compatibilidad de lo que se propone con los criterios que nos ayudan a fundamentar el sentido racional de nuestros proyectos.

Las preguntas de los proyectos

Para cualquier persona sensata modificar una situación exige responder a las elementales preguntas de por qué, cómo y adonde. Preguntas que valen también para los proyectos compartidos, sean éstos del grado que sean. Más en detalle, se requiere: 1) una condena justificada de la situación que se quiere cambiar, 2) un norte normativo que cimiente la condena y, a la vez, fundamente el sentido de la intervención, 3) la plausibilidad del estado deseado, su compatibilidad con lo que conocemos, 4) una exploración de la manera de pasar de la situación indeseada a la deseada, 5) la estabilidad de la nueva situación. No es cosa de demorarse aquí en 1), en eso estamos bastantes de acuerdo y con quienes no lo están no va esta discusión. Así que mejor concentrar las energías en precisar las otras cuatro exigencias, los criterios normativos, teóricos, prácticos y reproductivos.

Los criterios normativos informarán de la corrección de los fundamentos éticos que regulan el proyecto. Estos principios han de tener algún potencial discriminatorio, han de estar en condiciones de permitirnos excluir -condenar- sociedades o situaciones. Así, un principio de igualdad de oportunidades nos permite condenar a una sociedad de castas. Los criterios teóricos han de asegurar la plausibilidad material, es decir, han de mostrar que el proyecto es compatible con el conocimiento teórico y los datos disponibles. Así, por ejemplo, no superaría este requisito un proyecto que supusiera un consumo energético superior a las reservas planetarias, u otro que exigiera un funcionamiento violador de las leyes biológicas. Los criterios prácticos deben informar de la accesibilidad del proyecto: por su armonía con las razones que llevarían a actuar a los protagonistas de los procesos. En fin, los criterios reproductivos son los encargados de asegurar la estabilidad del escenario pretendido, de evaluar la armonía entre las motivaciones de los agentes y las condiciones que hacen posible la reproducción social.

Estos son los retos a los que se ha de enfrentar el SUG. La exploración detenida de su competencia para salvarlos es una tarea complicada. En lo que sigue únicamente precisaremos los criterios e iniciaremos algunas valoraciones que invitan a ver la propuesta con buenos ojos.

Los criterios normativo y teórico

Un criterio normativo, al igual que un juicio empírico, puede ser muy informativo o muy poco. La predicción “se producirá un eclipse” tiene una altísima probabilidad. Es, empero, muy poco informativa. En cambio, la predicción “el eclipse se producirá el día 12 de mayo a las tres de la tarde” es menos probable pero más informativo. El contenido informativo se calibra por lo que excluye. Así mientras el primer juicio apenas excluye nada (que nunca -¿hasta cuándo?- se produzca un eclipse), el segundo prohíbe que el eclipse tenga lugar en cualquier otro momento. Del mismo modo, el principio distributivo “entréguese algo a cada individuo” resulta menos informativo que el principio “entréguese a cada individuo según lo que ha aportado”. El primero se muestra compatible con todos las sociedades conocidas y con casi todas las imaginables, apenas excluye nada. El segundo es algo más estricto.

El SUG se muestra compatible con distintas tradiciones de pensamiento igualitarias. (En ese sentido, es capaz de asegurarse cierta independencia en lo que atañe a su posible fundamentación). Pero esa independencia no tiene el precio de la vaciedad, también tiene capacidad discriminatoria. Así, por ejemplo, es incompatible con la defensa de la igualdad por encima de las distintas preferencias. Es incompatible con algunos aspectos del mercado (entiéndase, no con “el” mercado): una distribución no relacionada con el intercambio del salario por un trabajo supone violentar algunas características del mercado. El SUG abre la posibilidad de recibir rentas sin trabajar salarialmente. Esta circunstancia, la separación entre ingresos y participación en tareas, recuerda la importancia de los aspectos motivacionales. No es casual que en escenarios en donde la retribución no está vinculada con la actividad productiva -como la familia- el juego de motivaciones sea diferente del que encontramos en el mercado. (No se ha de olvidar que: a) cualquier actuación sobre las estructuras produce también efectos sobre las motivaciones humanas; b) las intervenciones solo se pueden producir sobre las estructuras. En el BOE no cabe decretar que la gente sea solidaria. El SUG, por una parte, requiere de cierta salud moral de las gentes. Pero, y esto es lo importante, a la vez, contribuye al cambio motivacional).

