El Gobierno vasco y las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) han decidido rebajar el Impuesto de sociedades, es decir, rebajar la tasa nominal y aplicar más deducciones. De esta forma las empresas pagarán 196 millones de euros menos de Impuesto de sociedades cada año, cantidad que dejarán de recaudar las administraciones públicas. Se reduce una parte substancial, puesto que se «perdonará» un 13,6% del dinero que se recauda con este impuesto.
Esta reforma favorable a las empresas tendrá un coste mayor que todo el gasto para la vivienda (186 millones) del presupuesto de 2007 del Gobierno vasco. Es sorprendente la facilidad con que nuestros gobernantes regalan ese tipo de cantidades de dinero a las empresas y los que tienen grandes ingresos, teniendo en cuenta la tacañería con que se comportan, por poner un ejemplo, con las necesidades de los jóvenes para acceder a una vivienda.
No es la primera vez que se rebaja el impuesto de sociedades, ni tampoco la última; por si fuera poco nos hacen saber que de aquí a dos años se deberá llevar a cabo otro cambio profundo. Paso a paso, en una dirección concreta.
Muchos son los argumentos que utilizan las organizaciones empresariales que impulsan la reforma para justificarla. Así, nos dicen que el impuesto de sociedades que las empresas pagan en la CAV es uno de los más altos de la Unión Europea (UE) de los Quince y que, por tanto, es imprescindible rebajarlo. La realidad, empero, es muy diferente: de cada 100 euros que se crean en la CAV tan sólo 2,1 se destinan a pagar el Impuesto de sociedades, el porcentaje más bajo de toda la UE a excepción de Alemania. En lugar de rebajar el Impuesto de sociedades debería aumentarse la presión fiscal mediante este impuesto hasta llegar al nivel europeo. Tan sólo así podremos acercarnos al nivel de gasto social de Europa.
En los últimos diez años hemos conocido un crecimiento económico enorme y los beneficios de las empresas han tenido grandes aumentos. Sin embargo, la mayoría de empresas no pagan nada con relación al impuesto de sociedades. En efecto, en la CAV 54.563 empresas hacen declaración de impuesto de sociedades. De éstas, 30.847, esto es, el 56,5%, tienen base liquidable negativa o nula y, en consecuencia, no pagan ni un euro, puesto que parece que tienen pérdidas. Ante estos datos públicos es imprescindible hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo permanecen abiertas estas empresas? ¡En lugar de perdonar el impuesto de sociedades a las empresas mejor sería combatir el fraude fiscal!
Además, la verdadera tasa del impuesto de sociedades en la CAV, la tasa real, es del 17%. Es decir, la mitad de la tasa real, una vez hechas las deducciones. Mientras tanto han subido el tipo mínimo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) al 23%. ¡Eso es justicia!
Uno de los argumentos más utilizados a favor de la reforma es que parece que rebajar los impuestos a las empresas las hace más competitivas. Pero las empresas que no son verdaderamente competitivas no obtienen beneficios y, en consecuencia, no pagan impuesto de sociedades (tampoco el de beneficios). Por tanto, aumentar o rebajar este impuesto no afecta en modo alguno a la competitividad de las empresas.
Como ocurrió con la reforma del IRPF, se pretende modificar el Impuesto de sociedades sin consultar ni permitir la participación de las organizaciones sociales y sindicales. Es un proceso entre elites, en el que se decide en secreto y sin transparencia; en un asunto de tanta importancia no hay participación de la sociedad. Está en juego todo el sistema fiscal, todo un modelo fiscal, y ello tiene consecuencias directas.
Por lo visto, a pesar de que las administraciones vascas ensalzan el diálogo social, al decidir asuntos de su competencia (impuestos, salud, educación, servicios sociales, vivienda, etc.) ese diálogo no es necesario.
Cuando criticamos las políticas públicas de este tipo, en lugar de tratar el meollo de la cuestión, nos responden que carecemos de legitimidad; quien así actúa intenta agotar la democracia en el voto emitido una vez cada cuatro años para que, de ahí en adelante, los electos actúen a voluntad.
En estas líneas ha quedado claro que no existe razón de tipo alguno para rebajar el impuesto de sociedades y que debería retirarse la reforma pactada. ELA reivindica el debate en torno a estos asuntos, también la consulta a la sociedad, para que los ciudadanos tengan vías de expresión en cuestiones de la mayor importancia: qué tipo de impuestos y cuántos y qué tipo de servicios públicos queremos son asuntos que tienen influencia directa en nuestra vida cotidiana y sobre los cuales queremos tener la palabra.

Julene Gabiola es miembro del Gabinete de Estudios de ELA, el sindicato mayoritario de la Comunidad Autónoma Vasca.

Traducción: Daniel Escribano

Berria, 3-4-07