En las manifestaciones de Nueva York para la legalización de los inmigrantes, Chung-Wha Hong, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, dijo: “Somos inseparables, indivisibles y es imposible que seamos expulsados de América”

En Phoenix, Victor Colex, un constructor de vallas, de 37 años, que gana entre 7 y 8 dólares por hora, declaró a The Washington Post: “No pedimos favores, solamente queremos trabajo para nuestras familias, nuestros padres y nuestros hijos”

En Boston, Robin Martin, de 26 años, un inmigrante ilegal de Guatemala, declaró a The Boston Globe: “Aportamos nuestro granito de arena cada día a este país. Queremos formar parte de él. Respetamos las leyes, pagamos nuestros impuestos. Queremos nuestra parte del sueño americano.”

Los estadounidenses parecen entender todo esto de forma conflictiva. Una nueva encuesta del Washington Post-ABC News muestra que el 63 por ciento de los estadounidenses apoyan ahora la legalización de los inmigrantes que han vivido en el país un cierto tiempo. Una reciente encuesta de la CBS News decía que un 74 por ciento de los estadounidenses estaban a favor de dejar quedarse y trabajar en los Estados Unidos a los inmigrantes ilegales que han estado residiendo en el país al menos cinco años, siempre que paguen sus impuestos, hablen inglés y no tengan antecedentes penales.

La naturaleza conflictiva de la aceptación aparece también en otras encuestas que muestran que los estadounidenses aún creen que los inmigrantes son una sangría para los recursos nacionales. Una encuesta de la revista Time encontró que el 84 por ciento de los estadounidenses estaba “muy” preocupado (61 por ciento) o “algo” preocupado (23 por ciento) porque cuesta mucho a los contribuyentes proveer de sanidad y educación a los inmigrantes. Una encuesta de la Fox News/Opinion Dynamics encontró que el 87 por ciento de los estadounidenses dijo que estaban preocupados porque los inmigrantes “sobrecargan los servicios y programas gubernamentales”.

Pero la evidencia nos dice claramente que los inmigrantes nos dan más que un granito de arena cada día. Nos dan sus dólares. Son una parte inseparable e indivisible de la economía.

En algunos artículos de The Tax Lawyer, una publicación de la Asociación de Abogados Americanos, y en el próximo número de la Harvard Latino Law Review, Francine Lipman, una profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Chapman de Orange, en California, escribe que la extendida creencia de que los inmigrantes sin papeles nos cuestan más de lo que nos dan es “demostrablemente falso”.

En su artículo, Lipman escribió que en Estados Unidos hay unos 7 millones de inmigrantes sin papeles, es decir, uno de cada 20. Estos trabajadores sin papeles viven en hogares cuya renta anual es de 27.400 dólares, cifra que contrasta con los 48.000 de las familias de inmigrantes legales.

No pueden acceder, o difícilmente acceden, a muchos servicios públicos, pero sólo en el año 2003 el trabajo de los sin papeles vertió impuestos por valor de siete mil millones a la Seguridad Social, incluso sabiendo que no podían reclamar legalmente sus servicios. Lipman llama a esto “un abismo en la ayuda de la agencia federal a las muy trabajadoras familias pobres. Las familias de los trabajadores pobres sin papeles tienen unos tipos impositivos efectivos sobre la renta mayores que los de sus vecinos que disfrutan de niveles de renta más elevados.”

Los trabajadores sin papeles desempeñan trabajos que son inseparables de nuestro estándar de vida. Representan alrededor del 5 por ciento de nuestra fuerza de trabajo total, pero de acuerdo con un análisis de los datos del censo hecho por el Pew Hispanic Center, representan entre el 22 y el 36 por ciento de los que trabajan con aislantes, trabajadores diversos agrícolas, trabajadores de la industria cárnica, trabajadores de la construcción, lavaplatos y personal doméstico. El Buró Agrícola Americano, el grupo de presión de los intereses agrícolas, dice que sin estos trabajadores, los Estados Unidos podrían perder entre 5 y 9 mil millones de dólares por año en la producción de frutas, vegetales y flores, y que cerca del 20 por ciento de esta producción podría trasladarse al extranjero.

A menudo se ignora, por parte de las fuerzas antiinmigración, el hecho de que los trabajadores sin papeles pagan impuestos sobre las ventas y sobre las fincas –directamente, si se trata de propietarios de sus hogares, o indirectamente si son inquilinos. Unos analistas de Standard & Poor’s escribieron recientemente que no existe una clara correlación entre familias sin papeles y costes locales, ya que los estados con el número más elevado de estas familias también tienen ratios bajos de desempleo, grandes valores de propiedad y fuerte crecimiento de la renta, “todo lo cual contribuye a estabilizar los resultados financieros.”

Excepto, por supuesto, para las propias familias sin papeles.

Standard & Poor’s escribió que al menos podríamos considerar en este debate la redistribución de 7 mil millones aportados por los trabajadores sin papeles a la Seguridad Social. Decía que, por ejemplo, el dinero podría ir hacia los 11,2 mil millones de dólares que costaría educar a los 1,8 millones de niños sin papeles de la nación. Mejor aún es sacar de la sombra a la gente que nos da su esfuerzo diario y dejarla florecer a la luz de la legalización.

Traducción Julie Wark y Daniel Raventós
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