De Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, presentada por el diputado Isidro Pedraza Chávez, en nombre propio y de los diputados Valentina Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Ramón Félix Pacheco Llanes y Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del 4 de julio
Los suscritos, diputados Gerardo Villanueva Albarrán, Ramón Félix Pacheco Llanes, Miguel Ángel Navarro Quintero y Valentina Valia Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura a la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, lo anterior bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En el mundo actual de principios del siglo XXI la pobreza aumenta sin cesar. Las diferencias entre los países ricos y los pobres es cada vez mayor, las diferencias entre los ricos y los pobres de los países pobres también. Algo que seguramente es menos conocido o más silenciado, es que las diferencias entre los ricos y los pobres de los países ricos están aumentando en los últimos años.
Desde hace algunos años, se ha venido discutiendo en Europa, Estados Unidos de América, Canadá, Australia, América Latina, África y Asia la propuesta del ingreso ciudadano universal o renta básica, entendiéndose como “un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia. Es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de ingresos, y sin importar con quién conviva.”
Un ingreso de este tipo sería asignado sin restricciones, ni calificaciones. Se percibiría, independientemente del sexo al que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la confesión religiosa que se profese y de la orientación sexual que se tenga.
Su función inmediata sería contrarrestar dos efectos nefastos del capitalismo contemporáneo: la extensión de la miseria y la masificación de la desocupación. La falta de empleo o el bajo salario ya no impedirían la subsistencia normal de cualquier individuo.
Las dos características fundamentales de la idea de ingreso ciudadano son la universalidad y la incondicionalidad del derecho. Aunque se trate de un ingreso modesto, la idea de que todo el mundo debería recibir un ingreso básico universal en una cantidad suficiente para la subsistencia difícilmente puede dejar a nadie indiferente.
Dicho ingreso no sustituye al trabajo remunerado sino que aumenta las posibilidades de elección de los ciudadanos. También es muy importante aclarar que garantizar este derecho equivale a reconocer la utilidad social de las distintas formas de trabajo no asalariado, del trabajo voluntario y de las actividades sin fines de lucro. Es por ello una poderosa medida no sólo para combatir de raíz la pobreza, aminorar la terrible desigualdad que nos aqueja, sino también para construir ciudadanía y una nueva cohesión social.
En México el ingreso mínimo contribuiría a atenuar la pauperización rural y urbana, la explosión de desempleo, la informalización del trabajo y la degradación de la clase media. La Encuesta ingreso y gasto de los hogares 2004, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indica que 15 millones de hogares de clase media que en 2002 tenían ingresos mensuales promedio de 5 mil 648 pesos, en 2004 habían bajado a 5 mil 593 pesos (1.4 por ciento). En total, seis de los 10 estratos de ingreso en los que se clasifican los hogares registraron menos ingresos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el año pasado el 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentró el 39.4 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento de los más pobres tenían el 1.6 por ciento. El ingreso básico permitiría contrarrestar estos padecimientos asegurando comida, vivienda y educación a millones de personas.
Entre 1990 y 2002 el gasto social en el país se duplicó, sin embargo, persisten los problemas heredados y se han añadido otros nuevos, como la falta de empleo bien remunerado y con prestaciones, incluso para aquellos mejor capacitados por el sistema educativo.
Actualmente, el gobierno aplica más de 55 programas sociales que involucran a ocho secretarías de Estado que abarcan las áreas rural, productiva, educativa, laboral, de desarrollo sustentable y asistencial. El padrón de beneficiarios de programas sociales en México es de 34 millones de personas, mientras que el número de pobres llega a 49 millones.
Para 2007, el gobierno federal ejercerá un presupuesto de 1 billón 177 mil 886.6 millones de pesos destinado al gasto social; en conjunto, las secretarías vinculadas a la política social ejercerán 8.3 por ciento de estos recursos. Con la aprobación de esta ley, se ejercerían 952 mil millones 831 millones 749 mil 209 pesos.
Mientras países como Chile y Brasil destinan 16 y 19 por ciento de su producto interno bruto anual, respectivamente, al gasto social, México asigna 10 por ciento, ejemplo de la insuficiencia de recursos.
A la falta de recursos hay que sumar el alto costo de la operación de los programas sociales, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá un presupuesto superior a 35 mil 108 millones de pesos, de los cuales más de 29 mil 839 serán para el gasto corriente que incluye, pago a personal, papelería, utilería, mantenimiento de edificios, vehículos y pago de servicios, entre otros. Solamente 5 mil 268 millones se convertirán en apoyos a las comunidades.