Se satisfacen las mínimas condiciones formales de justicia cuando existe libertad de elegir determinada acción. Si esta acción está obligada por necesidad, no se satisfacen estas mínimas condiciones. (Alguien puede preferir ingerir dos tazas de café a cambio de hacer una taza de café para los demás, pero si tiene la necesidad de estas dos tazas, no se satisfacen las condiciones formales mínimas de justicia. Quien trabajase salarialmente por cualquier otra consideración que no fuese la necesidad de hacerlo, estaría haciéndolo dentro de las mínimas condiciones formales de justicia). El SUG ofrece a toda la población la posibilidad de no trabajar salarialmente y poder seguir viviendo; esta libertad real no todos tiene por qué tomársela (no todo el mundo tiene las mismas preferencias). Lo importante a retener aquí es la posibilidad para todo el conjunto de tomar la decisión de vivir sin trabajar salarialmente: sin esta posibilidad universal no se satisfarían las mínimas condiciones formales de justicia.

Un proyecto social que esté prohibido por nuestro conocimiento teórico o empírico no es de recibo. El criterio teórico nos obliga, por ejemplo, a descalificar a un proyecto social que suponga que todas las sociedades pueden reproducirse simultáneamente consumiendo más de lo que producen o que exija en los individuos una capacidad de cálculo -de administrar la información social- superior a la capacidad computacional del cerebro humano. No resulta sencillo afirmar concluyentemente que un proyecto es compatible con lo que sabemos. Pero sí hay baremos que es importante aplicar. El SUG es compatible con las constricciones en las que se desenvuelve nuestra vida, la vida humana. El SUG no exige, por ejemplo, acabar con los recursos del planeta, a diferencia de lo que sucedería con una propuesta de consumo creciente (o más elementalmente, con una proyección razonable de como han de ir las cosas con el mercado y el cuadro motivacional que lo alimenta y que alienta). Bien es cierto que, por limitaciones teóricas, resulta difícil anticipar al completo las consecuencias de aplicar el SUG. Característica compartida, por lo demás, con cualquier medida social de cierto calado. Pero esta constatación no debe ser motivo de paralización. En la tensión entre las consecuencias no conocidas y la necesidad de actuar para aliviar o solucionar situaciones, hay que elegir. Elección que se realiza a partir de la información disponible. Saber que algo puede pasar y no tener conocimiento de otras consecuencias, es razón suficiente para actuar si ese algo nos interesa. Una redistribución de la renta en favor de los más pobres tiene una certeza: mucha gente mejoraría de forma inmediata su situación. Con el SUG ocurriría algo similar: a falta de más información, es suficiente con saber que fortalece elementales condiciones de libertad e igualdad.

Los criterios práctico y reproductivo

La posibilidad de acceso, de conquista, del SUG tiene que ver con el potencial sujeto social que lo puede hacer posible. Con menos carga emocional: el problema de la identificación de la gente que “cree que el SUG puede beneficiarle” o de la gente que “cree que la implantación del SUG ofrece la posibilidad de una sociedad más justa”. Además se requiere que tales individuos, interesados o convencidos, estén dispuestos a -y en condiciones de asumir la tarea de- constituirse en activistas en favor del SUG. El SUG, como otras muchas propuestas de reformas, puede ser una gran idea, pero idea al fin. Para que supere este loable pero insuficiente estado, debe haber fuerza social que lo asuma. En este caso no está garantizado el éxito, pero sí al menos la condición de posibilidad. En un espacio económico con más de un 20% de parados y paradas, con un porcentaje cada vez mayor (que se acerca peligrosamente al 50%) de población asalariada eventual, con unas perspectivas cada vez más inmediatas de recorte de las prestaciones sociales… no es aventurado imaginar porcentajes muy altos de la población que “crea que el SUG puede beneficiarle” y que “crea que la implantación del SUG ofrece una sociedad más justa”. Con esto no se quiere afirmar que del hecho de que una parte importante de la población esté interesada por una determinada medida de cambio social (el SUG, en nuestro caso), se siga necesariamente la existencia de todas las condiciones para el logro de tal medida: la gente interesada puede no querer asumir los riesgos, incertidumbres y costos que las acciones colectivas y confictivas conllevan. Sin embargo, ese reconocimiento no invalida lo anterior: una parte de la población puede estar interesada en el SUG.

Un sistema es reproductivamente estable si hay una cierta armonía entre las condiciones que garantizan su funcionamiento y las razones que mueven a los actores sociales. Esa reproducción tiene que ver tanto con la reproducción de las condiciones materiales como con la estabilidad motivacional o ética. Así, por ejemplo, existe una cierta incompatibilidad entre el mercado y un comportamiento altruista. La reproducción del mercado requiere que cada uno vaya a la suya. Del mismo modo se hace difícil pensar en una sociedad comunista en donde se produzca una discontinuidad de principio entre el ámbito de la ética de cada uno y la política, la moral de todos, entre unos individuos que van a la suya, que no atienden a las razones de los demás, y una sociedad que pretende regularse por criterios solidarios e igualitaristas. Si se acepta tal discontinuidad el escenario público solo se puede concebir como lugar de pacto o negociación, lo que tiene poco que ver con la más elemental idea de buena sociedad. En el caso de SUG, las exigencias son menos radicales, pero el principio es el mismo. Si se demostrase que su implantación desanimaría al trabajo y que de ello resultaría una sociedad peor para la mayoría, situada en una trayectoria insostenible a medio plazo, habría razones para dudar de la solvencia reproductiva. La desincentivación por el trabajo asalariado es una crítica recurrente, por ejemplo, de los críticos al igualitarismo radical (a la igualdad de las oportunidades de éxito).

