Fuimos muchos, y por muy diversos motivos, los que saludamos como una buena noticia la formación del gobierno “tripartito” de izquierdas catalán. Independientemente de la opinión que cada cual pueda tener sobre su gestión en general, así como sobre su agitada historia, desde el punto de vista de la defensa de una RB, que es lo que en esta tribuna interesa, había cierta justificación para darse con un canto en los dientes (al menos, tal y como está hoy día la receptividad política hacia la RB en los gobiernos de la UE): los tres partidos que formaban el gobierno catalán se habían interesado por la propuesta, los tres tenían socios en la Red Renta Básica, dos de ellos (PSC y ICV) habían organizado jornadas de estudio sobre la misma, uno de ellos (ICV) la asumía como objetivo a medio plazo en su programa electoral, y el Pacte del Tinell (que estipulaba los compromisos de gobierno del tripartito), en su apartado de política social y lucha contra la pobreza (en muchos puntos calcado del programa “Pobreza Cero” de ICV-EUiA), mencionaba la RB como objetivo a largo plazo.

La consigna que más o menos circulaba en aquellos primeros días de gobierno de izquierdas, al menos en ciertos ambientes, era que la conselleria de Bienestar Social y Familia, en manos de ERC, asumiría con gusto dicho pograma de “Pobreza Cero”, que incluía tres medidas concretas que “apuntaban hacia” la RB en un futuro no demasiado lejano: 1) una prestación familiar universal por hijos a cargo menores de 18 años; 2) una pensión universal para mayores de 65 años, a un nivel mínimo comparable a la pensión mínima contributiva; 3) una auténtica Renta Mínima Garantizada (RMG) para familias sin renta suficiente, que sustituyese la Renta Mínima de Inserción creada por CiU (el PIRMI) eliminando sus contraprestaciones laborales (aunque no, en esta fase, el control de recursos). Como objetivo de una legislatura, no era poco, desde luego. De haberse cumplido con tal programa, los siguientes pasos en pos de la RB eran obvios (y de mayor enjundia): una mayor individualización de la RMG, junto con su integración con alguna forma de “crédito fiscal” en el IRPF, nos hubiesen dejado ya bordeando una RB de facto.

Corresponde hoy valorar hasta qué punto se ha avanzado o no en esa dirección. Soy de la opinión de que ha habido bastante más cal que arena para los defensores de la RB. Me explicaré. Las leyes y disposiciones que la conselleria ha aprobado (o ha dejado en vías de aprobación) durante estos dos años y medio han ido en la buena dirección, aunque a paso muy lento e incomprensiblemente tímido, no explicable, en todo caso, únicamente por motivos presupuestarios. La Ley de Prestaciones Económicas de Asistencia Social es relativamente generosa en las cuantías, pues el indicador de renta de suficiencia supera incluso el actual SMI (aunque su efectividad plena se calendariza, es de suponer, para que puedan converger); dicha ley camina hacia una menor condicionalidad de las ayudas económicas complementarias, pero resulta excesivamente perezosa en cuanto a integración administrativa de las diversas prestaciones. No se entiende por qué no se ha aprovechado esa ley para avanzar decididamente en la línea de integrar un “suelo” de renta complementaria para las prestaciones sociales ya existentes, en cumplimiento del compromiso establecido en el Pacte del Tinell; sin embargo, está claro que se avanza hacia ello. Las ayudas complementarias a las pensiones más bajas han crecido y se han extendido, así como las prestaciones familiares por hijos a cargo, pero todavía estamos muy lejos, en este último caso, de la promesa de una cobertura universal (hoy sólo los menores de tres años la disfrutan). La Ley de Servicios Sociales, por su parte, adopta una saludable filosofía universalista, anti-estigma y centrada en los derechos.

En general, por tanto, podemos decir que el objetivo (1) del programa mencionado estaba bien (aunque incompletamente) encarrilado, pero no tanto así los objetivos (2) (prestación universal para menores de 18 años) y (3) (sustitución del PIRMI por una auténtica RMG). Todo indica que este último objetivo se dejaba para el período posterior a la aprobación del Estatut, como desarrollo de una de sus disposiciones (el artículo 24.3), que explícitamente habla de una “renta garantizada de ciudadanía” para todas aquellas “personas o familias” (lo que deja abierta la cuestión de su posible individualización) con ingresos por debajo de la linea de pobreza. Lamentablemente, y mientras muchos asistíamos perplejos al ruido y el apasionamiento que otras cuestiones terminológicas han generado, la referencia a una “renta básica de ciudadanía” que se incluía en el Pacte del Tinell “se cayó” en el texto del Estatut, quedándose en una RMG que ya era objetivo declarado de la legislatura, con o sin Estatut.

Está claro que se pueden aducir razones de todo tipo para este resultado positivo pero tímido: escasez de tiempo, transición desde el “régimen” de CiU a un nuevo escenario, prioridad para los colectivos con necesidades más urgentes (gente mayor, dependientes), etc; no creo que entre esas razones esté la presupuestaria, dado que el coste de aplicar los compromisos del programa “Pobreza Cero”, convenientemente calendarizado, hubiese sido asumible (si no en una legislatura al menos sí en una y media). También cabría que los defensores de la RB entonásemos un cierto mea culpa por habernos centrado en los principios, quizá descuidando un poco los ámbitos y contextos, más tediosos pero importantes, en los que se produce el “grano fino” del diseño de las políticas sociales. Ya nunca sabremos hasta dónde hubiese llegado este gobierno en política social si hubiese superado sus divisiones sobre el Estatut y si, una vez aprobado el mismo e ingresados sus réditos presupuestarios y competenciales en la cuenta de la Generalitat, se hubiese puesto por fin la “velocidad de crucero” en la aplicación de dichas políticas, que poco tienen que ver, a la postre, con el sexo de los ángeles que centra a menudo las discusiones más viscerales en política. Sólo cabe esperar que una difícil pero no imposible reedición de un gobierno de izquierdas tras la elecciones autonómicas de otoño pueda retomar el programa mencionado y completarlo, para ir incluso más allá. Lo que sí parece claro es que un gobierno con participación de CiU (sea con la pareja de baile que sea, PSC o ERC) no va a estar por dicha labor. Y lo mismo es extensible a la comisión de estudio sobre la RB que el Congreso de los Diputados lleva ya demasiado tiempo posponiendo, en el caso de que la influencia de CiU en el gobierno y en el grupo parlamentario del PSOE aumente. De momento, por tanto, más cal que arena para la RB.

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