Para Enrique del Val, esta es una propuesta audaz, pero realizable si los gobiernos la entienden y los congresos de los países la apoyan.
Para el mismo analista, quien además de su labor como académico ha fungido como subsecretario de desarrollo social en otras administraciones, una de las características más importantes que distingue al ingreso ciudadano de otras propuestas consiste en que no establece condicionamiento alguno ni contraprestación de cualquier tipo para recibirla; se trata de una obligación del Estado para con sus ciudadanos. Con esta medida, de paso, se evitaría la abultada burocracia que hoy se dedica a vigilar y controlar la siniestra focalización que el Banco Mundial impuso a los programas dedicados al combate a la pobreza, y que lo único que ha provocado en las comunidades más pobres es la generación de envidias y conflictos, amén de la corrupción existente entre vigilantes y vigilados.
Es claro que una propuesta de esta naturaleza, señala Enrique del Val, necesitará de recursos, los cuales deberán provenir fundamentalmente de dos fuentes. La primera de ellas, y probablemente representaría una de las medidas más importantes que se pueden introducir para reducir la desigualdad, provendría del ámbito impositivo, donde deberán pagar más impuestos los que más ganan, sin que ocurra que quien más gana muchas veces paga sumas ridículas de impuestos, como ha demostrado recientemente la Auditoría Superior de la Federación.
La segunda fuente de recursos para sostener esta propuesta radica en la eliminación de todos los programas sociales focalizados que existen en los ámbitos urbanos y rurales, dirigidos a apoyar a los jóvenes, los niños, las mujeres, los miembros de la tercera edad, a los campesinos, etcétera.
La suma de todos los recursos que hoy se destinan a estos programas ya representa una cantidad importante del presupuesto federal e incluso de los presupuestos locales, pues hay muchos estados, incluyendo principalmente al Distrito Federal, que también destinan cuantiosos recursos a estos menesteres y, por lo que se sabe, quieren destinarles cada vez más, lo cual debe ser apoyada por todos.
Con la propuesta del “Ingreso Ciudadano Universal” seguramente 5 por ciento de la población perdería ingresos, 20 por ciento los mantendría y el 75 por ciento restante los ganaría.
No hay una medida hasta ahora aplicada, concluye Del Val, que pueda igualarse a ésta y que combata de raíz la desigualdad creciente, ya que 5 por ciento de los que perderían serían los más ricos de este país, por lo que no notarían dicha pérdida, aunque por supuesto no estarían de acuerdo. Pero serían más, muchos más, los que están de acuerdo con ella.
Cuando se logre lo anterior, entonces sí se podrá hablar de ingreso per cápita. No como ahora, que es una burla total, como ha quedado claramente demostrado cuando el gobierno menciona que para el año 2030 se aspira a llegar a 30 mil dólares per cápita, en lugar de los 8 mil dólares a los que asciende en la actualidad. Uno se pregunta ¿de qué ingreso per cápita están hablando? Los datos reales demuestran que 50 millones de mexicanos perciben ingresos de dos dólares al día, o sea, 730 dólares anuales. Esto significa que a cada uno de estos mexicanos hoy alguien les está quitando 7 mil 270 dólares que, según las estadísticas, les corresponden.
En varios países ya hay comisiones establecidas por los congresos nacionales abocadas a estudiarla y, seguramente algún día, a ponerla en práctica. Incluso en Alaska ya está funcionando.
En Brasil, el 8 de enero de 2004 el presidente Luis Ignacio da Silva proclamó la Ley No. 10.835 que crea el Ingreso Básico Ciudadano, señalando en sus artículos que:
Artículo 1o. El ingreso básico ciudadano es creado a partir del año 2005 constituyéndose en el derecho de todo los nacionales y de todos los extranjeros que hayan residido en el país por más de cinco años sin distingo de su condición económica o social a recibir anualmente un beneficio económico.
El beneficio será extendido a todos los ciudadanos por etapas bajo criterios definidos por el Ejecutivo con prioridad para los segmentos más empobrecidos de la población;
El monto del beneficio será el mismo para todo ciudadano y será suficiente para cubrir los gastos básicos de cada individuo en alimentación, educación y salud contemplando debidamente el estado de desarrollo del país y sus capacidades presupuestales
Artículo 3o. El Ejecutivo contemplará en el Presupuesto Federal de 2005 una partida presupuestal suficiente para instrumentar la primera etapa de este programa.