Este último asunto invita a una consideración más general. Si se admite que el SUG tiene también que ver con un cambio en las motivaciones, la secuencia SUG-disminución del PIB, no es de aceptación inmediata. Más en general: por diversas vías se ha visto la importancia que para la propia realización del SUG tiene la salud moral de la comunidad, la modificación del cuadro motivacional de las gentes. Quien critica la implausibilidad de un igualitarismo radical está suponiendo una secuencia causal que se ampara en modelos de comportamiento que vinculan sin matiz alguno la retribución con el esfuerzo. Y estos modelos de comportamiento son precisamente los que discute un igualitarismo políticamente radical, un igualitarismo que sea algo más que una simple fantasía acerca de un mundo posible.

Tareas por hacer: algunas notas

Los juicios anteriores no dejan de tener un carácter programático. Se ha dicho más sobre los criterios de evaluación que han de tasar las intervenciones políticas que sobre la solvencia del SUG a la hora de superarlos, quehacer ésta que requiere una exploración detallada. Las notas que siguen son simplemente una invitación a empezar la tarea referidas a dimensiones que atañen a los aspectos normativos, teóricos y reproductivos: la autonomía o heteronomía de los deseos, la cuantificación del SUG y el concepto de trabajo.

1. En los mercados de trabajo asalariado actuales, la gente no está en condiciones de decidir cuánto tiempo de su vida dedicará al ocio y cuánto al trabajo. La elección, si merece el nombre de tal, es mucho más limitada: trabajar o no. Tan limitada que en realidad se reduce a uno de los pares de la alternativa: trabajar (y eso si se puede, claro). Trabajar en las condiciones y circunstancias que ofrece el mercado. Gusten o no. La autonomía es aquí pequeña o inexistente. Desvincular la subsistencia del trabajo asalariado es ganar en una elemental autonomía y, en la medida en que el chantaje de la supervivencia es el más importante de todos, abrir -solo abrir- la posibilidad a otras autonomías referidas a lo que se quiere hacer con la propia vida, a la formación de preferencias o deseos. El SUG, al permitir la posibilidad de vivir sin la necesidad de trabajar asalariadamente u obligatoriamente, que es igual, permite crear mejores condiciones para la formación autónoma de los deseos. Si un individuo quiere dedicar 6 horas del día a determinados estudios, es difícil que lo pueda realizar si ha de emplear 8 horas en trabajo asalariado, 2 en trabajo doméstico, 3 en tareas solidarias, etc. (Por lo demás, es muy posible que el deseo de estudiar no solo no se realizase sino que ni siquiera llegara a formarse en el mercado actual: al ser un proyecto difícil de realizar se evita el reconocerlo como tal. Se trata de un bien conocido mecanismo psicológico que ayuda a sobrevivir evitando la frustración, al precio, eso sí, de la pérdida de soberanía. A la zorra de la conocida fábula de Esopo le ocurría lo mismo: como las uvas resultaban inalcanzables, se acabó por convencer de que estaban verdes y no le interesaban).

2. La cuantificación del SUG no es fácil. La parte que debe sumarse es inmediata, pero las partidas que deben detraerse de las cuentas públicas actuales no. (Amén de que no cabe ignorar que las secuencias causales desencadenadas por su propia aplicación nos enfrentarían a un cuadro macroeconómico diferente) ¿Cómo calcular, por ejemplo, la “factura del paro”? Así, por ejemplo, Guy Aznar calcula que para el caso francés son 10 las partidas del paro: prestaciones por desocupación, incentivos a la jubilación, formación profesional para jóvenes y demandantes de empleo, promoción y creación de empleo (exención de cotizaciones), mantenimiento del empleo (desempleo parcial), incentivos a la actividad (jóvenes agricultores y disminuidos), funcionamiento del mercado de trabajo (presupuesto del ANPE, una especie de INEM francés), el salario social, las aportaciones de la SS y las aportaciones de la recaudación fiscal. Con datos del espacio económico español: si se parte de la previsible la población del año 2001, y con un SUG de 100.000 pesetas para los mayores de 18 años y de 50.000 para los menores de esta edad, el costo quedaría en 35,3 billones anuales. Para un SUG de 70.000 y de 35.000, según las edades apuntadas, el costo sería de 24,7 billones. Cifras que, todo y ser respetables, significan respectivamente sólo 4,1 y 2,9 veces una parte de la factura actual del paro. (Una parte porque sólo se han tenido en cuenta cuatro partidas de desigual importancia relativa: prestaciones económicas contributivas y no contributivas de 1993, LISMI de 1993 y presupuesto del INEM para 1994). Es decir, que un cálculo como el que sugiere Guy Aznar para Francia, rebajaría más aún la proporción. Este autor calcula para el caso francés que la “verdadera factura del paro” es de 400.000 millones de francos, unos 10 billones de pesetas. Sobre la financiación del SUG, de “dónde saldría el dinero”, posibilidades hay muchas y no necesariamente excluyentes: incrementando algunos de los impuestos actuales, creando otros, reduciendo determinadas partidas públicas (dineros militares, por ejemplo), etc. Obviamente, lo anterior es simplemente tentativo. El estudio preciso de las diversas medidas de financiación debería contemplar las distintas consecuencias inflacionarias, entre otros impactos, que cada una de ellas provocaría. Sin olvidar, al fin, que cada opción supone apostar por -contra- diferentes segmentos sociales.

