Innumerables han sido los artículos y comentarios que han intentado analizar y explicar los recientes altercados en Francia. La conclusión generalizada es que han sido consecuencia de la exclusión social de una gran parte de los hijos de emigrantes, sobre todo de procedencia magrebí pero también subsahariana, y que la fórmula para evitar estos fenómenos en el futuro pasaría por la integración laboral de estos jóvenes.
Discrepo de este análisis. Estoy convencido de que el empleo no es la solución a este problema; es más, creo que el empleo, es decir la dependencia del empleo como único mecanismo de organización social en nuestras sociedades industrializadas es, en el fondo, la causa del problema. Es verdad que hasta ahora el empleo,por un lado, nos ha facilitado los ingresos necesarios para costearnos una vida digna (vivienda, consumo de alimentos, etc.), pero además nos ha garantizado el acceso a la seguridad social (sanidad, prestación por desempleo, jubilación), ha definido nuestro status social e, incluso, nuestra identidad personal.
Resulta cada vez más obvio que el proceso de expansión económica necesario para poder garantizar un empleo a cada ciudadano en las condiciones tradicionales, (aunque esta tradición solo haya durado poco más de dos generaciones) – está llegando a su fin, por lo que se impone reflexionar y debatir sobre mecanismos alternativos o –como mínimo– complementarios, para evitar un creciente proceso de dualización social y marginación de cada vez más grupos sociales, tal como se ha podido observar en las últimas tres décadas – y los hijos de emigrantes en Francia son sólo unos ejemplos en una larga lista.
El problema es, que hoy en día el trabajo ya no se orienta hacia la producción de materias de primera necesidad sino que se convierte en un objetivo por sí solo. Ya no se trabaja para producir sino se produce para trabajar. Todo es válido y se corren todos los riesgos posibles en tanto se mantengan o se formen nuevos puestos de trabajo.
Como vemos la dependencia del empleo se convierte en un callejón sin salida, nos lleva a cada vez más contradicciones: con el tercer mundo, con el medio ambiente y con el aumento de grupos sociales desfavorecidos. Crece la pobreza, la marginación y la exclusión social dentro y fuera de nuestras sociedades. No pensemos que la solución sean vallas más altas, tanto hacia el exterior (como en Ceuta y Mellilla) como en el interior (actualmente existe en distintas sociedades guetos para la clase acomodada (denominados condominios en Argentina), con vallas, guardias, video vigilancia etc.)
Por otra parte, la exclusión no afecta solamente a los desempleados sino también a los que tienen trabajo. Los contratos que se ofrecen hoy en día, a la gran mayoría de los jóvenes no les facilitan en absoluto su integración social y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Como consecuencia, resulta complicado convencer a los jóvenes que estudien y aprendan un oficio o una carrera. Como muestra tienen a sus hermano/as mayores con excelentes estudios pero sin grandes perspectivas (véase los “mileuristas”, jóvenes con alrededor de treinta años con excelentes carreras pero con trabajo precario y unos ingresos de alrededor de mil euros brutos).
Como menciona Ullrich Beck: “Tanto los partidos de la izquierda como los de la derecha, los nuevos y los viejos socialdemócratas, los neoliberales y los nostálgicos del Estado social no quieren admitir que en un contexto de aumento del desempleo hace tiempo que el trabajo ha pasado de ser un “gran integrador” a convertirse en un mecanismo de marginación” (El País, 27 de Noviembre). Si esta afirmación fuera acertada y estoy convencido (desde hace veinte años) de ello, nos podemos preguntar de qué manera, nuestros responsables políticos van a ser capaces de solucionar este problema si obviamente no lo han comprendido.
Si el trabajo ya no nos sirve como mecanismo de integración social, ¿Cuál es la alternativa? Propongo lo siguiente: Por un lado una renta básica, es decir un salario que le corresponda a cada ciudadano por el simple hecho de serlo, independientemente de si tiene trabajo o no, si tiene otros ingresos o convive con personas que los tenga. Ello es muy diferente a la ayuda que existe actualmente con el mismo nombre para las personas necesitadas en la CAV. Dicho ingreso, ofrecería a cada individuo una seguridad mínima a diferencia de la que ofrece el mercado laboral cada vez más flexible y precario. Esta “flexiguridad” que permitiría el desarrollo de un proyecto de vida en estas condiciones cada vez más adversas, mejoraría además las condiciones laborales de muchas personas porque ya no se sentirían obligadas a tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición. Esta idea no es nueva. Hace años que existen debates, foros, propuestas y estudios sobre este tema (véase por ejemplo: www.redrentabasica.org).
Pero mi propuesta va más allá. Propongo un servicio social obligatorio como contraprestación para dicho ingreso garantizado para toda la vida. Las posibilidades pueden ser muy amplias, desde el cuidado de personas incapacitadas a ancianos, actividades en el ámbito del medio ambiente, el servicio militar entre otras. Las ventajes de este servicio son dos:
Por un lado permite realizar servicios y tareas socialmente necesarias pero no atendidas por el mercado laboral o en un futuro no muy lejano ya no financiables a través de las arcas publicas. Ejemplo es la limpieza de los bosques que no se realiza porque no les resulta rentable a los propietarios pero que causan los incendios que sufrimos todos los años y que no solamente representan una perdida económica.
El peligro que se avecina en el ámbito social– y que en muchas sociedades ya es una realidad – es el de la privatización de los servicios, es decir, la existencia de una sociedad de dos clases: los que se pueden permitir determinados servicios porque los pagan (salud, educación, seguridad, etc.) y los que no. Evitar esta sociedad de dos clases y garantizar una mínima calidad de un futuro sistema de atención social dependerá en gran medida de la recuperación de la sociedad civil. La creación a nivel local y regional de redes de ayuda mutua y tareas comunitarias parece ser la única vía para ello.
La segunda ventaja de esta propuesta es que esta fórmula facilita una participación directa de los ciudadanos en el diseño, la definición y la realización de los servicios sociales y fomenta de esta manera la cohesión social. Realizar tareas para la comunidad, hacer algo que tenga sentido, sentirse útil es probablemente la formula más eficaz para integrar determinados grupos sociales que actualmente se sienten excluidos y superfluos.
Muchos van a rechazar esta propuesta por utópica. Pero más utópico me parece seguir soñando con la vuelta al pleno empleo o pensar que vamos a poder mantener un sistema de atención social que merezca este nombre en las actuales condiciones.

Diario Vasco, 28-12-2005