Artículo 4o. A partir del año 2005 y subsiguientes, todas las leyes relacionadas con Planes Multianuales y directivas presupuestales deberán incluir la eliminación y transferencia de gastos, así como de las medidas que se consideran necesarias para permitir la aplicación de este programa.
Asimismo en la República Argentina se discute actualmente en el parlamento el Proyecto de creación del “Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez”, el cual señala que:
El presente proyecto de ley se inspira en la necesidad de establecer en la Argentina una red de seguridad en los ingresos de todos los ciudadanos, en general, y de la niñez, en particular. El objetivo es que a mediano o largo plazo la totalidad de los ciudadanos del país cuenten con un ingreso básico garantizado fiscalmente, y de esta forma, no sólo sea posible prevenir que las personas caigan en situaciones de pobreza extrema sino, también, permitir formas mas eficientes y equitativas para el funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar los problemas derivados del desempleo y subempleo.
En países como México, una propuesta de esta naturaleza es quizá una a la que con mayor razón debería apostarse, tomando en cuenta la magnitud de la pobreza y la terrible desigualdad que todavía persisten, a pesar de las décadas de aplicación de programas destinados al combate de la pobreza.
Los especialistas en el tema, María Julia Bertomeu y Daniel Raventós, han afirmado:
“Las grandes desigualdades sociales son las causas de la falta de libertad. Estas grandes desproporciones en la riqueza, estas inmensas bolsas de pobreza, el hambre conviviendo geográficamente con la más insultante opulencia, todo ello provoca falta de libertad para la inmensa mayoría. Igualdad y libertad no son dos variables a elegir, si más de una menos de otra y viceversa. Las grandes desigualdades crean un problema profundo de libertad para la gran mayoría. El que no tiene la existencia material garantizada debe pedir permiso a otro para poder vivir. ¿Qué libertad tiene el trabajador que no sabe si el mes próximo, quizás la semana próxima, seguirá teniendo aquel puesto de trabajo que le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente dependiente del marido o la pareja, que la maltrata, la domina y, a veces, llega a asesinarla? ¿Qué libertad tiene el desempleado que vive marcado con el estigma del subsidio público, si quizás vive en un país europeo, o de la caridad, si vive en un país pobre y tiene algo de suerte? No son libres como no lo es aquella persona que no tiene el derecho a la existencia material garantizada y tiene que pedir permiso a otros para vivir. (http://www.ingresociudadano.org/ProgramaMexico.pdf)
En México, Miguel Concha, una de las voces más autorizadas en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, señaló recientemente:
En México, donde están tan a la vista la magnitud de la riqueza y la profundidad de la desigualdad, donde es falso que falten recursos, sino que están muy mal distribuidos, donde el principal problema social no es sólo la extrema pobreza, sino también la extrema riqueza, donde desde el punto de vista político, material y moral es inaceptable que, según distintas mediciones, entre 50 y 70 millones de compatriotas estén en situación de pobreza, y donde 20 años de políticas sociales neoliberales, se les llame como se les llame, Solidaridad, Progresa u Oportunidades han demostrado su fracaso para superar la pobreza y aminorar la desigualdad, es evidente, que México requiera un cambio profundo de timón en política social.
Este viraje de fondo pasa por la plena vigencia de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales y por la construcción de nuevas políticas sociales desde la perspectiva de los derechos y con objetivos redistributivos, no compensatorios o asistenciales, explícitos.
En este contexto es que la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal viene a enriquecer el campo de los nuevos derechos sociales y a convertirse en una perspectiva programática innovadora, que cohesiona y que cuenta con un gran potencial de aceptación y movilización social porque su instrumentación significaría la erradicación efectiva de la pobreza, el aminoramiento sustantivo de la desigualdad y la ampliación de la libertad de todas y todos contribuyendo a una nueva cohesión social basada en la solidaridad y la reciprocidad.” (La Jornada 23/06/07).