3. Resulta falaz -y empieza a ser sospechoso- confundir trabajo con trabajo asalariado. La crítica al SUG que advierte sobre las consecuencias de separar esfuerzo y retribución parece olvidar que hay mucho esfuerzo que no se retribuye y que hay esfuerzo que ni siquiera busca la retribución; que hay trabajo doméstico no asalariado y trabajo solidario no asalariado. Todos estamos de acuerdo en que, en general, en cualquier sociedad, todo el mundo ha de trabajar. Pero eso, en sentido estricto, es bastante trivial por inevitable cuando se reconoce que trabajar no equivale a trabajar salarialmente o de forma obligada. Esto, aparentemente tan sencillo, es fuente de muchas confusiones que exceden con mucho a la discusión del SUG. Cierto es que la discusión no se agota aquí. Pero, entre gentes que piensan en un horizonte emancipador es difícil disculpar el descuido acerca de la existencia de trabajos no retribuidos. Otra cosa es si el SUG alienta la vagancia. La verdad es que aquí hay pocos argumentos nuevos desde las polémicas en torno a las leyes de pobres en la Inglaterra isabelina hasta las críticas conservadoras al Estado de Bienestar. En todo caso, conviene no olvidar lo dicho: las razones del SUG son también positivas y tienen que ver con -la posibilidad de- una vida más autónoma, con la simple deseabilidad moral de que las gentes puedan decidir en mejores condiciones la distribución de su tiempo. Por supuesto que el SUG abre la posibilidad a la “gandulería”. Precisamente de lo que trata es de que esa posibilidad, de ir tirando y poco más, esté abierta a cualquiera. También el seguro de paro otorga oportunidades a lo que con cierta urgencia se califica como parasitismo. Nadie pretende sostener que una vez generalizado el SUG las personas alcanzarán la santidad. De lo que se trata es de una elección social en favor de que los individuos, simplemente por el hecho de formar parte de la comunidad, tengan garantizada su supervivencia. Y de afirmar que se prefiere esa historia a otra en donde quizá exista un PIB mayor, donde los individuos se muestren vigilantes con los demás ante el temor al parasitismo y se vean siempre sometidos, más o menos remotamente, al chantaje de la supervivencia. Que lo que cada uno haga con sus vida nos disguste es parte del negocio de la convivencia por la que se apuesta. La defensa del SUG no es una defensa de una sociedad de iguales por encima de las preferencias individuales, sino una defensa de una sociedad de desiguales en deseos e iguales en oportunidades (o, al menos, más que ahora). No es una defensa de una sociedad de pícaros, sino de una sociedad que permite el cambio de las motivaciones humanas hacia actividades laborales no necesariamente asalariadas. (Y eso, que es el asunto importante, implica aceptar la posibilidad de los pícaros). No es la defensa de una sociedad de unos pocos asalariados que mantienen a muchos no asalariados (circunstancia que no tendría nada de objetable siempre que todos pudieran elegir la opción preferida: al fin y al cabo, el que mantiene ha elegido esta opción a cambio de un mayor consumo), sino la defensa de una sociedad que partiendo de la constatación de que hay gente diferente en lo que respecta a las preferencias del consumo y del ocio posibilita el logro buscado.

Las líneas anteriores no “demuestran” la bondad de SUG. Únicamente son razones para reconocerle ciertas credenciales en estos días que tan mal pertrechada anda la izquierda de nuevas ideas. En todo caso, como siempre, es más fácil la prueba negativa que la positiva: mientras nunca se podrá mostrar que se superan todas las pruebas para aceptar al candidato, basta con mostrar que no se supera una para descalificarlo. De momento, lo único que podemos afirmar es que no hay razones para despacharlo con urgencia.

Viento Sur, núm. 24, 1995