Por su parte, el estudioso y analista de la pobreza y la política social, Julio Boltvinik ha señalado que en el mundo contemporáneo es indispensable articular ingreso continuo con trabajo discontinuo hacia una sociedad de la multiactividad. Para ello, señala Boltvinik, será preciso que la sociedad se organice a tal fin por medio de un conjunto de políticas específicas que dispongan el espacio y el tiempo sociales de manera que todos esperen de todos que acumulen o alternen una pluralidad de actividades y de modos de pertenencia con políticas tendientes a garantizar a todos un ingreso suficiente; combinar la redistribución del trabajo con la reapropiación individual y colectiva del tiempo; y favorecer el florecimiento de nuevas sociabilidades, nuevos modos de cooperación e intercambio.
Concluimos con una aseveración de Nelson Mandela:
“La pobreza es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras haya pobreza no habrá verdadera libertad.” (http://www.nodo50.org/pce/mundoobrero/mopl.php?id=277)
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
Decreto por el que se expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal
Primero. Se expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal para quedar como sigue:
Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal
Artículo 1o. La presente ley tiene como objeto establecer el Ingreso Ciudadano Universal cuyo fin es evitar la discriminación por razones económicas en el ejercicio de las garantías individuales constitucionalmente establecidas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Sin distinción alguna todos los habitantes en los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho al Ingreso Ciudadano Universal el cual les garantizará la satisfacción de necesidades básicas, la ampliación de sus libertades, de su autonomía personal y el acceso a una vida digna.
Artículo 3o. El Ingreso Ciudadano Universal es un derecho exigible. Consistente en una transferencia monetaria individual, no condicionada, vitalicia y no gravable que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vigente más alto en el país. Su pago será efectivo mensualmente y durante los doce meses del año. El monto se determinará cada cinco años y será revisado anualmente y ajustado al índice inflacionario.
Artículo 4o. Para recibir el Ingreso Ciudadano Universal únicamente deberá acreditarse ser habitante en los Estados Unidos Mexicanos en el caso de las personas con nacionalidad mexicana y para las personas con otra nacionalidad demostrar una residencia efectiva de al menos cinco años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Artículo 5o. El Ingreso Ciudadano Universal se aplicará de manera gradual, progresiva y acumulativa. La plena universalidad deberá lograrse en un periodo no mayor de tres años a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento.
Artículo 6o. De manera inmediata la administración pública federal deberá iniciar la transformación de sus programas de transferencias monetarias condicionadas en el inicio de la instrumentación del Ingreso Ciudadano Universal. De manera automática todas las personas beneficiarias de los actuales programas sociales de transferencias condicionadas pasarán a recibir el Ingreso Ciudadano Universal.
Artículo 7o. El Ejecutivo federal deberá incluir en su proyecto anual de Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el crecimiento de la cobertura del Ingreso Ciudadano Universal. La Cámara de Diputados aprobará los recursos necesarios para el ejercicio de este derecho y el cumplimiento de sus objetivos de cobertura en función de la plena universalidad.
Artículo 8o. La Secretaría de Desarrollo Social será la responsable de la aplicación y operación del Ingreso Ciudadano Universal. Los servidores públicos que obstaculicen, nieguen, condicionen, excluyan o utilicen indebidamente el Ingreso Ciudadano Universal serán sancionados administrativa, civil y penalmente.
Artículo 9o. El Ingreso Ciudadano Universal será exigible mediante un procedimiento transparente, accesible, sencillo y expedito.
Artículo 10. El Congreso de la Unión establecerá una Comisión Especial para el seguimiento, vigilancia y evaluación de la aplicación y operación del Ingreso Ciudadano Universal.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor a los seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El reglamento de la presente ley deberá publicarse en un periodo inexcusable no mayor a noventa días naturales posteriores a su entrada en vigor. El reglamento deberá detallar el procedimiento de exigibilidad conforme a lo definido en el artículo noveno de la ley.
Tercero. En un plazo no mayor a treinta días naturales el Ejecutivo federal deberá hacer público el monto total de los actuales programas de transferencias monetarias condicionadas, así como un plan de austeridad derivado de la supresión de las estructuras burocráticas de vigilancia, supervisión y control de las personas beneficiarias de dichos programas, así como de la eliminación de todo tipo de privilegios en la administración pública.
Cuarto. En un plazo no mayor a seis meses el Ejecutivo federal hará público el cronograma para concretar la plena universalidad del Ingreso Individual Ciudadano.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones contrarias a lo estipulado en la presente ley.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de julio de 2007.
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Ramón Félix Pacheco Llanes, Miguel Ángel Navarro Quintero.
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Julio 4 de 2007.)

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de julio de 2007